Respeto a la represión
Las fuerzas policiales son empleadas por los sucesivos gobiernos para reprimir las protestas, en la medida que estas amenacen al sistema político económico. Bajo la excusa de combatir la delincuencia, se convierten en un verdadero peligro para quienes buscan ejercer sus derechos.
Es inevitable toparse con los uniformados policiales en cada protesta en la que los ciudadanos se movilizan exigiendo sus derechos. Escudos, escopetas, bombas lacrimógenas, golpes de vara, caballería, vehículos blindados y el célebre rochabús son usados para dispersar las multitudes de manifestantes que con sus reclamos incomodan a políticos y empresarios explotadores. Bajo una malentendida noción de orden público, la Policía es la primera institución que aplica la violencia contra los indignados en diversos grados de fuerza bruta, siendo el instrumento idóneo del Estado para ejercer control social sobre las personas. Sin embargo, los altos índices de inseguridad ciudadana, violencia de género y criminalidad organizada que vive el Perú parecieran justificar la necesidad de una Policía omnipresente y con amplias facultades para intervenir en cualquier situación, sin restricciones legales en cuanto a derechos humanos se refiere.
En 1852 se crea la Gendarmería, el primer antecedente de una fuerza policial completamente separada de las fuerzas armadas de la entonces joven república del Perú, aunque su limitado ámbito eran las grandes ciudades. El control social en las zonas rurales, en las haciendas donde trabajaban indios y negros, era manejado por la militarizada Guardia Nacional. En 1873 se crea la recordada Guardia Civil. En 1919, los gendarmes apoyan el golpe de estado del presidente Leguía. En años sin la criminalidad organizada ni el narcotráfico de la actualidad, más allá de bandoleros en las carreteras, lo que sí existía era un componente clave en la razón de ser de los cuerpos policiales: la convulsión política.
Las huelgas, movimientos de protesta y constantes revueltas de obreros y estudiantes, convencen a Leguía de contratar en 1919 una misión de oficiales de la Guardia Civil española, de tradición por demás fascista y represora, para crear una escuela policial y reorganizar la institución. Además de la existente Guardia Civil peruana, se crea la Guardia Republicana, de naturaleza más militarizada. En 1848 se crea la Policía de Investigaciones, formada por detectives. Finalmente, en 1988 los tres cuerpos policiales se unen en la actual Policía Nacional del Perú.
Los sinchis de Mazamari, unidad paracaidista de la Guardia Civil, acantonados en la selva de Satipo, fueron creados en 1965 y entrenados por los Boinas Verdes norteamericanos. En 1969 los enviaron a sofocar las protestas estudiantiles de Huanta, causando veinte muertos entre alumnos y campesinos, trágico suceso inmortalizado en la canción Flor de Retama. Al iniciarse la sangrienta guerra interna que vivió el Perú entre los terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA contra las fuerzas del orden, los sinchis cometieron más masacres, como la matanza de la comunidad ayacuchana de Socos en 1983, ejecutando a treinta y dos campesinos, entre hombres, mujeres y niños.
Según el informe de la Comisión de la Verdad, entre los años 1980 y 2000 que duró el conflicto interno, las fuerzas policiales son responsables de la muerte y/o desaparición de más de cuatro mil quinientos civiles inocentes, incluso por encima del grupo terrorista MRTA.
Tras el retorno a la democracia, el accionar policial contra las protestas sociales continuó igual de brutal. Mientras en las ciudades los efectivos utilizan armamento aparentemente no letal, en las manifestaciones rurales no escatiman en disparar munición real que ha enlutado a cientos de familias de campesinos e indígenas. Desde la sangre amazónica derramada en el Baguazo hasta los campesinos muertos por reclamar contra el proyecto Tía María, ser indígenas y salir a marchar contra la política minera del Estado los convierte en blanco para los rifles Kalashnikov de las unidades de servicios especiales de la Policía. El agricultor Quintino Cereceda fue el primer muerto del llamado gobierno de lujo de Pedro Pablo Kuczynski, impactado con una bala policial en la frente por manifestarse contra una de las minas de cobre más grandes del mundo, en Apurímac.
Los paquetazos legales de lucha contra la delincuencia en realidad han contribuido a la criminalización de las protestas, facilitando el accionar represor de los policías. Un ejemplo es el Decreto Legislativo 982, promulgado en el 2007 durante el mandato aprista de Alan García, el cual equipara el bloqueo de cualquier vía de comunicación, es decir carreteras y pistas urbanas y rurales, como delito de extorsión. En un país con comunidades indígenas geográficamente alejadas de la presencia del Estado, donde las demandas ciudadanas nunca son escuchadas en la céntrica Lima, el bloqueo de carreteras se ha convertido en una de las pocas herramientas para que los pueblos olvidados se hagan escuchar. Operativos militarizados para despejar las vías y persecuciones de inteligencia policial contra líderes indígenas se desatan a raíz de este delito reconfigurado.
Pero el definitivo espaldarazo legal vino por parte de la gestión presidencial del ex teniente coronel del Ejército Ollanta Humala Tasso. La licencia para matar conferida en el 2014 por la Ley 30151, muy expresamente libra de cualquier responsabilidad penal a cualquier policía o militar que en cumplimiento de sus funciones y usando o no sus armas, cause muerte o lesiones a otras personas. Con la excusa de eludir engorrosos procesos judiciales a los efectivos que se tirotean con delincuentes y narcotraficantes armados, se les dio permiso de matar a quienes protestan.
En el 2016, se descubrieron los escandalosos convenios institucionales entre la Policía y las empresas mineras. Cien soles diarios recibía cada suboficial por proteger las instalaciones de los campamentos mineros y ejercer la violencia contra las movilizaciones opositoras a dicha actividad en los pueblos cercanos. Todo perfectamente dentro de la ley, permitiéndose la privatización de la fuerza estatal. A día de hoy se desconoce si aún persisten convenios vigentes.
En la ciudad de Lima, las formaciones de escudos policiales cierran las calles del centro histórico, deteniendo a cualquier multitud que se acerque al Congreso o al Palacio de Gobierno. Una ordenanza municipal del 2003 que declara las calles del Centro Histórico como zona rígida para protestas, sumada al trámite relativamente opcional de pedir garantías, es decir, solicitarle a la Policía que brinde seguridad a las movilizaciones, se han convertido en la excusa perfecta para impedir que cualquier muchedumbre politizada se desplace por el Cercado si no cuenta con este permiso no obligatorio. Oídos sordos hacen los agentes a cualquier ciudadano que pretenda explicarle que no puede prohibirle manifestarse por un mero trámite que no está por encima de sus derechos. El bloqueo de escudos contra el avance de los indignados es el principal motivo que desata enfrentamientos en Lima, al despertar la impotencia de los ciudadanos que simplemente desean marchar por las avenidas.
Por otro lado, el armamento considerado no letal por la Policía no solamente ha dejado heridas permanentes a muchos ciudadanos, sino que también mata. Fidel Flores murió en el 2014 cuando la Policía lo desalojaba de su casa de Cajamarca, en un muy polémico operativo. Un suboficial le disparó a corta distancia en el pecho con su escopeta de perdigones, arma que utiliza proyectiles de polímero, en teoría menos peligrosos que las balas de plomo convencionales.
A mediados del 2016, apenas una semana después que el presidente Kuczynski asuma el mando, un estudiante de la Villarreal fue impactado en el globo ocular por el disparo de estas escopetas en una marcha universitaria violentamente atacada por la Policía. Asimismo, un periodista y dos vecinos de Puente Piedra quedaron cegados de un ojo también por estas escopetas en las manifestaciones contra el peaje de dicho distrito de Lima en enero del 2017. Resulta obvio que el hombre de prensa no era un protestante, lo que hace aun más grave que haya sido objeto de brutalidad policial.
El Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) es la unidad policial de élite que se destaca precisamente por el uso de escopetas de perdigones. Entrenados para emergencias, llegan sorpresivamente en sus motocicletas a donde se encuentre cualquier protesta en la ciudad para comenzar a disparar arbitrariamente contra las multitudes y hacerlas retroceder. Que cuatro personas hayan perdido la visión de un ojo en los siete meses de iniciada la gestión de Carlos Basombrío, ministro del Interior que intensificó el uso de estas armas, evidencia el poco criterio que dicho destacamento aplica para jalar el gatillo.
Capítulo aparte merece el Grupo Terna del Escuadrón Verde, formado en el 2012 con la asesoría de la Gendarmería francesa. Policías vestidos de civil para mezclarse entre la población, entrenados para combatir la micro comercialización de drogas en las calles. Liderados por el comandante Jaime Urtecho Maldonado, apodado el Iguana, acusado de maltratar a los detenidos y conocido por su agresivo discurso, fueron ensalzados por los medios de comunicación por sus rápidas capturas de carteristas al paso y traficantes de poca monta en los barrios más peligrosos, en una evidente campaña de propaganda mediática. Sin embargo, su participación en las manifestaciones ha consistido en arribar a las mismas cuando ya no están ocurriendo enfrentamientos, dado que no poseen equipamiento antidisturbios, para realizar detenciones arbitrarias de cualquier transeúnte con el que se topan, aplicando criterios bastante cuestionables.
Durante las protestas del peaje de Puente Piedra, los ternas detuvieron a más cincuenta personas sin motivo aparente, vecinos que no estaban participando en los enfrentamientos con la Policía. Entre ellos, residentes que se dirigían trabajar, uno que estaba en la puerta de su propio domicilio conversando con un vecino e incluso un extranjero ebrio e inconsciente de que se estaba dando una manifestación. Esta práctica de arrestar peatones injustificadamente ha persistido, evidenciando su intención de meramente cumplir una cuota numérica de personas detenidas tras cada movilización.
Fotos de Jai G y Alan B.
El presupuesto del Ministerio del Interior del 2017 asignó poco más de doscientos noventa y cinco millones de soles a la disminución de incidencias en conflictos sociales y protestas. Dinero para equipar a uniformados con pertrechos con los que violentar a quienes se movilizan. En un país con presupuestos públicos que no evitan que las escuelas se caigan a pedazos ni brindan salud pública a todos los peruanos, el sueldo de un suboficial de la Policía es de más de tres mil soles, más del triple del salario mínimo y muy por encima de un maestro de colegio con título universitario.
El distrito de San Juan de Lurigancho, el más populoso de Lima, con altos índices de criminalidad organizada y también callejera, en abril del 2015 solamente contaba con mil policías para dar seguridad a su millón de vecinos, según acusó su propio alcalde. Un mes antes, el doble de efectivos fue enviado a la pequeña provincia rural de Islay, donde se los campesinos protestaban contra el proyecto minero Tía María, según anunció el jefe policial de dicha región. Solo un ejemplo lejano de las prioridades del sector.
Los remanentes de Sendero Luminoso, internados en la jungla del VRAEM, zona con presencia del narcotráfico, apenas suman algo menos de doscientos guerrilleros, la mayoría muy jóvenes, mal equipados con armas antiguas y escasos de provisiones. Periodistas peruanos y extranjeros han llegado con facilidad a su campamento a realizar reportajes, en los cuales se constata que su retórica revolucionaria se entremezcla con su complicidad con los carteles locales de droga. Hasta los agricultores saben cómo ubicarlos sin dificultad. Sin embargo, pese a que la Policía los desborda en vehículos, equipamiento y número de efectivos, y que en el 2017 se asignaron más de ciento veintinueve millones de soles a combatirlos, los senderistas siguen ahí, a casi veinte años de su derrota y del fin de la guerra interna en el Perú. Su sobrevivencia es el psicosocial necesario para poder vincularlos con cualquier movimiento social de protesta ante la opinión pública.
Lo mismo cabría decir de los mineros ilegales en Madre de Dios, quienes también son fáciles de divisar, incluso por los turistas que viajan en lanchas recreativas. Cincuenta y siete millones de soles encargó en el 2017 el Ministerio del Interior para su erradicación. Pero aun así, en la región el dinero del oro sucio corre entre prostíbulos y cantinas.
BALAS DE EMERGENCIA EN EL CALLAO
La delincuencia continúa siendo el argumento más fuerte a favor de la necesidad de una Policía. Fue así que en diciembre del 2015 se decretó el recordado estado de emergencia en el Callao, histórico puerto azotado por el sicariato y la micro comercialización de drogas.
Rápidamente, la prensa comenzó a televisar las formaciones policiales desplegadas en las calles chalacas y los numerosos arrestos de delincuentes comunes y pequeños traficantes para acompañar la sensación de seguridad que traía la medida. Seiscientas cincuenta personas fueron detenidas en el primer mes, en el cual se desplegaron tres mil quinientos agentes en toda la provincia constitucional, entre ternas y unidades de emergencia.
Sin embargo, para muchos vecinos del puerto la sensación era más bien de amenaza contra ellos. Muchos jóvenes del barrio empezaron a denunciar haber sido sembrados con droga por los policías de civil para alcanzar su habitual cuota de detenidos. Según acusaban los vecinos, la estructura de las bandas organizadas que controlaban los barrios permanecía intacta, financiadas con dinero de los políticos del gobierno regional. Muchos de los cabecillas optaron por mudarse a distritos residenciales para seguir manejando todo desde ahí. Veintitrés personas presuntamente ligadas a pandillas murieron en tiroteos nocturnos en los primeros dos meses del estado de emergencia.
“Hay impunidad y corrupción. Todo eso significa plata, que paga. Si tú haces un estado de emergencia, es porque vas a disminuir los derechos civiles de las personas. Pero previamente tienes que hacer un trabajo de inteligencia ¿A quiénes vas a capturar? Determinas a los mafiosos, declaras el estado, eliminas sus derechos, vas y los arrestas” afirma Wilber Montero, vecino y veterano activista vecinal de La Perla, criticando duramente la medida. “En el Callao vemos el asesinato por encargo. Eso es una tapadera, con profundas raíces en el narcotráfico que existe acá. Solo un dato: por este puerto ingresan los insumos químicos con los que se hace la droga ¿Quién controla la distribución y el transporte de estos insumos? Pero hasta ahorita, cuatro mil ochocientas toneladas de químicos, que son cientos de contenedores, van del Callao al VRAEM. Y nadie se da cuenta. Y el VRAEM está lleno de militares y policías. Sin embargo, llegan los insumos, se produce la cocaína y después regresa acá y sale por contenedor. Entonces, el estado de emergencia es una payasada”. La medida concluyó en octubre del 2016.
Con cada proceso electoral, tanto las candidaturas presidenciales como municipales ofrecen una mayor cantidad de uniformados en las calles, policiales e incluso militares, y más paquetazos de leyes para otorgarles poderes con los que intervenir a los considerados sospechosos. “Cuanto más miedo en la población, más aceptable se vuelve el sistema de control” sentencio el filósofo Michel Foucault, lo que se traduce en la supuesta necesidad de más efectivos policiales en las calles para paliar los conflictos sociales que el mismo sistema político y económico produce con sus medidas anti populares y con sus propias autocontradicciones.
