[FOTOS] Dina asesina: Fuego y represión en la Marcha de los 4 Suyos
Tras la breve tregua por fiestas navideñas se reinician las protestas contra el régimen cívico militar de Dina Boluarte en Perú, las cuales iniciaron en diciembre del 2022 tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo, quien intentó disolver el impopular Congreso de mayoría derechista para cumplir su promesa electoral de convocar a una asamblea constituyente con participación popular para elaborar una nueva carta magna que reemplace la actual Constitución de 1993 de corte neoliberal. En alianza con los partidos de extrema derecha y las fuerzas armadas y policiales, el actual gobierno de Boluarte ya suma más de cincuenta muertes de manifestantes por disparos de los uniformados así como un policía fallecido en extrañas circunstancias durante los enfrentamientos.
Miles de protestantes de las comunidades campesinas del sur andino, regiones donde el voto por el rondero campesino y maestro sindicalista Pedro Castillo fue mayoritario en las elecciones presidenciales de 2021, además de abocarse a bloquear carreteras y tomar aeropuertos por todo el país para exigir la inmediata renuncia de la presidenta de facto, se dirigen a la capital Lima para que su voz de protesta sea escuchada en una ciudad racista históricamente alejada del resto del país.
La nueva Marcha de los 4 Suyos fue el nombre de la protesta convocada en diferentes puntos de Lima para el pasado jueves diecinueve de enero, en la cual miles de estudiantes, trabajadores, activistas de izquierda y campesinos llegados a la ciudad fueron reprimidos por los agentes policiales en distintos puntos de la urbe quienes usando bombas lacrimógenas y escopetas de perdigones les impedían en todo momento bloquear las calles y avenidas para manifestarse.
La creciente violencia policial si bien no emplea armas de fuego con munición real en Lima Metropolitana como sí se utilizan en las regiones del interior, se ve reforzada por las prácticas de detenciones arbitrarias durante las marchas, criminalización de manifestantes detenidos e incluso acusaciones de terrorismo, políticas represivas adoptadas por los uniformados en complicidad con la Fiscalía y los medios de comunicación.
Fotos de Aitana Gómez y Alan Benavides
El recuerdo de la primera Marcha de los 4 Suyos del 2000 contra la entonces dictadura fujimorista durante la cual agentes de inteligencia incendiaron el edificio del Banco de la Nación para culpar a los manifestantes, volvió a la memoria de los peruanos cuando sorpresivamente la vieja casona Marcionelli en el centro de Lima se prendió fuego en medio de la protesta del pasado jueves. Los mismos residentes del inmueble acusan que fue una bomba lacrimógena disparada por los uniformados la que originó el siniestro.
En más de una ocasión se ha podido comprobar la presencia de agentes terna, policías vestidos de civil que ocasionan desmanes para culpar a los protestantes. Este accionar ha llevado a sembrar desconfianza y conspiranoia al interior de las movilizaciones donde se suele acusar a los jóvenes que optan por la autodefensa para responder a la violencia policial de ser supuestos “infiltrados”.
El racismo en la sociedad peruana se pone de manifiesto no solamente por la desmedida violencia policial contra las protestas en las regiones de mayoría indígena y por las acusaciones de terrorismo por el aparato mediático y judicial contra los manifestantes de estas provincias, sino también en la indiferencia de sectores limeños académicos, culturales y artísticos quienes se niegan a calificar al actual régimen como una dictadura y desde una cuestionable equidistancia se limitan a condenar la violencia de los supuestos dos bandos pese a la descomunal diferencia de víctimas mortales entre los protestantes desarmados y las fuerzas del orden.
Inevitable comparar las actuales protestas protagonizadas por sectores de la clase trabajadora, de los pueblos indígenas y de izquierda con las movilizaciones de noviembre de 2020 contra el entonces presidente de facto Manuel Merino, las cuales se centraron en las ciudades como Lima y se sumaron sectores de derecha liberal y progresista quienes lograron destituir al golpista en una semana luego que dos manifestantes murieran por la represión policial.
Fotos de Aitana Gómez y Alan Benavides
Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos arroja que mientras el Congreso derechista rompe registros de desaprobación con un repudio popular del 88%, así como la presidenta de facto Dina Boluarte tiene un rechazo del 71%. El 60 % respondió que Pedro Castillo debe afrontar sus procesos judiciales en libertad por el presunto intento de golpe de Estado, ya que actualmente se encuentra recluido con prisión preventiva. El 41% declaró haber estado a favor cuando intentó disolver el desprestigiado Congreso. Un 69% está a favor de convocar una asamblea constituyente para cambiar la actual carta magna fujimorista pese a que opinólogos y académicos de derecha se entercan en negar que la sociedad peruana se encuentre en un momento constituyente.
Decenas de los manifestantes que llegaron a Lima desde las comunidades del sur andino fueron acogidos por el movimiento estudiantil en universidades públicas históricamente comprometidas con las luchas populares como San Marcos o la Universidad Nacional de Ingeniería, Al cierre de esta edición, el sábado en la mañana una violenta operación policial irrumpió con carros blindados en el campus de la Decana de América que destruyeron el muro perimétrico para poner bajo arresto a los estudiantes y campesinos alojados, llegando incluso a invadir las habitaciones de internado de la residencia universitaria, llevándose a más de ciento noventa detenidos para ser investigados por terrorismo y por usurpación. Insultos racistas de los uniformados contra los campesinos, destrucción de víveres y donaciones, tardanza en la llegada de fiscales, impedimento de entrada de abogados defensores y una madre gestante junto a su pequeña hija siendo arrestadas caracterizaron las primeras horas de la irregular intervención. En la madrugada del lunes todos los apresados ya estaban libres ante la evidente falta de pruebas para incriminarlos por cualquier delito.
Violenta incursión policial en la Universidad San Marcos
