Fujimori Nos Mató Más

La candidatura fujimorista convoca fácilmente a miles de activistas y colectivos ciudadanos a protestar en su contra. El partido del dictador Fujimori representa para nuestro país la peor violencia que el Estado pudo ejercer contra los peruanos. Pero luego de décadas, el electorado parece haberlo olvidado.

Cayó Abimael Guzmán, escucharon en sus televisores millones de peruanos aquel doce de setiembre de 1992. Desde ese entonces, habernos librado del terrorismo es el principal argumento usado por los fujimoristas para defender a su líder. Sin embargo, ni fue mérito suyo, ni tampoco fueron legítimos los métodos que utilizó para combatir a los senderistas.

Desde el primer día de su gestión, tuvo a su lado a quien sería el hombre más poderoso del Perú en los noventa: Vladimiro Montesinos, el asesor encargado de hacerle los trabajos sucios mientras vivía a su sombra y se regodeaba en el dinero robado. Ex capitán del Ejército, expulsado por traición a la patria, sabía muy bien qué estrategia usar para hacerse con el control de todos los aspectos de la vida nacional. Pero, primero había que desplegar la estrategia militar, aquella que usaría la lucha contra Sendero para militarizar el país y neutralizar a cualquier opositor político o social que representara una molestia a sus planes.

TERRORISMO PARA COMBATIR AL TERRORISMO

Cuando el sanguinario Santiago Martín Rivas fue entrevistado por el cuestionado periodista Umberto Jara en el 2003, reveló la estrategia contrasubversiva de los noventa. El mencionado mayor del Ejército, ahora encarcelado, lideró a inicios de los noventa un escuadrón de la muerte, el grupo Colina, el cual ejecutaba civiles con el afán de intimidar a Sendero Luminoso, al margen que esas personas fueran terroristas o no. Guerra de baja intensidad era el método con el que ejercía el terrorismo de Estado, contenido en un manual elaborado por el mismo Martin Rivas y aprobado por el presidente Fujimori.

“La guerra es difícil de entender» dijo el infame Rivas, tratando de justificar el asesinato de quienes eran considerados sospechosos de terrorismo, saltándose todas las leyes que ordenarían arrestarlos y enjuiciarlos. Lo peor de todo es que sus atentados, financiados con dinero del Estado, solo provocaban otro atentado senderista como respuesta, en un intercambio de balas y dinamita donde los que morían eran los civiles.

Un tres de noviembre de 1991 por la noche, el heladero Óscar León llevaba a cabo una pollada en la quinta del jirón Huanta 840 de Barrios altos, para conseguir fondos y arreglar el agua y desagüe del inmueble. Los militares del grupo Colina llegaron para ametrallar a los asistentes de la pollada, matando a quince, entre ellos un niño de ocho años, Javier Ríos, por las sospechas de que dos de los asistentes les llevaban comida a los senderistas en las cárceles. La única información previa fue la obtenida por el llamado agente Abadía, otro Colina, que vivió frente a la quinta. Dejaron el suelo lleno de cartuchos de subametralladora, adrede para impactar a la opinión pública. Luego, se fueron a una playa a celebrar su primera misión exitosa. Esa es la pacificación que nos traía Fujimori.

El dos de mayo del 1992, los encapuchados de Martin Rivas viajaron a la provincia del Santa, en Chimbote, para secuestrar y matar a diez campesinos, además de realizar pintas senderistas en sus viviendas para incriminarlos. Del mismo modo, a dos días que los senderistas detonaran un coche bomba en el jirón Tarata de Miraflores, los Colina también aprehendieron y asesinaron a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. Se rumoreaba que en dicha casa de estudios pululaban elementos subversivos y eso fue suficiente para los agentes. Los cuerpos fueron enterrados clandestinamente en las cercanías a un terreno abandonado de Huachipa y luego en Cieneguilla.

No solo los inculpados de terrorismo por el torpe criterio de los Colina eran victimados por Martin Rivas y sus secuaces. En los juicios posteriores al comando paramilitar, se acusó que Pedro Huilca, acaso el más grande líder sindical que ha tenido nuestro país, también fue eliminado por ellos en diciembre de 1992. Su delito: ser un obstáculo para la política antilaboral de Fujimori. Igual suerte corrió ese año el periodista Pedro Yauri, quien denunciaba los criminales excesos de militares que desaparecían personas en Huaura.

Mientras ese año la unidad militar favorita de Fujimori se bañaba en la sangre de inocentes para deleite del frío mandatario, un grupo policial conocido como el GEIN (Grupo Especial de Inteligencia) trabajada lentamente para ubicar el paradero del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Sin apoyo de su institución ni del gobierno, los detectives se las ingeniaron para hacer trabajo policial a la antigua y luego de mucha paciencia, allanaron su casa y lo arrestaron. El presidente nunca les perdonó que aquel logro le quite protagonismo a él y su gestión, por lo que disolvió la unidad, impidiendo que sigan investigando a los demás mandos subversivos. Dos formas de combatir a los terroristas se contraponían, una de inteligencia policial y la otra de insania militar asesina.

Fotos de Alan B.

En abril de 1993, empezaron a ver la luz los primeros indicios periodísticos de la existencia del comando asesino. El descubrimiento de los cuerpos de La Cantuta fue logrado gracias a las denuncias de oficiales del Ejército, hartos de que su institución fuera utilizada para violar los derechos humanos, junto con dos recicladores de basura que atestiguaron cómo los agentes Colina quemaron y enterraron los cadáveres en Cieneguilla. Martha Chávez, una de las más virulentas defensoras del gobierno, pasó a la historia de la infamia diciendo que los estudiantes se autosecuestraron.

Martin Rivas y sus cómplices fueron a la cárcel, debido al escándalo mediático. En febrero de 1994, la Ley 26291, o Ley Cantuta, permitió que jueces militares los juzguen. “Las guerras no se ganan con vacilación” pronunció Fujimori en un discurso frente a las tropas del Ejército, dando a entender que su guerra de baja intensidad seguiría con el aval de su despacho. Y en junio de 1995, durante su segundo mandato, los congresistas fujimoristas aprobaron la Ley 26479, o Ley de Amnistía, por la que los militares acusados de asesinatos fueron liberados sin cargos. Esto con la excusa de curar las heridas y  reconciliar al país.

En 1997, fueron encontrados en Puente Piedra  los restos de una de las agentes del grupo Colina, Mariella Barreto. Había sido descuartizada viva y su cabeza no apareció nunca. Fue ella uno de los elementos que se asqueó con el accionar del comando de la muerte del que formaba parte y decidió revelar a la revista, del periodista César Hildebrandt, el paradero de los cuerpos de La Cantuta. Barreto, quien habría tenido un romance con Martín Rivas, fue parte del plan Tigre 96, para asesinar a todos los agentes que hayan delatado información sobre las operaciones paramilitares. Otra agente torturada fue Leonor La Rosa, quien milagrosamente sobrevivió en el Hospital Militar, develándose su caso también ese año.

La principal interrogante que se nos viene a la mente es ¿sabía Fujimori de estos crímenes, cometidos por elementos del Ejército Peruano? La rápida respuesta de los adeptos del chino es que el responsable es Vladimiro Montesinos, el asesor de inteligencia que manejaba los hilos de la institución castrense en la década fujimorista. Pero nosotros nos preguntamos ¿es posible que un presidente que prometió con tanta firmeza que acabaría con el terrorismo, no estuviera al tanto de estas acciones? ¿De dónde salían los fondos para financiar las actividades clandestinas de un escuadrón de la muerte, si no era del gobierno central?

Ese es el método del fujimorismo. Balas. Y también, usar el poder para taparlas. Podemos entender las balas en respuesta a terroristas que también nos disparan, eso es legítima defensa. Pero balas disparadas indiscriminadamente, sin importar si le caen a un inocente, con la intención de asustar al enemigo, no. Ese proceder, partiendo del aparato estatal, con el aval del poder que da el sillón presidencial y con el dinero de nuestros impuestos invertido en matarnos, se llama terrorismo de Estado. Y eso es Fujimori, un terrorista.

No fue Fujimori quien acabó con Sendero. Porque no solo se les acabó disparándoles. Fueron los peruanos, los universitarios que los rechazaban del movimiento estudiantil, los trabajadores que los expulsaron de los sindicatos, los activistas políticos que lucharon contra la dictadura pero sin dejarse engañar por la locura polpotiana de Guzmán. Fueron los campesinos ronderos que usaban escopetas viejas y armas hechizas para enfrentarse contra los AK-47 de los subversivos. Fueron los muchachos de las zonas más pobres que eran enrolados a la fuerza al servicio militar y enviados a los confines del país para ser abandonados sin provisiones ni refuerzos. Pero las cámaras televisivas no los enfocaban a ellos, sino al presidente que se llenaba de sangre y méritos ajenos.

MANO DURA

Pero no solamente fue el Fujimori asesino. También fue el Fujimori de la represión, de patear el tablero de la democracia, de dejar a los peruanos sin derechos, de rematar los recursos y las industrias. Fue el Fujimori de engañar a los peruanos que con mano dura se podrían solucionar los complejos problemas del país, las fracturas sociales que aquejan desde el inicio de la vida nacional, las deudas históricas que los peruanos tienen consigo mismos.

El cinco de abril de 1992, era evidente que el sistema político no le iba a permitir a Fujimori imponer las medidas que él quería para convertir el país en su feudo. Es cierto que la corrupción y el clientelismo político imperaban en los juzgados, el Congreso y demás instituciones públicas. Pero las leyes antiterroristas que los congresistas opositores no le dejaban aprobar no era más que un paquete de medidas policíacas para reprimir a la población. Del mismo modo, sabía que no le iba a ser fácil por la vía legislativa quitarles los derechos laborales a los trabajadores y darle a los empresarios el poder que ellos ponían como condición para apoyarlo. Así que sacó los tanques a las calles, cerró el Congreso y hasta que se eligió un nuevo parlamento varios meses después, fue el dictador del país. Sus uniformados pudieron matar a quienes quisieran, no había poderes por encima de él.

Durante los tres primeros días del autogolpe, fue secuestrado en los sótanos del llamado Pentagonito, el cuartel general del Ejército,  el periodista Gustavo Gorriti, quien le seguía los pasos a Vladimiro Montesinos y sus fechorías. No dejó de increpárselo al presidente cuando fue liberado.

Aquel nuevo Congreso que Fujimori convocó mediante elecciones, su Congreso, aprobó la Constitución de 1993, aquella carta infame que puso el país en manos de las empresas privadas y a los trabajadores sin derechos que puedan exigir. Convirtió al Perú en el país saqueado e impotente que sigue siendo hasta hoy.

2074 Y MUCHAS MÁS

“Estás pariendo como chancho, como cuy, por eso lo hemos hecho” les dijeron a las cientos de miles de mujeres que llegaron arrastradas a la fuerza por policías a los centros de salud donde médicos del Estado les ligaron las trompas para esterilizarlas. Más de 300 mil mujeres fueron esterilizadas a la fuerza durante la década en cuestión, la mayoría campesinas e indígenas de la sierra peruana, en salas de operación con condiciones insalubres y médicos que actuaban por cumplir un número de intervenciones. Esa fue la política de control poblacional de Fujimori. Terror en lugar de educación sexual. Una cruzada contra la pobreza que se adaptaba muy bien al modelo económico de exclusión.

Alejandro Aguinaga, otro acérrimo fujimorista, era el entonces ministro de Salud que en la actualidad se sigue salvando de la justicia. Bajo su gestión, las mujeres  del Ande vieron su cuerpo ultrajado por la dictadura cuyos representantes repiten hasta hoy que les hicieron un favor. “Se enferman porque son cochinas, ociosas, son unas analfabetas que no saben nada” era la explicación que recibían quienes sentían malestar por complicaciones luego de las operaciones. Hay un caso de una campesina que desarrolló cáncer de cuello uterino, y tres que murieron a consecuencia de la mala práctica, dos de ellas menores de edad. El Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas inició en el 2015, y todavía no termina de recoger todos los casos. El proceso judicial aún pendiente contra Fujimori y sus exministros se abrió con las denuncias de 2074 mujeres, número histórico con el que empezaron a pedir justicia.

Magdalena Monteza apenas empezaba sus estudios en la universidad La Cantuta en octubre de 1992, con solo diecinueve años. La Policía la detuvo porque no portaba documentos, se la llevó a instalaciones secretas donde al menos tres agentes la violaron. Fue condenada a quince años por terrorismo, solo por no haber portado un documento de identidad cuando fue intervenida en su casa de estudios. Dio a luz a la hija de sus captores en prisión. Fujimori ocupó militarmente las universidades públicas, donde la sola condición de estudiante era suficiente para ser considerado sospechoso de terrorismo. Magdalena logró ser indultada y salir libre seis años después. No fue la única universitaria que llegó a la cárcel injustamente.

Fotos de Jai G. 

EL CHINO Y EL CHOLO BARATO

Los más veteranos sindicalistas de Construcción Civil aún recuerdan el ataque policial durante la huelga de 1992, donde las balas disparadas por los agentes del orden a su local central, matando a uno de los obreros, les comunicaron que durante el mandato fujimorista las voces de los trabajadores no podrían impedir la disolución de los derechos sindicales y los despidos masivos. La muerte de Pedro Huilca, dos días después del ataque a la sede, junto con las nuevas leyes de flexibilización llegadas tras el autogolpe que liquidaban la estabilidad laboral, marcarían el inicio de la política del cholo barato, que persiste hasta hoy.

En 1990, las finanzas peruanas se encontraban prácticamente en la bancarrota, luego de la desastrosa gestión económica de Alan García. Las medidas populistas para aparentar un Estado de bienestar, como subsidios a los productos de primera necesidad para intentar contener la inflación, la intervención en los bancos y el ademán de independizarse de los organismos económicos internacionales desconociendo la deuda externa no hicieron sino desprestigiar el modelo estatista que venía de todo el siglo XX. Fujimori aprovechó este descrédito del Estado interventor para implementar el Estado neoliberal, que en los noventa estaba en todo su apogeo alrededor del mundo, con todas las actividades económicas en manos de las empresas privadas. En diez años, cambió la inflación de García, con sueldos que perdían valor, por la recesión con escasez de empleo.

Las empresas estatales, que abarcaban un abanico de actividades no solo extractivas, sino también de industria y servicios, fueron el botín perfecto para los empresarios y Fujimori, que llevaron a cabo el proceso de privatización de las mismas durante años, bajo la eterna premisa neoliberal de que el Estado es mal administrador. Desde las minas de Centromín en Cerro de Pasco, los yacimientos de Hierro Perú (que fueron adquiridos por la firma china de Shougang) y la refinería La Pampilla, hasta la entonces Compañía Peruana de Teléfonos (CTP, ahora en manos de Telefónica), la línea aérea Aeroperú y la Empresa Nacional de Transporte Urbano (Enatru). Todas fueron presas de la ganga y negociaciones bajo la mesa con la que el gobierno se embolsilló millones de soles, a la vez que dejaba la actividad económica del país en manos de los monopolios empresariales que imponían sus condiciones a los miles de desempleados. Con la mentira de la tecnología que llegaba de la mano de la empresa privada, el país se vio despojado de la mayor parte de su patrimonio.

Uno de los efectos más nocivos del programa de privatizaciones fue el desmantelamiento del entonces Banco Minero. Siendo la minería la actividad que más conflictos genera en el Perú, esta entidad estatal se dedicaba a regular la actividad de los mineros artesanales, exigiéndoles estándares ambientales a cambio de comprarles la producción a precios justos. Cuando Fujimori liberalizó la minería, esta fue cayendo lentamente en manos de las mafias de mineros ilegales que azotan la selva destruyendo el medio ambiente y atemorizando a la población. Esas mismas mafias con las que Keiko Fujimori firmó acuerdos durante su campaña presidencial del 2016.

La dictadura fujimorista no solamente robó a los peruanos sus empresas públicas y sus recursos naturales, sino también su memoria histórica. Además de la paulatina disminución del presupuesto para la educación pública, luego del autogolpe, el gobierno redujo las horas para los cursos de historia y educación cívica en los colegios y eliminó el curso de materialismo dialéctico en las universidades públicas. Pero la estocada final sería la proliferación de diarios chicha y programas de televisión basura, financiados por Fujimori con fondos desviados de las Fuerzas Armadas. Portadas en los kioskos, llenos de mujeres semidesnudas, accidentes y crímenes llenos de sangre e insultos contra sus opositores políticos, contribuyeron con la campaña de embrutecimiento de diversos sectores de la población. Como complemento, el asistencialismo con las clases más populares, a las cuales se fidelizaba a cambios de regalarles frazadas o bolsas de arroz, práctica que continúa siendo empleada por el partido fujimorista para comprase votos.

PODERES FÁCTICOS

Montesinos no solamente era el encargado de ejecutar el macabro plan militar para someter a la población a punta de violaciones de derechos humanos. También tejió todas las redes de corrupción con las que amasó fortuna que después no le sirvieron de mucho para huir del país. En 1994, fue capturado en Colombia el más importante narcotraficante peruano, Demetrio Chávez Peña Herrera, alias Vaticano, quien enviaba avionetas con cocaína al cartel de Pablo Escobar. Apenas llegó a Lima para ser juzgado, afirmó que venía pagándole 50 mil dólares mensuales a Montesinos para poder trabajar tranquilo en el Perú, pero que el gobierno le quiso subir la cuota a cien mil, por lo que no quiso pagar y empezó a ser perseguido. Denunció haber sido torturado durante su estadía en prisión para que cambie sus declaraciones.

Por la sala de recepción del Servicio de Inteligencia Nacional desfilaron empresarios, políticos, banqueros y hasta figuras de la televisión, que llegaban a recibir cuantiosos sobornos por alinearse con el gobierno. Montesinos tenía afición por grabar todos esos encuentros, por lo que armó toda una colección de vladivideos donde se evidencia la corrupción del régimen.

Uno de los casos más sonados fue el llamado Plan Bermudas, mediante el cual Montesinos pretendía eliminar físicamente a César Hildebrandt, reconocido periodista que no dudaba en denunciar los crímenes fujimoristas, y a muchos hombres de prensa más. Mariella Barreto habría revelado el plan a Hildebrandt, salvando la vida de él pero terminando ella misma siendo muerta de un modo atroz.

En el año 2000, semanas antes de la caída del régimen, Montesinos, Fujimori y sus generales brindaron una pomposa conferencia de prensa donde exponían el Plan Siberia, una operación para detener a traficantes de armas, que junto con malos elementos militares peruanos, que vendían fusiles AKM a los terroristas de las FARC, en Colombia. El mismo presidente colombiano, Andrés Pastrana, junto con el servicio de inteligencia de su país, y las investigaciones posteriores con los vladivideos solo meses después de derrocado Fujimori, revelaron que la verdadera operación consistía en la compra oficial de estos fusiles a Jordania por parte de las mismas fuerzas armadas, evidentemente orquestada por Montesinos, para ser vendidos a los narcotraficantes colombianos que pagaron una cuantiosa suma a los funcionarios implicados, entre ellos el mismo presidente.

Los lazos de Montesinos y Fujimori con el narcotráfico fueron demasiado evidentes a lo largo de todo su gobierno. Eso también explica el misterioso financiamiento que continúa teniendo el partido fujimorista a la actualidad, el cual nunca ha sido explicado de modo satisfactorio.

CUATRO SUYOS

En julio del año 2000, luego del evidente fraude en las elecciones, miles de ciudadanos salieron a protestar a las calles de Lima en la Marcha de los Cuatro Suyos. Además de la represión policial, en un intento desesperado por impedir las movilizaciones, agentes del gobierno incendiaron edificios públicos del centro de la ciudad para culpar a los manifestantes, por órdenes de Fujimori, muriendo  seis personas. Aunque fueron estudiantes y sindicalistas quienes se enfrentaban en las calles a los uniformados para intentar sabotear la toma de mando, el mortal incendio del Banco de la Nación comenzaría la paranoia de los infiltrados que continúa desprestigiando las protestas hasta hoy.

Luego de esos tres días de protesta, el escándalo por la corrupción del régimen llegó a su tope con la difusión del primer vladivideo en setiembre del 2000, donde se observa al asesor todopoderoso Vladimiro Montesinos pagándole un soborno, con fondos públicos, al congresista Beto Kouri para que se pase al partido fujimorista. Montesinos desapareció y Fujimori armó una pantomima para fingir que lo buscaba. En noviembre, el presidente viajó al Japón y renunció por fax. Fue arrestado en Chile en el 2005 y traído de vuelta al Perú en el 2007. En el 2009, fue condenado a veinticinco años de cárcel. Montesinos ya había sido capturado en el 2001.

En los diez años de fujimorato, la represión, el miedo del ciudadano a ser acusado de terrorista, la imposibilidad de salir a protestar por sus derechos, hicieron que los peruanos se acostumbraran a la violación sistemática de sus libertades. Se vivieron diez años de terror, secuestrados por un dictador que no tenía reparos en desaparecerles si se oponían a él.

Todos recordamos las desvergonzadas palabras del fujimorista Jorge Trelles en una entrevista televisiva del 2011. Nosotros matamos menos aseveró en señal abierta, comparando los muertos por el gobierno de su líder con los civiles asesinados por los dos presidentes anteriores, Alan García y Fernando Belaunde.

Alberto Fujimori no solo mató a quienes cayeron abatidos por las balas de sus esbirros. También mató nuestro espíritu de protesta, nuestra memoria, nuestro derecho al trabajo digno, nuestra industria nacional. Pero principalmente mató nuestra dignidad como ciudadanos, nuestra memoria histórica que quedó manchada por haberle permitido hacerse con el poder. Y ahora su hija Keiko quiere aprovecharse del olvido colectivo para repetir el mismo horror.

Keiko y Kenji Fujimori, los herederos de la dictadura, tienen los vicios del padre. En su campaña para tomar por asalto la presidencia, usan la inseguridad delincuencial como psicosocial para asustar al electorado, del mismo modo que su mentor lo hizo con el terrorismo senderista. Descalifican a los manifestantes y activistas como terrucos con los que hay que acabar. Ocultan perfectamente sus nexos con el dinero malhabido, apelando a la lástima y las dádivas que regalan a sus votantes.

Pero no solamente son ellos. Es todo el sistema fujimorista que persiste hasta hoy. Es la Constitución neoliberal de 1993, son los empresarios que se beneficiaron con él y que no tendrían problemas en volver a hacerlo. Es el fantasma de Sendero que recae sobre cualquiera que critique el modelo económico que Fujimori nos impuso y que sigue intacto. Es la normalización de la violencia ejercida por los uniformados, que si antes generaba la indiferencia ciudadana frente a los crímenes de los Colina, ahora tiene el mismo efecto con los actuales conflictos mineros donde mueren campesinos bajo las botas policiales.

Fujimori es más que un simple apellido familiar, más que un grupo de congresistas que desean sacar a su líder de la cárcel. Es más que campañas electorales año tras año, con gastos millonarios que nadie se explica. Es decirle a todo el país que todo lo narrado líneas arriba nunca ocurrió, que los muertos no lo están, que los crímenes no fueron perpetrados, que el Perú no fue robado. Y que toda la lucha para librarnos de ese asco de capítulo de nuestra historia, no sirvió.

Marcha de los Cuatro Suyos en las calles

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Alan Benavides

Terminé Periodismo, fotografío protestas y escribo sobre conflictos sociales. No me gusta ningún gobierno, ni autoritarios ni represores, ni ningún poder económico.