Esterilizaciones forzadas: Importadas desde el primer mundo

El programa de esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista parece no causar la indignación que debería en la opinión pública peruana, a pesar de los desgarradores testimonios y la flagrante violación a la integridad física de las mujeres. Pero no fue un plan propio del gobierno peruano, sino que fue inspirado por políticas dictadas en países desarrollados.

A Esperanza Huayama le dijeron que le darían vitaminas para su embarazo, en aquella posta médica de Huancabamba, en Piura, hace como veinte años. Antes que le pusieran una inyección para dormirla, pidió a las enfermeras que no le quiten al bebé que llevaba en el vientre, que prefería morirse con él. “Ya no pude irme a mi caserío, con el dolor tenía hinchadita la barriga. Un doctor Ruiz me vio y me dijo ¿Por qué se ha dejado hacer eso? No nos han dado a conocer nada de lo que nos iban a hacer. Nosotros acá nos ven como a animales, porque somos analfabetas. Así estuve hasta los ocho meses. Nos mandaron a una enfermera, pero ya nosotros veíamos la manera cómo comprar la medicina para mi infección. Ya no se hizo responsable el doctor porque no sabía que me hicieron así. A los ocho meses nació mi hijito muerto. Me he quedado enferma, no podía hacer nada. Si hacía fuerza, me duele la barriga. Ya no podemos trabajar y así estamos más empobrecidos. Las demás hermanas, unas están con cáncer, otras se están muriendo, las han dejado sus maridos. Yo he visto en Cuzco, en Ayachucho, en Huancavelica y hasta en la selva. Pedimos justicia y reparación. Decimos a todos, al fin del mundo, que nos escuchen, no estamos mintiendo. La verdad está en nuestros cuerpos. Nosotros ya podemos defender nuestros derechos humanos para otra vez no dejarnos, a nuestras hijas que no se dejen como nosotros. Ellos han abusado. A la gente más pobre nos ha ocurrido. Tenemos en nuestro corazón el dolor. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, estamos luchando con nuestra organización. Somos más de trescientas mujeres”. Esperanza es la actual vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Amaef) en su comunidad campesina.

SOMOS 2074 Y MUCHAS MÁS

Desde mitad de los ochenta, hubo intentos de implementar una verdadera política poblacional en el Perú con la intención de combatir la pobreza, aunque con ciertos recelos por parte de la derecha conservadora. El mismo Alan García llegó a decir “¿Qué destino histórico dejaríamos a nuestros hijos si en el año 2000 tendríamos treinta millones de habitantes?” Entrado Fujimori al poder, declaró 1991 como el Año de la Planificación Familiar. Algunas activistas de aquellos años relatan que el nuevo presidente incluso dio la impresión de estar captando el discurso feminista, nada más alejado de la realidad que miles de mujeres sufrirían en los próximos años.

Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional venían incluyendo entre sus propuestas la planificación familiar como método para disminuir las brechas económicas, y esto podría haber influido en la negociación de la deuda externa del Perú. En 1994 se celebró la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, en El Cairo, Egipto. Desde luego, los métodos anticonceptivos marcaron la pauta, incluida la despenalización del aborto. Pero el lobby conservador de la Iglesia católica peruana se opuso desde el primer momento, como lo viene haciendo hasta hoy, influyendo en la representación peruana en dicha cumbre.

Al no poder echar mano del aborto como en otros países más liberales en salud reproductiva, Fujimori sacó del cajón el Plan Verde, elaborado por un grupo de militares en 1989 para reducir la cantidad de cholos, puesto que aunque se logre derrotar al terrorismo, los niveles de carencias económicas del sector de la población más pauperizado llegarían a ser inmanejables. El ahorro público en materia social sería cuantioso. En 1995, Fujimori anuncia con bombos y platillos su nueva Ley de Política Nacional de Población, la cual incluyó las esterilizaciones como políticas.

Los ministros de Salud fujimoristas exigían mensualmente a los médicos en la sierra peruana cifras obligatorias de AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria). Ministros como Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y Marino Costa Bauer instituyeron estos requerimientos y desde las punas se les enviaban fotos e incluso videos para asegurarles que estas intervenciones se estaban llevando a cabo.

“Yo así de treinta y ocho años. Tenía cuatro hijos. He sufrido por hemorragia y me llevaron al Hospital Amazónico de Pucallpa. Y ahí me ligaron, sin decirme nada. Estoy con la sutura. De ahí me dijeron que ya no voy a tener hijos. Después se enteraron mi familia y ellos han quedado tristes. Hace poco recién [las activistas de Derechos Humanos] llegaron a mi comunidad y me animé a contar. Me separé de mi pareja porque me ligaron, se molestó y él quería un hijo más, pero bueno… Una semana después ya no quería estar conmigo. Ahora yo soy padre y madre” narra Lidia Rodríguez Gonzales, una más de cientos de shipibas que ya no pueden ser madres en la selva.

“Los requerimientos a los profesionales de un número mínimo de esterilizaciones fue comentado por la fiscal como una referencia en la que habría un interés de parte del gobierno para promover el avance de ese programa de planificación familiar, pero no con otro objetivo. También da cuenta de todas las comunicaciones que se han hecho de forma directa con Fujimori, pero dice que eso constituye un deber de los funcionarios, que no puede comprobar ninguna clase de delito. Pero también es cierto que hay abundante información que da cuenta de comunicados oficiales por parte de los operadores de salud diciendo: Para este mes hay una meta que cumplir. Incluso hay memorandos que dicen el médico con nombre tal por no haber cumplido se le sanciona y se le pide a los demás que cumplan con los números de intervenciones. Como en estos dos casos, existe mayor información que da cuenta de que existía un acoso o asedio al personal de salud para que salgan a captar y para que sean operadas mujeres en cantidades que no eran correctas teniendo en cuenta las condiciones de las postas de salud. El expediente de la Fiscalía tiene ciento sesenta tomos y la fiscal no ha hecho una valoración de toda la información, ni da cuenta de qué han dicho los investigados. Fujimori al momento de declarar le hacen dieciocho preguntas, una contesta y en las otras diecisiete guarda silencio. ¿Cómo se considera eso para la fiscal?” afirma Milton Campos, abogado de la Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), acerca de la denuncia ante la Fiscalía contra Fujimori, los tres ministros y otros funcionarios de salud por el caso de las esterilizaciones forzadas, con cargos como lesiones graves, homicidio culposo, lesiones, exposición de personas y otros delitos considerados como violaciones a los derechos humanos conexos como delitos de lesa humanidad.

La fiscal Marcelita Gutiérrez, encargada del caso, decidió archivar en agosto de este año el caso contra el ex presidente y los ministros, pero éste sigue contra varios de los operadores médicos. El proceso judicial inició con las denuncias de 2074 mujeres, número histórico con el que empezaron a pedir justicia, aunque finalmente el proceso en la Fiscalía terminó incluyendo a 2089 víctimas.

Estás pariendo como chancho, como cuy, por eso lo hemos hecho es lo que les dijeron a las cientos de miles de mujeres que llegaron arrastradas a la fuerza por policías a los centros de salud, donde médicos del Estado les ligaron las trompas de Falopio. María Mamérita Mestanza, campesina cajamarquina de poco más de treinta años, madre de siete hijos, venía siendo hostigada desde 1996 por los médicos en su comunidad para ser esterilizada. Murió en 1998, unos días luego de aceptar ser intervenida, por complicaciones de la operación. Se enferman porque son cochinas, ociosas, son unas analfabetas que no saben nada era la respuesta recibida por quienes sentían malestar luego de ser esterilizadas.

Fotos de Jai G. y Alan B.

Campos explica: “La historia de la investigación se genera en agosto del 2002, cuando la subcomisión del Congreso presidida por el congresista Héctor Chávez presenta la denuncia contra los ministros. Con posterioridad hubo otra acusación por genocidio y tortura, y en el 2014 esa investigación se cierra. En el 2009 se toma la decisión de archivarlo todo, se reabre en el 2011 y nuevamente se cierra solo parcialmente en el 2014, porque los operadores de salud que intervinieron a Mamérita sí fueron denunciados. En el 2015 se volvió a reabrir y en el 2016 se ha vuelto a archivar de manera parcial, y otro grupo de médicos ha resultado denunciado. Son más de 300 mil intervenciones quirúrgicas, pero son 5590 mujeres que han sido convocadas y apenas mil 700 han llegado. Hay un universo de mujeres que no tuvieron la oportunidad de declarar y sobre eso la fiscal dice que las mujeres han mostrado desinterés. Lo cual es irreal. Por ejemplo, en Chumbivilcas han señalado que la notificación les llegó días después de que se llevase a cabo la diligencia. La investigación se llevó en Lima, es imposible asumir que una mujer de una comunidad nativa o quechuahablante de comunidades campesinas haya podido tener acceso a dar su declaración”.

Al parecer, las mujeres pobres de Lima tampoco fueron inmunes a las AQV. Y la única explicación que puede encontrar Cruz Flora Paredes para haber sido esterilizada en agosto del 2001, casi un año después de la caída de la Fujimori, es que los médicos continuaron percibiendo incentivos económicos durante un tiempo. Estaba embarazada de su cuarto hijo: “Entro a mi consulta y el doctor me dijo Tu hijo no está en buena posición. Y si no pasas por clínica, tu hijo se hace chifa. Me preocupé. Yo he tenido mis tres partos normales y al cuarto me pidió cesárea, era el medio para que él pueda ligarme. Paso a sala. Ese doctor Medrano, nunca me voy a olvidar. Yo le agarré la mano y le dije No me vaya a ligar, doctor, porque yo lo veía muy insistente. Al día siguiente siento unos dolores horribles. No hijita, es que te he ligado. Le dije ¿Por qué me ha ligado? y el doctor se salió. Ése doctor sigue, lo he visto porque vivo cerca. Me enteré recién el año pasado de lo de las esterilizaciones forzadas y me acerqué al Ministerio de Justicia y me apunté al registro. Ellos tienen que pedir un informe a la Maternidad de Lima, pero no les dan todavía”.

LYNCHBURG Y LA EUGENESIA

“Tres generaciones de imbéciles son suficientes” le dijo el juez a Carrie Buck en 1927, en el histórico juicio conocido como el caso Buck vs Bell, en el que la estadounidense se rehusaba a ser esterilizada por decisión de J.H. Bell, superintendente estatal para enfermedades mentales. Carrie Buck, hija de una madre violada en una zona pobre de Virginia, también fue ultrajada en su juventud, por lo que fue clasificada como imbécil inmoral e internada en el campo Lynchburg, nosocomio para débiles mentales donde se practicaban estas intervenciones quirúrgicas. Argumentando que provenía de una familia problemática donde esta condición era hereditaria, el juez ordenó la intervención quirúrgica forzosa.

No tener domicilio fijo, ser huérfano, no tener educación, ser un adolescente con delitos menores, tener algún miembro mutilado  e incluso tener parientes con problemas mentales era requisito suficiente para que un juez determine que alguien es sujeto para la esterilización por parte de médicos estatales y así dejar de ser una carga para la sociedad y el país. Destacados juristas estadounidenses defendían lo importante de evitar que las personas socialmente inconvenientes tengan hijos y se mezclen con los ciudadanos decentes, saludables y productivos. Estos sujetos eran internados por funcionarios públicos en centros médicos y muchas veces no se les decía que iban a ser esterilizados. Es por su propia salud era la única explicación que se daba a estas personas no deseadas por el gobierno federal, quienes en su mayoría eran blancos y menores de veinte años.

Dicha política fue una realidad durante la mitad del siglo XX en el estado de Virginia, Estados Unidos, donde se aprobó en 1924 el Acta de Esterilizaciones Forzadas. Harry Laughlin, connotado sociólogo que venía impulsando dicha medida legal diez años antes, era partidario de la esterilización eugenésica, no solamente para impedir tener hijos a drogadictos y ladronzuelos, sino también a personas demasiado pobres y a inválidos. Esto con el propósito de preservar la calidad de la raza blanca y promover lo que él llamaba perfecta crianza según criterios hereditarios.

Fragmento de la película estadounidense Tomorrow’s Children, de 1934

Jóvenes provenientes de hogares destrozados, muchachas violadas y padres adolescentes, perfectamente sanos y con todo el potencial para trabajar física e intelectualmente, eran esterilizados a temprana edad en verdaderos campos de concentración médicos, con el aplauso de una gran parte de la opinión pública, que consideraban al Estado responsable de impedir que nazcan futuras generaciones de personas no deseadas en la sociedad. Contaban con el respaldo de empresas privadas y productoras hollywoodenses que se sumaban al lobby de la eugenesia reproduciéndolo en el cine y auspiciando concursos para las familias que cuidaran mejor la raza.

Laughlin manejaba el Archivo Eugenésico, en New York, donde cientos de profesionales hacían seguimiento a las familias y personas con problemas sociales para promover su esterilización obligatoria ante los tribunales. Nunca conoció a Carrie Bell pero fue uno de los principales gestores del atropello contra su integridad en los quirófanos estatales de Lynchburg, donde también estaba internada la madre de ésta. Esta gente pertenece a la más inútil, ignorante y despreciable clase de blancos antisociales del sur, fue la declaración de Laughlin en el juicio.

El fallo Buck vs Bell fue el espaldarazo perfecto para proseguir con esta siniestra estrategia hasta 1972, que supuestamente le ahorraría en el futuro a los Estados Unidos millones de dólares en hospitales, ayudas sociales, orfanatos y prisiones. En 1933 los directivos de Lynchburg le escribieron a los médicos nazis Apliquen el bisturí con vigor. En la Alemania regida por Hitler y el partido nacionalsocialista, se elogiaba la  supuesta contribución de Laughlin a la higiene racial.

GENOCIDIO QUIRÚRGICO

Las esterilizaciones han dejado diversas secuelas. En el caso de los estadounidenses, las vidas de las víctimas fueron arruinadas por la condición de marginación social en que se les clasificó desde jóvenes. Para las mujeres andinas, el crimen de Estado supuso no solo un ultraje a sus cuerpos, sino también la perpetuación del racismo y el desprecio por la existencia del factor indígena como parte imprescindible de la identidad nacional, lo que ha llevado a María Ysabel Cedano, abogada de Demus, a sostener la Tesis del genocidio contra las etnias  históricamente excluidas por la idiosincrasia peruana.

El factor común es la enraizada discriminación que usa la excusa de combatir la pobreza, no para incluir ni educar a los pobres, sino para desaparecerlos físicamente, al mejor estilo de Lynchburg. En ambos países, luego de años de esterilizaciones forzadas, ni los índices de pobreza ni de delincuencia han disminuido, sino más bien se han acrecentado a inicios del siglo XXI, producto de políticas neoliberales excluyentes como son el progresivo abandono de la educación pública, la pérdida de derechos laborales y el racismo institucional.

Pero el principal motivo es el machismo que cosifica el cuerpo femenino y lo trata como un objeto, presente en la política de la dictadura de los noventa para disponer de las campesinas. Ese mismo machismo que es enarbolado hoy por fanáticos fujimoristas cuando minimizan la invasión por parte del Estado a los cuerpos de mujeres a las que nadie les preguntó ni les dejó decidir.

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Redacción La Plaza

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