Ley Universitaria: La progresiva privatización de la educación pública

Los medios de comunicación aluden a la reforma universitaria como la lucha contra las mafias corruptas que lucran con la educación pública. Sin embargo, los estudiantes de universidades estatales la consideran una herramienta más para dificultar el acceso de los más pobres.

Los parlamentarios apristas y fujimoristas tratan de todas las maneras posibles de tumbarse el actual proceso de reforma universitaria que acompaña a la Ley 30220 o nueva Ley Universitaria, dado que choca con sus intereses económicos en las universidades que han manejado por años a su antojo. Los ciudadanos salieron a las calles bajo el lema La Educación Se Respeta para oponerse estas mafias de la educación. Defender la Ley Universitaria es una de las consignas de este aparentemente nuevo movimiento estudiantil surgido ante la coyuntura.

Sin embargo, en el momento su de elaboración en el 2013 por un congresista ex militar, Daniel Mora, la Ley Universitaria fue duramente resistida por los gremios estudiantiles de San Marcos, Federico Villarreal, Cantuta y otras universidades estatales, donde acuden los jóvenes de los estratos populares.

“Siempre habrá gente que tenga una curiosa lectura del documento. En cuanto a que la ley juega a la privatización ¿cómo entendemos entonces la oposición de todos los dueños de la universidad privada? No se basa en una efectiva lectura de la ley o tiene una mirada sesgada. Los estudiantes están mirando con recelo toda esta maniobra para traerse abajo la ley y formar una confabulación de fuerzas a favor de la mercantilización de la universidad. El punto de quiebre básico que tiene esta ley tiene que ver con garantizar que la oferta universitaria responda a estándares mínimos de calidad. La ley busca frenar una colosal estafa que ha favorecido el surgimiento de universidades inescrupulosas. Está claro que el país no tiene oportunidad alguna de desarrollarse si es que no hay calidad en las universidades” opina Zenon Depaz, férreo defensor de la 30220, catedrático sanmarquino de Filosofía y Derecho, ex miembro de la SUNEDU y veterano partícipe de la lucha estudiantil para expulsar al polémico ex rector Pedro Cotillo de la Decana de América.

Los estudiantes sanmarquinos se ampararon en la llamada Ley Mora como herramienta legal para desalojar de su sillón rectoral al aprista Cotillo en enero del 2016, mientras se enfrentaban a los matones enviados por éste. De igual forma tuvieron que hacerlo los villarrealinos contra los búfalos apristas para sacar a sus autoridades corruptas, entre julio y agosto. En ambos casos, las organizaciones estudiantiles de estas casas de estudios nunca dejaron de pronunciarse en contra de la ley 30220 y señalar su carácter privatista.

Es por esto que se hace tan notoria la enorme ausencia de bases estudiantiles de universidades públicas en las movilizaciones para defender la reforma universitaria, convocadas por colectivos antifujimoristas y gremios de universidades particulares. Si bien el alumnado en general se opone masivamente al acaparamiento de poder por parte del fujimorismo y sus aliados apristas, las posiciones críticas a la Ley 30220 persisten en los claustros estatales.

AUTORIDAD IMPUESTA

El principal caballo de batalla de la Ley 30220 es el destierro de las mafias. Además de convocar a nuevas elecciones de inmediato en todas las universidades públicas, anula por completo la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), integrada exclusivamente por los rectores y con facultades para intervenir en las universidades en caso de presentarse irregularidades, según lo señalado en la anterior Ley 23733. El poder otorgado a la ANR y sus rectores les permitió disponer de los recursos económicos de las universidades a su antojo.

En su lugar, el capítulo II de la actual ley se crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), integrada por funcionarios nombrados por el Ministerio Público por concurso público. Es decir, puestos por el Ejecutivo. Una simple transferencia de poder, sin participación de la comunidad universitaria. Aunque los funcionarios de SUNEDU pueden emitir recomendaciones que influyan en responsabilidades penales y pueden ratificar y/o desconocer a las autoridades universitarias, no pueden intervenir directamente en las universidades, lo cual se evidenció como vacío legal cuando en enero del 2016 San Marcos tuvo dos rectores interinos simultáneos nombrados por dos Asambleas Universitarias distintas, durante el proceso de lucha estudiantil para sacar a Pedro Cotillo.

Protestas estudiantiles contra la Ley Universitaria en julio del 2013.

GRATUIDAD EN ZOZOBRA

Otro de los principales puntos de debate es la finalidad de lucro que la Ley Mora imprime a las universidades particulares, de modo explícito en el artículo 115. Antes, las privadas sólo podían constituirse como personas jurídicas sin fines de lucro, sin la intención expresa de generar una renta para sus propietarios sino para promover la educación. La ley  plantea abiertamente esta posibilidad, bajo la forma societaria con la generación de utilidades, según los artículos 116 y 119.

Otro aspecto esencial recién introducido son los llamados recursos directamente recaudados (RDR), en su artículo 110. La cuestión radica en que las universidades públicas, que de momento se sostienen del financiamiento estatal, empezarían a depender más de otras fuentes de financiación, a la vez que el Estado se desentiende de su rol de garantizar la gratuidad de la enseñanza con esta supuesta autonomía económica. Y las nuevas fuentes serían, obviamente, cobros a los estudiantes.

“Los RDR se recaudan en muchas universidades con la matrícula, el examen de admisión, rectificación de cursos y con los centros preuniversitarios a los que se les otorga ingreso directo, que violenta la gratuidad de la educación. Sabemos que el costo de los exámenes ordinarios aumenta cada vez más y se aumenta el porcentaje del ingreso vía pre. Los sectores populares de bajos recursos ven frustrado su acceso a la universidad pública y quedan relegados a buscar universidades de medio pelo, que la SUNEDU pretende cerrar y restringir para beneficiar a las grandes universidades particulares sostenidas por el capital financiero” sostiene Abner Trujillo, estudiante de Ciencias Políticas y ex vicepresidente de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM).

En mayo último, los profesores que integraban la Asamblea Estatutaria de San Marcos intentaban presionar para que el reglamento interno de la universidad aumente el porcentaje de RDR en el presupuesto, a la vez que buscaban tener escuelas de postgrado dependientes de cada facultad, en lugar de integrar a todas en un solo Vicerrectorado de Postgrado. Los alumnos asambleístas denunciaban que la intención era crear una caja chica dentro de cada facultad con los cobros de pregrado y postgrado, por lo que se opusieron rotundamente. Cabe recordar que el artículo 88 de la ley Mora permite a los docentes participar en la generación de RDR.

Otra observación negativa es que se reproducen directivas del Decreto Legislativo 739, expedido por el gobierno fujimorista en 1991, las cuales limitan la gratuidad de la enseñanza solamente a la primera carrera de pregrado, lo cual queda especificado en el artículo 100 de la Ley Universitaria actual. El artículo 57 establece una serie de condiciones para gozar de esta gratuidad, no solo referentes a las calificaciones sino también a la participación en acciones de protesta estudiantil del alumno.

MOVILIZANDO EL TERCIO

Durante las sesiones de la Asamblea Estatutaria en San Marcos, a mediados del 2016, los representantes estudiantiles abogaron por una participación igualitaria entre trabajadores, alumnos y docentes. Sin embargo, prevaleció el esquema de siempre, de dos tercios de profesores y un tercio de alumnos en todos los órganos universitarios, como asambleas y consejos.

La figura más polémica es la del llamado tercio móvil, revalidada por el artículo 103. Cuando los profesores miembros de algún órgano no asisten en su totalidad pero los representantes estudiantiles sí, se retira de la reunión a una parte de éstos últimos hasta que los que queden sumen la tercera parte de los presentes. En los hechos, los alumnos sobrantes han sido desalojados por la fuerza de los recintos por el personal de seguridad, en una hábil maniobra amparada por la ley para que los profesores sigan teniendo la mayoría en la toma de decisiones. Una práctica que contradice cualquier lógica asamblearia.

La nueva forma de discriminación entre los dirigentes estudiantiles es la del tercio superior, que figura también en el artículo 103. Los alumnos que deseen integrar cualquier órgano de gobierno deberán pertenecer al tercio superior en cuanto a sus calificaciones. Si bien es fácil argumentar que se busca un perfil de alumnos estudiosos, esto no puede ser motivo para discriminar a nadie del ejercicio democrático de la representación estudiantil.

Los graduados pierden representación en la Asamblea Universitaria, al reducirse el número de miembros que tienen a solamente uno, según el artículo 56.

Mientras con la ley anterior el rector era nombrado por la Asamblea Universitaria, la ley 30220 exige que se celebren elecciones universales entre docentes y alumnos para designarlo. No obstante, el artículo 66 de la Ley Universitaria se indica que el voto estudiantil equivale sólo a la tercera parte del total de votos válidos, lo que facilita a los profesores imponer a su candidato.

En el caso de las universidades privadas, el artículo 122 indica que la elección o designación de autoridades procede según su propio estatuto, de acuerdo con su naturaleza jurídica societaria. Cualquier posibilidad de participación estudiantil queda a criterio de los dueños de la universidad. Una evidente vulneración al derecho de cogobierno.

Los sindicatos de docentes tampoco están del todo de acuerdo con la ley. En el artículo 84 se señala los setenta años como edad límite para ejercer la docencia universitaria pública bajo la condición de profesor ordinario, siendo un criterio muy arbitrario para privar al alumnado de un catedrático reconocido o de larga trayectoria.

BOTAS POLICIALES EN LAS AULAS

La intervención fujimorista en las universidades en los noventa demandó una serie de cambios en la ley de ese entonces, en el contexto de guerra antiterrorista. Si bien las fuerzas policiales y/o militares podían ingresar al campus ante la flagrante presencia de elementos subversivos o en una situación de estado de emergencia, en los demás casos, era el rector quien debía autorizar su entrada, rindiendo cuenta al Consejo Universitario, pero recién luego de consumada la intervención. Tales prerrogativas se mantienen con la nueva ley, pese a que el conflicto interno ya terminó, usándose para reprimir al movimiento estudiantil cuando se encuentra en acciones de protesta.

No hace falta repasar mucho la historia del conflicto interno para recordar las violaciones a los derechos humanos acontecidas por la entrada de uniformados armados a los recintos universitarios y la total libertad de acción e impunidad que les otorgaron las leyes. Siendo el caso más representativo el de La Cantuta, fueron cientos los muchachos que terminaron tras las rejas con falsas acusaciones de terrorismo, por obra de las tropas acantonadas dentro de los claustros.

También es cierto que durante la historia del movimiento estudiantil en el Perú y el mundo, gran parte de las conquistas de derechos se han logrado mediante protestas contundentes, en la que los alumnos han decidido tomar los locales universitarios como medida de fuerza para lograr se atiendan sus demandas, siendo recurrente en otros países con fuertes luchas estudiantiles como Chile y España. Los casos más recientes son los de San Marcos y Villarreal, donde se logró desalojar a los rectores corruptos y evitar elecciones con indicios de fraude. En los años previos, sus respectivos rectores apristas, Cotillo y Viaña, han mantenido cuerpos de matones contratados y operadores políticos adentro del campus para amedrentar a los alumnos opositores, a los que los estudiantes lograron echar usando la fuerza. Sin embargo, el artículo 10 permitiría que sean declarados nulos los acuerdos logrados entre autoridades y estudiantes luego de una toma de locales, al considerárseles actos de violencia.

Aunque los preceptos de inviolabilidad de los locales y de utilizarlos sólo para fines universitarios ya existían antes y se mantienen en el artículo 10, en realidad se usan para intimidar con amenazas legales cualquier manifestación de los alumnos al interior del campus, al considerarla actividad política, por mucho que aluda sólo a derechos estudiantiles.

Una nueva herramienta a disposición para la represión es el llamado Tribunal de Honor, integrado únicamente por profesores propuestos por el rector. Según el artículo 75, este órgano tiene facultades para emitir juicios sobre cualquier alumno y enviarlos al Consejo Universitario.

Fotos de Jai G. y Alan B.

UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL CENTRO DE LA LUCHA

El grito de Córdoba en la Argentina de 1919 fue el punto de inflexión entre la universidad de élite y la universidad pública en Latinoamérica y el mundo. Las casas de estudios dejaron de albergar solamente a los hijos de los ricos y recibieron al pueblo que se educaría para luchar por sus derechos. Revueltas estudiantiles se sucedieron en esos años en todo el continente. Ante la afluencia de más alumnos de clases populares a las universidades estatales peruanas a lo largo del siglo XX, empezaron a aparecer universidades privadas para los más pudientes que no querían mezclarse con la plebe. La Universidad San Marcos era el epicentro del movimiento estudiantil y para los años cincuenta era el lugar de debate de las luchas sociales.

A fines de los sesenta, los universitarios de París protagonizaron acaso la más grande protesta estudiantil contra el sistema capitalista, el mayo francés, donde salieron a las calles junto con los obreros para desafiar a las autoridades y cambiar el modelo político económico y social. El espíritu contestatario estudiantil se contagió al resto de universidades estatales del Perú y el mundo. Los jóvenes situacionistas franceses avizoraron un nuevo concepto del capitalismo que amenaza al movimiento estudiantil y el derecho a la educación pública: la universidad empresa, la educación universitaria hecha para crear profesionales en cadena que simplemente sirvan para trabajar para las empresas privadas, como  mano de obra calificada.

Durante la dictadura militar del general Velasco, este llevó a cabo una reforma educativa que consagró más derechos estudiantiles. En 1983, el gobierno de Belaúnde promulgó la Ley 23733, ley universitaria anterior a la actual y que a su vez derogó la reforma de Velasco, pero conservó principios como la gratuidad de la enseñanza, la libertad de cátedra, el cogobierno estudiantil y la autonomía universitaria, entre otros, además de crear la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

Mientras en los años ochenta y noventa las universidades públicas peruanas eran utilizadas como refugio por parte de grupos terroristas como Sendero y el MRTA, los gobiernos de Belaúnde, García y Fujimori intervenían los claustros con policías y militares que violentaban al movimiento estudiantil y sus alumnos.

La dictadura fujimorista intervino San Marcos y muchas otras universidades estatales, con comisiones reorganizadoras, en su afán de desmantelar por completo al movimiento estudiantil para que no obstaculicen su plan económico neoliberal. Fue durante los noventa que se enquistaron en los altos cargos muchas de las mafias corruptas que hoy buscan lucrar con la educación pública. El nefasto Decreto Legislativo 882, expedido por Fujimori en 1996, puede considerarse como la primera medida para privatizar la educación universitaria. Llamado Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, brindó facilidades legales, académicas y tributarias para que empiecen a aparecer las llamadas universidades chicha, universidades particulares con bajísimos estándares de calidad y pensiones baratas. A fines de esa década hubo una eclosión de grupos empresariales de la educación que persisten en la actualidad, cómo la Universidad César Vallejo, de César Acuña, la Universidad Telesup, de José Luna Gálvez y la Universidad Alas Peruanas, de Fidel Ramírez.

MODELO EUROPEO

El modelo de privatización de la universidad pública no es exclusivo del Perú o de Latinoamérica. En Europa se aplican estas políticas con el Plan Bolonia, que bajo pretexto de mejorar la calidad y ayudar a la inserción laboral de los egresados, condujo directo a una elitización de la educación para quienes sí pueden pagársela. Bolonia es el proceso que iniciaron veintinueve países europeos en 1999, para crear un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), donde alumnos y profesores contarían con estudios compatibles y homogeneizados. La comunidad universitaria  señaló el ánimo del tratado de crear trabajadores precarios para las empresas y no generar conocimiento científico, por lo que reventó una ola de protestas en todo el viejo continente.

En España se implantó a partir del año 2010, con un movimiento de oposición muy amplio que lo llevó al debate público. Cada una de sus advertencias se cumplió en menos de tres años. Esto tomando en cuenta que en el país ibérico la educación pública nunca fue completamente gratuita, a diferencia de Alemania o Dinamarca que cuentan con un mayor presupuesto público para el sector y por ende para cumplir los requerimientos del plan Bolonia. Como era evidente, en los primeros años del plan hubo un enorme porcentaje de deserción entre los universitarios españoles que no podían seguir costeándose una universidad supuestamente pública.

Entre muchos aspectos, los activistas estudiantiles españoles denunciaron que, en aras de una universidad más competitiva y viable económicamente, muchas carreras desaparecerían al no ser rentables. Las empresas privadas se infiltraron en servicios como la limpieza, comedores universitarios o instalando sucursales bancarias. El cambio de financiamiento, que ya no depende sólo de la inversión estatal y del aporte del alumnado, sino también de donaciones y venta de servicios a empresas privadas, como por ejemplo las investigaciones financiadas con fondos públicos, impuso sobre los estudiantes una mayor carga económica que incrementó los precios de las carreras en más del doble. Las carreras pasaron a ser grados, todas se desarrollarían en cuatro años, siendo necesario un postgrado que aumenta el precio entre cinco mil y diez mil euros. El nuevo sistema de créditos académicos valora también las horas lectivas fuera de aula como requerimiento para el estudiante y lo obliga a cumplir una rigurosa asistencia, imposible de conciliar para quienes tienen que trabajar para pagarse el nuevo aumento de precios. Obliga a los universitarios a realizar prácticas preprofesionales en empresas privadas sin remuneración como condición para obtener el título, contando como créditos que también se pagan. Finalmente, apareció un nuevo sistema bancario de becas-préstamo para que el alumno devuelva con intereses.

DIFERENTES POSICIONES

“Yo no refutaría a los compañeros de universidades estatales. Yo creo que sí debe haber universidades privadas pero sin fines de lucro. Hay muchos cuestionamientos a la nueva ley. Estoy de acuerdo. No soluciona el problema de raíz. Sin embargo, ha sido un gran avance frente a toda la corrupción que había antes en la universidad púbica frente a la poca participación y la persecución de estudiantes. Ha ayudado a democratizar las universidades. Hay varios aspectos en los que yo también estoy en contra. Hay que ser propositivos y unirnos como estudiantes para dar una propuesta de modificatoria de la ley” comentó Renzo Fernández, estudiante de Sociología y presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica (FEPUC).

“Lo que busca la ley es adecuar la educación universitaria a los intereses del comercio, de las transnacionales y las empresas locales, desvinculándola de su rol en el desarrollo nacional autosostenido. Implanta, en el ámbito ideológico y cultural, paradigmas postmodernistas y neoliberales en el sistema educativo, que sólo sirven para mantener el status quo. Antes que hablar de desarrollo nacional habla de internacionalización y de estandarización de la educación de acorde a los intereses de la gran burguesía internacional” sentencia Abner Trujillo desde San Marcos.

Los estudiantes consultados en claustros estatales consideran que Ley Universitaria es una transferencia de poder. De las viejas y anacrónicas cúpulas burocráticas, partidistas y reaccionarias que hicieron de las casas de estudios sus feudos de corrupción y clientelaje, a una nueva élite de tecnócratas al servicio de los mercados empresariales. A ninguno de ambos bandos les interesa que el joven de escasos recursos acceda a la educación ni mucho menos que use lo aprendido para defender las reivindicaciones populares. Es preocupante que no sea evidente ante la opinión pública la analogía entre la Ley 30220 y las políticas privatizadoras de otros países. Mientras en Europa y el resto de Latinoamérica los jóvenes luchan por defender sus derechos estudiantiles conquistados por las generaciones anteriores, en el Perú alumnos de universidades particulares sienten que protagonizan la misma lucha porque salen a mostrar respaldo público a estas mismas medidas privatizadoras.

Tras la censura del ministro de educación, Marilú Martens ocupó su puesto como ministra, pero en su currículum se puede observar que trabajó para una asociación que tiene a su cargo la Universidad para el Desarrollo Andino, una institución privada, parte de las universidades chicha que la ley supuestamente pretende erradicar.

A la vez, la SUNEDU anuncia airosamente en sus redes que las empresas privadas invertirán en las universidades públicas, lo cual es preludio inequívoco de privatización, tal como pasó en Europa. Un Futuro Mejor reza como lema el portal de SUNEDU, pero ese futuro es incierto si el movimiento estudiantil no lucha por defender su histórico derecho a una educación pública de calidad.

Toma del campus de San Marcos en protesta contra los estudios generales que exige la Ley Universitaria.

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Redacción La Plaza

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