[FOTOS Y VÍDEO] San Marcos: Violenta incursión policial contra universitarios en toma por los estudios generales

Disparos de bombas lacrimógenas y de perdigones de escopetas impactaban esta mañana en las ventanas de la residencia estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ahogando a sus ocupantes durante la brutal represión policial contra los alumnos de dicha casa de estudios.

Los sanmarquinos venían sosteniendo una toma del campus universitario desde el miércoles cinco de abril, medida de lucha finalmente se saldó con una violenta entrada de efectivos antidisturbios al recinto, quienes rompieron la puerta principal con un carro blindado y accionaron sus escopetas contra cuanto joven se cruzaron al interior de la casa de estudios, hasta confinarlos en la residencia universitaria, la cual fue bombardeada con lacrimógenas, pese a la férrea resistencia estudiantil.

Incluso los redactores de la presente nota fueron objeto de hostilidad policial. Al cierre de esta edición, hay más de una quincena de alumnos sanmarquinos detenidos por la Policía y varios heridos por los disparos de los uniformados.

Gerardo Salas, estudiante de sociología y presidente de la histórica Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), refiere que el principal motivo que llevó a los alumnos a ejecutar la toma fue el modo improvisado en que se han implementado los estudios generales, lo cual viene afectando a cientos de alumnos ingresantes de primer año, algunos de los cuales también han participado en la toma. Cursos sin profesores que recién van a ser contratados, asignaturas con silabarios aún no elaborados y falta de infraestructura en los salones de diversas facultades, son varias de las falencias que denuncian. Esto sumado a que los estudios generales se han implementado irregularmente, vía resolución rectoral a mediados del 2017, sin pasar por el correspondiente filtro del Consejo Universitario ni recogiendo la consulta estudiantil en su elaboración.

Desde luego, los jóvenes de la FUSM no consideran los estudios generales malos per se, puesto que reconocen su aporte humanístico y de formación de conciencia crítica, sobre todo en el caso de los estudiantes de ciencias básicas, empresariales e ingenierías, pero sí la forma caótica e ineficiente en que se vienen desarrollando.

Entre otras críticas al reglamento de estudios generales, Salas señala que éste prohíbe a los alumnos de los primeros años participar en política estudiantil, mediante un inquisitivo código de ética. Además, se pretende imponer que el representante de los universitarios de estudios generales ante las autoridades sea aquel que alcance el primer puesto en calificaciones entre los de primer año, lo cual resulta discriminatorio puesto que esto no necesariamente coincide con el perfil de quien pueda realmente canalizar las demandas de dicho sector.

El presidente del gremio estudiantil denuncia que en la práctica, las autoridades impiden y sabotean el cogobierno de los estudiantes con los profesores, al celebrar las sesiones de los órganos universitarios en distintos horarios y negándose a permitir que la FUSM delegue una comisión de fiscalización que pueda supervisar las finanzas de la Decana de América. Similares limitaciones a la participación estudiantil son recurrentes en los distintos procesos políticos que ha pasado la universidad, tales como la elaboración del nuevo Estatuto, a mediados del 2016.

El reciente licenciamiento de la Universidad San Marcos otorgado por la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) esta semana, habría sido la excusa perfecta para que las autoridades sanmarquinas se apresuren en sacar adelante los estudios generales a todo galope. Sin embargo, los representantes de la FUSM hicieron la consulta ante la Sunedu y les informaron que la implementación de los estudios generales no era requisito fundamental para el licenciamiento, sino la simple presentación del proyecto.

Fotos de Jai G. y Alan B.

En la sesión del Consejo Universitario a la que Gerardo Salas asistió el jueves cinco, en un intento por establecer una mesa de diálogo, los profesores que integran dicho organismo le dijeron que primero debía deponer la toma, bajo pena de ser él mismo denunciado vía administrativa y/o judicial. Ya tiene procesos pendientes por tomas anteriores, de los que ha salido bien librado legalmente, amparado en el derecho constitucional de los estudiantes a protestar.

Afirma que en diversas declaraciones, ha escuchado al rector Orestes Cachay Boza decir frases tales como “En San Marcos no hay pobres, que paguen” y otras del mismo calibre que niegan el derecho a la gratuidad de la enseñanza pública. Le resulta irónico que muchos de esos docentes del Consejo que le dieron el ultimátum, en sus años mozos de estudiantes fueron también combativos manifestantes y defensores de la universidad pública. El mismo Cachay fue un activo  participante en la toma de la universidad en enero del 2016, cuando se expulsó al entonces rector Pedro Cotillo.

Como era de esperarse, no tardó en surgir la estigmatización y el prejuicio por parte de los medios de comunicación, quienes caen en el lugar común de acusar a los protestantes de infiltrados violentistas y de terroristas adeptos a Sendero Luminoso. Surge el eterno tópico de los supuestos estudiantes que se oponen a la paralización de labores académicas, cuando en la práctica quienes se quejaban no eran más que alumnos pertenecientes a la facción política de derecha Súmate, cercana a Cachay y siempre opuesta a las luchas del movimiento estudiantil.

Cabe recordar que una gran parte del movimiento estudiantil en las universidades nacionales, incluyendo a la misma FUSM, se oponen a la actual Ley Universitaria, puesto que la consideran una herramienta de progresiva privatización de la universidad pública por parte del Estado, y que la implementación de los estudios generales justamente emana de dicho dispositivo legal. Aunque la posición del FUTE (Frente Único Triestamental), gremio que agrupa en su conjunto a la FUSM y a los sindicatos de trabajadores y profesores, es más bien de reforma de la ley.

A raíz de la represión policial, que han conllevado a un gran repudio de la comunidad estudiantil a nivel nacional, así como de distintos movimientos sociales y figuras políticas de la izquierda peruana, el abogado de la FUSM, Julio Quintanilla, manifestó que se exigirá próximamente la vacancia del rector Cachay, ligado al sector político del polémico ex rector Pedro Cotillo, y quien ya arrastra cuestionamientos por presunta corrupción en la cesión de becas para la universidad estadounidense de Harvard a alumnos de Súmate el año pasado.

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Redacción La Plaza

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