Universidad pública: No hay derecho al Estatuto en San Marcos
El nuevo estatuto que se elabora en la Universidad San Marcos contendrá varios de los puntos clave para la política educativa del país en los próximos años. Mientras los alumnos defienden hasta el final el derecho a la universidad pública, la cúpula de docentes impulsa la universidad empresa, con el pretexto de la modernidad.
Gratuidad de la enseñanza, autonomía universitaria, libertad de pensamiento, democracia interna y vigencia del tercio estudiantil son varios de los derechos que siempre han regido en las universidades públicas de nuestro país, y que figuran en el Estatuto de 1984 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, la nueva Ley 30220 o Ley Universitaria, que ha entrado en vigencia este año, exige que se elabore un nuevo estatuto en cada alma máter para poder implementarse. Y el proceso que se está desarrollando en la decana de América para tales fines, replicará en las demás casas de estudios.
UNIVERSIDAD EMPRESA
Una fábrica de títulos. Ingresar, estudiar, graduarse, trabajar y hacer dinero. Ese es el nuevo modelo que muchos alumnos de universidades públicas denuncian en todo el mundo, en Chile, en Europa y en nuestro país. Todo lejos del papel de centro de investigación y de creación de conocimientos que históricamente han desempeñado las universidades. Y por supuesto, un modelo en función a la demanda por parte de los mercados y no en función a la realidad nacional y social de cada país. Es por esto que los estudiantes pierden derechos, porque dejan de ser vistos como ciudadanos que contribuyen al desarrollo de la sociedad y se convierten en clientes que pagan por un cartón.
La Ley Universitaria, que por un lado sirvió para que muchos centros de estudios logren expulsar a los rectores corruptos que por años saquearon las arcas, tiene un ánimo privatista y vejador de derechos estudiantiles, según la opinión de varios alumnos de pregrado. Y esta opinión no ha estado exenta de luchas y protestas contundentes en los últimos años, con movilizaciones contundentes y tomas de locales universitarios.
“El movimiento estudiantil ha mostrado rechazo desde el proceso de proyecto de la Ley Universitaria actual. Desde el 2012 y 2013 hasta el 2014 cuando se aprueba, hay una masiva protesta de los estudiantes en contra de esta ley, la han caracterizado como privatista y antidemocrática por todo el espíritu que ésta trae: una nueva concepción ajustada a una política transnacional e imperialista, que se viene dando desde el Consenso de Washington. Esta ley no es de hace dos años, tiene más de veinte años, veintiséis. Hay que denunciar el carácter que esta ley tiene, e impedir que ésta se profundice en San Marcos” afirma Moisés Díaz, estudiante sanmarquino de Psicología y asambleísta estatutario.
La precarización del profesional universitario es una tendencia común en otras latitudes donde el tránsito hacia la universidad empresa ya está en pleno curso. A inicios del siglo XX, la universidad en nuestro país y en la mayoría del mundo era una escuela para élites socioeconómicas que lograban así diferenciarse del resto en los puestos dirigenciales de las entidades. La universidad pública irrumpió, democratizando en teoría el acceso a la educación y desplazando a las élites a las casas de estudios privadas. Pero esta masificación de las profesiones que vio nacer un movimiento estudiantil crítico de los grandes problemas sociales y con un nicho social muy particular, en tránsito hacia un supuesto ascenso social pero siendo igual de excluidos por las condiciones en las que tienen que estudiar.
El momento cumbre de esta nueva conciencia social fue el mayo francés de 1968. En las calles parisinas los estudiantes ya tomaban conciencia de la progresiva mercantilización de la educación, que empezaba a convertir las universidades públicas en cadenas de producción para abastecer a las empresas de los profesionales que necesitaban para que el sistema siguiese andando. La universidad empresa, esa que se impone abiertamente ahora en el siglo XXI, no es nada nuevo. En 1998, el Banco Mundial emitió un informe con las nuevas políticas a seguir para adaptar las universidades a las necesidades actuales y futuras, que incluían aumentos a las pensiones y préstamos a estudiantes para que opten por la educación privada en vez de pública. Esas necesidades aludidas son, desde luego, las necesidades del mercado, y las políticas vienen siendo implementadas en todos los países en lo que va del nuevo milenio, con el pretexto de modernizar la educación a los nuevos tiempos.
En el Chile de la dictadura pinochetista fue donde se legalizó este modelo educativo privatista, igual como se impusieron todas las políticas neoliberales en Latinoamérica, a sangre y fuego. Pero las fuertes protestas del 2006 por parte de los escolares chilenos, que reclamaban por ser unos de los pocos países del mundo donde la educación secundaria no era gratuita, junto con los universitarios que salieron a manifestarse en los años 2011, 2012 y 2015 y sufrieron tres muertes de a causa de la represión policial durante las movilizaciones, hicieron que la actual presidenta Bachelet prometiera durante su campaña una reforma educativa para revertir la situación y conquistar derechos estudiantiles. El incumplimiento de estas promesas de universitaria pública y gratuita es lo que ahora empuja a los estudiantes chilenos a las calles a enfrentarse a la Policía.
En Colombia y en Quebec, Canadá, se dieron luchas similares para impedir que se implanten cambios privatistas a la educación. En el 2011, los estudiantes colombianos se opusieron a la reforma con la que el gobierno pretendía apoyar la creación de institutos con ánimo lucrativo, saliendo a protestar y convocando a un paro, que terminó con un alumno manifestante muerto. Lograron negociar con las autoridades, aunque su propuesta de reforma aun no es implementada. Al año siguiente, los jóvenes canadienses remecieron las calles con disturbios, por la subida de las tarifas educativas, consiguiendo retrasar el proceso. En el Perú, si bien en el 2013 cientos de alumnos lucharon en pleno centro de Lima contra los policías antidisturbios por la Ley Universitaria, no fue suficiente para frenar su entrada en vigencia.
La proliferación de las llamadas universidades chicha que no solamente rebajan el nivel educativo sino pretenden legitimar la privatización educativa en el imaginario colectivo no es sino solo un síntoma del modelo de universidad empresa en el Perú. Pero el atraso en infraestructura, tecnología e incluso en los syllabus del que adolecen las universidades nacionales es el caballito de batalla de los profesores que quieren introducir modernidad con una no tan disimulada visión de mercado.
Fotos de Jai G. y Alan B.
NEGOCIACIONES CON EL BRAZO EN ALTO
“¡Asamblea en Ciudad!” gritaban los más de cien alumnos abarrotados en uno de los salones de la histórica Casona de San Marcos, local en el centro de la ciudad, muy lejos del campus universitario donde estudia más del ochenta por ciento de sanmarquinos. La consigna de la Mesa Directiva de la Asamblea Estatutaria es obvia: obstaculizar al máximo la participación estudiantil en las sesiones. Si bien, al final se logró que las reuniones sean en la ciudad universitaria, se intentó también restringir la entrada de alumnos a los recintos asamblearios, con la complicidad del personal de seguridad.
La Asamblea Universitaria está compuesta por veinticuatro profesores y doce alumnos. Los docentes asambleístas pertenecen principalmente a las dos facciones que pugnan por el poder en San Marcos. En una bancada, Acuerdo Institucional, afines a la actual rectora interina Antonia Castro y a rectores anteriores como Manuel Burga. Y por otro lado, Frente Unido, con los profesores adeptos al recientemente expulsado Pedro Cotillo, ex rector de filiación aprista y muy cuestionado por sus sonados casos de corrupción y prácticas matonescas contra los alumnos.
Aparte de los doce alumnos elegidos para pertenecer al órgano asambleario, los representantes de la FUSM (Federación Universitaria de San Marcos), ente gremial en el que se organizan los estudiantes, también participa en las sesiones, teniendo voz pero no voto. La abrumadora ventaja del voto docente que se impone por encima del consenso con los alumnos, el estamento más numeroso de cualquier universidad, convierte a este proceso en un constante rescate de derechos estudiantiles.
En las primeras reuniones a inicios de mayo, para determinar los principios y generalidades que definirían la universidad en los próximos treinta años, surgieron las divergencias. La propuesta inicial del profesorado tuvo respuestas contundentes por parte de los representantes estudiantiles. Acusaban que el concepto de “comunidad sanmarquina y académica” excluía a los trabajadores no docentes, estamento importante. Del mismo modo, exigían incluir entre los fines la liberación del hombre y la sociedad, así como la función de recoger la realidad nacional, el carácter plurinacional de nuestro país, la muy importante formación de investigadores más allá de profesionales y la opinión de la universidad en los temas nacionales.
“Tenemos muchas discrepancias con la forma en que está redactado. En los principios de la Universidad de San Marcos se obvian muchas cosas, como proyectar la universidad al servicio popular, a las grandes mayorías” opina Roberto Huaraca, alumno de Ciencias Sociales y presidente de la FUSM.
Ante las interpelaciones de los alumnos para salvaguardar los derechos consagrados en el anterior Estatuto de 1984, el profesor de Derecho y asambleísta de la bancada de Acuerdo Institucional, José Retamozo, recurrió al facilista argumento de no apelar al pasado, con lo que se ganó de inmediato el reproche de los estudiantes. El representante de la FUSM le respondió que la esencia y la naturaleza de la universidad no han cambiado con los años, a pesar que las exigencias del sistema económico sí.
En posteriores debates, Retamozo afirmó que el sesenta por ciento del presupuesto sanmarquino proviene de las arcas públicas y que el resto son recursos autogenerados por la universidad. Junto con otros profesores, vislumbraron sus intenciones de revertir ese porcentaje, para promover la actividad empresarial del alma máter. La bancada estudiantil se opuso, no por querer obstaculizar la generación de recursos, sino porque entienden que la verdadera intención es desvincular al Estado como responsable de garantizar el derecho a la educación gratuita.
Un punto gravitante fue el artículo donde se menciona la entrada de fuerzas policiales a San Marcos. Lamentablemente, los profesores votaron en bloque para que baste con el simple pedido del rector para que los uniformados irrumpan en el campus, violando la autonomía universitaria. Los últimos sucesos, con tomas de universidades como Villarreal, La Cantuta y la misma San Marcos a inicios de año por el alumnado que exigían sus legítimos derechos, denotan las intenciones represoras de esta propuesta.
Cabe recordar que, el último día de marzo, la ciudad universitaria de San Marcos amaneció tomada por centenares de alumnos organizados en torno a la FUSM. Reclamaban porque las elecciones para conformar la Asamblea Estatutaria habían sido convocadas para tres días después, antes del inicio de clases, con la obvia intención de impedir que el estudiantado se informe y vaya a votar conscientemente. Además, denunciaban una serie de irregularidades en el órgano electoral. Lamentablemente, un día después, la rectora Castro dispuso que los policías entren y golpeen a los sanmarquinos disidentes para terminar con la medida de lucha, presagiando los tiempos de represión que se avecinan con el nuevo estatuto. Es así como llegaron a obtener sus sitios en la asamblea los actuales profesores miembros.
“La mesa nos está dejando de lado a los estudiantes, esto ya se ha venido manifestando desde que se inició la primera plenaria, los correos (de convocatoria) han estado llegando ocho horas antes, cinco horas antes, olvidándose que nosotros los estudiantes, a diferencia de los docentes, tenemos que asistir a nuestras clases, dar nuestros exámenes. Nosotros hemos partido de defender lo ya reconocido en el Estatuto (anterior). Por ejemplo, algo muy simple y básico es la gratuidad de la enseñanza. Existen propuestas de docentes que quieren restringir la gratuidad de la enseñanza, que es la naturaleza de la Universidad Nacional de San Marcos. Sobre todo, porque la mayor población de ésta carece de recursos económicos, o viene de provincias, o a las justas tiene para hacer frente al gasto de sus alimentos, de su transporte y de su vivienda. En ese sentido, la gratuidad tiene que conllevar más allá del acceso a los cursos, a que esto implique el acceso al comedor gratuitamente, propuesta contraria a la de los docentes que quieren privatizar estos servicios o crear métodos donde solo se vea beneficiado un grupo muy reducido. Hay artículos que han dado potestades muy amplias a las autoridades, en específico al rector, porque en disposiciones generales se le dio la capacidad de poder llamar a las fuerzas policiales prácticamente en cualquier momento, porque la interpretación es muy abierta. El principal pedido de los estudiantes estatutarios fue que las asambleas se realizaran en la Ciudad Universitaria y, pese a que dimos los argumentos por los cuales deberían de realizarse aquí, los docentes siempre se han opuesto. Hasta que se logró garantizar la presencia de varios estudiantes. Si bien este punto fue sometido tres veces en el Pleno, la cuarta vez que se tocó el punto, los docentes llegaron a ceder” explica Julia Romero, estudiante de Derecho y asambleísta estatutaria.
La estructura administrativa también suscitó diferencias. Los docentes de Acuerdo Institucional estimaban mejor fusionar facultades y separar las unidades de postgrado de las de investigación, arguyendo que las cuarenta dependencias que dependen directamente del Rectorado no le permiten a éste tener una visión hacia afuera de la universidad. El tercio estudiantil propone más bien crear un vicerrectorado de postgrado e investigación centralizado, para evitar que las cátedras de postgrado sigan sirviendo de caja chica a las facultades y sus burocracias, convirtiéndolas en pequeñas autocracias entregadas al clientelaje, como en los tiempos de Cotillo. Del mismo modo, los alumnos asambleístas consideran que la investigación es la punta de lanza de la lectura del país, por lo que también debe ser parte de este vicerrectorado independiente de las facultades. La implementación de una escuela de Estudios Generales sí logra contar con la anuencia de los estatutarios, aunque desde luego, los alumnos tienen otros enfoques. Dada la también precaria situación de la educación secundaria pública, opinan que debe servir para cerrar la brecha entre ésta y la universidad. Para esto, necesitaría de nuevas dinámicas y nuevos profesores que se adapten a la realidad de los alumnos que ingresan provenientes de los colegios.
La autonomía de las facultades, a decir del profesorado, debe ser total, política, de gobierno, administrativa y económica. Los representantes estudiantiles se oponen a que la autonomía sea económica y administrativa, porque intuyen que esto se prestará a cobros arbitrarios que atenten contra la gratuidad de la enseñanza. Otra propuesta docente fue la posibilidad de abrir no solamente ciclos anuales y semestrales, sino también trimestrales, como ya se estila en algunas universidades particulares. Este pragmatismo en el criterio también obtuvo oposición entre los alumnos asambleístas, puesto que tan reducida duración no permite generar el debate que debe ser característico en cualquier cátedra universitaria.
El requerimiento de un idioma aparte del español es otra de las características saltantes de la Ley Universitaria. Los estudiantes están de acuerdo, tanto si se trata de un idioma extranjero o de un idioma nativo, mientras se sujete al régimen general de cursos protegidos por el principio de gratuidad. La posibilidad de implementar cursos a distancia encontró la rotunda oposición del estamento estudiantil. Esta modalidad es conocida por ser ampliamente usada por muchas de las universidades chicha particulares, para facilitar el rápido curso de los estudios, a cambio de pensiones y en detrimento de la calidad. Siendo un régimen de comunicación unidireccional de maestro a alumno, impide el análisis pertinente, así como suprime la crítica, el derecho de tacha y la libertad de cátedra.
Al margen de las virulentas y tediosas discusiones asamblearias que siguen dándose en los claustros sanmarquinos al cierre de esta edición, el movimiento estudiantil peruano pende de un hilo por las agresivas políticas que se vienen para golpearlos con menos derechos, más tarifas y con macanas policiales. Tomar conciencia del papel de la universidad pública, no solo por parte de los sanmarquinos o de los alumnos de universidades nacionales, sino de toda la juventud en el país, es vital para evitar la mercantilización de la educación peruana, tal como se da en el mundo.
Protestas estudiantiles contra la Ley Universitaria, en julio del 2013.
