[FOTOS] Costa Verde: Gris como el cemento, amarilla como la gestión

El tercer carril de la Costa Verde fue criticado por los bañistas desde el inicio de su construcción por la invasión al espacio público que implica. Pero las mismas irregularidades en la obra continúan sin esclarecerse, mientras la playa que baña ciudad ya no es más ese punto de encuentro para los limeños que fue décadas atrás.

Difícilmente los autos respetan los avisos de velocidad que en teoría los limitan a los cuarenta kilómetros por hora, mientras pasan raudos al lado de los apenas cinco metros de playa de los que uno dispone para tomar el sol si no se tiene dinero para salir de Lima. Tumbarse sobre las piedras de La Pampilla, en Miraflores, ya no es relajante, por los cláxones y motores que no dejan escuchar el sonido de las olas.

Aunque las obras en la Costa Verde y las protestas por parte de la ciudadanía se venían dando desde la anterior gestión de Susana Villarán, la alcaldesa terminó su mandato en diciembre del 2014 comprometiéndose a no construir un tercer carril que invada la playa. Con el inicio de la gestión de Luis Castañeda Lossio se reiniciaron las protestas cuando, pese a la oposición de los bañistas y activistas, se impusieron las aplanadoras y se construyó el tercer carril, cercenando la playa con una vía rápida que pone en peligro la vida de los usuarios.

Los bañistas agrupados en Costa Verde De Todos y en muchos otros colectivos ciudadanos protestaron en abril del 2015, siendo tildados de querer provocar un Conga playero por el congresista Fernán Altuve, cuando un grupo de surfistas se resistió a que los camiones del Consorcio Vial Costasur, empresa ejecutora de la obra,  arrojen el desmonte sobre la playa La Pampilla. Entretanto, los guardacostas de la Marina de Guerra evidenciaron que la Municipalidad  de Lima no había solicitado autorización para construir tan cerca del mar. Pese a las protestas, los autos se echaron a andar en el tercer carril, causando múltiples accidentes entre los usuarios que tenían que sortear la vía expresa en que se convirtió la pista para acceder a la playa. El caso más sonado fue la muerte del ciclista, abogado y activista Gustavo López Mejía, que fue atropellado cuando asistía a una protesta en agosto.

A inicios del 2016, se inauguró la pasarela que ahora impide el acceso a la playa La Pampilla, con rejas de metal que evidentemente se oxidan por la cercanía al mar. Pero más ridículo aún fue la exposición en un noticiero televisivo de personas contratadas por la Municipalidad para practicar deporte en dicho paso a desnivel días antes. La erosión de las olas y la brisa húmeda carcome las bases de las columnas de la pasarela, mientras el amarillo de las rejas, ese color característico del alcalde, brilla sobre la playa reducida a un montón de piedras y desmonte. Desde luego, la mala ubicación de semejante obra dificulta el acceso a la playa, mientras los surfistas tienen que sortear las columnas para poder llegar al mar. Por ejemplo, en mayo de ese año, un bañista se desmayó en la playa y en las redes sociales circularon las fotos de las dificultades que tuvieron los paramédicos para poder evacuarlo.

PLAYA TOMADA

“En La Pampilla, en el lado pegado al lado del muelle, había piedras pequeñas, casi como arena. Los bañistas iban a buscar tranquilidad, alejarse del tumulto de gente que van a Waikiki y las playas de arena. Ahora, han tirado las rocas y con la erosión de los pilotes, ya no queda nada de eso. No hay playa para esa gente” opina Jazmin Atala, del colectivo Costa Verde de Todos.

Recuerda los meses en los que los vecinos de Miraflores y los activistas hacían vigilias en la playa para evitar que los camiones sigan arrojando desmonte. También comenta que en mayo del 2015 se hizo una zanja de un metro de profundidad en la costa para poner cables de electricidad y comunicaciones, supuestamente para instalar cámaras de seguridad. Llamaron a los guardacostas de la Marina, por lo que acudió un teniente que inmediatamente ordenó a los obreros de Costasur que parasen. Pero cuando empezó la pasarela en octubre, llamaron de nuevo y vino otro teniente, que no impidió las obras sino que les dijo a los activistas que si prosperaban las denuncias judiciales contra el municipio, los obreros tendrían que retirar los cimientos y dejar la playa igual.

Otro tema pendiente ante la ampliación de la pista es el peligro de desprendimiento de piedras del acantilado, ante la falta de geomallas de contención en muchos distritos de la playa y el vertiginoso aumento de edificios en la parte alta durante los últimos años. Y ante la eventualidad de un sismo o un tsunami, Jazmin refiere que no hay otra vía de escape en medio de la ancha pista más que unas escaleras para subir el acantilado, obviamente un peligro, en lugar que existan zonas de seguridad en la estrecha playa.

El ingeniero de tránsito David Fairlie mencionó en agosto del 2015 en redes sociales lo inconveniente de la falta de vías auxiliares, las vueltas en U y los carriles fantasma (es decir, que en distancias cortas se fusionan con otros carriles), que inducen a error a los conductores en una vía rápida y causa trágicos accidentes.

Fotos de Alan B.

BUROCRACIA EN CURSO CERO

Pero los activistas no se limitaron a las protestas. Interpusieron una serie de acciones judiciales y administrativas contra la Municipalidad de Lima y demás entidades implicadas en las obras, aunque al parecer sin respuesta. En diciembre del 2015, se envió una carta a la Dicapi (Dirección General de Capitanías y Guardacostas), dependencia de la Marina de Guerra, donde les solicitaba detallen las acciones en relación a la construcción de la pasarela. La respuesta llegó en enero del siguiente año, informando que dicho despacho denunció ante la Fiscalía del Medio Ambiente, en febrero y mayo del 2015, la construcción del tercer carril, pero no indica nada respecto a la pasarela. Lo irónico es que los marinos exigían en ese entonces a la Municipalidad de Lima que deje la costa en su estado original en un plazo de treinta días, lo cual obviamente no se cumplió.

Los miembros de Costa Verde de Todos también enviaron en octubre del 2015 un documento a la Contraloría General de la República, donde les pedían que evalúen si el proyecto de la pasarela contaba con el sustento técnico necesario. En dicha carta informaban todos los problemas que se habían dado con el tercer carril, como la falta de estudio de impacto ambiental (EIA) y de impacto vial, de los que responsabilizaban a Costasur, a los alcaldes Castañeda y Villarán, a la municipalidad provincial, a Emape (Empresa Municipal Administradora de Peajes) y la otra empresa privada responsable, el Consorcio Supervisor Geometría Vial. A los cuatro meses, recibieron como insólita respuesta que debían ser ellos, los activistas, los que tenían que especificarle a la Contraloría en qué puntos consideraban que no se seguían los criterios técnicos idóneos. Es decir, una institución instaba a un colectivo ciudadano que haga su trabajo de fiscalización.

Desde luego, también mandaron más documentos a la Autoridad Del Proyecto de la Costa Verde, integrado por los municipios distritales con playa además del provincial, y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Aún esperan respuestas. También figuran en su lista de destinatarios, la comandancia de la Marina de Guerra, la Fiscalía del Medio Ambiente, a la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Ambiente y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Presentaron dos acciones de amparo a la los juzgados, hasta que finalmente la última fue aceptada por el Tercer Juzgado Constitucional. “Hay muchas instituciones implicadas, pero nadie es netamente responsable. La Marina se encarga de la costa, la Municipalidad de Lima de la pista y las de los distritos se encargan del acantilado. Y la Autoridad de la Costa Verde que no pinta nada. Todas estas obras son hechas sin consultar a la ciudadanía” sentencia Jazmin. “No hay sanción al funcionario como en otros países, a Castañeda, sino a la institución, a la Municipalidad. Le cobran una multa al municipio, que es la plata de todos, y la plata da vuelta nomás. Cuando llamaron a declarar a Castañeda a la Fiscalía, él dijo que no tenía por qué ir si la obra empezó con Villarán”.

Tablistas enfrentados a la Policía al intentar proteger la playa, en abril del 2015

OBJETO DE ESTUDIO

Por segundo año consecutivo en el 2016, los alumnos de la Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la University College London viajaron al Perú para estudiar la Costa Verde como un mal ejemplo de desarrollo urbano. Julia Wesely y Tamara Aravena, investigadoras de dicho equipo, opinan: “La noción de desarrollo que prevalece detrás de estos tipos de proyectos promueve el espacio costero como un polo turístico para el desarrollo de negocios, que no involucra de manera activa la voz de la ciudadanía y su representación con el entorno. Tampoco toma en cuenta consideraciones técnicas desde el punto de vista estructural y efectos en el largo plazo para el ecosistema marino”.

“Se ha creado un espacio para falencias dentro del sistema de planificación y gobernabilidad, que ha llevado a una desigual distribución de riesgos y beneficios a lo largo de la Costa Limeña. Proyectos como el tercer carril y el malecón han puesto en riesgo tal como caída de rocas, accidentes, contaminación de agua, erosión de la playa, perdida de espacios públicos,  a peatones, bañistas, pescadores y vecinos. Además, automovilistas con derecho privado al uso de la vía y diversos negocios de la zona, como restaurantes y hoteles, se han visto perjudicados económica y socialmente y al mismo tiempo se siguen creando riesgos para otros usuarios de la Costa Verde” acotaron en una entrevista.

Mencionaron las políticas urbanas que son tendencia en otras playas del mundo, y sus recomendaciones: “Políticas de planificación urbana han tendido a crear mayor coincidencia en la ciudadanía respecto al impacto que el desarrollo de ciertos proyectos a lo largo de la costa puede tener, no solo desde el punto de vista económico, sino las implicancias desde el punto de vista de la infraestructura ecológica del entorno costero y democratización de este espacio público. Nuestra propuesta se centra en promover un referéndum que promueva la organización de los movimientos ciudadanos existentes en Lima, con objeto de crear una instancia que permita proteger el valor intangible de la costa creando para ello un fuerte apoyo ciudadano. Del mismo modo, la creación de estructuras que permitan dar cumplimiento a la legislación existente, particularmente la promoción de una reforma a la ley de costas, y eventualmente un nuevo plan de ordenamiento territorial y uso de suelo, que refleje no solo intereses económicos, sino una preocupación primordial de la sustentabilidad del entorno en el largo plazo. Para ello se deben considerar a los distintos actores involucrados y el rol preponderante que tiene la Costa Verde como parte integral de la ciudad de la cual forma parte”.

Situación semejante a lo que ha ocurrido en La Pampilla con las obras de Castañeda sucedió muchos años atrás con La Herradura, en Chorrillos, y Redondos, en Miraflores, en otros tiempos playas de arena, pero ahora llenas de piedras y trozos de cemento por la erosión producida cuando las construcciones agresivas invaden un espacio natural como la playa. La Costa Verde, que décadas antes si era verde de verdad, es presa de la política del cemento que ha convertido el que siempre fue uno de los espacios públicos predilectos en los veranos limeños, en una autómata vía expresa.

Alan Benavides

Terminé Periodismo, fotografío protestas y escribo sobre conflictos sociales. No me gusta ningún gobierno, ningún poder económico, ningún autoritarismo, ninguna represión.