Zona Rígida Permanente: La violación de los derechos ciudadanos

Ha terminado la campaña electoral y en la Plaza San Martín ya se empieza a sentir la propuesta del alcalde de Lima, Luis Castañeda, de restringir las concentraciones en el Centro Histórico de la ciudad. Esta ordenanza municipal que declara zona rígida permanente para manifestaciones no existe en ninguna otra capital del mundo.

El nueve de marzo, el alcalde de Lima dio una importante noticia que en aquel momento pasó desapercibida para la gran mayoría de público, a pesar de ser televisada por diferentes medios. Luis Castañeda quería prohibir la concentración de manifestaciones en la Plaza San Martín al acabar la campaña electoral, lugar emblemático del centro de Lima que ha acogido la convocatoria de protestas desde hace mucho tiempo, así como también celebra cada día reuniones espontáneas donde se debate la coyuntura del país en pequeños grupos dispersos.

No fue hasta las vísperas de la manifestación masiva del cinco de abril contra la candidatura de Keiko Fujimori que las alarmas no se dispararon, cuando los colectivos convocantes se toparon de frente con la negativa de la Municipalidad de Lima a permitir la marcha. Con el argumento, utilizado a menudo por las fuerzas de seguridad, que las concentraciones y marchas necesitan permisos especiales, se anunció que dicho pasacalles no se daría por orden del alcalde. Los organizadores de Keiko No Va no tardaron en desmentir que la municipalidad tuviese la potestad de prohibir la marcha, pero sí accedió a pedir garantías al Ministerio de Interior, lo cual se tradujo en un dispositivo policial de dos mil quinientos uniformados armados con armas letales (rifles Kalashnikov) y no letales (lanzagranadas de gas lacrimógeno y escopetas de perdigones), policía secreta terna, caballería, tanquetas y policía militarizada para custodiar una marcha ciudadana. Este hecho molestó a algunas personas, que consideraban el despliegue policial un acto de fuerza innecesario que terminó aislando la marcha del resto de ciudadanía y conduciéndola por un circuito marcado, acabando con la naturaleza de protesta de la misma.

Los peligros de ejercer tus derechos

La amenaza de prohibición del alcalde se enmarcaba dentro de la Ordenanza Municipal N° 060-2003, aprobada en la anterior gestión de Castañeda, que declaraba “zona rígida permanente” todo el Centro Histórico de Lima al declararse Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esto permite restringir la concentración de personas que impidiesen el paso por vías públicas a demás viandantes, bajo la consigna de la protección del patrimonio histórico de la ciudad y buena imagen turística. La zona rígida permanente es la que rige en la Plaza de Armas y la avenida Abancay, que permite que cada vez que se dé una concentración de cualquier tipo de naturaleza, ya sea completamente pacífica y con ciudadanos desarmados, se reprima lanzando gas lacrimógeno en horas punta, sin importar que la zona esté llena de transeúntes, carros, autobuses y vendedores ambulantes que declaran estar acostumbrados al tóxico gas. Este tipo de armamento, catalogado como no letal, ha provocado la muerte de muchas personas a lo largo del mundo ya sea por impacto directo de las latas o por asfixia.

Este concepto sacado directamente de las normativas de tráfico, que en principio solo debería afectar al estacionamiento de carros en zonas de mucho tránsito o turísticas, se presenta como la excusa perfecta para prohibir un derecho constitucional, consagrado en el artículo 2 inciso 12: “Toda persona tiene derecho: A reunirse pacíficamente sin armas”. De hecho, en el año 2005 el Tribunal Constitucional (TC) falló en contra de esta ordenanza tras un recurso presentado por la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) que consideraba que el inciso “f” de dicha ordenanza violaba el derecho a concentración. Este inciso rezaba: No se permiten concentraciones masivas que cierren vías públicas. Finalmente, según la resolución del TC este punto era inaplicable. Sin embargo, hasta hoy se siguen sucediendo los ataques con gas lacrimógeno, macanas o perdigones en algunos lugares de la «zona rígida permanente».

Matizando la Constitución

Es cierto que la Constitución de 1993, dictada durante el régimen de Alberto Fujimori, tiene ciertos límites con respecto a las manifestaciones. En el mismo artículo 2 inciso 12 recuerda que se exige un “anuncio previo a la autoridad” cuando se trata de concentraciones en plazas y vías públicas, pero no se habla de permisos, ni garantías, ni efectivos policiales, ni hojas de ruta. Este aviso podría ser poco más que una notificación cordial, ya que solo se podría prohibir una concentración si hay motivos probados de que ésta atenta contra la seguridad ciudadana o la salud pública. Además, a pesar de no acotar quién es la autoridad, se trataría de la Prefectura de Lima y nunca de la Municipalidad.

En la práctica, los policías antidisturbios han prohibido el paso y la concentración en diferentes puntos del Centro Histórico aduciendo a esta “zona rígida permanente” sin dar más explicaciones. Hay que tener en cuenta que el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ordenanza 060-2003 sí deja claro que de no existir dicho aviso la policía puede “adoptar medidas represivas” sin mediar más negociación o diálogo, lo cual iría en contra directamente de su anterior resolución, en la que debe existir un motivo probado de peligro a la seguridad para intervenir. Lo que es lo mismo, solo se puede prohibir una concentración previamente si existen indicios empíricos de peligro, pero se puede reprimir violentamente por parte del Estado solo por la falta de un detalle administrativo.

Otro argumento es la ya mencionada protección al patrimonio histórico, que fue lo que en principio impulsó la creación de la ordenanza municipal, defendida por algunas noticias sensacionalistas de medios como Trome, Correo, El Comercio, Canal N o ATV, entre otros, que acusaban las marchas contra Keiko Fujimori de dejar demasiada basura a su paso. Como claro ejemplo de las paradojas de este argumento quedan otras anécdotas, como la de un grupo de jóvenes que realiza un acto en la Plaza de Armas desde el año 2011 que es seguramente directamente opuesto a un indicio de peligro a la seguridad: Una maratón de besos entre parejas homosexuales. Ni presentan armas, ni bloquean vías públicas, ni son un riesgo para el patrimonio de la Plaza Mayor, pero son reprimidos cada año y en 2016 fueron perseguidos por la tanqueta de agua durante varios minutos por todo el empedrado de la plaza, ante la atónita mirada de turistas y viandantes. Cabe preguntarse si una tanqueta de varios kilos erosiona menos el patrimonio que un grupo de personas besándose, o si la agresión directa hacia jóvenes que muestran su amor en vísperas de San Valentín promociona turísticamente la ciudad.

También en la Plaza San Martín, que hasta ahora debía quedar fuera de esta zona rígida, fueron agredidos con gas lacrimógeno y perdigones varias decenas de manifestantes y periodistas en las marchas contra el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) del 4 de febreroel 25 de febrero y del 30 de junio, cuyo resultado más grave fue una joven estudiante con trece heridas de perdigón en la pierna que tuvo que ser hospitalizada.

 

Plazas vacías

Ambulantes y transeúntes ya empiezan a notar el cambio que ha hecho el Serenazgo del centro de Lima, que ha protagonizado algunos pequeños altercados con ciudadanos cuando los ha querido desalojar de ciertas zonas que siempre han sido de libre tránsito en la Plaza San Martín. Ya en el año 2009, durante la anterior gestión de Luis Castañeda, hubo enfrentamientos mucho más violentos al intentar imponer un horario de concentración para quienes se reúnen a debatir en la plaza, cuya represión afectó evidentemente a turistas por igual.

Luis Castañeda es un alcalde conocido por sus prácticas matonescas, que ha introducido las armas no letales en el equipo de los serenos, a pesar que asesores del Ministerio de Interior se opusieran a ello. También ha sido denunciado públicamente por vecinos próximos al bypass de la avenida 28 de Julio, que afirman haber sufrido acoso por parte de trabajadores municipales cuando se opusieron a la faraónica y polémica obra. Su último escándalo fue reunirse con la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori a escasos días de la segunda vuelta, transgrediendo la Ley Electoral.

La “zona rígida permanente” que quiere imponer a los ciudadanos para evitar la concentración de personas en actos de protesta o políticos no tiene precedente en ninguna otra capital. Si bien en otros lugares se han suspendido estos derechos en zonas históricas o sensibles, siempre ha sido de forma temporal, en cambio en Lima se estaría hablando de más de trece años de vulneración del derecho a concentración, sin miras a que nada cambie.

Jai Gómez

Comunicadora por la Universidad de Barcelona. Fotoperiodista. No creo que la fotografía cambie el mundo, pero es una forma de militancia.