No Más Perdigones: Disparos que ciegan

Los policías cuentan con una serie de herramientas legales bajo el argumento de combatir la delincuencia que en la práctica sólo han servido para matar y herir a civiles en las protestas sociales. Los perdigones disparados con escopeta y la polémica ley de impunidad son los medios cuestionados.

“Ese día salí de mi casa a las siete de la mañana, me fui al otro lado de la pista, pasando por el puente. Por Las Ánimas, por ahí vive mi mamá. Fui para decirle que venga a visitarnos. Primero fui a ver si había mucha gente por lo que habían convocado a la marcha. Y como había muchos tombos, fui a traerla a mi mamá. Cuando vine, ya comenzó la protesta y estaban tirando piedras. Había un camarógrafo, justo voltea y me golpea en la ceja y estaba sangrando. Me saco el polo y me amarro en la cabeza y le digo al tombo que estaba parado en el puente que voy a pasar y en eso me querían chapar. Estaba escapándome, en ese momento y me disparan dos tiros, de costado, casi de frente, otro policía que estaba en tanque. Me agarra el disparo y no me caí, yo seguía corriendo. Siento otro disparo más y no me caía. Mis amigos y otra gente que estaba ahí me ayudaron”.

José Bonifacio, tiene veintisiete años, vive con su esposa, su hija de dos años y su otra hija, que apenas tiene un mes, en una pequeña casa junto al peaje de Puente Piedra. Si bien estaba de acuerdo con la protesta, no tenía intención alguna de unirse aquella mañana del cinco de enero. Ahora, tiene cien perdigones policiales incrustados en el cuerpo. Los doctores le han dicho que no se los pueden retirar porque moriría desangrado, pero uno de ellos está en su ojo izquierdo y le ha arruinado la vista. Es pintor, pero desde que le dispararon no ha podido volver a trabajar por sus dolencias. Mantiene a su familia con lo que pudo obtener en una pollada benéfica que realizaron sus vecinos.

A inicios del 2014, el gobierno del entonces presidente Humala promulgó la tan polémica Ley 30151, conocida como la Ley de Impunidad, que reza que está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte. Una peligrosa licencia para matar concedida por el ex militar, con el pretexto de proteger a los uniformados de posibles represalias legales en la lucha contra la delincuencia.

En realidad, para esa fecha, el gobierno nacionalista ya se había enfrentado a varios conflictos sociales en los cuales se habían violentado los derechos de los ciudadanos abiertamente, como en el caso de conflictos mineros como Conga y Espinar, donde varios campesinos cayeron muertos por los disparos de los uniformados. De igual manera, las protestas en la capital, como las que se dieron un año antes contra la llamada Repartija, la Ley Universitaria, Toma La Calle y muchas otras luchas más avizoraban que el movimiento social de protesta se estaba fortaleciendo y evidenciaba la necesidad de herramientas legales para reprimirlo y acallarlo, como después ocurriría con las marchas contra la Ley Pulpín y el conflicto de Tía María.

Una de las armas más cuestionadas en los últimos años son los perdigones, pequeñas balas de polímero disparadas con las mismas escopetas que también sirven para disparar munición real de plomo. Por un lado, encajan en la clasificación de armamento no letal según el Manual de Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público de la Policía. Pero al mismo tiempo, el Decreto Supremo 008 del año pasado, el Reglamento de la Ley de Armas de Fuego,  las tipifica como armas de caza, dado que son usadas por cazadores deportivos para matar aves o animales del mismo peso que una persona, como ciervos o jabalíes.

Los balines salen disparados del cartucho principal de calibre 12 Gauge con una fuerza suficiente que es capaz de incrustarse muy profundamente bajo la piel y músculos si son disparados a tres o cuatro metros del cuerpo. Asimismo, los proyectiles salen dispersados en un ángulo muy obtuso, llevándose de encuentro todo lo que tengan por delante, lo que dificulta al mismo tirador apuntar con precisión si es que deseara no impactar en una persona o en un órgano sensible. No obstante, los últimos acontecimientos revelan que la policía no tiene en cuenta este último punto, soltando ráfagas frontalmente a la multitud de manifestantes de modo indiscriminado, pese a que en el citado manual se establece que las escopetas deben ser utilizadas sólo por personal especialmente capacitado. El documento también señala que cada escuadrón de control de multitudes, la unidad policial antidisturbios más elemental, siempre debe contar mínimo con un suboficial con escopeta de perdigones y otro suboficial con rifle de asalto, pero nunca ofrece una distancia de seguridad para disparar las armas sin causar daños irreversibles, por lo cual no existe un protocolo de ningún tipo.

El 30 de octubre del 2014, el nombre de Fidel Flores pasó a la historia de la resistencia contra el abuso policial. Un disparo de perdigones a pocos metros de su pecho le reventó varias costillas, causándole hemorragias internas que terminarían matándolo horas después en el hospital. El suboficial Norvil Gonzales efectuó la descarga cuando Fidel defendía su casa en Cajamarca de los policías que intentaban desalojarlo por una muy cuestionada sentencia judicial, a raíz de una deuda de mil quinientos dólares adquirida en 1993. Un total de sesenta perdigones se alojaron en su pecho. Luego de su muerte, la jueza que ordenó el desalojo fue removida de su cargo, pero el policía que lo asesinó no pisó nunca la cárcel ni llegó a recibir sanción, y mucho menos los oficiales que comandaban el operativo. El ministro del Interior, Urresti, pidió disculpas públicas pero nunca visitó a la familia. El presidente Humala, que según la Constitución lidera las fuerzas policiales, emitió una opinión condescendiente y pasó la página.

Si bien las muertes en conflictos sociales al interior del país se han debido muchas veces a munición de plomo proveniente de rifles automáticos Kalashnikov o pistolas que portan los policías, las escopetas de perdigones han pasado desapercibidas para la opinión pública durante el gobierno de Humala.

En las alturas de Cotabambas, en Apurímac, Zósimo Ccopa recuerda el perdigón que atravesó su boca aquel 28 de setiembre del 2015, mientras protestaba contra el proyecto minero Las Bambas, que hasta hoy amenaza con contaminar la agricultura de su comunidad: “Estábamos en la garita de la empresa, por Challhuahuacho, unas quinientas personas, arengando contra la modificatoria del EIA, en la tarde. Los policías empezaron a disparar gas lacrimógeno y armas de fuego”, refiriéndose a las escopetas de perdigones. “Mis compañeros me llevaron a Cusco y estuve postrado un mes, internado. Son seis puntos que me han cosido. Mi familia tenía que gastar. La comunidad aportó mil soles. No puedo comer, tengo el diente destrozado. Me duele mucho. Me tienen que poner un implante de plata. Antes del paro era soldador de geotecnia. No he vuelto a trabajar. Casi tres meses estaba mal”.

Fotos de Jai G.

Empero, con Kuczynski en el sillón presidencial, no pasaron ni dos semanas para que los perdigones vuelvan a ser disparados contra los ciudadanos, en este caso contra jóvenes estudiantes de la Universidad Villarreal que protestaban contra las corruptas autoridades apristas que controlan su casa de estudios.

“Yo solo acompañe a mi facultad en esa protesta, pero nunca he participado mucho del movimiento estudiantil. Ese día estaba avanzando la protesta por Abancay hasta llegar a Colmena. Por el Parque Universitario comenzó el repliegue de los policías. De la nada comenzaron a tirar bombas lacrimógenas y perdigones. En la desesperación, veía a compañeras buscando echarse agua, y con un compañero empezamos a jalar a todos. Fui el último en replegarse. Un compañero dijo “el balde” y ahí es donde yo volteé y vi un balde en la pista. En ese momento, dudé porque vi que los policías venían con el arma, pero como no estaba muy lejos, me acerqué mostrando las manos, haciendo señales para que no me disparen. Hago un amague, ni me llegué a agachar y ahí es donde llegué a sentir el impacto. Me toco el rostro y veo sangre en mis manos” cuenta David Rivas, alumno de Nutrición de la Universidad Villarreal, quien recibió un perdigonazo que afectó su ojo izquierdo durante la protesta estudiantil del ocho de agosto del 2016.

“Desesperado, acudí al Policlínico Grau. La gente estaba corriendo de un lado para otro. El policlínico ya lo estaban cerrando, a empujones tuve que pasar. Había dos compañeros que se me juntaron para ayudarme. Entro y veo una junta de médicos. Asustado pregunto si es que aún tenía el ojo ahí, porque yo sentía sangre y no veía nada. Dijeron “Tienes que ir al INO”. Yo no sabía qué cosa era el INO. En ese momento, como sólo había ido con pasaje, comencé a pedir dinero para el taxi, con mi rostro ensangrentado, solamente me habían puesto un parche. Fuimos primero, por la desesperación, a los hospitales más cercanos. Me rechazaron. Me preguntaban si tenía seguro y les decía que no. Tomamos un taxi. Había congestión. Dos horas estaba con el ojo que me palpitaba. Llegué al INO un cuarto para las nueve de la noche y me atendieron”.

David ha sido operado tres veces en el Instituto Nacional de Oftalmología (INO), de donde se le ha extraído una esquirla de un centímetro y medio del ojo. Su visión se ha visto bastante reducida y luego de tantos meses, aún existe posibilidades que pierda el ojo. Por suerte, los funcionarios de salud le han asegurado que todo su tratamiento será gratuito. Asimismo, no ha perdido el año lectivo en la universidad, prosiguió asistiendo a clases con su parche en el ojo. Sus compañeros de toda la Villarreal hicieron polladas para ayudarlo económicamente y su casa de estudios le ha concedido un bono alimenticio.

El caso llamó la atención de los canales de televisión solamente un día, lo que motivó que una asesora del ministro del Interior se entreviste con David, ante el escándalo. Una vez pasada la noticia, nunca más lo buscaron. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos está asesorándolo en su denuncia que mantiene contra dicho ministerio, que de momento parece no avanzar mucho. Un agente policial del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) fue quien apretó el gatillo.

Ante la inminencia del disparo, David recuerda que volteó el rostro para cubrirse con un brazo, lo que no pudo terminar de hacer antes que los balines choquen contra su cuerpo. Es por esto que los impactos dieron tanto en el lado izquierdo de su rostro como en su hombro derecho. El proyectil que se alojó en su globo ocular fue el único que penetró en su organismo; el resto simplemente les produjeron quemazones superficiales en la piel.

Las heridas de perdigones se han hecho cada vez más comunes en las protestas sociales, acompañadas del gas lacrimógeno. Cientos de ciudadanos han sufrido las consecuencias, especialmente en el interior del país. Pareciera que el uso de perdigones en las manifestaciones sociales delimita la frontera entre países desarrollados y en vías de desarrollo, puesto que mientras los manifestantes europeos y norteamericanos nunca se han confrontado a estos proyectiles, su uso desmedido también es denunciado en Latinoamérica y en la India. En realidad, sí están dentro del arsenal de la Policía y el Ejército de otras naciones, pero la diferencia radica en que los perdigones no están clasificados como no letales en otros países. Mientras en el Perú los perdigones no se consideran mortales, en España existe una campaña mediática no para derogar estos balines en cuestión, que hace décadas no se utilizan, sino contra las pelotas de goma, otra arma policial que también cegó la vista de muchos inocentes y que la Comisión Europea intenta prohibir en sus países miembros desde el 2011, puesto que excede sus parámetros de fuerza y velocidad para no considerarse mortal.

“Estaba acá en mi casa. Justo había entrado a trabajar en un restaurante y mi horario era a las dos de la tarde. Cuando pasó todo esto, yo decido subir a la parte del cerro con mi mamá, por lo que empezó toda la trifulca. Y como estábamos arriba, ya se había calmado un poco, en plan de las once y media.  Le dije a mi mamá, quédate acá, yo voy a bajar para alistarme e irme a trabajar. A cinco casas de la mía, me paro en una esquina y más arriba, a la orilla del cerro, había más gente que empezaron a tirar piedra a los policías. Y ahí es donde empezaron a disparar. Me impactó y me caí. Me fui a la parte de arriba, porque la Policía seguía subiendo. Yo solo, con mi polo amarrado y lleno de sangre, me fui a la posta por mi propia cuenta, mi mamá no sabía nada. Ahí es donde me derivan para el hospital” es el testimonio de Erick Ramírez, quien vive en Puente Piedra y el cinco de enero ni siquiera tenía intenciones de participar en la protesta.

Estudia para ser chef mientras vive con su madre en una bodega que queda al borde de la carretera Panamericana, por lo que era imposible que los gases lacrimógenos no se metan en su casa y los obliguen a salir. Ya perdió un mes de trabajo y estudios, además de los gastos que le implican irse dos o tres veces a la semana hasta San Isidro para poder seguir su tratamiento. La operación pudo solventarla gracias a la solidaridad se sus vecinos. Mientras es entrevistado, una decena de policías están apostados cerca a su casa; Erick cuenta que casi siempre están ahí.

Ese mismo día cinco de enero, al fotógrafo Marco Atoq Ramón lo llamaron por teléfono a las seis y media. Entraba a trabajar a las ocho, pero los editores de Peru21 querían que esté en Puente Piedra para fotografiar la protesta.

“Cuando llegamos ya estaban ardiendo las casetas del peaje. La Policía ya había empujado a la gente lejos, entonces el peaje se quedó libre y bajaron tres personas del cerro con gasolina y las prendieron sin problemas. La Policía vuelve y al ver que todo se está quemando, vuelven a meter bombas para dispersar a la gente y entonces la gente que estaba alrededor del peaje empieza a correr. Yo me voy hacia el puente y desde arriba vi como estaban disparando perdigones hacia el cerro, donde hay casas y gente caminando y caían las bombas en sus casas. Vi que había heridos, gente que corría con el brazo y el torso ensangrentado. En el puente había policías que me dijeron que no había paso, yo les dije que era prensa, me dijeron que podía pasar bajo mi propio riesgo. Me quedé a ese lado fotografiando el enfrentamiento y a los heridos que subían. En algún momento dije: esto ya está demasiado fuerte, en cualquier momento me cae algo. Cuando quise regresar hacia el puente vi que la Policía disparaba hacia mí y me escondí detrás de una casita. Me estaba arriesgando mucho, pero no había forma, me había quedado atrapado en ese lado. Me levanté para ver y fotografiar, disparé una o dos, pero no era lo que yo quería así que me levanté otra vez y ahí es que me cae el impacto y me bota hacia atrás con la cámara y todo. Cuando pasó esto la gente de alrededor me ayudó bastante, pararon a una moto y me llevaron a una posta, me cuidaron la cámara. En la posta me limpiaron, me dijeron que lo que tenía era grave, que tenía un perdigón a dentro y me llevaron al hospital. El doctor me dijo que se veía mal y lo más probable era que no había forma de salvarme la visión”.

Los médicos de la clínica San Pablo le dijeron a Atoq, días después, que la única forma de salvarse era atenderse en Estados Unidos. Desde luego, Vicente Crosby, gerente de recursos humanos de Peru21, le dijo que el seguro de salud solamente cubría su tratamiento en Perú y que si viajaba al exterior era por capricho de la familia. Así que el fotógrafo viajó a Norteamérica con el apoyo de su familia, donde ya se sometió a una primera operación.

Semanas después, varios fotógrafos y periodistas protestaron frente a la sede de El Comercio pidiendo al grupo editorial más poderoso del Perú que se haga responsable de las lesiones sufridas por sus reporteros que son objeto de represión por parte de la Policía cuando son enviados a cubrir conflictos sociales. Ante la presión de la protesta, los ejecutivos de Peru21 volvieron a comunicarse con la familia de Atoq.

“Desde que tomo fotos y documento las manifestaciones y la represión, siempre he visto el uso de perdigones y la actitud que tienen los policías hacia los manifestantes. Están con rabia y ganas de golpear a la gente. Supongo que así los entrenan. El uso que hacen de estas armas es muy peligroso, dicen que es para repeler a los manifestantes, pero puede ser letal” opina Atoq, desde Estados Unidos, donde continúa su recuperación.

Fotos de Jai G. y Alan B.

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Alan Benavides

Terminé Periodismo, fotografío protestas y escribo sobre conflictos sociales. No me gusta ningún gobierno, ni autoritarios ni represores, ni ningún poder económico.