Más de 15 mil desaparecidos en el Perú aún buscan justicia

El mundo entero saludó la aprobación de la llamada Ley de Búsqueda de Desaparecidos por parte del Congreso peruano, con la intención de ubicar a más de 15 731 personas aún en paradero desconocido, tras el violento periodo entre 1980 y 2000. Sin embargo, el presidente Ollanta Humala ha promulgado la ley un mes más tarde.

Desde hace semanas, los familiares de las personas desaparecidas iniciaron una campaña en la que exigían la promulgación de la ley que llevan más de veinte años esperando bajo el lema Somos 15 731 desaparecidos, pues su ausencia le pesa al país entero. No solamente por la empatía que se pueda sentir por esas madres, padres, hijos e hijas, hermanos, hermanas y conjugues que buscan a sus seres queridos. También porque revela una falta preocupante de transparencia, democracia e intención de reparar el sufrimiento que golpeó al Perú durante tres décadas.

El Presidente Ollanta Humala promulgó la ley, que fue aprobada en el Congreso sin un solo voto en contra, un mes más tarde. Tenía como plazo hasta el día viernes veinticuatro de junio, y de no hacerlo, la ley habría sido discutida de nuevo con una bancada con mayoría fujimorista. Esto es algo que preocupaba a muchos de los familiares, ya que entre los desaparecidos se cuentan tanto las víctimas del grupo terrorista Sendero Luminoso, como las que provocaron las Fuerzas Armadas, y por supuesto, las del escuadrón de la muerte creado por Alberti Fujimori, llamado grupo Colina.

“Mi hijo vivía en la universidad (La Cantuta) y uno de sus compañeros vino a avisarme que se lo habían llevado un grupo de militares. Desde ese día empezó mi calvario, hoy sigo caminando buscando los restos de mi hijo porque aún no lo encuentro. Ahora yo quiero que me entreguen los restos de mi hijo para poderlo enterrar y morir así tranquila” relata Raida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor, estudiante de la Universidad Nacional de La Cantuta, asesinado y desaparecido con veinticinco años de edad por el Grupo Colina, en 1992.

«Un día que mi hermano no llegó, empezamos la búsqueda y nos enteramos que unos hombres armados se subieron al bus en el que viajaba por Santa Rosa y lo metieron a un carro y se lo llevaron. Fui al terminal del bus donde lo vieron subir sus compañeros, fui a la línea de bus en Ate, me entrevisté con los choferes. Mi papá hace la denuncia a la Fiscalía pidiendo a los policías que lo busquen. Y sale en televisión Martha Chávez diciendo que ese tipo de denuncias son autosecuestros. Han sido años sin saber nada, mi papá yendo a la morgue, a las cárceles. Mi mamá se murió sin saber qué le pasó a mi hermano. ¿Cuándo nos enteramos que fue a parar al Servicio de Inteligencia del Ejército? Cuando cayó la dictadura de Fujimori y empezaron las comisiones investigadoras del Congreso. Se supo entonces que en ese servicio de inteligencia tenían un horno donde cremaban a las personas que desaparecían» cuenta, con los ojos llorosos, Marly Anzualdo, hermana de Kenneth Anzualdo, estudiante de la Universidad Nacional del Callao desaparecido en diciembre de 1993.

«Con mis suegros de ochenta años, mi cuñado y mis dos sobrinos, cinco de mi comunidad junto con siete de Pomatambo, en total fueron asesinadas doce personas por los militares. Luego, salieron diciendo en los periódicos que en las alturas murieron doce terroristas en un enfrentamiento. Eran ancianos y comuneros campesinos. Pedimos a los diputados y senadores que investiguen en el período de Alan García y dijeron que los uniformados se habían excedido. Ese mismo año fueron  las otras masacres de Accomarca, de Cayara y de Pujas. En el juicio que hemos seguido, los responsables han sido absueltos porque supuestamente no hay pruebas contundentes. Estamos apelando a la Corte Interamericana. Luego de asesinarlos, los arrojaron al abismo de Mungaspunco para que no puedan ser reconocidos. Solo se han rescatado los restos de cinco personas, mi suegro y uno de mis sobrinos» es el testimonio de Adriano Gutiérrez, quien sufrió la muerte de sus familiares de la comunidad de Parcco, en Vilcashuamán, en octubre de 1986.

Fotos de Jai G. y Alan B.

La Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas ayudará a agilizar el proceso al que deben enfrentarse los familiares al buscar a sus seres queridos, ya que permite a la Fiscalía exhumar e identificar restos mortales sin la necesidad de una denuncia penal. Es justamente este el paso más importante, pues anteriormente el ochenta por ciento de las denuncias por desaparición quedaban archivadas en Fiscalía, ya que no se identificaba al autor del delito en la denuncia penal y por lo tanto no se podía ordenar la exhumación.

A la eliminación de este trámite burocrático se añade la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas mediante un banco genético de las víctimas, acompañamiento psicológico para afrontar el impacto de la desaparición y apoyo material y logístico a los familiares. Además, debe implementarse un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

«Estas familias han sido víctimas del conflicto armado interno, víctimas del terror. Este círculo de dolor ya tiene más de treinta años. Esta ley, con el enfoque humanitario, contempla que el registro y el plan nacional son responsabilidad  del Ministerio de Justicia. El conflicto armado y las memorias que tenemos alrededor son un espacio de tensión. Sin embargo  el hecho de reconocer que en el Perú hemos tenido más de 15 mil desapariciones forzadas de peruanos y peruanas en situación de indefensión en las zonas rurales, étnicamente diferenciadas y las más pobres nos lleva a un espacio donde todos debemos reconocernos. Es responsabilidad de todo el Estado, incluyendo las fuerzas armadas. Desde la sociedad civil, este es un momento en el que tenemos que sumar voluntades alrededor de quienes han sido víctimas y empezar a pensar en el camino a la reconciliación» indicó Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

La nueva norma ha sido iniciativa de la Defensoría del Pueblo y viene siendo promovida desde hace seis años  por diversos colectivos de Derechos Humanos, pero definitivamente sin el apoyo y la organización de los familiares de desaparecidos no habría sido posible. Esos hombres, pero sobre todo mujeres, no han dejado de buscar a sus seres queridos ni un solo día durante los treinta años que duró el conflicto. El deseo más repetido por todos ellos es el de encontrar la paz, llevar un ramo de flores a una tumba, saber cómo fueron los últimos minutos de aquellos a quienes aman. No se revela ni un ápice de venganza ni odio en su voz, solo la búsqueda por la justicia. Y desde luego, que los culpables sean sancionados y no se vuelva a repetir el dolor en otras familias nunca más.

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Jai Gómez

Comunicadora por la Universidad de Barcelona. Fotoperiodista. No creo que la fotografía cambie el mundo, pero es una forma de militancia.