Derecho a la protesta: ¿Pedir permiso para manifestarse?

En medio de los molestos cláxones de uno de los jirones del centro de Lima, conversamos con Javier Rocca, joven abogado sanmarquino, ex secretario general del Centro Federado de Derecho en el año 2005 y con gran experiencia asesorando sindicatos en la conquista de sus derechos e infaltable partícipe en las protestas que se dan en la capital. Activista de izquierda de toda la vida, reconoce que las leyes dictadas por los últimos gobiernos son perjudiciales para quienes salen a las calles a protestar contra el Estado y el modelo económico.

¿Cómo fue que empezaste a defender legalmente a la gente detenida en protestas?

Participé en la organización y apoyo a los movimientos sociales, barriales y sindicatos. Y apoyando a los que eran detenidos arbitrariamente solamente por ejercer el derecho a la protesta. En realidad, es un deber moral, si uno tiene los ideales de lucha social, lo mínimo que uno hace es acercarse a la comisaría y velar por los derechos de los detenidos. Todo profesional tiene que aportar su granito de arena desde su perspectiva, es parte de la consecuencia.

¿Cuáles son los casos más saltantes que nos puedas contar?

Ha habido muchos. Por el Baguazo, en el 2009, salieron muchas personas en Lima y fueron reprimidos y hubo detenidos, terminó en una gran confrontación. También cuando los jóvenes protestaron contra el empleo juvenil con derechos recortados. Lo que buscaban los policías era reprimir para disolver la protesta. Ahí tuve mucha experiencia.

¿Y qué recuerdas de los chicos que fueron detenidos?

En general, lo que uno ve es que los jóvenes han sido golpeados, han sido maltratados en el momento de la detención. Cuando uno va a la comisaría, ve a los jóvenes ahí esperando hasta que son trasladados a la verificación del médico legista. Y muchas veces el médico no quiere ver o no toma nota ni deja constancia de las lesiones que han sufrido. Ponen que ha sido una detención normal sin daños. Algunos tienen lesiones más graves o más leves.

Cuando has actuado en defensa legal de los compañeros ¿has sentido hostilidad de los uniformados?

Siempre tienen una conducta de impedir o limitar el derecho a la defensa. En la Constitución Política y en general en todas las normas se señala que a los abogados las autoridades les deben facilitar el ejercicio de su trabajo. Pero en la comisaría, la Policía no quiere dejar pasar, te hacen esperar en la puerta, te maltratan. Uno tiene que recurrir al escándalo, a la presión, para poder ingresar y poder entrevistarse con sus patrocinados. La entrevista tiene que ser libre y ellos no permiten que eso se desarrolle y causa indignación.

El apoyo es en la etapa de la detención, porque es en ese momento donde uno busca que sean liberados. Y se busca que la investigación policial no concluya en una opinión que genere un posterior proceso penal. La primera etapa es la investigación policial y si deja en evidencia que se cometió un delito, entonces se denuncia ante el juez penal y eso ya incluye problemas. Lo que se busca es que el atestado policial no permita que los compañeros sean procesados penalmente.

¿Tienes casos pendientes que estés siguiendo?

En la gran mayoría de casos, sí se ha logrado liberar a los compañeros sin mayores cargos. Uno no puede aceptar que sean responsables de las acusaciones, porque la Policía te acusa de haber causado algún destrozo contra algún bien o algún miembro de la Policía, tratan de vincular la acción del detenido con el daño. Buscamos que no reconozca el daño. Pero sí hay casos muy relevantes, cuando se trata de líderes sociales, como el líder minero de Casapalca, Pedro Condori, que fue detenido y tiene un proceso penal. Lo que hace la Policía cuando detiene manifestantes, es golpearlos, reprimirlos y disolver la manifestación. Más que un objetivo de prevención del delito es disolver la acción. Para ellos resulta soso estar procesando a activistas cuando lo que buscan es atacar a las cabezas.

Explícanos los aspectos legales del derecho a la protesta

El derecho a la protesta es el ejercicio de la ciudadanía y es uno de los pocos derechos que ha podido mantenerse después de la dictadura fujimorista. Está establecido en la Constitución en el artículo 2, que es el derecho a reunirse sin autorización previa. Cuando los trabajadores, estudiantes, jóvenes quieren manifestarse, la autoridad policial busca impedirlo y les pide para reunirse en la vía pública y ejercer este derecho una autorización previa por parte de la Gobernación y el Ministerio del Interior. Esto es un abuso de autoridad porque la Constitución no lo exige. La exigencia de anuncio ante la autoridad no significa que tengamos que solicitar una autorización. No es lo mismo comunicar a la autoridad que pedir permiso. Ningún policía puede pedirte esa autorización porque no la hay. El procedimiento que se puede seguir es el de solicitud de garantías, porque teóricamente lo que se busca es que en la manifestación no haya actos de violencia y supuestamente para eso se solicita la participación de la Policía. Pero no quiere decir que tú estás pidiendo permiso. Por lo tanto, ninguna manifestación puede ser disuelta porque no se haya hecho el trámite de solicitud de garantías. Por ejemplo, si los trabajadores de cualquier fábrica quieren salir a protestar, no están en la obligación de mostrar un documento. Lo tienen que hacer libremente. Lo único que la Constitución Política exige es que la protesta sea pacífica. La Policía dice “Muéstrame el permiso, porque si no tiene permiso, yo te puedo disolver”.

Es un poco ambiguo lo que dice la ordenanza de la Municipalidad de Lima del 2003 y el fallo del Tribunal Constitucional del 2005 sobre la potestad de la Policía para reprimir.

Existen dos ordenanzas municipales, la 060 y la 062, que establecen la prohibición de concentraciones públicas y manifestaciones en la llamada zona rígida dentro del Centro Histórico de Lima, que se declaró en el 2004. En principio, fue una norma política, no fue una norma de protección del patrimonio cultural. Siempre ha habido protestas y nunca se ha dañado. La única vez fue cuando Fujimori y Montesinos decidieron incendiar el Banco de la Nación. Pero ninguna manifestación social lo ha generado. Que haya enfrentamiento con la autoridad policial es un riesgo en toda manifestación pero no necesariamente lleva a que haya un daño. Lo que ha hecho la municipalidad con esta orden es evitar que las protestas sociales lleguen a Palacio de Gobierno, al Congreso de la República, que se agoten en las periferias y que la masa no pueda manifestar su indignación frente a las autoridades, que parecieran vivir en un Olimpo donde no pueden llegar los seres humanos.

Legalmente ¿qué protocolo debe seguir la actuación de la Policía?

En general, la autoridad policial, cuando ve la existencia de la actuación y comisión de un delito, tiene que intervenir. Pero eso no significa que, donde haya una manifestación, tiene que reprimir obligatoriamente ¿Cuándo jurídicamente puede ejercer esa facultad? Digamos si en la manifestación se empieza a producir un asalto contra alguna persona, o si se está generando un linchamiento, para prevenir el delito. No es que está a su libre albedrío ir y meter bala y meter palo a la gente, porque eso significaría un abuso de autoridad. Sucede que el Tribunal Constitucional ha tenido una sentencia tan ambigua que no deja tan claras las cosas y deja la puerta abierta para que la Policía pueda hacer uso y abuso en forma irracional e indiscriminada. Pero ninguna autoridad puede reprimir una manifestación de buenas a primeras por más que esta no haya solicitado las garantías para realizarse.

Ahora, respecto al procedimiento que normalmente debe seguir la Policía en estos casos de detención e intervención es la siguiente: todo intervenido tiene derecho a ser tratado en forma digna. Y si ha sido golpeado, lo primero que debe hacerse dentro del protocolo es trasladarlo al departamento de Medicina Legal, donde pueda observarse si ha habido contusiones y dar cuenta de ello, porque eso le permitiría a esa persona poder defenderse y acusar a la autoridad que lo ha vulnerado en sus derechos. En segundo lugar, todo ciudadano no debe firmar cualquier documento que le pongan. Porque normalmente, la Policía, cuando interviene, busca reunir elementos de prueba para acusar a la gente, y éstos son los objetos que esta persona pueda portar. Por ejemplo, pueden atrapar a una persona con su bandera, pero te pueden poner que te han encontrado un coctel molotov u objetos punzocortantes o piedras y hondas. Entonces, lo que se debe hacer es no reconocer esa acta, porque pueden ser sembrados. Se llama acta de incautación.

Si no firmas el acta de incautación, la ley le da cierta fe o cierta veracidad a lo que pone la autoridad. Pero al no haber tu reconocimiento, tienes herramientas para defenderte, puedes cuestionarla. Nadie te puede condicionar la libertad a la firma del acta, porque la ley señala bien claro que una persona no puede ser detenida más de veinticuatro horas sin mandato judicial, salvo en los casos de tráfico ilícito de drogas y terrorismo, donde la Constitución indica que puede durar hasta quince días. En manifestaciones sociales, no tiene por qué pasar de un día. Pero hay compañeros que son detenidos un viernes en la noche, no hay fiscales de turno y te tienen detenido hasta el lunes. Una exigencia de los abogados es que cuando son detenidos un fin de semana, buscar por todos los medios que llegue el fiscal, porque la Policía solo lo libera con la intervención de éste. Ha habido casos en los que se ha logrado liberar a los compañeros sin la presencia del fiscal, cuando los abogados hablamos con los comisarios y les hacemos entender que esto se trataría de una intervención y no una detención. Porque son cosas distintas: la intervención es por un motivo, en cambio la detención se produce cuando posiblemente se cometió un delito y se requiere un fiscal.

[Cabe destacar que, luego de la entrevista, el plazo de detención preventiva sin mandato judicial se incrementó a cuarenta y ocho horas, mediante Ley 30558]

Existe otra acta que normalmente sí se firma porque puede servir para tu seguridad, que es el acta de registro personal, porque cuando te intervienen, te registran y pueden encontrar tus documentos, dinero, objetos personales y te ponen las propiedades que tú tienes. De repente te encontraron tu plata y ponen que tenías cien soles ¿Qué pasa si no ponen que te han encontrado ese dinero y lo firmas así? A la hora de devolverte tus cosas, pues no te lo dan.

En muchos casos son detenidos menores de edad.

En los casos de menores de edad, normalmente se les exime, ellos nos son responsables penalmente, son inimputables. El único requisito que pone la autoridad para liberarlos es la presencia de sus padres, un tutor o un mayor responsable.

Fotos de Alan B.

¿Hay una política de criminalización de la protesta?

Siempre ha sido perseguida por todos los gobiernos de derecha que hemos tenido. Desde el segundo gobierno de Alan García se han emitido una serie de normas y decretos que elevan las penas. Una de las normas más criticada es que tipifican el bloqueo de carreteras como delito de extorsión. Hay pueblos alejados cuya medida de protesta muchas veces es bloquearlas, como el Baguazo. Lo tipifican así porque supuestamente están utilizando una fuerza determinada para lograr un objetivo. Esto ya es un despropósito, porque el delito de extorsión es un delito común en el que el delincuente busca tener una ganancia económica, un lucro personal. No es lo mismo una protesta social que busca solucionar un problema de la colectividad que puede ser económico, social o ambiental. Para legitimar estas normas, lo ponen dentro de un paquete. La delincuencia ha crecido bastante y frente al pueblo han sacado este paquete como si fuera para combatirla. Pero dentro del tipo legal, incorporan estos elementos de hecho y sujetos de hecho, que en realidad no están relacionadas con ninguna actividad extorsionadora sino con la protesta. En el fondo, se trata de reprimir al pueblo.

Concretamente ¿qué dice la ley sobre el bloqueo de vías? ¿Es lo mismo un bloqueo de carreteras fuera de la ciudad que movilizarse por la pista dentro de la ciudad?

Vías son todas las carreteras que hay, avenidas, calles, jirones, carreteras de penetración. La norma dice que aquel que toma vías públicas y las bloquea, está cometiendo el delito de extorsión. Está tan hecha un desastre, que un plantón temporal en la vía pública podría, si es que el gobierno quisiera reprimir, pararte en la pista acá fuera de la oficina, si quieren lo pueden tomar así. Obviamente, en una defensa legal, tendríamos que ir al motivo, porque para todo delito se requiere el dolo, la intención. En muchos casos no lo utilizan, pero si nos encontramos frente a un gobierno como el que tenemos con Kuczynski, en el que se va a reprimir al pueblo, pues estoy seguro que sí. La Policía lo que hace es detenerte y si quiere te siembra pruebas. El policía te reprime, quien te procesa penalmente es el fiscal. La calificación jurídica del hecho le corresponde al fiscal. Y si la actuación de la Fiscalía y de la Procuraduría Pública del Estado está direccionada políticamente, entonces son ellos los que van a formular la denuncia.

Un tema muy polémico es el de la autodefensa. Existe el derecho a la legítima defensa en la Constitución, pero también se habla mucho del derecho que tienen los pueblos a defenderse de la violencia del mismo Estado.

Las normas siempre han buscado encorsetar la actuación y la defensa de los derechos de la gente, así como el derecho laboral encorseta a los sindicatos, para encaminarlos por una ruta que es poco efectiva. Cuando somos reprimidos, lo que corresponde es resistirse, porque pueden ser normas que están en la ley, pero esto no quiere decir que sean normas justas. Yo creo que es legítimo el derecho a la autodefensa cuando alguien es golpeado, si está en el piso o es retenido injustamente. Porque nadie puede cometer delito contra la libertad. Si estoy en la calle y por repartir un volante de mi sindicato me detienen, el policía no solo comete un abuso de autoridad sino también un delito contra la libertad y puede ser denunciado penalmente. Obviamente, nadie se va a resistir con manos blandas, muchas veces los compañeros evitan las detenciones empujando, sujetando. Se trata de ejercer el derecho a la resistencia con la menor cantidad de daños posibles.

La organización popular para la autodefensa es un tema social que escapa a la ley y está más vinculado al tema político y social. Como abogado, te digo que el derecho a la resistencia ante el abuso de la autoridad y abuso contra la libertad es legítima y legal. Como político y como activista social, estoy a favor de la autodefensa popular, porque no hay otra forma que cambiar las cosas. Llevarte un escudo, un casco o un trapo para que no te afecten las bombas lacrimógenas que avientan los policías por ejercer tu derecho a defender el medio ambiente, es un derecho legítimo, no está tipificado como delito. Ahora, usar hondas es algo que está fuera de la ley, pero que forma parte de la autodefensa del pueblo. Una cosa es calificarlo legalmente y otra es calificarlo legítimamente. Si no tienen otro mecanismo para defender su derecho más que el uso de hondas u otros elementos que les permitan resistir, entonces hasta cierto punto tienen legitimidad.

Represión policial contra manifestantes que supuestamente no contaban con permiso

Redacción La Plaza

Colectivo de periodistas independientes que, sabiendo lo que nos espera, no tenemos reparo en enfrentarnos al excluyente sistema económico ni al represor sistema político.