¿Perú, país minero?

Conversamos con Javier Jahncke, abogado ambientalista y ferviente defensor de las comunidades campesinas afectadas por los proyectos mineros, quien nos recibe en las oficinas de Red Muqui, donde es secretario general y nos explica los aspectos más infames de la política minera en el Perú por parte de los últimos gobiernos. Surge la expectativa, ante los ánimos que muestra el presidente Kuczynski por impulsar los proyectos mineros pendientes de la gestión de Humala, como Tía María y Las Bambas, que tantos conflictos y sufrimiento han traído a la población.

Hay una palabra clave que surge como primera incógnita entre los poco entendidos en la minería: extractivismo.

El extractivismo es la dedicación de la economía de un país a actividades económicas que sustraen recursos naturales. Nuestro país históricamente se ha dedicado a la minería y los hidrocarburos, sin dejar de lado la pesca y la agricultura, que también son otras formas de extractivismo. Pero nuestro país está dedicado fundamentalmente a los recursos no renovables. Depende de la exportación de materias primas o commodities en base a los supuestamente cíclicos precios de los minerales y la demanda de estos productos. La producción en gran escala genera la necesidad de facilitar la inversión para que vengan los capitales del extranjero. Y eso ha implicado que haya una flexibilización de los estándares ambientales. Fue el gobierno de Fujimori el que hizo esto, luego del primer gobierno de Alan García y su inflación galopante. Fujimori hizo el shock y flexibilizó la normativa, facilitó el acceso a las inversiones sin mayores restricciones, limitó la fiscalización y la normativa ambiental, prácticamente derogando el Código del Ambiente que se había dado en 1990. Los gobiernos sucesivos han mantenido la misma política económica dependiente, y a partir de las presiones de los grupos económicos, por supuestas crisis, han ido flexibilizando aún más.  Y lo último han sido los paquetazos normativos de los últimos gobiernos de García y Humala, que daban mayores facilidades a las empresas extractivas para el pago de impuestos, fiscalización y multas y para el acceso a las tierras de la comunidades campesinas y nativas, pese a que normas internacionales los amparan.

Hay muchos opinólogos que se obstinan en decir que el Perú es un “país minero”.

El producto bruto interno del Perú no se fundamenta en la minería, la principal actividad en el Perú son los servicios. Ni tampoco la minería genera una gran cantidad de empleo, solamente en la etapa de construcción. Pasados uno o dos años, la producción es mecánica y técnica y necesita solamente operadores con capacidades técnicas formadas previamente, que no están en las comunidades afectadas directamente por las actividades. Son los poderes económicos que están detrás del poder político los que han fomentado este proceso y con ello, en el tiempo, no se han generado otras actividades. No se impulsan, no se invierte para que generen más demanda de mano de obra. Por ejemplo, la agricultura de consumo, que da la canasta familiar en el país, no tanto la agricultura extensiva de exportación. El turismo también. No han sido objeto de una adecuada inversión, de un adecuado interés del Estado y por eso no tenemos en nuestro país alternativas en las zonas donde hay actividades mineras, como en La Oroya.

Pero esta política extractivista viene de afuera.

 La dependencia del Perú de las decisiones internacionales es muy grande. Nuestro país se involucra cada vez más en firmar tratados de libre comercio. Ahora está el TPP de por medio, donde se empieza a depender más de decisiones geopolíticas. A ese nivel, la presencia de inversiones va en la lógica de invertir en el Perú para que sigan saliendo las materias primas, que ni siquiera son procesadas en el país, sino son procesadas en otras refinerías y metalúrgicas que generan mayores riquezas a otros. No salen con valor agregado, sin percibir mayor ingreso el Perú por eso. Está claro que hay una visión a nivel mundial por parte de los países industrializados de que hay países que les proveen de los minerales y en los cuales tienen que incentivar ciertas políticas de Estado para favorecer esa producción, como por ejemplo, limitar los estándares ambientales. Y los gobiernos simplemente lo que han hecho uno tras otro es propiciarlo.

¿Cuál fue el papel del gobierno fujimorista en la actual situación de la minería?

Fujimori tuvo un papel esencial en la gran flexibilización normativa. Históricamente ha habido minería en el país. Aunque ya existía un nivel de desregulación muy grande, a finales de los ochenta se plantea la necesidad de mejorar los estándares ambientales y se establecen los estudios de impacto ambiental (EIA) que no existían antes y los famosos programas de adecuación medioambiental (PAMA) que se aplican a las empresas. Entra Fujimori en los noventa cuando se había promulgado el Código del Medio Ambiente, que era un código de avanzada en Latinoamérica, y en gran medida lo elimina con el Decreto Legislativo 757, la Ley de Promoción de la Inversión Privada. Para acceder a una mayor inversión en minería, donde el Perú era a nivel mundial uno de los principales proveedores, se generan una serie de marcos normativos donde se incide más en la flexibilización. Perú incide en su economía según las pautas que le marcan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para poder continuar en el mercado internacional y las consecuencias son las que sufrimos ahora.

¿Consideras que la actual legislación en materia minera propicia los conflictos sociales?

Ya hemos pasado de la flexibilización de estándares ambientales a una desregulación en esa materia. Se está facilitando aún más el acceso a las tierras de los campesinos, se está eliminando garantías a las comunidades, con la leyes como la 30230, la 30327, y el Decreto Supremo 015-2000-EM. Con la Ley 30230, en las comunidades que no tengan el título inscrito en registros públicos porque no tienen recursos ni cómo movilizarse ni asesoramiento técnico ni han recibido apoyo del gobierno, cuando es su obligación, las empresas mineras pueden solicitar que se aplique el subsanamiento físico legal  y si no hay nada formalizado, pueden pedir las tierras en concesión para sus proyectos de inversión. Eso el gobierno lo puede aplicar ya. La Ley 30327, junto con la 30230, ha facilitado la aplicación de los informes técnicos sustentatorios (ITS), como sucedió en el caso de Las Bambas para la modificación del proyecto. Se trasladó la planta de procesamiento de mineral de un lugar a otro, sin hacer ningún EIA, a donde hay un tipo diferente de tierra, de fuentes de agua, y no se ha hecho ningún estudio técnico independiente. La empresa sustenta nada más su cambio y como no hay participación ciudadana, se aprueba como declaración jurada, con lo que implica en los impactos ambientales y sociales que puede generar.

Fotos de Alan B.

El gobierno desea poner en funcionamiento el Complejo Metalúrgico La Oroya, actualmente paralizado por la grave contaminación que ha causado en la zona. Antes la operaba Doe Run, pero ahora se está dando facilidades para su liquidación y se buscan nuevos postores.

La Oroya es un tema de decisión política, amparado no solamente por el Ejecutivo sino también por el Legislativo de los fujimoristas. Al haberle dado este salvataje a la empresa, se está priorizando el tema económico por encima de la salud y el ambiente. Se habla que ha bajado el impacto ambiental en la zona, pero cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta que es desde que no está operando el complejo metalúrgico que han bajado los índices de plomo. La empresa que estuvo a cargo desde los noventa debió hacer procesos de mejora para evitar que haya ácido sulfúrico. Nunca hubo una fiscalización. El interés de darles dos años más, que a las finales serían cuatro, no es otro que meter a otros inversionistas. Por gusto no viajó Kuczynski a China y se reunió con empresarios chinos. Y sabemos bien que los chinos no tienen interés en preocuparse por temas ambientales o sociales. No les importa que haya un conflicto o un impacto. En el complejo de La Oroya, tienen una tecnología de los años veinte. Esos desechos tóxicos tan peligrosos están prohibidos de procesar por convenios internacionales. Son necesarias obras que tienen que realizarse para evitar mayor contaminación, que no se hicieron antes y no sé porque tendrían que hacerse en dos años, como la planta de azufre. Por lo menos tienes que darle, tecnológicamente, la inversión que necesita para la planta de procesamiento de ácido sulfúrico y evitar que haya más contaminación.  Y se está pidiendo que haya mayores flexibilizaciones ambientales para facilitar que La Oroya funcione. Porque con las normas que tenemos ahora incluso, que son tan laxas, es difícil que empiece a operar ¿Podemos esperar que funcione en las mismas condiciones? Están propiciando una situación de riesgo muy grande. Si funciona el complejo, habrá un problema social. De los extrabajadores que están sin empleo hoy en día, no contrataría a más de la mitad. Va a tener que haber una reconversión laboral, una preocupación por implementar otras alternativas económicas que poco a poco dé empleo a estas personas y que facilite una progresiva eliminación de algunos circuitos, sino de todos. También por que pueda remediarse la problemática ambiental en la zona, porque no es solamente La Oroya y los trabajadores y la ciudad y el plomo, es todo el valle del Mantaro, ahí está Ticlio, está la cordillera y están las principales fuentes de recursos de la región Junín ¿Qué niveles de plomo hay en el Mantaro, en el agua, en la producción agrícola? ¿Cuál es el nivel de injerencia que eso tiene en Lima?

Hablemos del desempeño de las grandes compañías mineras en el Perú. Por ejemplo, está la Southern, que en el 2015 generó un terrible conflicto en la localidad arequipeña de Cocachacra por el proyecto Tía María.

Podemos hablar de Southern en Ilo, en Moquegua. El primer vicepresidente de la República supuestamente viene ensalzado por haber logrado un diálogo con la empresa, de haber logrado beneficios. Lo cierto es que hay impactos muy serios en Ilo por la contaminación, tanto en la zona marítima como en el aire ¿Qué tanto Southern puede considerarse un ejemplo? Esa misma experiencia negativa es la que ha generado que la población del valle del Tambo haya tenido preocupación por los procesos que ha seguido en sus EIA, no considerando el tema de la desalinización del agua del primer proyecto, considerándolo después cuando ya ha habido muertos y heridos, incidiendo en el gobierno mediante obras, como estos reservorios. Porque para ellos el problema es solamente que haya agua en el valle, cuando el tajo abierto de La Tapada está a solamente quinientos metros del cauce del río Tambo, constituyendo todo un riesgo para la actividad económica de los agricultores. Todo esto hace ver una empresa que no tiene muchos escrúpulos, que lo que quiere es aprovecharse de la flexibilización normativa ambiental y de un gobierno que sigue basando la economía en la explotación de minerales. La misma empresa junto con periodistas nos desprestigió incluso a nosotros, por este asunto de los terroristas antimineros, que es una forma de querer hacer ver como que hay intereses particulares detrás de las legítimas preocupaciones de la gente por los EIA, por la forma de tomar decisiones sin la participación de la población. Recordemos que hubo talleres para una participación abierta de los campesinos donde se evitó que vayan quienes hablaban en contra del proyecto. Todo eso sólo genera conflicto por parte de Southern, con el apoyo de los gobiernos.

Efectivamente, como menciona Javier, se recuerda que el año pasado el diario Correo acusó a la Red Muqui de financiar a los célebres espartambos, hijos de los campesinos y opositores al proyecto Tía María, quienes usaban hondas y escudos de madera para enfrentarse a la Policía.

Un tema importante– prosigue Jahncke- es el de la responsabilidad social empresarial, que no pasa por regalarle cosas a algunas comunidades como útiles escolares en marzo, sino pasa por temas ambientales y sociales, tener respeto por los derechos de los campesinos y nativos, cumplir normatividades, por lo menos las normas del país de origen de las empresas. Se trata de los impactos ambientales que generan cuando no solucionan los problemas de fondo.

Cabe agregar que además de las grandes empresas extranjeras referidas por el entrevistado, también están las mineras peruanas que a lo largo de décadas han perjudicado a los campesinos de las zonas aledañas. La mayoría son dirigidas por familias antiguas de los llamados empresaurios. En primer lugar, tenemos a Buenaventura, propiedad de los Benavides, la cual no muestra mucha preocupación en la situación de impactos ambientales y sociales que pueda generar producto de sus  inversiones. En asociación con Newmont Yanacocha pretende ejecutar el proyecto Conga, donde se suscitó el violento conflicto que enlutó a la provincia cajamarquina de Celendín en el 2012. Históricamente, han estado presentes en Huancavelica y en Junín, en la sierra de Lima con el proyecto Uchucchacua. El caso más escandaloso fue el derrame de mercurio de un camión en la localidad cajamarquina de Choropampa, en el 2000, cuyos estragos contaminantes siguen aquejando el organismo de más de un millar de pobladores, quienes a pesar de haber recibido sumas de dinero por parte de Yanacocha, éstas no les servirán para resarcirse del daño.

Otra minera peruana de dudosa reputación es la Volcan, de los Letts, cuyas operaciones en Cerro de Pasco han causado un devastador efecto en la salud de los pobladores. Aunque este problema sanitario viene de décadas atrás, con la otrora Cerro de Pasco Corporation, la Volcan no puede eludir su responsabilidad. Y es inevitable mencionar a la empresa Casapalca, de los Gubbins, en la sierra de Lima, que incluso llegaron a ser expulsados de la Sociedad Peruana de Minería, Petróleo y Energía (SMPE).

Fotos de Alan B.

¿Qué opinas sobre el problema de la minería ilegal? ¿Y  la minería artesanal?

Hay que diferenciar minería artesanal de minería informal e ilegal. La artesanal sigue un proceso a través del cual brindan sus declaraciones al Ministerio de Energía y Minas. La minería ilegal no presenta nada ni sigue mecanismos y es ilegal por eso mismo. No existiría minería informal e ilegal si no existiera un círculo vicioso que les compre. Si no hubiera empresas en el circuito formal que para completar su producción que tienen que declarar a sus jefes a nivel internacional, compran a la mineral informal ¿Quién les provee los insumos? Muchos son similares a los usados en el narcotráfico. Es un asunto mucho más grueso de sólo unas cuantas personas que llevan herramientas para hacer un hueco. Necesita una decisión política a tomarse y que caigan los peces gordos ¿Quién los mantiene? ¿Quién les compra?

Las malas prácticas a las que Javier hace alusión no son difíciles de investigar. Por ejemplo, la empresa ayacuchana Laytaruma, compra mineral y también tierra mineralizada para luego procesarla. Una empresa formal que está inscrita, que declara su actividad pero no la procedencia de su mineral. Ante las sospechas que despiertan el origen y destino de sus insumos, como mercurio y cianuro, ya ha sido acusada años atrás por la Sunat de comprar oro a los mineros ilegales.

También existen verdaderas zonas liberadas en el Perú, como el cerro El Toro, en Huamachuco, La Libertad, donde hay minería informal y no entra la Policía. Un territorio donde hay narcotráfico, pozas de maceración y guerras entre los mineros ilegales. Según testimonios de los pobladores, opera el clan de la familia Sánchez Paredes, de comprobados nexos con el narcotráfico.

Kuczynski también desea reactivar el Banco Minero, el cual fue cerrado por Fujimori en los noventa, para impulsar y formalizar a los pequeños mineros.

Los bancos de promoción en general, el Banco Minero, el Banco Agrario, tuvieron una serie de problemas de corrupción a fines de los ochenta y principios de los noventa. Era intervención del Estado en la economía, y el modelo en ese entonces ya implicaba que el Estado no intervenga. Y en esa lógica, ya no hubo subsidios, no hubo facilidades, porque querían que la economía funcione sin intervención.

El tema es a quién va a aportar el Banco Minero, la mayor parte de las inversiones en minería son extranjeras ¿A los mineros informales? ¿A los mineros artesanales? ¿Queremos seguir propiciándolas? Yo ahí tengo mis dudas. Está bien este proceso de interdicción frente a la minería informal. Pero existe minería informal porque hay precios altos. Pese a que han bajado, todavía siguen siendo altos históricamente. Por eso que hay informales que siguen buscando oro. Se mantienen porque hay producción de minería formal que mantiene un círculo vicioso. Mineros formales que le compran a los informales. Nuestra propuesta es que debe haber mecanismos de alternativas de desarrollo para evitar opciones extremas como las que se viven en algunas partes del país, como en la provincia arequipeña de Caraveli, en Nazca, en algunas zonas de Cajamarca, en las provincias piuranas  de Suyo, Sapillica y Paima, donde hay minería informal que contamina y afecta a las personas ¿Vamos a tratar de formalizar esos espacios o ir dándoles alternativas? En una banca de fomento ¿qué vamos a fomentar? Puede ser que algunos puedan formalizarse. En zonas en las cuales no haya afectación y haya asociaciones de alguna manera. ¿Qué vamos a hacer con la minería ilegal? El presidente ha dicho que va a apoyar su formalización. Pero ya no funcionó el sistema anterior ¿Dónde van a funcionar los informales y dónde no? Sólo así podríamos entender que haya una banca de fomento y cuál sería su rol,  si aportar recursos para la producción o también aportar recursos para la toma de medidas ambientales. La gente se dedica a la minería porque ya no encuentra ingresos en la actividad agrícola o ganadera. El problema es que nunca ha habido una política de apoyo verdadero a estas actividades. Una política de fomento del Banco Agrario no da para eso ¿Cuál es la política para darles alternativas?

¿Hay una política de criminalización de la protesta contra la minería?

Nosotros estamos con la pacífica protesta de los ciudadanos, hay un derecho de las personas que viven en la zona afectada por imposiciones sin consultarles previamente, de hacer valer su voz. Quien impulsó que la gente salga a las calles y tome carreteras son los gobiernos de turno, asumiendo las mismas perspectivas económicas, sin mecanismos de diálogo. Han impulsado que incluso en Lima la gente salga y proteste. Y quienes han ejercido la violencia han sido los gobiernos, han generado la reacción de la gente ante la represión injusta. Tenemos la imagen del señor Coasaca cuando en Tía María le sembraban un miguelito de tres puntas. Lo que se ha hecho es adecuar la ley para facilitar la represión. Hay personas que son perseguidas, que tienen procesos judiciales en contra, especialmente si son dirigentes, para desmovilizar a la población. Esa es la política de Estado que se ha venido definiendo y que parece que no va a cambiar con este nuevo gobierno, porque ya lo ha adelantado el congresista Gino Costa, que para él detrás de los conflictos hay intereses políticos. Sigue estando la teoría de la conspiración para ellos, cuando detrás hay agendas históricas por parte de las comunidades en las zonas de operaciones mineras, que son invisibilizadas, que están pendientes de ser discutidas con el Estado, respetadas y consideradas.

¿Los conflictos socioambientales son exclusivos de las economías liberales como la peruana? ¿O también son sufridos en los países con gobiernos de izquierda?

Es igual en el llamado nuevo socialismo, donde también hay una dependencia de la producción extractivista. En Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. La carretera del Tipnis, en Bolivia, pasa por las tierras de las comunidades indígenas. No es un tema del neoliberalismo, el socialismo también está dejando de lado las perspectivas de desarrollo de las poblaciones afectadas y desplazadas. En la práctica es lo mismo. Lo que necesitamos son perspectivas que abran una verdadera participación de las poblaciones, que consideren sus puntos de vista. Y esto pasa más allá de las perspectivas económicas, se olvida que el centro de cualquier tipo de gobierno es la persona humana. La economía debe estar al servicio de la persona, no al revés. No puede haber, en ambos casos, ninguna zona de la que se diga que tiene que sufrir las consecuencias de una actividad económica, como el petróleo o el gas o la minería, para que el país esté bien. Es la misma lógica del neoliberalismo con el otorgamiento de facilidades para que cualquiera entre a cualquier zona por más que sea de una comunidad.

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Alan Benavides

Terminé Periodismo, fotografío protestas y escribo sobre conflictos sociales. No me gusta ningún gobierno, ni autoritarios ni represores, ni ningún poder económico.