TPP, Made in America

El polémico acuerdo comercial, secreto en un inicio, no solo contiene una serie de cláusulas que perjudican las condiciones de salud pública o de libertades informativas de nuestro país, sino además somete nuestras políticas a las empresas extranjeras, sin importar la voluntad de los ciudadanos ni su participación en la toma de decisiones.

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP en sus siglas en inglés) es uno de los tratados internacionales más importantes firmados en los últimos años, y sin embargo su invisibilización en la agenda mediática es, por decir lo menos, escandalosa. Incide en políticas muy sensibles para la calidad de vida de los ciudadanos, y es por eso que el Gobierno ha mantenido el máximo secretismo en las sesiones y negociaciones que llevan a su ratificación.

Promovido por Estados Unidos, se trata de un acuerdo para flexibilizar las regulaciones comerciales entre nuestro país y una serie de naciones de la cuenca del Pacífico: México, Chile, Japón, Canadá, Australia, Vietnam, Brunéi, Nueva Zelanda y Singapur. Si bien, en años anteriores ya se firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y el gigante norteamericano, la ampliación de países participantes, de organismos internacionales implicados y de injerencias legales contenidas en el TPP lo hacen particularmente nocivo para la soberanía popular y los intereses ciudadanos.

Negociaciones antidemocráticas

Como se menciona, el TPP no es simplemente un tratado comercial, sino que también dicta políticas en una multitud de rubros en la gobernabilidad del país. Asuntos laborales, empresas del Estado, contrataciones públicas, medio ambiente, medidas sanitarias, entre otros, son los tópicos abordados, los cuales lógicamente pertenecen a la política interna de cualquier nación. Desde el índice ya se traduce la naturaleza interventora del TPP en la soberanía nacional.

Si bien ahora se pueden encontrar los capítulos completos y traducidos en internet, el TPP apenas vio la luz gracias al portal de desclasificación de documentos secretos Wikileaks, el cual recién pudo obtener el capítulo sobre propiedad intelectual luego que hubiera sido negociado y ya listo para ser firmado. Esto denota la voluntad de los gobiernos implicados de mantenerlo completamente alejado del control público hasta que sea demasiado tarde.

Es conocido que anualmente el gobierno norteamericano emite un informe, el Reporte Especial 301, en el cual la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos se toma la atribución de decir qué es lo que no le gusta de cada país. En nuestro caso, el año pasado al tío Sam le desagradó que, luego de revisar nuestro marco jurídico inquisitoriamente, estamos en la lista peor calificada en cuanto al trabajo de nuestro gobierno para proteger los derechos de autor de libros, música, para impedir que se sigan vendiendo medicinas falsificadas en nuestras calles, que las oficinas públicas usen software pirata, etc. Y opinan que se espera que con el TPP, nos pongamos más estrictos en dichas materias.

Ollanta Humala, quien de momento ocupa el sillón presidencial peruano, viajará a Nueva Zelanda para firmar el TPP el cuatro de febrero. Aun así, de acuerdo a nuestra Constitución (que tampoco tuvo un origen muy democrático en 1993), cualquier tratado comercial deberá ser ratificado por el Congreso para poder recién implementarse.

De acuerdo a la Ley 27806 o Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todos los documentos relacionados al Estado son públicos. Sin embargo, esta contempla una excepción entre varias, justamente en su artículo 15A, referido a los tratados internacionales que están en proceso de negociación, con la justificación que podría debilitar la posición del país en el frente externo. Valiéndose de esta herramienta legal, las condiciones del TPP fueron estipuladas sin participación ciudadana pero con la asistencia a las reuniones de los representantes de algunas empresas privadas multinacionales. Pero existen otros espacios donde se acuerdan tratos comerciales de gran relevancia, como las sesiones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que sí son públicas, pero no se tratan temas que afectan directamente a la autonomía de los países.

Justicia comercial

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es el organismo dependiente del Banco Mundial, con oficinas en Washington, donde se resolvería cualquier conflicto que tenga el Estado peruano con una empresa internacional que considere que sus intereses económicos son perjudicados por cualquier ley o regulación laboral, educativa, medioambiental o de cualquier tipo. Es decir, con el TPP, el CIADI se posiciona por encima de nuestro Poder Legislativo.

“El TPP dedica un capítulo entero al mecanismo de resolución de controversias entre inversionista y Estado. Según lo dispuesto por este capítulo, el desconocimiento de los acuerdos del TPP puede dar pie a que una empresa extranjera demande al Estado en un arbitraje internacional. Lo único que la empresa tiene que probar es que sus expectativas de ganancia se vieron reducidas. Esto podría pasar, por ejemplo, si un Estado decide otorgar licencia obligatoria para un medicamento o si plantea una nueva excepción a los derechos de autor en pro del acceso a la cultura” opina Miguel Morachimo, abogado del conocido portal jurídico Hiperderecho.

El TPP es una lista de obligaciones para los paises en materia comercial y de recomendaciones que eventualmente se pueden implementar para educación, cultura, medioambiente, a decir de Morachimo, que se opone férreamente al tratado.

Internet bajo control policíaco

“Primero, preocupa la forma en la que se cambian los derechos de autor. Y segundo, la manera de hacerlos cumplir.  Se amplía el plazo de protección para obras resguardadas por derecho de autor. Se criminaliza no solamente la copia o reproducción, sino también la fabricación e importación de herramientas para hacerlo. Se obliga a las empresas de internet a fiscalizar a sus  usuarios que no infrinjan derechos de autor” nos advierte Morachimo, quien es especialista en Derecho informático.

“Las empresas como Facebook, Google, Telefónica o Claro  tendrán mecanismos que le permitan a cualquier titular, como Sony o Paramount, denunciar contenidos sin necesidad  de pasar por un juez, simplemente mandando un formulario y lograr que sea dado de baja de internet. Les dan un botón divino, pensado para dar celeridad a las empresas. Pero no piensan  en la libertad de expresión, el derecho a la parodia, a la cita, a la traducción” opina el jurista, haciendo referencia al artículo 18.82

En los países firmantes, el plazo para la expiración de los derechos de autor quedaría en setenta años posteriores a la muerte del autor, según el TPP. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, existen en su legislación dispositivos que permiten usar obras de autor si es que sea con propósitos comerciales, sino educativos o de otra índole. Es evidente que los norteamericanos pretenden exportar la parte más restrictiva de sus leyes de derecho de autor  y al mismo tiempo, ninguna de sus normas proteccionistas.

En el caso de Chile, la firma del TPP no trastoca su legislación, la cual que exige que cualquier denuncia sobre contenidos informáticos en cuanto a derechos de autor tenga que pasar por la decisión del juez antes que el proveedor pueda decidirse a eliminar el contenido denunciado. Desde luego, el Reporte Especial 301 también critica esta postura chilena.

Lo más controversial del artículo en mención es que se provee a las empresas interesadas de un juicio express, sin importar la presunción de inocencia, que sacan del modelo de ejecución al órgano judicial, al juez que arbitra el caso en salvaguarda de los derechos de todos. El contenido dado de baja es eliminado, sin importar si es un video político, educativo o un reportaje. No podemos oponernos a los derechos de autor, pero mientras se ejerza frente a un tercero imparcial.

El castigo referido a los derechos de autor siempre ha sido de tipo administrativo en nuestro país, así como en la mayoría de naciones de la región. Empero, el TPP obliga que también se suministren sanciones de tipo penal para este tipo de infracciones, en el artículo 18.68. La legislación peruana ya contempla penas de hasta de ocho años por casos tan simples como chipear un CD, pero en la práctica no se han aplicado todavía.

Al margen de los perjuicios que puedan constituir estas imposiciones para quienes utilicen o manipulen contenidos protegidos por el TPP, el daño colateral más evidente es la merma a la libre expresión en las redes. Las restricciones son fácilmente manipulables para las entidades públicas o privadas que no deseen ver circulando contenidos que obstaculicen con sus intereses, léase informes periodísticos, documentos desclasificados o evidencias de algún delito.

 

Tratado insalubre

Como se menciona anteriormente, el capítulo del Tratado Transpacífico que hizo saltar las alarmas fue el referente a la propiedad intelectual, desde que Wikileaks filtró el pasado octubre el texto completo. En él aparecían artículos que afectaban de forma negativa a las libertades en Internet, a la agricultura tradicional, a la difusión de contenidos online y la más preocupante de todas: a la salud.

Con la excusa de blindar los derechos de los investigadores, el TPP da carta blanca a los monopolios en la industria farmacéutica mediante cuatro artículos. El primero (Art.18.37) es la posibilidad de volver a patentar un producto cuando se descubre un nuevo uso del mismo. En el anterior tratado de libre comercio se contempló esta posibilidad, pero se descartó al considerarse que la patente solo debe otorgarse a una invención y no a un descubrimiento. La consecuencia inmediata de esto es el encarecimiento de medicamentos, incluso de aquellos que lleven décadas en el mercado con patentes ya vencidas, al alargar hasta veinte años su exclusividad.

Este artículo en Perú genera una especial polémica, ya que la Comunidad Andina de Naciones (CAN), no permite patentar los segundos usos lo cual estaría en contraposición con el TPP. En el texto se prevé este conflicto, y ofrece un margen de implementación de diez años para el Perú en el que “se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para obtener una excepción de la Comunidad Andina.”

El segundo artículo (Art. 18.48) obliga al Gobierno a extender la patente el mismo tiempo que tarde en tramitar el registro sanitario del medicamento, a modo de compensación. Y en el tercero (Art. 18.52) se permite la patente de mínimo ocho años en el caso de productos biológicos, que en la actualidad no tienen ningún tipo de protección. Esto incluiría tanto a medicinas de origen biológico como a vacunas.

Y por último, el TPP (Art. 18.50) permitiría la protección de los datos de prueba al menos durante cinco años, con posibilidad de prórroga de tres años en tres años, casi de forma indefinida. Los datos de prueba son los ensayos clínicos en pacientes, que demuestran la garantía y efectividad del medicamento, pero con el tratado gran parte de estos datos se mantendrían ocultos.

Exigen que el médico o el sistema sanitario peruano tenga que estar a ciegas al usar esos productos, simplemente debemos creer al visitador médico. No tenemos la oportunidad de saber en cuántos pacientes se ha estudiado, cuántas fallas ha tenido, qué efectos adversos ha habido en esos pacientes… ¿Cómo es posible utilizar un producto sin conocerlo bien?” explica Betzabe Aza Castillo, química farmacéutica del Hospital 2 de Mayo.

El médico no solo cuenta con menos información a la hora de tratar a sus pacientes, sino que también podría estar recetando algo con efectos devastadores sobre el paciente, o incluso la muerte. Y lo peor es que el ciudadano no puede más que aceptarlo y arriesgarse, ya que durante el período que dura la protección de los datos de prueba hay exclusividad comercial, por lo tanto nadie más aparte de quién haya realizado los ensayos, puede producir el medicamento.

“Esto afectaría al ingreso de los genéricos o al ingreso de la competencia, porque en realidad este asunto de las patentes es porque quieren exclusividad, y cuando uno no tiene competencia puede poner el precio que quiera. Y eso no es libre mercado. Los monopolios van en contra del libre mercado.”

Los ciudadanos podrían endeudarse o incluso morir al no tener capacidad para comprar su tratamiento en caso de no contar con un seguro público. Pero también habría un grandísimo impacto económico negativo en el Tesoro del Estado Peruano de varios miles de soles, al tener que hacer frente a precios más altos y con exclusividad.

Plantando la discordia

En el mismo capítulo de propiedad intelectual se encuentra otro punto criticado (Art. 18.7), referente a la obligación de los países a adherirse a varios acuerdos internacionales, entre ellos el de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). La UPOV es una organización intergubernamental que en el año 1991 realizó un acta muy polémica que incluía artículos que afectaban directamente la soberanía agrícola de los países. El Perú es parte de la UPOV desde el año 2011, pero es ahora, con la firma del TPP, que ratificaría el Acta 91 o UPOV 91.

La idea detrás de la UPOV 91 es la protección de variedades vegetales, pero se interpreta ésta “protección” como garantizar los derechos comerciales del obtentor, o sea, de la persona que desarrolle dicha variedad. Al igual que en el texto del TPP, en este convenio se insta a los países firmantes a que las normas nacionales no obstaculicen la aplicación del acuerdo, lo que es una advertencia clara a los gobiernos de que la prioridad la tienen los empresarios por encima de las normas o leyes nacionales.

Los artículos 14 y 15 establecen que el obtentor es quien pone las condiciones y límites del uso de su variedad en todas las condiciones, excepto en la agricultura de subsistencia. Eso sí, los campesinos que efectivamente ganen dinero con su explotación, por muy poco que sea, sí están sujetos a las imposiciones que establezca el dueño de la variedad. Esto supone el riesgo de que el intercambio de semillas, práctica ancestral en nuestro país, sea prohibido o criminalizado, o que las pequeñas economías agrícolas familiares desaparezcan debido a que personas o empresas tendrían el monopolio.

En definitiva, el UPOV mediante el TPP permitiría que los obtentores, dueños de variedades de plantas o semillas, se conviertan en autoridades con capacidad de decisión en la soberanía alimentaria y agrícola de los países firmantes, con la complicidad de los gobiernos estatales obligados a crear infraestructura institucional para salvaguardar los intereses de los privados, pero no de la ciudadanía en general. Las consecuencias van desde el monopolio por parte de corporaciones transnacionales como Monsanto – criticada en todo el mundo y prohibida en parte de Europa – que ostentan con la propiedad intelectual de semillas, hasta la pérdida tradicional de la agricultura, hecho especialmente preocupante en el Perú, un país pionero en técnicas agrícolas incluso en culturas preincaicas. Esto afectaría de forma muy negativa a millones de peruanos que no podrían afrentar los precios o exigencias de las grandes empresas y acabarían de matar el agro, tan atacado y olvidado por el Gobierno tras sus políticas extractivistas y comerciales.

 

Cuando el medio ambiente es un estorbo

Históricamente es sabido que las regulaciones que protegen el ecosistema han sido molestas para las empresas dedicadas a extraer los recursos naturales, dado el alto impacto de sus actividades. El TPP se ha encargado de recoger el reclamo de las empresas mineras, concediéndoles facultades para demandar a los gobiernos que perturben sus negocios con leyes de protección ambiental ante los tribunales internacionales.

En el ya conocido lenguaje ambiguo del TPP, lo que se puede extraer es que si bien reconoce que los países pueden tener leyes ambientales, estas serán de simple exhortación a las empresas extractivas y estarán sujetas a las necesidades de mercado de estas industrias, pretendiendo no “entorpecer” sus inversiones en el sector.

En el artículo 20.10, se habla de la responsabilidad social empresarial, donde se dice que esta política deberá ser adoptada “voluntariamente” por las empresas, y que el Estado se limitará a “animar” esta adecuación. Es decir, se prepara un marco totalmente desregulatorio.

Del mismo modo, el artículo 20.11 resalta la implementación de “mecanismos flexibles y voluntarios” para el cuidado ambiental. No se pretende chocar con la actividad que genera impacto ambiental en sí, sino sentarse a esperar que las mineras decidan adecuarse a los procesos de control. Claro, mientras estos no constituyan “barreras innecesarias al comercio”.

Es evidente que se trata de dispositivos legales totalmente permisivos en cuanto a las actividades industriales que puedan desarrollarse en zonas ambientalmente sensibles. Y es ofensivo para todas las comunidades campesinas y nativas peruanas que se han desangrado por años en los últimos conflictos sociales por defender sus territorios de la contaminación de las actividades petroleras o mineras, como hace varios meses con el proyecto de Tía María.

Un ejemplo claro es el Parque Nacional de la Sierra del Divisor, entre Loreto y Ucayali. La creación de dicha área protegida colisiona con los intereses de la empresa canadiense Pacific Rubiales Energy, que tiene concesionada una gran parte del parque para extraer petróleo, y tiene garantizado su derecho a explotarlo incluso siendo un espacio protegido. Es fácil imaginarse la millonaria demanda que pedirá contra el Estado peruano cuando se implemente el TPP, ya que no sería la primera vez. En el año 2010 la tabacalera Philip Morris demandó al gobierno de Uruguay por aumentar las imágenes que alertan de los riesgos del cigarrillo en la salud, hecho que según la empresa violaba el tratado bilateral de inversión entre Suiza – país donde radica la sede de Philip Morris – y Uruguay. Esto es posible gracias al CIADI, el mismo organismo que supervisaría los intereses de las empresas en los países firmantes del TPP. Semejante amenaza sufre la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios, que está en manos de la norteamericana Hunt Oil y la española Repsol, ambas empresas petroleras también.

También nos ponemos a pensar en la minera Doe Run y los niños de La Oroya, esos que tienen que respirar plomo igual que los de Cerro de Pasco. Porque según el TPP, el Perú tiene la obligación de respetar los contratos de concesión minera para no entorpecer sus actividades, pero al mismo tiempo se limita a “recomendar” a estas mismas empresas que procuren no llenarle la sangre de minerales a los pobladores, sin que tengan una verdadera obligación a ello.

Redacción La Plaza

Colectivo de periodistas independientes que, sabiendo lo que nos espera, no tenemos reparo en enfrentarnos al excluyente sistema económico ni al represor sistema político.