Las Bambas: Revelan convenios entre Policía Nacional y empresas mineras
El vídeo de Quintino Cereceda desplomado en un cerro con un disparo de bala en la frente se hizo viral en cuestión de minutos. No era el primer asesinato de la Policía Nacional del Perú defendiendo el proyecto minero de Las Bambas, pero sí fue el único fotografiado. Uriel Elguera Chillca, Beto Chahuayllo Huillca y Alberto Cárdenas Challco fueron los primeros fallecidos por impacto de bala en un paro anterior, aunque los comuneros hablan de otras muertes en extrañas circunstancias que podrían estar relacionadas con la minera china MMG Limited.
La imagen del cuerpo de Cereceda y su familia velándolo durante días causó revuelo en todo el país y levantó una polémica por mucho tiempo oculta: La Policía Nacional del Perú firma convenios de seguridad con empresas mineras, a pesar de que esto iría en contra de la supuesta naturaleza del cuerpo, dedicado a proteger los intereses ciudadanos.
Según convenio interinstitucional, en el proyecto Las Bambas, la empresa ha pagado entre cien y ciento diez soles diarios a miembros de la Policía Nacional de la región de Cusco para custodiar la mina y reprimir protestas en su contra, durante al menos tres años. Si bien los pagos se otorgaban individualmente y según la jerarquía de cada policía, el depósito se hace a través de la institución. Además, tras el anterior enfrentamiento mortal, durante un tiempo también se encontraban efectivos armados de la Dinoes dentro del campamento, cuando deben estar destinados para operaciones especiales contra el terrorismo y el narcotráfico.
Además de la minera china MMG Limited, han salido a la luz convenios suscritos por la canadiense Hudbay, que opera en Chumbivilcas. Del mismo modo, en la provincia de Espinar, la empresa Tintaya Antapaccay, así como la minera Quechua, también han firmado con las jefaturas de Policía. Durante el conflicto por el proyecto minero Conga, en Cajamarca, Yanacocha mantuvo convenio vigente, se presume continúa a la fecha.
Estos contratos no son solamente una peligrosa contradicción, si no que llevan años dejando víctimas mortales por todo el país, desde Las Bambas hasta Bagua. Existen similitudes en la intervención policial que responden a estas cláusulas de seguridad entre las empresas mineras y los funcionarios públicos. “Nos han disparado a todos, a las mujeres les han golpeado con la culata del arma, el fiscal mismo estaba diciendo: mátalos, mátalos” relató Américo Quispe, comunero afectado por el proyecto Las Bambas, sobre el último operativo policial que dejó un muerto en Apurímac. En este convenio destacan algunas cláusulas que explicarían este lamentable asesinato, las cuales permiten el uso de la fuerza cuando la integridad de los trabajadores de la minera esté en riesgo, contraponiéndose a la del resto de ciudadanos y la posibilidad de actuar fuera del perímetro del proyecto.
En el Perú existen más de treinta convenios entre la Policía Nacional y empresas extractivistas. Por ejemplo, en el proyecto de Espinar, se encontró que la comisaría se encuentra dentro del campamento minero. Los documentos han demostrado que estos contratos se dan directamente con las regiones policiales y no con el Ministerio del Interior, pero son avaladas por éste y también por la ley peruana. Sin embargo, para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, estos contratos irían contra los derechos constitucionales y los derechos humanos.
