Bagua No Se Olvida: Siete años de juicio

El Estado decidió absolver a los indígenas enjuiciados por los hechos del Baguazo, luego de años de un proceso tortuoso, en el que varios de ellos han purgado cárcel, en una sentencia histórica. Sin embargo, una sentencia judicial no es suficiente para cerrar una herida profunda no solo en la Amazonía, sino en un país socialmente fracturado e históricamente indiferente consigo mismo.

Danny se sube a su camión, junto a su padre, rumbo a Santa María de Nieva, luego de celebrar con sus amigos el veredicto final del juez que los exculpa por las muertes del Baguazo. Aunque hace dos años que ya estaba en libertad, ésta por fin es completa y no condicional. Son naturales sus ganas de volver a su comunidad y seguir trabajando.

“El Perú entero se ha enterado que los indígenas siempre han sido inocentes e injustamente habíamos sido acusados. Había que estar atentos ahí acudiendo a todas las audiencias. Ha sido el fin de esta pesadilla que hemos tenido. Vamos a poder trabajar más tranquilos. Muchas gracias por su apoyo a cada una de las personas que nos han apoyado. Ahora los responsables tienen que ser juzgados y no deben quedar impunes. La justicia para los pobres tarda pero al final llega” comenta Danny López Shawitt, indígena de la comunidad Paantam que fue sacado de una ambulancia y golpeado en el suelo por policías durante el Baguazo, porque encontraron un rifle AKM escondido en dicho vehículo. Pasó varios años en un penal y luego en arresto domiciliario en una casa-cárcel, pese a que las pruebas arrojaron que nunca disparó un arma.

El cinco de junio del 2009, cientos de indígenas de la etnia awajún y wampis venían por más de un mes bloqueando el sector de la carretera Fernando Belaunde conocido como la Curva del Diablo, cerca de Bagua. Protestaban contra la minera Afrodita, cuyas actividades destruirían la selva amazónica en la que viven hasta hoy. La respuesta del gobierno aprista de Alan García fue contundente: aquella mañana, envío contingentes policiales armados con rifles de guerra que abrió fuego contra los nativos. En esa confusión de balas y lacrimógenas, murieron diez nativos y doce policías también, puesto que muchos de los manifestantes, veteranos de la guerra del Cenepa en 1995, lograron arrebatarles a algunos policías sus fusiles y devolver el fuego.

Paralelamente, cerca de la localidad de Imacita, al norte de Bagua, otro contingente de indígenas dio muerte a once policías que mantenían como rehenes en la Estación 6 de Petroperú, en represalia por el ataque a sus hermanos en la Curva del Diablo. El terrible episodio conocido como el Baguazo, el más trágico conflicto social de los últimos tiempos, hizo famoso el nombre del mayor Felipe Bazán, desaparecido durante los enfrentamientos. La prensa oficial y el gobierno aprista se centraron en victimizar a los uniformados y acusar a los nativos selváticos de terroristas y salvajes ignorantes, llegando incluso a despreciar las diferencias culturales de las etnias que habitan la Amazonía. La más significativa fue la del entonces Presidente de la República, Alan García, quien afirmó que los nativos no son ciudadanos de primera clase.

Castinaldo Ramos, párroco de la iglesia Santiago Apóstol, en Bagua Grande, cuenta su versión de aquel día, cuando acogió a los nativos en el Centro Pastoral de Utcubamba, que él dirige: “Nuestra única motivación fue acogerlos porque los veíamos desprotegidos, nosotros abrimos las puertas del Centro Pastoral como una medida de labor humanitaria. El sábado seis de junio eran alrededor de ochocientos y tantos nativos que se acogieron en el Centro, la mayoría hombres. Es ahí cuando llegó la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y las autoridades, intentando como primer orden dar ayuda humanitaria: garantizar la comida, la salud para algunos que lo necesitaban porque estaban enfermos o golpeados o lesionados. Venían con mucho miedo, los llevábamos al Centro, y de alguna manera con lo que hicimos logramos que no hubiera más conflicto. Si no los hubiésemos acogido en el Centro, los hubiésemos dejado en la calle, y por A o B había una agresión de un policía a un nativo, ahí pasaba cualquier cosa. Hicimos bien en juntarlos en un solo sitio, tenerlos resguardados, porque la Policía declaró estado de emergencia el sábado seis y tomaron las riendas de la seguridad. Pero el comportamiento de los nativos durante todos los días que estuvieron aquí fue excelente, yo no vi revueltas o maltratos entre ellos mismos, ahí había un respeto enorme.”

Entre los nativos que acogió el sacerdote, estaba Feliciano Cahuasa, quien cometió el error de recoger un rifle policial del suelo en la Curva del Diablo antes de escapar. “Por la noche nos enteramos que había gente que había entrado con armas con las que había atacado a los policías, entonces fui a la Fiscalía a comunicárselo y a ver que podíamos hacer para desarmar esas personas. Les pedí por favor que dejaran las armas y que la policía iba a hacer un registro. Entonces cuando hablé con los tres grupos que había, aceptaron dejar las armas a un costado para que la policía las incaute. Ahí es cuando encuentran un arma escondida, uno la había desarmado en tres partes y la había enterrado. Ahí preguntando, preguntando quien la escondió salió el muchacho al que habían mandado enterrar el arma, y quien le mandó hacerlo es una de las personas que ha estado en juicio [Feliciano]. Todo lo registró la Fiscalía. Esa noche, al ver a los que encontraron con eso, la Fiscal determinó que los trajera la policía y extrajeron a tres esa misma noche” añade el Párroco Castinaldo. Posteriormente, Feliciano purgaría más de cuatro años de cárcel, pese a que se demostró que no hizo uso del arma en ningún momento y declaró que en verdad fue un menor de edad quien lo recogió y él se lo quitó para que no lo tuviera.

Fotos de Alan B.

Los relatos sobre lo sucedido se escuchan entre los indígenas, recelosos de conversar con los extraños. Si bien los muertos oficiales son treinta y tres, además del mayor desaparecido, los nativos acusan que decenas de cuerpos de nativos muertos fueron desaparecidos de la Curva del Diablo luego del tiroteo, para luego ser quemados por los policías y no aparecerían como desaparecidos ya que no contaban con documentos de identidad o registro de cualquier tipo. Esta estrategia usada por la policía respondería a la intención de enfatizar un mayor número de agentes del orden fallecidos.

Desde luego, también abundan los rumores sobre el mayor Bazán. La principal versión que comentan los nativos es que durante el enfrentamiento en la curva, al ser capturado por los manifestantes, fue despojado de su uniforme y le pintaron el rostro con dibujos, como hacen los nativos. Luego, habría muerto durante las hostilidades, al ser confundido como indígena, y sus restos habrían sido desaparecidos por los mismos policías.

Posteriormente, cincuenta y dos indígenas enfrentaron un juicio por los hechos de sangre de aquel viernes del 2009, varios de ellos purgando cárcel por años. Ahora que han sido completamente absueltos por la Sala Penal Liquidadora de Bagua, muchas columnas y portadas de medios celebran que a los indígenas se les hizo justicia, paradójicamente por obra de ese mismo aparato judicial que representa a un Estado que los ha postergado por décadas y siglos, que los acusa, los criminalizó, los persiguió y al mismo tiempo protege a quienes generaron el conflicto desde sus posiciones de poder.

Cabe destacar que a pesar de todo el tormento, la estigmatización y el maltrato que la justicia peruana ha deparado para estos nativos y mestizos a quienes no se les ha podido probar que siquiera hayan cogido un arma en sus vidas, la resolución dictada el jueves 22 de septiembre destaca diversos factores hasta ahora ignorados por las políticas de los diferentes gobiernos que vivían sumidos en su indiferencia desde Lima para las comunidades indígenas y campesinas.

Una breve historia del maltrato y la invasión a su territorio que han sufrido los indígenas selváticos, desde los tiempos de los Incas, durante la conquista española, durante la fiebre del caucho y teniendo como momento culminante el trágico Baguazo marcó un inicio ciertamente optimista de la lectura del fallo.

Luego, un punto que hasta entonces había sido bastante criticado: la criminalización de la protesta. El documento reconoció que el hecho de participar en el bloqueo de la carretera no era necesariamente un factor que incrimine a los indígenas, puesto que era una medida necesaria para proteger no solamente el medio ambiente amenazado por la minera Afrodita, sino también para defender su cultura y su modo ancestral de vida.

Finalmente, el punto más destacado por las organizaciones de derechos humanos es el reconocimiento a las diferencias culturales que fueron vejadas tanto por el accionar del gobierno aprista durante la crisis del Baguazo, como en general por los sucesivos gobiernos durante los conflictos sociales donde se criminaliza a los campesinos que defienden sus territorios de las imposiciones extractivas, como en los casos de Tía María, Conga y un larguísimo etcétera. No solo el derecho a la consulta previa, sino también comprender que la justicia peruana no puede dar el mismo trato a quienes pertenecen a una cultura tan distinta del individualismo y el materialismo occidentales que conducen a los funcionarios políticos desde sus oficinas en las ciudades.

Tal vez un punto a criticar fue que no se reconoció el derecho a la autodefensa por parte de los manifestantes que se vieron atacados por los agentes de la Dinoes con balas reales. Se acusó de infiltrados a quienes respondieron la agresión de los uniformados. Si bien es cierto que ninguno de los encausados presentes en la sala participó en los enfrentamientos, también es posible que fueran los jóvenes manifestantes quienes aprovecharon su experiencia militar para devolver el golpe, en defensa de su derecho a la protesta. No en vano se alza una estatua en homenaje a los héroes del Cenepa en la ciudad de Bagua, como homenaje a aquella juventud valerosa que fue enviada al combate contra el Ecuador como carne de cañón por la dictadura fujimorista.

Fotos de Survival International (www.survival.es). Informe completo: http://assets.survival-international.org/documents/44/Informe_Bagua.pdf

Tanto las personas que se alegraron al conocer la sentencia como las que se indignaron pasaron por alto a qué se debía tan extraño veredicto. Si bien no había pruebas suficientes para acusar a los nativos, esto no fue impedimento para encerrarles en la cárcel años atrás, ni para negarles el arresto domiciliario en sus comunidades nativas. Después de haber descalificado a los indígenas, de haberlos señalado como parte de un complot político para desestabilizar las inversiones en el país, de repente fueron absueltos de todos los cargos.

La explicación puede encontrarse en el cambio de gobierno, que si bien mantiene la misma línea de permitir la inversión extranjera de forma desmesurada, fue duramente criticado al tener como primera vicepresidenta a Mercedes Araoz, una de las principales responsables políticas del conflicto. Ella junto con los demás miembros del gabinete aprista del 2009, y con Alan García a la cabeza, prefirieron usar a la Policía para defender los acuerdos comerciales con las transnacionales estadounidenses antes que para proteger los recursos naturales de todos los peruanos. Si bien el Poder Judicial es teóricamente independiente al Presidente, todo parece apuntar a una decisión política desde el Palacio de Gobierno con el fin de limpiar la imagen del partido.

Aunque el general Luis Muguruza y muchos otros oficiales policiales tienen un proceso judicial pendiente por su papel en dirigir el operativo que terminó no solo con civiles muertos, sino con cerca de doscientos heridos de bala, incluidos mujeres y menores de edad, éste avanza con una lentitud cansina entre los pasillos del Poder Judicial de Bagua. Tampoco los responsables políticos como Alan García, Mercedes Aráoz o la exministra del interior, Mercedes Cabanillas, no tienen ningún expediente en contra por su responsabilidad en ordenar una intervención calificada como violenta y desmedida. Los detalles de la cantidad de munición empleada contra los civiles, así como de las acciones para desalojar el bloqueo de carretera, quedan detallados en el Informe 014-2009-Diroes PNP.

“Fue un arduo trabajo de defensa, sin embargo, sabemos que va a seguir esta labor, porque la Fiscalía ha apelado. Pero es absurdo decir que ellos [los 52 acusados] mataron a los policías cuando no existe ningún testigo, ningún agraviado, ninguna pericia que indique que ellos han sido. Los chicos que fueron acusados de homicidio y lesiones, que en un inicio fueron dieciocho más dos menores que estuvieron detenidos, no tuvieron los mismos derechos que los policías que están siendo procesados por la muerte de civiles. Ha habido en ese sentido procedimientos fiscales diferentes. A mí sí me preocupa que hay un memorándum 711, donde se menciona que el operativo estaba coordinado con la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas. Sin embargo, hasta el momento, no se le ha llamado. Al menos, no en este proceso, pero que sea en el proceso que se le sigue a los policías, mínimamente” afirma Katy Pinedo, abogada del Vicariato de Jaén y una de las principales defensoras de los nativos durante el juicio.

En las pantallas de televisión se vio a los nativos escuchando la sentencia que los absolvía y sus expresiones de alegría y júbilo. Tal vez no se les vio en una posterior reunión de celebración en una iglesia cercana, donde brindaron por haberse librado de aquel peso en sus espaldas, aunque reafirmando que esto no los amilana de volver a protestar si la minera Afrodita sigue amenazando la selva que tanto aman.

Cabe recordar que, por miedo a ser acusado, Feliciano Cahuasa no asistió al juicio, recibiendo la noticia de su absolución por la llamada telefónica de su abogado, aunque además debió verla en los medios.

Asterio Pujupat, otro de los nativos que pisó las celdas de un penal por años, no está incluido en la absolución. Se le sindica por aparecer en la última fotografía del mayor Bazán con vida, por lo que fue arrestado meses después del Baguazo, por engaños de personas que le habían prometido llevarlo a otra localidad para que trabaje en la industria maderera, cuando en realidad lo entregaron  a la Policía. Aunque está con libertad condicional, su proceso judicial es aparte.

“Al margen de este juicio, yo creo que se está visualizando dos cosas importantes. El tema de derechos y el tema de la aplicabilidad de la justicia en el país y las políticas del Estado. El trato diferenciado hacia los indígenas ha existido siempre y esto sigue, porque no hay una igualdad de juzgamiento. Sigo manteniendo la posición de los pueblos, que esto no habría sucedido si no hubiera órdenes expresas de desalojo imperativo. Si esto no lo hubiera decidido el gobierno de ése entonces, los indígenas se habrían retirado muy pacíficamente” opinó Alberto Pizango, mientras escuchaba el veredicto. Recordado líder indígena del Baguazo, tuvo que huir del país en el 2009 para asilarse en el extranjero por la orden de arresto que salió en su contra, para luego regresar después de un año y afrontar el proceso.

Es muy sencillo caminar por la ciudad de Bagua y encontrar a alguien con una anécdota sobre el día del Baguazo. El repudio a la actitud y la impunidad del gobierno acompañan a la solidaridad con los indígenas que tienen una cosmovisión incompatible con la rapaz ambición de los empresarios políticos limeños que ven el verde de la selva como una fuente de dinero.

Un día antes de juicio, se celebraba el aniversario de la ciudad, en la misma plaza donde ese soldado desconocido mira de frente a la comisaría desde donde francotiradores policiales disparaban a la multitud manifestante aquel cinco de junio. Los deseos de todos los presentes porque el veredicto sea favorable se colmaron al día siguiente, pero las cruces erigidas a un lado de la pista de la Curva del Diablo, en recuerdo de las víctimas, siguen ahí, tan presentes como la sensación de seguir siendo ciudadanos de un país que no los toma en cuenta, no les consulta, no los perdona, no le importa dispararles.

Con su lanza ancestral en la mano, Merino Trigoso Pinedo, o indio Washuru en su nombre étnico, deja en claro la determinación de sus hermanos: “Un pueblo como nosotros, los jíbaros, awajún y wampis, no salimos por gusto a hacer una protesta, sino con conocimiento de que la Constitución nos lo garantiza, siempre que sea pacífica, y así sucedió. Pero frente a una provocación con armamento de guerra, lógicamente la juventud indígena que cuenta con licenciados de las Fuerzas Armadas, ha tenido la capacidad de enfrentar, sin contar con  nada. He ahí la sangre guerrera que nuestros ancestros nos legaron para defender nuestro territorio”.

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Alan Benavides

Terminé Periodismo, fotografío protestas y escribo sobre conflictos sociales. No me gusta ningún gobierno, ni autoritarios ni represores, ni ningún poder económico.