Melissa Alfaro: Periodismo y verdad frente al terrorismo de Estado

Resulta cada vez más evidente que a juicio de los tribunales peruanos, los medios de comunicación y una parte de la opinión pública, los crímenes de lesa humanidad cometidos por los uniformados a sueldo del Estado no revisten la misma gravedad que los del terrorismo subversivo. El caso de la joven periodista asesinada por militares representa uno más de tantos ejemplos.

Se murió, fue la respuesta fría e indiferente que recibió Norma Méndez de un policía en la puerta de la comisaría, cuando fue a preguntar por su hija Melissa, luego del atentado contra las oficinas del semanario Cambio, aquel diez de octubre de 1991. El principio de los días de violencia contra la prensa que osaba denunciar los casos de violaciones de derechos humanos por parte del Estado.

Meses antes de la muerte de su hija periodista, la señora Norma Méndez cuenta que estaba al lado de un policía que custodiaba el hospital donde ella trabajaba, y escuchó por radio la noticia de una masacre de campesinos por parte militares en algún pueblo olvidado de la sierra. ¡Está bien, así tienen que hacer para matar a esos terrucos! fue otra frase policial que le dejó helada la sangre. Esa misma tolerancia e indiferencia con el terror estatal es una tara que no solamente cargan los uniformados o los políticos que lo perpetraron, sino los mismos peruanos que parecen no saber que podrían sufrirlo en cualquier momento.

Defensores de terroristas es el modo más utilizado para descalificar a cualquiera que se aboque a denunciar los abusos cometidos por los uniformados. Ocurre con los abogados y colectivos de derechos humanos que defienden a las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta, de El Santa, de las esterilizaciones forzadas, de los actuales conflictos mineros y muchísimos casos más. Y eso es lo que ocurría con el semanario Cambio, donde Melissa trabajaba como practicante.

“Nosotros recibimos amenazas desde que empezamos a investigar casos de derechos humanos. Pero en este caso, con asesinatos sistemáticos de jóvenes que eran detenidos, como por ejemplo los estudiantes Ernesto Castillo Páez y Abel Malpartida Páez, ambos de la Católica, detenidos y desaparecidos. Ya comenzaban a conmover a la opinión pública de otra manera porque ya no era en Cayara, ya no era en Huánuco, ya no era en Ayacucho, era acá en la capital. En Lima y Callao era donde estaban ocurriendo este tipo de allanamientos y desapariciones que después han terminado certificados en Muerte en el Pentagonito que es un libro muy ilustrativo de Ricardo Uceda. Por ejemplo, la dictadura tenía hornos crematorios donde desaparecía los restos de los estudiantes. Cuando pisamos ese terreno ya cruzamos una línea en la cual ya no hay reverso, si cruzas esa línea ya estás hiriendo la médula al terrorismo de Estado. Nos convertimos en blanco principal del terrorismo de Estado y las consecuencias tuvimos que pagarlas a tan alto costo como la muerte de Melissa” relata Dante Castro, quien fue su compañero periodista en Cambio.

Meses antes de la muerte de Melissa, el dueño de la tienda que quedaba al frente de las oficinas de la revista recibió un sobre bomba, cuyo contenido de anfo gelatinoso lo mató al instante. El evidente error en la dirección del sobre fue una advertencia de que los periodistas se encontraban en la mira de los agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército. Y el diez de octubre llegó a la recepción del semanario, entre la correspondencia había un periódico enrollado con una cinta al medio. Puesto que había instrucciones de no recibir sobres cerrados, los agentes del gobierno fujimorista se las ingeniaron para introducir el mismo explosivo en un formato de papel que no despierte sospechas.

Todos habían salido a almorzar en la redacción, cuando Melissa abrió el periódico que solamente la mató a ella. Su madre Norma estaba almorzando en la casa de una amiga, cuando escuchó algo en el televisor, y pese a los intentos de su anfitriona por pararse frente a la pantalla para taparla, se enteró que el centro de labores de su hija había explotado. Corrió a la redacción, donde identificó el cadáver destrozado de la joven estudiante de periodismo de veintitrés años.

Dante Castro cuenta que un amigo militar suyo, cuyo nombre prefiere mantener en reserva, se llevó un poco del polvo explosivo que había quedado en el escritorio de Melissa, y luego de analizarlo, le respondió que es un plástico que se obtiene desmantelando misiles que solamente poseen el Ejército y la Marina. Con esto descartó que se trate de un atentado senderista. Del mismo modo, acusa a Augusto Elmore, conocido periodista de derechas de la revista Caretas, de instigar a los militares a cometer el crimen, puesto que en esos meses acostumbraba señalar a Cambio por ser una publicación muy afín al grupo terrorista MRTA e incluso convocaba a los familiares de los uniformados caídos en la lucha antiterrorista a ir a reclamar por sus muertos a la redacción del semanario.

Cabe recordar que si bien Melissa es descrita por su familia y ex compañeros como una defensora de los derechos humanos, también es cierto que lamentablemente algunos de los redactores y directores de Cambio mostraban adherencia y aprobación al accionar terrorista del MRTA en su línea editorial. Un ejemplo es el emerretista Alberto Gálvez Olaechea, quien en los ochenta llegó a escribir en la revista. Tal es así, que el informe final de la Comisión de la Verdad se refiere literalmente al semanario como órgano oficioso de MRTA, el cual reivindicó la sangrienta masacre de personas LGTB cometida por los subversivos en Tarapoto en 1989.

El caso de la muerte de Melissa fue seguido en los tribunales por la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS). Sumado a esto, se creó una comisión investigadora en el Congreso. Pero el autogolpe de Fujimori en 1992 frustró todo esfuerzo por seguir el caso, puesto que además de cerrarse el Legislativo, los legajos judiciales de varios casos de terrorismo de Estado desaparecieron del Palacio de Justicia. Además, en 1995 se promulga la Ley 26479 o Ley de Amnistía, por la que los militares violadores de Derechos Humanos quedaban libres de cargos para curar las heridas y reconciliar al país en palabras de una parlamentaria fujimorista.

El nombre del entonces capitán del Ejército, Víctor Penas Sandoval, quien admitió muchos años después que fue él quien envió la bomba a Melissa, del mismo modo que realizó muchas otras operaciones clandestinas contra opositores al gobierno desde los ochenta, salió a la luz en el libro que refiere Castro, Muerte en el Pentagonito. Pese a que la Comisión de la Verdad poseía la misma información que el autor, en su informe final no aparece el caso.

Fotos de Jai G. y Alan B.

En el 2004, el Perú reingresó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que Fujimori se había salido pretendiendo la impunidad en las atrocidades que cometió contra cientos de peruanos inocentes. Es a partir del 2010 que el juicio contra Víctor Penas se retomó, esta vez a cargo de la ONG de derechos humanos Aprodeh, una de las instituciones más calumniadas por los fujimoristas. Pese a que la etapa de investigación ya concluyó, la Fiscalía aún no empieza con el juicio oral.

El susodicho capitán fue detenido por orden judicial en el 2009. Declaró que actúo por órdenes de Vladimiro Montesinos. Sin embargo, ante la lentitud del juicio y sin una sentencia firme todavía, salió libre meses después por exceso de carcelería. Incluso dejó un comentario en el blog de la familia Alfaro. En su deplorable prontuario, figura el sobre bomba que le envío al abogado Augusto Zúñiga, otro abanderado de los derechos humanos, quien defendía a un militar testigo del espionaje por el que Montesinos fue expulsado del Ejército, además de investigar la muerte de Ernesto Páez, alumno de la Católica que fue desaparecido en los hornos del Servicio de Inteligencia. Zúñiga perdió el brazo izquierdo por la explosión del sobre y tuvo que irse del país con su familia. También admitió que mandó la correspondencia que mató al desafortunado bodeguero que atendía su tienda frente a las oficinas del semanario Cambio.

Melissa no es la única mujer de prensa que incomodó al Estado denunciando sus crímenes durante el conflicto interno. Jaime Ayala, corresponsal de La República, quien denunciaba los crímenes de los militares en Ayacucho, desapareció en 1984 en el cuartel de Huanta cuando entró a presentar una queja. Hugo Bustíos, corresponsal de Caretas, murió también en Huanta, ametrallado por militares cuando investigaba la muerte de una campesina a manos de Sendero. Pedro Yauri fue asesinado en Huacho por el infame grupo paramilitar Colina, bajo órdenes directas de Fujimori, en 1992. Imprescindibles en la lista los ocho periodistas mártires de Uchuraccay, quienes murieron en 1984 en dicho poblado de la sierra porque los ronderos habían sido instruidos por los militares de matar a cualquier extraño y cuya responsabilidad fue escandalosamente encubierta por la comisión investigadora dirigida por Vargas Llosa.

“A ustedes les rompen la cámara, a nosotros nos mataban” sentencia Castro a las nuevas generaciones de periodistas que en la actualidad continúan siendo hostigados por las fuerzas del orden, cuando cumplen su trabajo de registrar los abusos de represión policial durante las protestas populares y conflictos sociales, del mismo modo que Melissa enfrentaba la represión militar durante la época del terrorismo y la dictadura fujimorista. Pero si algo más hay en común, es la aparente indiferencia de los grandes medios de comunicación, del Estado, de los tribunales de justicia y de aquellos ciudadanos que parecen agradar de los gobiernos autoritarios.

“Juntarme con otros familiares es algo que a mí me llena, me sana, y también me complica la existencia. Es estar repitiendo y repitiendo y nos afecta bastante a los familiares pero la satisfacción que se tiene es estar a su lado, acompañarlos y lograr a veces pequeñas cosas” cuenta Norma Méndez, quien luego de tantos años buscando justicia, ha estrechado lazos con los deudos de los estudiantes asesinados de La Cantuta y muchas otras víctimas más del terrorismo de Estado.

“Si estos casos no son sancionados la historia va a tener que repetirse como su tragedia o como su comedia. Pero que se va a repetir la historia, se va a repetir. Porque si no se hace justicia ahora, ya se convierte en costumbre por parte de los miembros del Estado, liquidar, amenazar o desaparecer periodistas. En el momento en el que estallen los conflictos socioambientales, donde el Estado también está asesinando gente, en diferentes gobiernos, se va a repetir la historia.” concluye Dante Castro.

Fotos de Jai G. y Alan B.

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Alan Benavides

Terminé Periodismo, fotografío protestas y escribo sobre conflictos sociales. No me gusta ningún gobierno, ni autoritarios ni represores, ni ningún poder económico.