[FOTOS] Justicia para Hugo Bustíos: Impunidad y violencia policial en sentencia contra Urresti

Un durísimo golpe recibieron los derechos humanos en el Perú ayer con la sentencia absolutoria que la Sala Penal Nacional dictó contra el ex ministro Daniel Urresti Elera, quien venía siendo enjuiciado por el asesinato del periodista ayacuchano Hugo Bustíos Saavedra, acribillado por una patrulla militar a las afueras de la ciudad de Huanta el veinticuatro de noviembre de 1988.

Desde horas antes de la lectura de la sentencia, los exteriores de la sede judicial se vieron atiborrados de agresivos simpatizantes del ex general y actual candidato municipal Urresti. Del mismo modo, también arribaron decenas de activistas de derechos humanos, pero sobre todo feministas, entre ellas varias escolares. La pésima actuación de la Policía desplegada en el lugar, lejos de buscar evitar confrontaciones entre los dos grupos, se limitó a desalojar violentamente el frontis, empujando a ambos bandos hacia el mismo lado, por lo que los enfrentamientos no se hicieron esperar. Los uniformados no dudaban en golpear furiosamente a las manifestantes contrarias a Urresti, intentando a toda costa que se acerquen a la entrada del juzgado. Incluso el personal de prensa fue objeto también de la irracional furia de los antidisturbios.

Tras horas de hostilidades, todos esperando el veredicto fuera del recinto, al darse a conocer el resultado, Urresti salió raudamente sin prestar declaraciones. Minutos después, Sharmelí Bustíos, hija del periodista y de la también fallecida Margarita Patiño, quien luchó por justicia durante casi tres décadas, declaró entre lágrimas “¡Qué barato sale en este país matar a un periodista!”

Urresti no solamente es acusado de matar a Hugo Bustíos aquella mañana de 1988, sino también de haber violado días después a la campesina Ysabel Rodríguez Chipana, en un intento de amedrentarla, pues es testigo clave del caso, al asegurar que lo vio integrando el grupo de militares que ametralló la motocicleta donde pasaba el hombre de prensa, en la localidad de Quinrapa-Erapata. Su testimonio ha concitado la solidaridad del movimiento feminista en el país, ya que al igual que la mayoría de casos de violación que se tornan mediáticos, su testimonio ha sido negado y descalificado por el presunto agresor, quien no duda en insultarla de terrorista arrepentida ante las cámaras. En los años ochenta, Ysabel fue rondera, es decir, integró los comités de autodefensa que formaron los campesinos para luchar contra los terroristas de Sendero Luminoso durante el trágico conflicto interno que vivió el país.

A lo largo del proceso judicial, se observaron varias irregularidades por parte de la defensa de Urresti. Por ejemplo, en el 2015 presentó a Donata Ruiz Palomino, vecina también de Quinrapa-Erapata, quien tildó como terrorista a Ysabel Rodríguez e incluso llegó a agredirla físicamente durante una diligencia judicial. Fue demandada por difamación y perdió el juicio, evidenciándose que su testimonio era falso. Asimismo, en agosto de este año, también se demostró que un documento presentado por la defensa, una declaración jurada de un supuesto testigo, Cristóbal Gavilán, donde también afirmaba que Ysabel era senderista. No solamente el testigo manifestó haber sido amenazado para declarar así, sino que el hijo del notario que supuestamente certificó la declaración jurada, manifestó que esa no era la firma de su padre, por lo que el documento también es falso.

Asimismo, la conducta de Urresti en las audiencias judiciales también dejó mucho que desear, ya que constantemente tuvo una actitud matonesca y amenazante frente a los testigos que declaraban en contra suyo. Este comportamiento le valió ser expulsado de la sala en múltiples oportunidades. Cabe recordar el modo burlón en que se mofó de Ysabel en pleno recinto la primera vez que lo acusó frente a los jueces de haberla violado, en el 2015.

Fotos de Jai G. y Alan B. 

Más allá del testimonio de Ysabel, lo que sí ha quedado claro es que el seudónimo de Urresti en 1988 fue capitán Arturo, y que fue el oficial de inteligencia militar en la base de Castropampa, en Huanta, de la que partió el contingente que mató a Bustíos. Ya en el 2007 fueron enviados a la cárcel el ex teniente coronel Víctor La Vera Hernández y el ex capitán Amador Vidal Sambento, apodado Ojos de Gato, al ser encontrados culpables por el asesinato de Bustíos. Fue este último oficial quien en el 2009 señaló que Urresti también integraba el escuadrón de la muerte.

En Huanta, hasta el día de hoy rondan los testimonios de las atrocidades cometidas por los efectivos del Ejército de la base de Castropampa, y en particular por el capitán Arturo, habiendo más de una docena de agricultores desaparecidos en 1988 cuyos casos siguen pendientes de justicia. Urresti asegura que en su calidad de capitán de inteligencia, nunca salía de la base a realizar operativos militares, sino que permanecía siempre trabajando dentro de su oficina. Esto resulta bastante inverosímil en relación al papel que cualquier oficial de inteligencia desempeña en cualquier unidad castrense del mundo, según afirmó ante los jueces Carlos Tapia, analista experto en estos temas.

Tras retirarse con el grado de general del Ejército, Daniel Urresti se desempeñó como alto comisionado contra la minería ilegal, por lo que se le responsabilizó de la represión contra el paro regional de Madre de Dios, que se saldó con la muerte de un civil por disparos policiales en el 2014. Luego fue nombrado ministro del Interior en el gobierno de su compañero de promoción en la escuela de oficiales, el ex presidente Ollanta Humala. En su gestión, ordenó a la Policía reprimir las marchas juveniles contra la recordada Ley Pulpín. También mandó sofocar violentamente las protestas contra la petrolera Pluspetrol en la localidad selvática de Pichanaki, en el 2015, muriendo otro manifestante baleado, pese a que su despacho negó que los policías porten armas. Postuló fallidamente a la presidencia del Perú en el 2016 y se presenta como candidato a la alcaldía de Lima en el 2018.

El jueves por la tarde, los magistrados del Colegiado B de la Sala Penal Nacional dieron lectura a la sentencia, en la cual aseguraron que no existen pruebas suficientes que incriminen al acusado como partícipe en el homicidio de Bustíos. Los jueces Miluska Cano, Otto Verapinto y Omar Pimentel, son los mismos que en diciembre del año pasado también absolvieron de cargos al ex teniente coronel Víctor La Vera, ex comandante de la misma base de Castropampa y ex jefe de Urresti, en el caso de Sonia Muñoz, mujer que fue salvajemente torturada por los uniformados de dicha dependencia militar en mayo de 1988, es decir, unos pocos meses antes.