Jimena Renace: Padres demandan justicia, tras utilización de marcha por grupos conservadores que piden pena de muerte

Jimena desapareció el primero de febrero de este año, después de asistir a clases de verano en la comisaría de su barrio en Canto Grande, en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, al norte de Lima. Su padre la acompañó hasta unas cuadras antes del edificio policial. Cuando su familia fue a buscarla al término de las clases, ya no estaba. La versión de los uniformados que se encontraban de servicio en la comisaría fue que la niña nunca llegó a entrar a clases. Pero sus compañeras inmediatamente lo desmintieron, así como un vídeo en el que se ve a la menor todavía con vida subida a una bicicleta con un hombre adulto. Ese hombre es César Alva Mendoza, quien secuestró, violó, asesinó y calcinó a la pequeña de solo once años, que apareció a menos de diez minutos del lugar donde desapareció.

“Es ahí donde es reglada por este tipo” relata el técnico de la Policía encargado de investigar el caso, quien refiere que el secuestro de Jimenita fue muy bien planeado por César Alva. “Ha hecho lo mismo con niñas distintas. Es de Nazca, sus papás son de allá. Tiene denuncias por violación, por robo, venta de drogas. En Nazca violaba, venía a Lima. Estaba en Lima, hacía esa situación, venía a Nazca. Ha sido dos veces denunciado y andaba libre por las calles”. No solamente gozaba de impunidad, sino que también colaboraba con los efectivos de la comisaría: “Él informaba dónde había droga, dónde vendían estupefacientes en San Juan de Lurigancho y la Policía intervenía”. Reconoce que hubo una tremenda negligencia por parte de sus colegas en permitir que la niña salga de la institución antes que sus padres la recojan.

Jorge y Diana, los padres de Jimena, asisten a cada audiencia judicial en el penal de Lurigancho, donde el juicio se realiza por teleconferencia, puesto que el reo se encuentra preso en el penal de Cochamarca, en la alejada sierra de Pasco. “Insistiremos en que este señor vuelva a llegar a la ciudad de Lima, porque tiene un trato, tentamos, un poco privilegiado en Cochamarca” afirma Julio Quintanilla, abogado de la familia. El miércoles último, consiguió que la orden de prisión preventiva contra Alva se amplíe a nueve meses más, ante la demora del proceso, pese a que ya se presentaron a los jueces las pruebas en vídeo y el peritaje de la Policía.

Sin embargo, lo repetitivo del caso es que la defensa de César Alva está argumentando locura por parte del acusado, para así atenuar la pena. Quintanilla, además de haber sido abogado del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también litigó a favor de las víctimas en los recordados casos del asesino Clímaco Basombrío y también de Huber Chacara, quien mató a un estudiante dentro del campus de la Universidad San Marcos en el 2017. En ambos juicios, los imputados alegaron locura; solamente el segundo consiguió que los magistrados le crean. “En tal sentido, la prueba psicológica, si está o no loco, que por supuesto no lo está, porque es un tipo frío, calculador, mañoso, con antecedentes en delitos de violación, no puede sorprender. Él está cuerdo y debe ser merecedor de a pena máxima establecida por ley, en el marco del debido proceso”. El abogado Quintanilla y la familia están pidiendo cadena perpetua para Alva, por los cargos de secuestro y de violación con consecuencia de muerte.

PENA DE MUERTE COMO MEDIDA POPULISTA

Cuando recién se había consumado el crimen en febrero, los padres habían manifestado que deseaban la pena de muerte para el criminal. A sus voces se sumaron muchísimas más durante la multitudinaria marcha de protesta que recorrió Lima a los pocos días del asesinato, pero dichos reclamos son problemáticos. En el año 2016, Amnistía Internacional publicó un informe dónde aportaba datos que desmentían que las ejecuciones judiciales conllevasen menos criminalidad. De hecho algunos países, como Canadá, desde que abolieron la pena capital han demostrado índices más bajos de homicidios.

Además, aplicar la pena de muerte obligaría al Perú a retirarse del Pacto de San José, lo cual significa perder el derecho de víctimas de violaciones de derechos humanos a llevar su caso hasta la CIDH, instancia muy recurrida al toparse con la corrupción y desidia del Poder Judicial peruano. Dicha comisión ha intercedido en varios casos de violencia sexual contra el Estado peruano, para por fin obtener justicia. Asimismo, éste organismo es el que recomendó la reciente anulación del indulto al ex dictador Alberto Fujimori; y el único partido que ha presentado un proyecto de ley pidiendo la pena de muerte para violadores de menores es Fuerza Popular. Explotar la rabia y la frustración que generó el caso de Jimenita fue una estrategia política por parte del fujimorismo y así, no solo blindar de impunidad al indulto a Fujimori, si no también evitar cualquier sanción a quienes cometieron delitos durante la dictadura de los noventa.

Porque, si bien esta violación y asesinato logró convocar a miles de personas en la marcha a inicios del 2018, no es única ni mucho menos. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, durante el año pasado, 3 117 menores de edad sufrieron violencia sexual. En la mayoría de casos, se trató de alguien del ambiente cercano a la víctima, como un familiar o una persona de confianza, y no de un monstruo, como se le llamó al abusador de Jimena.

Diversos colectivos feministas, algunos de los cuales llegaron a hacerse presentes al término de la movilización, como el movimiento Ni Una Menos, exigen una educación con un real enfoque de género, para evitar y prevenir la violencia sexual tan preocupantemente recurrente en la sociedad peruana, ya que los violadores se encuentran en el entorno de la mayoría de mujeres. Asimismo, piden mayores penas de cárcel para agresores sexuales y feminicidas, y un protocolo específico y capacitaciones a policías y jueces, en lugar de la pena de muerte, a la cual se oponen rotundamente. Desde luego, continúan luchando por lograr la despenalización del aborto para las víctimas de violación.

Fotos de Jai G. y Alan B.

En toda la manifestación del ocho de febrero, se pudo ver a miles de miembros de colectivos en contra del aborto por violación, contra el enfoque de género en los colegios durante la lamentablemente recordada campaña homofóbica Con Mis Hijos No Te Metas y grupos religiosos que se han opuesto a la libertad sexual de las mujeres de forma histórica, pidiendo las cabezas de los violadores, a pesar de que sus posiciones ideológicas provocan la muerte de las mujeres peruanas a diario.

“A veces el problema es que la mujer no denuncia, no acude a la comisaría y eso es un problema para ella. Si una chica permite que le golpeen, la van a seguir golpeando toda la vida” argumenta como excusa el investigador policial entrevistado, echándole la responsabilidad a la víctima, a la vez que se niega a aceptar que sí existe una mentalidad machista por parte de muchos efectivos de las comisarías al recibir las denuncias por violación.

Jorge menciona que los grupos conservadores, así como los políticos de los partidos de derecha, solamente los acompañaron esos primeros días, mientras el caso era mediático. Luego, son los colectivos feministas los que los han seguido apoyando.

Por su parte, Diana está desconsolada al tener que asistir a cada audiencia y revivir los detalles en los que murió su pequeña. “Quisiera invocar a todos, que se unan para que esto no quede impune, para que no repita con más familias. Esto ya es un tema de falta de educación. Hay demasiada diferencia entre el hombre y la mujer, pero eso ya no debe suceder. El gobierno debe decir un basta, un hasta a acá a que las mujeres sigamos marginadas”.