Paro Agrario: “El gobierno está matando el agro peruano”

Treinta de enero al mediodía: Nelson Martínez y Jesús Cornejo acaban de abandonar la sede del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) de La Molina, en medio del  “Diálogo Agrario” que se organizó para cien representantes de agrupaciones agrícolas. Nadie creería que horas antes en la mañana, apenas llegados a Lima -después de quince horas de viaje- tuvieron que imponerse para poder ingresar, porque “el paro agrario se siente adentro, se siente en el campo” y buscaban directrices por parte del ministro, para su gente que ansiosa las pedía.

En sus caras hay decepción. El presidente de la Junta de Usuarios de Majes y el presidente de Junta de Usuarios del Tambo, arequipeños ambos, ven muy lejana una solución. “Nos tocó otro más”, dice Martínez aludiendo al flamante ministro del sector José Arista. “Fue lo de siempre, solo habló él y no dijo nada” continúa.

“Quizá la reunión se debió dar después de escucharnos. Él mismo dijo que no conoce la realidad entera del país, no sé entonces cómo propone. No ha hablado de la crisis económica del sector ni sobre la asistencia técnica tampoco ha dicho”, aporta Cornejo Reynoso.

Gestionan sus boletos de regreso, ya no tienen nada que hacer acá. Al ser cuestionados sobre un posible conflicto social de gran magnitud, de un problema mayor gestado por el descontento en las chacras, muestran escepticismo. Sostienen que el agricultor no tiene ideología política, que no se levanta, que es humilde, que solo se resigna y llora. Saben que el panorama que viene no pinta bien, pero no se imaginan cuánto.

El primero de febrero del 2018 el país amaneció con la noticia de que Irineo Curiñaupa Campos y Celestino Flores Venturo habían muerto en manos de la Policía Nacional del Perú. Ellos fueron baleados cuando acataban un paro agrícola indefinido y bloqueaban las vías. Huancavelica y Pasco se vestían de luto, pero en distintas regiones también se reportaban heridos de gravedad. El campo gritaba y el gobierno contestaba ¿Cómo fue que pasó?

LO DE SIEMPRE

“Nuestro país, desde hace dos décadas, ha dejado en el abandono absoluto a la agricultura familiar, no la entiende o no la quiere entender. El modelo económico que se propugna no apuesta ni por su desarrollo, crecimiento o distribución, lo que ha hecho que a lo largo de los años se haya ido empobreciendo más y más”, sostiene el ingeniero zootecnista ambiental y especialista ambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi.

Hay cifras que corroboran tal afirmación: el Presupuesto Público para el Año Fiscal 2018 asigna un 2,35% de su monto total a la función agropecuaria, teniendo incluso al sector Defensa por delante con una partida del 3,41% y al del Orden Público y Seguridad con un 6,1%

La apuesta al rubro suena insuficiente si es contrastada con la cifra que nos arroja el IV Censo Nacional Agropecuario 2012: existen en el país 2 260 973 productores agropecuarios. Y contrasta aún más con lo estimado por el Minagri en el 2014: un aproximado de uno de cada cuatro peruanos vive de esta actividad. No obstante, un presupuesto asignado del 2,35% se registra como un progreso si se echa una ojeada a años anteriores: el 2017 con un 1,41% y el 2016 con el 1,44%

“La economía liberal tiene principios distintos a la de la economía campesina y diversificada. El agro familiar es una actividad de riesgo y es aquí en donde se enfrenta a los intereses privados, que ahora son imperantes en todo, que le dan las espaldas y lo condenan”, comenta Fabiola Yetcking, investigadora en antropología y desarrollo en las comunidades campesinas e indígenas de la región andina. Explica que, ante la natural volatibilidad de los productos en las chacras, solo destacan autoridades, una tras otra, negándose a una verdadera planificación agrícola, estableciendo así un círculo vicioso de pobreza.

Martínez, presidente de la Junta de Usuarios de Majes, comenta que él junto a su grupo, un tiempo intentaron armar un plan de intención de siembra, pero justifica el cese de tal esfuerzo sosteniendo que son “tan pequeños y aportamos tan poco en la realidad agrícola del país”. La sobreproducción o escasez de un producto determinado es imposible de controlar por dos mil campesinos, por más comprometidos que estos estén.

“La negativa a planificar y la idea de que el mercado lo soluciona todo se constituyen, sin duda, en un dogma por parte de los gobiernos desde hace años, que se resisten a entender que hay actividades en los que la regulación es necesaria” continúa Yetcking Vilela.

El distanciamiento del gobierno en las actividades diarias de sus ciudadanos y fuerzas productivas viene acompañado de una conquista empresarial en los ámbitos anteriormente públicos. En el campo, se traduce en la negación a la dación de créditos financieros, o en el mejor de los casos, en el otorgamiento de estos con intereses astronómicos. Este malestar sale a la luz en el punto cinco del pliego de reclamos de este último paro agrario, dado a conocer por la Comisión Nacional de Productores de Papa: “Se revisen los intereses que aplica Agrobanco a los agricultores que ronda cerca del 25%”.

“La tasa de interés que cobra Agrobanco parece más la de una entidad privada y no estatal. Ahora es semiestatal porque terceriza con otras entidades financieras. Aquí hay una denuncia incluso pública a la situación de Agrobanco como un programa que no responde ni a la realidad de los agricultores ni como respuesta que vaya a solucionar sus problemas”, explica la congresista izquierdista Tania Pariona, después de haberse reunido con dirigentes agrarios de Ayacucho. Ella no culpa al privado de la situación que ha creado para los hombres del campo, ya que a final de cuentas, no hace más que actuar en base al lucro, su razón de ser. Responsabiliza al Estado, que al desistir de cumplir sus funciones, sentencia a miles de familias al estancamiento, ya que sin créditos no tienen posibilidad de crecer y acomodarse a una competencia cada vez más reñida. A los pequeños y medianos campesinos se les ha cerrado las puertas.

“Los pequeños campesinos son despreciados y discriminados por sus pobrezas. Para poder participar en licitaciones del Estado, por ejemplo, tienen que estar formalizados, pero pequeños agricultores no pueden tener acceso a esas condiciones que exige la ciudad, y con qué plata podrían. Eso genera que los agricultores no pueden llegar a esos mercados, hay mucha complejidad dentro del proceso”, menciona Berrospi.

Medido bajo la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas en materia de instalaciones, equipo, área de post cosecha y demás variables; el trabajo del pequeño agricultor -sin créditos y fracasado económicamente- pierde cualquier oportunidad, muy probablemente para siempre, pues se asume la imposibilidad de adaptarse a estos requerimientos, ya que para ello debería contar con grandes sumas del dinero, que por supuesto no dispone.

“Se les compra a los que están formalizados, pero si no les das las condiciones a esos pequeños, si no les das tecnología, si no les das facilidades ¿cómo van a tener una competencia con esos grandes?” insiste Berrospi de la Red Muqui.

LOS AVANCES DEL AGRO

Es precisamente en esos grandes donde el Estado centra sus esfuerzos. “El nuevo ministro José Arista, por ejemplo, llegó hablando de agroexportaciones. Si para nuestros hermanos del campo, los requisitos que se plantean a nivel Estado son un desafío, los de las exportaciones son un imposible. El agroexportador es de la élite” considera Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria.

Los Tratados de Libre Comercio están entre esas ventajas para los grandes que rechazan la realidad de los más pobres. “Grandes productores de espárragos, paltas y frutas han tenido un gran despegue con los TLC y con los incentivos que les ha dado el Estado. Sin embargo, el costo de vuelta ha sido la entrada de otros alimentos que no compiten con este agricultor, sino con los más pequeños: maíz, trigo y soya entran casi regalados, pues son subsidiados por sus países, y se crea un comercio injusto” narra Huáscar.

Mientras el agro estadounidense disfruta subvenciones y beneficios en el marco de la ley norteamericana conocida como Farm Bill, y la Unión Europea hace lo propio con la Common Agricultural Policy (CAP), el Perú tiene en la Ley de Promoción Agraria o Ley 27360 un marco normativo que únicamente promociona la labor de las grandes empresas agroexportadoras, en desmedro de los derechos laborales de los agricultores, y que además convierte a este poderoso grupo en uno de los más beneficiados en materia de exoneración de impuestos. La  Ley 27360 es llamada Ley Chlimper, puesto a que fue promulgada cuando el fujimorista José Chlimper fungía como ministro de Agricultura y era presidente del directorio de la Sociedad Agrícola Drokasa S.A.

Más allá de discursos vacíos que los últimos presidentes enuncian sobre políticas agrarias, sin que el pasado mensaje de fiestas patrias de Kuczynski fuera la excepción, lo cierto es que los proyectos emblemáticos que sirven de escudo para las autoridades cada vez que se les reclama el desentendimiento con el sector, tales como Olmos, Majes y Chinecas, no son más que otra forma de discriminación para el pequeño campesino.

Fotos de Jai G. y Alan B.

OLMOS Y EL REGRESO DEL PEÓN

El proyecto de irrigación Olmos, por ejemplo, concebido con la idea de hacer crecer la agricultura trayendo agua a zonas desérticas, se fue perfilando cada vez más como una obra dedicada a la agroindustria y a la agroexportación. Hoy, el cincuenta y seis por ciento de las tierras de Olmos se encuentran en manos de un solo dueño: el Grupo Gloria S.A. Esto ha traído varios comentarios en contra que señalan que la subasta de las parcelas favoreció a las grandes empresas exportadoras y olvidó a los productores de economía familiar: los terrenos en venta constaban en especies de paquetes de muchas hectáreas que no estaban en posibilidades de ser pagados por alguien que no maneje sumas millonarias y además, en el concurso de los lotes se hizo uso de un algoritmo que estableció que quien compraba más tierras, pagaba menos.  La réplica del grupo Gloria a estas anotaciones no deja de llamar la atención: argumentan que su presencia resultará positiva puesto a que se traducirá en la creación de mil quinientos empleos directos.

“Hay un interés de grandes grupos económicos que quieren esclavizar a los campesinos. Lo llamamos así porque quieren utilizar la mano de obra muy barata. Tu producto no produce, no eres rentable, entonces yo te voy a contratar y voy a pagarte el sueldo básico y todas tus tierras las voy a usar y trabajarás para mí. Entonces, ¿el campesino va a sobrevivir con esos ochocientos cincuenta soles?” se pregunta el ingeniero Berrospi.

“A esta situación yo no le encuentro solución. Vamos a volver al tiempo de los patrones y los peones. La agricultura está llegando a eso con las grandes empresas ¿Acaso esos les pagan bien a sus trabajadores? No les pagan bien” declara Nelson Martínez.

El apoderamiento del campo en pocas manos llama tanto la atención, que varios campesinos no descartan que este paquete de indiferencia y desentendimiento por parte del gobierno sea algo planificado. La negación a los créditos, el golpe con las importaciones y la discriminación en los beneficios podrían ser intentos de eliminar una forma de vida que se aparta de la lógica de productividad con la que ciertos intereses privados trabajan.

“El Estado quiere darle facilidad a la minería para que avance. Yo lo veo totalmente claro porque ya nos están dejando en una dependencia de una importación extranjera: abrirle las puertas al mercado externo para que nos alimente y bombardearnos a nosotros para que no podamos ya tener la oportunidad de producir nuestro propio alimento. Dejaremos la papa, dejaremos el arroz, dejaremos que el gobierno importe toda la alimentación de afuera”, manifiesta Cornejo Reynoso, quien vivió el conflicto de Tía María desde cerca. “Claramente el gobierno, con sus políticas, está matando el agro peruano”.

LO DE HOY

El bajón en el precio de la papa fue el factor que animó a los productores a iniciar el 2018 con una serie de protestas. Veinte céntimos por un kilo de papa era una suma que no les permitía ni recuperar lo invertido y, además, se habían visto ya afectados por un cúmulo de malas cosechas que armaban un escenario desde siempre temido.  Nelson Martínez lo explica así: “La agricultura siempre ha sido una lotería, pero sucede que este año todo está barato. Antes por ejemplo sembrabas papa, perdías en la cebolla y no había problema, pero este año has perdido en todo. No tienes nada en qué arrimarte”.

Ante tal situación, el Minagri propuso facultar a los gobiernos regionales a comprar el excedente de producción de papa. “Fue un paliativo ciertamente cómico, si lo que se reclamaba era el precio de la papa, ni siquiera se atrevieron a estipular un precio de compra, ahí puedes ver al ministro diciendo que eso no está en sus competencias, que esa parte del mercado no se puede tocar” recuerda Antolín Huáscar.

Los paperos, ante la amenaza de la papa precocida importada, demandan al Minagri impulsar el valor agregado. Ante la sobreproducción, piden al Estado la planificación. Señalan el accionar del intermediario y lo rechazan. Un grupo pide condonación de las deudas, puesto a que solamente perdieron, y otro pide que el gobierno se encargue de los intereses. Critican a  Agrobanco pero lo defienden ante la amenaza de un cierre.

Después de casi un mes, el gobierno ha empezado a escuchar a los agricultores. Si bien ha suscrito distintos acuerdos en cada región, hay puntos que se repiten, cuatro de ellos:

  1. Ratificar la adquisición de siete mil kilogramos de papa blanca por productor con un precio de un sol por kilo.
  2. El Minagri brindara asistencia técnica y capacitación a los productores, a través de los diferentes programas con la finalidad de mejorar la productividad de la papa.
  3. El Minagri facilitara el acceso a líneas de crédito (insumos, semilla y fertilizante) con intereses entre cinco y diez por ciento anual, mediante el Fondo Agroperú para pequeños productores de papa, a partir de marzo.
  4. El Minagri, en coordinación con las organizaciones agrarias y juntas de regantes, podrán en marcha un sistema de planificación y monitoreo que permita dar un seguimiento a la siembra y cosecha de cultivos, a fin de evitar sobre producción o escasez de productos alimenticios.

Sin embargo, hay vidas que se han perdido y derechos que han sido vulnerados como si no fuera gran cosa. Edwin Alejandro Berrospi lo planteaba desde ese primero de febrero negro: “El gobierno tiene que, en primer lugar, entender que el campesino es una persona, que tiene los mismos derechos que Roque Benavides y los grandes empresarios. El gobierno no puede ser solamente para cuidar los intereses de estos grupos de poder, tienen que entender que el campesino también es peruano y que tiene los mismos derechos. Sólo entendiendo eso, tiene que ir a conversar con los campesinos para plantear qué es lo quieren”.

LOS QUE SIEMPRE LUCHAN

En Lima, a las afueras del Mercado Mayorista de Santa Anita, cientos de agricultores paperos llegados de Huánuco acamparon en protesta por varios días, vigilados de cerca por los policías antidisturbios. Pedro Vásquez Mendoza, dirigente campesino del distrito de Chaglla, en la provincia de Pachitea, refiere que entre sus demandas solicita que el gobierno declare en emergencia el agro nacional. También, que se incremente el mísero porcentaje al diez por ciento del presupuesto. “Donde trabajamos, el precio de la papa está a diez céntimos el kilo; cien kilos los tenemos que dar por ocho o diez soles, no alcanza ni para darle alimentos a nuestros hijos”.

Explica que en esta última temporada de cosecha, que dura seis meses, cada agricultor de su región, la gran mayoría con la carga familiar de varios hijos, ha vendido entre cien y doscientos sacos de papa, obteniendo un promedio de dos mil soles, al bajo precio actual. “La inversión que se hace por hectárea, es de doce a quince mil soles, para una producción de aproximadamente veinte toneladas. A diez céntimos. Tenemos agricultores con una, dos o tres hectáreas cada uno”.

Señala las limitaciones técnicas que tienen para competir con la agricultura tecnificada de otros países: “Todo agricultor siempre ha utilizado su buey, sus toros, su arado, su reja, su fuerza, la mano que uno mismo tiene que emplear”. Refiere que es muy raro encontrar un tractor en su localidad, ya que la geografía abrupta impide llevar o utilizar maquinaria pesada, por lo que prefieren utilizar incluso herramientas ancestrales, como la chaquitaclla incaica.

La provincia de Pedro estaría entre las últimas en deponer el paro agrario, tras acordar que el Estado les compraría la sobreproducción de papa. “Si no es por la fuerza del agricultor, estoy seguro que Lima muere de hambre, porque nosotros producimos para el Perú”.

Enfrentamientos entre campesinos y policías en la comisaría de Cayhuayna, en Huánuco

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María Sosa

Periodista que básicamente escucha, denuncia y escribe.