[OPINIÓN] No sólo es la informalidad, es la explotación laboral

Tras el terrible incendio en los almacenes de Las Malvinas, donde murieron dos jóvenes encerrados en precarias condiciones de trabajo, los opinólogos neoliberales salieron rápidamente a culpar a la informalidad laboral de los padecimientos de los trabajadores, obviando el principal motivo de la postergación de sus derechos: la conocida política del cholo barato.

Incentivar el modelo de crecimiento económico, favorecer a las empresas para que generen puestos, destrabar las inversiones, eliminar las barreras burocráticas, flexibilizar la legislación laboral y desenmascarar a las supuestas cúpulas sindicales, todos son eufemismos usados por los adeptos al libre mercado para justificar la pérdida de derechos por parte de los trabajadores. El más mínimo incremento en el sueldo mínimo vital es visto como un obstáculo para que los negocios privados puedan desarrollarse y contribuir a modelo de economía de mercado que rige en el Perú y que según el discurso hegemónico,  traerá empleo y prosperidad para todos.

Lo cierto es que la política de medrar los derechos laborales y favorecer a las grandes compañías privadas permitiéndoles contratar al personal en condiciones cada vez más flexibles, inició en los noventa con la dictadura fujimorista, aquella que acribilló al líder sindicalista Pedro Huilca frente a su hija y que destruyó el derecho a la negociación colectiva, mediante la cual los sindicatos podían sentarse a negociar con sus empleadores.

Volviendo a la actual coyuntura, las víctimas de Las Malvinas, aquellos muchachos que se vieron forzados a trabajar armando fluorescentes encerrados en contenedores para poder ganar veinte soles diarios y así sobrevivir, fueron la muestra de aquel sistema que considera a los peruanos asalariados como meros recursos logísticos. Ese sistema es la explotación laboral, aquel síntoma de la economía neoliberal donde nada está por encima de la empresa privada, ni siquiera las personas.

Ante el escándalo que supuso para la opinión pública la evidencia de esta situación laboral, algunos periodistas y otros defensores del modelo impuesto por Fujimori sacaron del baúl la mejor excusa para intentar justificar el desastre: la informalidad, aquella modalidad de trabajo sin ningún reconocimiento legal en la que muchos peruanos han caído en las últimas décadas al no poder integrarse en la economía formal que los excluye, los margina.

Ya lo dijo el pasado martes Aldo Mariátegui, inefable nieto del fundador de la izquierda peruana, quien, dejando de lado el legado familiar, despotrica contra las protestas populares y los movimientos sociales. Esos chicos que se han muerto hubieran estado felices de trabajar con la Ley Pulpín, afirmó mientras entrevistaba a los jóvenes que protestaban contra la actual reforma laboral, como si figurar en una planilla hubiera podido a proteger a las cuatro víctimas del fuego que consumió aquel almacén donde eran explotados por un sueldo mísero.

Trabajo informal, mal que aqueja a cerca de un setenta por ciento de la población económicamente activa del Perú según indica un informe del Instituto Nacional de Estadística (INEI), es la opción a la que se han visto empujados no solamente los ambulantes que nos ofrecen viandas en las calles mientras huyen de las hordas municipales prestas a golpearlos, sino también muchos jóvenes que se convierten en mano de obra barata para inescrupulosos hombres de negocios que les niegan gozar de los pocos beneficios que la ley, con la excusa de que sus emporios recién están comenzando a levantarse y que más bien deberían agradecerles por darles un empleo.

El mejor ejemplo de la informalidad se puede encontrar en los interminables talleres textiles de Gamarra, donde llegan cientos de jóvenes provincianos todas las semanas que vienen a Lima buscando un futuro mejor y terminan cosiendo polos por unos pocos soles, encerrados con candado entre máquinas de coser y fardos de tela, para que no se vayan a robar mercadería. Sin embargo, su destino no es muy diferente a quienes también son explotados por empresas más apegadas a la legalidad.

En el 2000, con la caída de la dictadura, Hernando de Soto, economista adepto al fujimorismo y básicamente fundamentalista de mercado, en su libro El misterio del capital, levantó la premisa, entre muchas otras,  que la clave para el desarrollo económico del país sería la formalización de las propiedades, para que así los peruanos puedan acceder a créditos del sistema financiero y contar con mayores recursos para invertir. Más de quince años después, con la crisis financiera por la ruptura de la burbuja crediticia que endeuda a los pobres mientras los Estados neoliberales les imponen políticas de austeridad a la vez que rescatan a los ricos, queda claro que la formalidad no necesariamente augura equidad social si se apoya en leyes que no atacan la explotación y la desigualdad. El ámbito laboral no es la excepción.

Fotos de Alan B.

Ochocientos cincuenta soles mensuales es el sueldo mínimo que reciben por ley quienes tienen la suerte de conseguir un trabajo en planilla, además de poder atenderse en los alicaídos consultorios médicos de EsSalud, pero también tienen que descontar que las entidades privadas de previsión conocidas como AFPs se lleven más de la décima parte de sus sueldos a cambio de prometerles una pensión para la vejez que no pidieron ni tampoco les alcanza mucho. Desde luego, todo dentro del marco legal, aquel que obedece a la Constitución fujimorista de 1993.

Un sueldo mínimo que no garantiza en lo absoluto condiciones mínimas para llevar un nivel de vida decoroso según el costo de la canasta básica familiar, ni para el dependiente ni mucho menos para su familia. Poco más de la mitad de trabajadores peruanos ganan apenas ese sueldo básico o menos, según un informe del año pasado de la Red Latinoamericana de Investigaciones de Compañías Multinacionales (RedLat). Es decir, la tan elogiada formalización que tanto aluden los neoliberales en las pantallas televisivas y en las columnas de opinión de los diarios de derechas, apenas les alcanza para seguir siendo pobres. Esto no parece ser así para el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, quien indicó en una reciente entrevista que dicho monto salarial es adecuado para el nivel que vivimos en Perú, generando la indignación de los sindicalistas.

Las tiendas por departamento, firmas trasnacionales que venden las mejores marcas de ropa a los consumidores, remuneran a sus empleados, todos formalizados, mediante comisiones por ventas, mientras que el sueldo básico que éstos cobran están por debajo del sueldo mínimo vital. Sin embargo, los portavoces de dichas tiendas lo justifican aduciendo que las comisiones superan éste monto. Una remuneración mínima para cubrir las necesidades básicas vitales del empleado no tendría que estar sujetas a las variaciones en las ventas de cada mes, pero los reclamos de los sindicalistas son pocas veces escuchados o acallados mediante despidos masivos.

Los obreros textiles que sí consiguen formalizarse y sentarse frente a una máquina de coser con todos los beneficios de ley, están sujetos a regímenes legales especiales que los desproveen de estabilidad laboral, siendo cesados y vueltos a contratar mes a mes, con la eterna excusa de que más importante es el crecimiento de la industria textil.

Del mismo modo, miles de agentes de ventas de bancos, aseguradoras y firmas comerciales, figuran en una planilla, aunque sin horarios estables puesto que no se les permite concluir la jornada hasta que alcancen las cuotas requeridas de colocaciones de productos, las cuales no siempre dependen del esfuerzo personal, sino de la demanda del producto por parte del público consumidor. Desde luego, estas cifras también influyen en la renovación de contrato del personal. Es decir, se traslada al empleado la responsabilidad por las fluctuaciones del mercado, sobre todo en tiempos de crisis por la recesión generada por el mismo modelo económico.

Los paquetazos antilaborales que pasaron por el Congreso en los últimos años son una prueba más de la política del cholo barato que encuentra eco en el Estado. Basta recordar la Ley Pulpín que movilizó como nunca antes a miles y miles de jóvenes en el verano del 2015, la cual pretendía quitar todos los beneficios como la gratificación o las vacaciones, pero no despojaba a las AFPs de poder seguir lucrando con los descuentos a los menores de veinticuatro años, con el continuo pretexto de integrar a los informales al mercado laboral. La iniciativa fracasó, afortunadamente, gracias a las protestas, aunque meses después la gestión del presidente Humala logró imponer un decreto que facilita los ceses colectivos, es decir, despidos arbitrarios. El actual gobierno de Kuczynski ha sacado una nueva Ley Pulpín que, de ser aprobada por el Legislativo, alcanzaría hasta a los muchachos de veintinueve años.

Políticos, lobbistas, gerentes y periodistas que no dudan en denostar contra los reclamos sindicales como enemigos de la inversión privada, esgriman que cualquier mejora en las condiciones de los empleados perjudicaría a los más pequeños empresarios, quienes son los que engloban a la mayoría de obreros en planilla según el último informe de empleo del INEI, dado que éste tipo de compañías no cuentan con los recursos para afrontar aumentos salariales.

No obstante, al margen de que una política más orientada a los microempresarios antes que a los obreros resulta de por sí ya bastante cuestionable en cuanto a términos de democracia representativa se refiere, éste supuesto perjuicio estaría más bien relacionado a una política tributaria más favorable a las grandes trasnacionales antes que a los pequeños negocios locales. Mientras que las bodegas de esquina son ahogadas en impuestos y clausuradas por la SUNAT y los emprendedores textiles de Gamarra se quejan de la competencia desleal de las prendas chinas más baratas, trasnacionales multimillonarias mineras, telefónicas y otros rubros resultan beneficiadas con amnistías tributarias o incluso mantienen enormes deudas que están lejos de querer ser cobradas por el Estado.

Dentro o fuera de una planilla, los trabajadores peruanos parecen ser la última prioridad de gobiernos y grupos financieros en el país. Ganar unos cien o doscientos soles más, poder atenderse en un seguro médico o gozar de gratificación a fin de mes, no cambia la relación de dominación y poder entre ambos grupos implicados. Por un lado, quienes tienen la billetera suficiente para poder determinar los sueldos, los horarios, las condiciones, para poder dictarle a los congresistas y periodista qué política es la mejor o qué protesta merece ser desvirtuada. Y por el otro lado, quienes tienen que vender su fuerza de trabajo a cambio de sueldos que no llegan a las cuatro cifras y que luego de décadas de historia de luchas sindicales, apenas pueden seguir defendiendo como única reivindicación su derecho a mantenerse en el puesto.

Colaborador es otra de las últimas terminologías para pretender reemplazar la de trabajador en el lenguaje empresarial de los últimos años, como si el personal fuera una mera pieza intercambiable y accesoria, en lugar de ser el protagonista del proceso económico que beneficia a unos pocos que jamás se les ocurriría ubicar sus propios escritorios gerenciales dentro de un contenedor cerrado con llave.

Posts relacionados

Alan Benavides

Terminé Periodismo, fotografío protestas y escribo sobre conflictos sociales. No me gustan los gobiernos, ni autoritarios, ni represores, ni ninguna forma de poder.