Reforma laboral de PPK y la política del «cholo barato»

Tal cual anunciaron por todos los medios de comunicación con mucho tiempo de antelación, el próximo 28 de julio el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su ministro del Trabajo, Alfonso Grados, tendrán lista la reforma laboral para su promulgación, al parecer muy ansiado por ellos. Ante esto, los trabajadores vislumbran un panorama poco favorable: se viene un paquete de leyes que tendrá como único fin beneficiar a los empresarios, mermándoles derechos. Esto pese a  que durante la campaña electoral del año pasado, PPK se comprometió a velar por los derechos laborales y aseguró no recortarlos. Los decretos promulgados, leyes propuestas y las declaraciones del ministro permiten darse una idea del impacto de este paquete en la situación laboral del país.

Grados convocó a diferentes gremios y empresarios a un Consejo Nacional del Trabajo (CNT) a inicios del año, anunciando un debate para lograr la mejor reforma posible. Sin embargo, la Confederación general de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) se retiraron, como forma de expresar su rechazo ante el proyecto antilaboral, como lo llama Gerónimo López, secretario general de la CGTP, quien lideró la separación. “Somos la mayoría, los hemos dejado sin consenso. Ellos querían una mesa fachada para crear la idea en otros países de que en Perú se escucha a los trabajadores, que empresarios y obreros se sientan en la mesa. No es así” sostiene. Asegura que nunca se trató de buscar concertación ni de escuchar voces, se trató más bien de imponer. Por ello, viajará a Ginebra a denunciar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cómo es que el gobierno de turno pretende vulnerar sus derechos.

En su primera entrevista ya lo anunciaba. El titular de Trabajo y Promoción del Empleo quiere formalizar, probablemente a toda costa. Incluso con las constantes protestas por parte de los sindicatos, declaró sus intenciones de consolidar tres regímenes laborales: el régimen general, el régimen de exportaciones no tradicionales y el régimen de micro y pequeña empresa (MYPE). Estos dos últimos, son regímenes adaptados a la naturaleza de una industria específica, nacidos con un carácter transitorio: el de exportaciones tenía como finalidad incentivar a esta rama en un periodo específico que, ahora sabemos, se prolongó a la perpetuidad. El régimen MYPE buscaba que estas empresas crezcan y ya no necesiten de esta ayuda que proporcionaba su ley. En los hechos, al tener empleador y empleado, casi por naturaleza, intereses contrarios, dichos regímenes disminuyen los derechos laborales.

No deja de llamar la atención que se considere MYPE a los negocios que perciben hasta 1700 UIT como ingreso anual (unos 6,8 millones de soles) o que tengan entre diez y cien trabajadores. El régimen MYPE recorta las vacaciones y las gratificaciones a la mitad, reduce la CTS y hace más fácil el despido. Todo bajo la excusa de que un mayor número de pequeñas empresas se formalizarán mientras más se les reduzcan los costos.  Por otro lado, el régimen de exportaciones no tradicionales tiene como esencia la inestabilidad laboral justificada en la naturaleza fluctuante de los pedidos que vienen del exterior, algo que Grados ha corroborado llamándolo eufemísticamente facilitar el ciclo laboral.

“En la contratación por exportación, el trabajador se encuentra de por vida contratado a plazo fijo. Eso hace que no ejerza sus derechos colectivos, tiene miedo a las represalias que se podrían dar. Guarda relación con que en el Perú la tasa de sindicalización llegue al 2.5% de la PEA [Población Económicamente Activa], una de las menores tasas en el mundo” explica el abogado laboralista Javier Rocca Soto.

Según el último informe de empleo realizado por el INEI, el 60,5% de los trabajadores laboran en empresas de uno a diez empleados. Lo cual quiere decir que, sumando al personal del sector exportación, el Perú tendría a más de la mitad de la PEA laborando en alguno de los regímenes especiales. Sólo unos pocos gozarán del régimen general, con todos los derechos plenamente reconocidos. Sin lugar a dudas, se crea un mercado laboral discriminatorio.

Otra facilidad que Grados ha dado al empresariado salió en el Decreto Supremo 007-2017-TR y está relacionado con las infracciones. Ahora las multas que ponga la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) podrán ser reducidas en 90% si el sujeto inspeccionado acredita haber subsanado las infracciones (artículo 17). Y además, estás serán racionalizadas (artículo 48), teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y lo que puede pagar. Queda en evidencia el gran interés del Ejecutivo por aminorar la carga de los negocios. Tal vez a eso se refiere el ministro con una Sunafil más amigable. “Las reformas deben ir en el sentido de fortalecer la Sunafil y no tanto en adecuar la escala de multas, que a fin de cuentas no va a cambiar mucho las cosas, las mantendrá. Y es que prácticamente lo que se busca es que cuando incumplas, puedas pagarlo, cuando lo que se debería buscar es que no se incumpla. Más allá del tamaño de la multa, lo que necesitamos es que la Sunafil investigue. Sunafil no tiene la capacidad de fiscalizar. Las multas no son en beneficio de los trabajadores, principalmente tienen como destino las arcas, el fisco” continúa Rocca Soto.

Ése es precisamente el punto débil en las reformas laborales. El artículo 3 del mismo decreto precisa que Dentro de un mismo año fiscal, la Autoridad Inspectiva de Trabajo no podrá programar más de una orden de inspección sobre una misma materia respecto del mismo sujeto inspeccionado. Queda prohibido inspeccionar dos veces una misma materia. Con una menor fiscalización, las puertas del abuso y de la informalidad quedarían abiertas ¿Cómo garantizar que una empresa cumple, a la larga, lo que se le recriminó en un primer momento?

Gerónimo López también advierte sobre el Decreto Supremo 009-2017-TR: “Han alargado el tiempo del arbitraje. La norma dice que debe haber seis reuniones de trato directo o durante tres meses para recién ir a un arbitraje. Están atentando con tu derecho a la huelga. Es decir, a mí me obligas a sentarme con el empresario noventa días para cansar a los trabajadores. Y todavía aducen que limitar el arbitraje potestativo busca fomentar la negociación colectiva, cuando está comprobado que desde su implementación, con dicho mecanismo, se resolvieron más pliegos de reclamos”. Dicha aserción se encuentra en el artículo 61-A.

También preocupantes resultan las medidas que atentan contra la dignidad y la calidad de vida de los trabajadores. Por ejemplo, las modificaciones que se han implementado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes era obligatorio para el empleador realizar exámenes médicos ocupacionales a sus trabajadores antes de ingresar a la empresa, cada dos años y al dejar de laborar. En ese sentido, se certificaba en qué condiciones se entraba a laborar y en cuáles se salía, producto del trabajo, respaldando la integridad del trabajador. Ahora las evaluaciones médicas son sólo cada dos años, y sólo si el empleado lo solicita, al salir de la empresa. “¿De qué me sirve el de salida si no puedo demostrar las condiciones en las que entré?” se pregunta el dirigente sindical.

Otras garantías más son suprimidas en aras de la simplificación. El Decreto Legislativo 1246 elimina el Programa de Capacitación Laboral y los Convenios de Aprendizaje para los jóvenes, supuestamente el sector que se busca beneficiar más. Por otro lado, queda abolida la necesidad de registrar los contratos laborales en el Ministerio de Trabajo, causando la desprotección de los trabajadores que no tendrán pruebas para demostrar una eventual violación del acuerdo laboral. “Lo que el ministerio dice es que aumentaran las multas a aquellas empresas que no entreguen la copia de contrato a los trabajadores. Normalmente se les hace firmar documentos en los que se deja constancia de que están recibiendo los documentos del contrato, pero en realidad nunca se dan. Las empresas pueden fácilmente acreditar un hecho falso” refiere Rocca.

Fotos de Alan B.

Finalmente, la comentada Nueva Ley Pulpín, titulada Ley que Promueve la Contratación Formal de los Jóvenes, señalada como la estrella del paquete. Se incentivará la contratación de los jóvenes subsidiando el costo del seguro médico en EsSalud por tres años (artículo 3). No obstante, la mayor cantidad de informalidad juvenil se concentra en las microempresas, las cuales no aportan a EsSalud, sino al Seguro Integral de Salud (SIS). Los beneficiados con esta ley serían entonces las medianas y pequeñas empresas. “Si en todo caso se quiere considerar el dar algún subsidio, este debería estar enfocado en las microempresas, que son aquellas que por su tamaño no pueden asumir algunas costos. Pero estos no son los problemas de las MYPEs porque actualmente su régimen ha eliminado derechos laborales para sus trabajadores, no reciben bonificaciones ni CTS. A pesar de ello no se formalizan”.

El Ejecutivo arguye que dicho proyecto de ley no recorta derechos, en contraste con la alerta que lanza López. El Proyecto de Ley 1104 en cierto sentido contraviene el Convenio 102 de la OIT, que establece en su artículo 71 que el Estado es el responsable de administrar el equilibrio entre aportaciones del empleador, el trabajador y de las mismas arcas públicas, de acuerdo a la situación económica del país. Ante la evidente realidad de los centros de salud pública en el Perú, retirar las aportaciones de las empresas empleadoras de jóvenes no hará sino mermar el alicaído presupuesto de los hospitales y postas de EsSalud.

El dirigente sindical resume: “Están originando una confrontación entre antiguos y nuevos. El antiguo esta sindicalizado, ha ganado derechos, está a punto de jubilarse y contratan al joven barato. Esto va de la mano con el cese colectivo”. El paquete laboral pareciera calzar íntegramente al empresariado.

Reactivación económica sin populismos ni precarización

Javier Rocca concluye: “El verdadero problema de las MYPEs es que son ahogadas por el sistema financiero, que otorga créditos con altísimos intereses. Lamentablemente en una economía de libre mercado, el Estado, a través de un mecanismo de banca de fomento, no puede promover préstamos a las MYPEs. Se tiene esa reserva para el mercado y la propiedad privada. La existencia de la banca de fomento podría ser una de las alternativas para otorgar créditos a bajos intereses que permitan a las empresas poder salir a flote y formalizar a los trabajadores”.

Por su parte, Gerónimo López sentencia: “Se tiene que desarrollar la industria, el Estado se debe meter ahí; no es el mercado el que debe funcionar sólo con la mano invisible. Ellos erradamente dicen que la mano de obra es cara y por eso no hay inversión. La última vez que hubo crecimiento económico, pequeños grupos se beneficiaron y no compartieron. Por eso ganamos como salario mínimo ochocientos cincuenta soles y se nos pide que estemos felices, cuando sabemos que una canasta básica familiar esta entre dos mil y dos mil trescientos soles. Somos uno de los países con el sueldo más bajo de toda América Latina. El Estado desaparece derechos, genera trabajo precario. El Estado se divorcia de la población”.

“Este paquetazo laboral institucionaliza la informalidad, tiene que ver con el modelo fujimorista. Favorece la formalidad a costa de los trabajadores. La única manera de terminar con esto es en las calles, sino esta mayoría junto al ejecutivo, harán lo que les dé la gana” comenta el congresista frenteamplista Hernando Cevallos Flores, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, mientras acompaña una protesta de los sindicalistas textiles.

Posts relacionados

María Sosa

Periodista que básicamente escucha, denuncia y escribe.