[FOTOS] La Parada es del pueblo: Trabajadoras ambulantes en vigilia tras desalojo de Aviación

Miguel aún recuerda las expresiones racistas que utilizó Susel Paredes contra una de sus compañeras el jueves último, una migrante andina de la sierra central del Perú. “¿Y qué haces hijita acá? Regrésate a tu sitio que en Huancayo vas a estar mejor” le dijo la gerente de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria a una trabajadora ambulante y madre soltera, cuando se acercó en su camioneta a ordenarles a ella y otras vendedoras que se retiren de la pista de la cuadra dieciocho del jirón Hipólito Unanue, al lado del antiguo mercado mayorista La Parada, una de las zonas comerciales más humildes de Lima.

Como ya es noticia, las primeras cuadras de la avenida Aviación, en el corazón del popular distrito de La Victoria, amanecieron este lunes completamente cerradas con vallas por la Policía, en un operativo conjunto del municipio distrital y de la Municipalidad de Lima, en el marco de sus agresivas políticas para erradicar a los trabajadores ambulantes de las calles. Esto luego del recordado cierre del damero de Gamarra en marzo último, que ya desplazó a miles de vendedores peruanos y venezolanos desde el emporio a la mencionada avenida, quienes ahora se están refugiando en las calles aledañas, en busca de un nuevo espacio en la vía pública para poder sobrevivir.

“Para nosotros es algo que nos arde, porque es la esencia de la persona que trabaja con nosotros. No se puede denigrar, hermano. Y eso nos duele” refiere Miguel Silva, presidente de la Asociación Nuevo Triunfo y miembro de la Confederación de Asociaciones de La Victoria, sobre las políticas municipales en contra de sus compañeras. Son alrededor de tres mil vendedoras ambulantes que han abandonado la avenida Aviación y tratan de insertarse en la pista del jirón Unanue, disputándose cada centímetro de calzada. Salta a la vista que un setenta por ciento son madres solteras, migrantes de las regiones andinas del Perú que difícilmente pueden encontrar un trabajo formal para mantener a sus hijos.

Sin embargo, una nueva amenaza de desalojo se cierne sobre ellas. Formaciones de personal municipal, apertrechados con escudos y armadura antidisturbios, continuamente incursionan en el referido jirón intentando retirarlas, con palabras o con la fuerza. Es por esto que desde la noche del sábado quince, algunas decenas de madres ambulantes, las más comprometidas en la defensa de su legítimo derecho al trabajo, han pernoctado en vigilia a la intemperie, custodiando que el pequeño jirón Unanue no sea tomado por los uniformados, bajo la lluvia que ya ha mellado la salud de algunas de ellas.

Ante los medios de comunicación que han grabado como se resisten a abandonar la vía y a que los agentes fiscalizadores les arrebaten sus mercaderías, el operativo desplegado bajo el mandato de los alcaldes Jorge Muñoz de Lima y de George Forsyth de La Victoria se trata de una política de la llamada limpieza y recuperación de la ciudad, como si las trabajadoras ambulantes fueran poco más que un estorbo en las calles. Tal cual lo hizo durante el desalojo de Gamarra, el municipio victoriano les ha ofrecido quinientos puestos en los últimos pisos de galerías comerciales, completamente gratuitos durante seis meses para quienes acudan a las mesas de inscripción. Dicha cantidad es insuficiente ante las miles y miles de vendedoras que ocupan los jirones de La Parada luchando por derrotar al desempleo y la pobreza. Además, es bien sabido que las tiendas en un quinto piso rara vez son visitadas por algún cliente, sino para adquirir ropa, mucho menos para comprar verduras. “Ni las moscas suben” se burla Miguel.

Un hecho que llama la atención de las protestantes es que es solamente el personal de La Victoria el que se acerca a tratar de sacarlas del jirón Hipólito Unanue. Ni efectivos policiales ni de la comuna de Lima. Tampoco les muestran algún documento escrito donde figure la orden de desalojo. Esto los lleva a sospechar de intereses empresariales por parte de los propietarios de los mercados 3 de Febrero y Unicachi, cuyas administraciones siempre han manejado un discurso hostil contra las ambulantes por ocupar los estacionamientos. Miguel señala que es la próspera familia Guizado, dueña no solamente de los últimos pisos del 3 de Febrero sino también de muchos edificios dentro y fuera del damero de Gamarra, en los cuales se encuentran los puestos que se ofrecen gratis a quienes se inscriban, la que vendría presionando al Serenazgo victoriano para que las vendedoras sean sacadas. En el barrio se advierte un proceso de gentrificación en pos de centros comerciales que persiguen un público de mayor poder adquisitivo, semejante al ocurrido en otras zonas populares de la ciudad.

El pasado viernes catorce de junio, decenas de ambulantes marcharon en protesta hacia los palacios municipales de La Victoria y Lima exigiendo diálogo y formalización, sin que Miguel ni otros delegados sean recibidos por las autoridades ediles, salvo dos regidores que los escucharon a título personal al término de la movilización.

Fotos de Jai G. y Alan B.

Por un lado, la gestión de Forsyth en La Victoria, que inició este año con fuertes políticas de violencia represiva contra los ambulantes, de la mano de su funcionaria de Fiscalización, Susel Paredes, emitió en febrero la ordenanza 035 que prohíbe el comercio callejero en los dameros de Gamarra y La Parada. Por otro, las trabajadoras ambulantes se amparan en la ordenanza 1787 del 2014, en la cual el mismo ayuntamiento de Lima establece que los alcaldes provincial y distritales tienen la competencia de regular y promover la formalización de dicha actividad. Del mismo modo, una sentencia del Tribunal Constitucional del 2013 declara que la venta ambulatoria no es ilegal, sino más bien la vincula al derecho a la libertad de comercio, la libertad de trabajo y otros derechos económicos.

El último jueves veinte, mientras en las calles del centro de Lima los sindicatos protestaban contra la reforma laboral del gobierno, Miguel presentó ante la Fiscalía de Prevención del Delito, una denuncia contra los alcaldes Jorge Muñoz y George Forsyth por delito contra el patrimonio, contra la salud y la vida y contra el derecho constitucional al trabajo, entre otros cargos que podría implicar cualquier operativo inminente, amparándose precisamente en los dispositivos legales antes mencionados.

Aquel mismo jueves, Miguel participó en un foro en el Congreso sobre el comercio ambulatorio. Ante la falta de apoyo de la izquierda política, pese a tratarse de una coyuntura de vulneración de derechos de humildes trabajadoras, son los sectores de derecha los que parecen prestarle atención a sus demandas, tal vez por cálculo político. El parlamentario Jorge Castro, expulsado del Frente Amplio al ser cuestionado por cobros indebidos y después miembro de las bancadas conservadoras Concertación Parlamentaria y Contigo, fue quien aperturó el foro. El congresista fujimorista Ángel Neyra presentó un proyecto de ley que prioriza formalizarlas hace unos meses.

En la avenida Bausate y Meza, al costado del parque del Migrante, donde antes quedaba el mercado mayorista La Parada, una reja completamente cerrada separa a las miles de vendedoras callejeras de verduras de la avenida Aviación, lo cual represente un evidente peligro para su seguridad en caso de algún desastre, incendio o sismo. Y no es la única arteria vallada así. Mientras atienden a sus clientes a través de los barrotes de metal, como prisioneros recibiendo visitas, muestran su desconfianza de la clase política e incluso de los organismos de derechos humanos desde el trágico desalojo del 2012, en el que murieron cuatro vecinos ambulantes por balas policiales, bajo órdenes de la entonces alcaldesa izquierdista Susana Villarán, hoy presa por corrupción. “Los de derechos humanos vinieron, miraron y no hicieron nada” comenta un melancólico comerciante de papas.

La amenaza de un desalojo sigue pendiente. Quizás las madres ambulantes desistan de seguir pernoctando en la calle resguardando su mercadería para no deteriorar aún más su salud, pero saben que tarde o temprano los uniformes azules de la municipalidad llegarán por la noche a dejarlas sin trabajo, ante la indiferencia de una ciudad racista y clasista que se prepara a recibir los Juegos Panamericanos del 2019.

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Alan Benavides

Terminé Periodismo, fotografío protestas y escribo sobre conflictos sociales. No me gusta ningún gobierno, ni autoritarios ni represores, ni ningún poder económico.