[FOTOS Y VÍDEO] Trabajadores ambulantes de Gamarra: Contra la violencia municipal y la criminalización
El último operativo policial de cierre del damero de Gamarra por tres días, decretado por la municipalidad de La Victoria, busca eliminar definitivamente el comercio ambulatorio. Medidas represivas que no eliminan el desempleo ni la pobreza de los vendedores informales.
“Gamarra es un reflejo de lo que es el Perú. El desempleo que hay en el Perú, eso lo ves acá” menciona un joven trabajador ambulante mientras espera en la fila de los puestos de inscripción de la municipalidad para apuntarse a la lista de posibles beneficiarios de espacios comerciales que ofrecen los grandes empresarios supuestamente gratis durante seis meses, para que así dejen de vender en la vía pública. Sin embargo, sabe que es solo algo temporal.
El damero de Gamarra, más de veinte cuadras de galerías comerciales en el corazón del popular distrito de La Victoria, en Lima, constituye acaso uno de los emporios más grandes del Perú y de Sudamérica. Millones de soles en venta de ropa todos los días, tanto por parte de las tiendas formales como de los ambulantes informales, quienes atiborran el paso a los transeúntes. Desde luego, la masiva migración de venezolanos al Perú en el último año no ha sido ajena, engrosando las hileras de vendedores que ofrecen prendas a bajo precio en las aceras.
Tras asumir el mando a inicios del 2019, el nuevo alcalde de La Victoria, el ex futbolista George Forsyth, ha emprendido una agresiva campaña para desalojar a los vendedores de las calles de Gamarra, en el marco de su política de recuperación de espacios públicos, sobre todo a partir de la última ordenanza distrital que declara el damero como zona rígida para dicha actividad. Las acciones del personal uniformado para echarlos y arrebatarles su mercadería suelen ser lideradas por Susel Paredes, gerente de Fiscalización, recordada por muchos limeños como personalidad icónica de la violencia municipal contra los ambulantes cuando ocupó el mismo cargo con la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán en el 2014, participando en la violenta clausura del ex mercado mayorista de La Parada.
El discurso oficial del burgomaestre es la lucha frontal contra las mafias delincuenciales que cobraban cupos a los vendedores por la utilización de espacios públicos, lo cual le ha valido una gran popularidad al ex arquero. Estas organizaciones delincuenciales se infiltraron entre el personal de Serenazgo durante la corrupta gestión del anterior alcalde de La Victoria, Elías Cuba, hoy en la cárcel por integrar la banda Los Intocables Ediles, toda una red en el cobro de estos montos ilegales. Cabe destacar la gran publicidad que los medios de comunicación de diversa tendencia política le dan a la gestión de Forsyth, cuyo despacho en la quincena de enero anunció haber despedido a doscientos de estos agentes de seguridad municipales por contar con antecedentes penales, lo cual le habría acarreado varias amenazas contra su integridad y la de su familia, según denuncia. También asegura que muchos no han devuelto sus uniformes, por lo que seguirían engañando a los vecinos y constituyendo un peligro.
Asimismo, el nuevo burgomaestre se pronunciado favorable a una eventual declaración de estado de emergencia en el distrito para combatir la delincuencia. Esta medida, consistente en suspender los derechos civiles y libertades individuales y en la entrada de contingentes policiales y/o militares en los barrios más marginados, ya fue inefectiva al ser aplicada en la provincia del Callao, mostrándose como un mero despliegue de fuerza uniformada en las calles sin que intimide a las verdaderas cabezas del crimen organizado. Esto por no mencionar las consecuencias de la militarización de barrios pobres en otros países como Brasil, El Salvador o México, donde solo ha servido para escalar la violencia urbana. La predilección de Forsyth por la imposición de la fuerza policial quedó en evidencia por su postura en el reciente caso del suboficial Miranda, preso por disparar y matar a un carterista desarmado.
“YA NO ES UN TEMA MUNICIPAL”
En el centro comercial, eran los mismos efectivos del Serenazgo quienes extorsionaban a los vendedores viandantes, cobrándoles entre cinco y quince soles diarios por permitirles trabajar en las calles de Gamarra bajo amenaza de violentarlos, durante los anteriores mandatos ediles. “Pero esa corrupción ya fue mucho con Elías Cuba” relata una comerciante. “Si no pagabas, venía una camioneta de la municipalidad con matones y te caían. Ni a las señoras con bebe respetaban”. Los ambulantes cuentan que en la gestión del último alcalde, los serenos ni siquiera se tomaban la molestia de acercarse ellos a cobrar los cupos, sino que tenían una red de soplones y cobradores entre los mismos trabajadores informales.
En numerosas entrevistas, Forsyth ha calificado a los vendedores como cómplices por aceptar estos pagos, pese a tratarse de un evidente chantaje bajo amenaza, por lo que los ambulantes también vienen siendo considerados parte de las mafias por amplios sectores de la opinión pública y la prensa. Desde luego, los comerciantes callejeros lo niegan, considerándose más bien víctimas explotadas por los extorsionadores con los que se veían obligados a convivir. Una gran mayoría de los informales afirman que desde el despido masivo de serenos a principios de año se han disminuido sobremanera los cobros por intimidación y ahora pueden vender más libremente, al haberse quedado desmovilizada la principal fuerza de choque de las mafias.
Aunque es cierto que todavía persisten los cupos contra mototaxistas en las calles aledañas al damero y a La Parada. Por otro lado, a mitad de febrero un venezolano murió apuñalado por un compatriota suyo, siendo mostrado por los medios como una aparente disputa por un espacio para vender, cuando más bien se trató de un tema personal.
Ante las cámaras televisivas, el burgomaestre y su funcionaria continúan llamando mafia a cualquier trabajador de la vía pública que responda a la agresión de los agentes de fiscalización. Forsyth incluso ha llegado a asegurar que los migrantes venezolanos han llegado a conformar su propia banda, por lo que ha entablado coordinaciones con la Superintendencia de Migraciones.
A mediados de marzo, la municipalidad de La Victoria aprobó la ordenanza 303, que prevé una serie de sanciones e infracciones no solamente para los mismos ambulantes dentro del damero, regulando los procedimientos del personal de Fiscalización para arrebatarles sus productos, y además impone multas para los empresarios y propietarios que les faciliten depósitos para salvaguardar su mercancía.
Fotos de Alan B.
Entretanto, cabría preguntarse si los comerciantes callejeros que han sido desalojados por el municipio en el último operativo son parte de una red criminal como afirma el discurso oficial o son personas que ocupan la pista por una verdadera necesidad de trabajo y subsistencia.
“Si al ambulante, tú le erradicas y no le das soluciones, no estás erradicando nada” menciona el joven en la fila de empadronamiento. “Lo que ves acá ya no es un tema municipal. El Estado tiene que intervenir acá haciendo política social. No hay otra. Si tú reprimes a una persona, la persona va a reaccionar por instinto. Tú vas a botar a los ambulantes, y la gente que viene atrás, otra generación que tampoco tiene oportunidades, va a volver a suceder lo mismo. Y va a suceder la cadena así”.
Los trabajadores informales aseguran que si bien varios de ellos prefieren simplemente retirarse y poner a buen recaudo su mercancía cuando llega la fuerza municipal a desalojarlos, existen muchos, los más jóvenes, que se defenderán y pelearán contra los uniformados, porque sienten que ya no tienen nada que perder frente a un sistema que los excluye y los deja sin alternativas de supervivencia. “¿Tú crees que el mismo Estado te va a abrir las puertas? ¿O las grandes empresas que dominan el país?” resume su desesperanza ante la falta de oportunidades laborales.
Cerca de ochenta soles diarios afirma recaudar un vendedor informal en una jornada ofreciendo sus productos en las calles desde las primeras horas del día hasta el atardecer, a lo que habría que descontar el costo de la mercancía, pasajes y otros gastos y sin faltar el respectivo cupo. “Un polo que yo te vendo a ocho soles, a mí me cuesta cuatro” menciona una madre ambulante. Indica que alquilar un puesto en los primeros pisos de una de las principales galerías, fácilmente supera los mil soles mensuales, debiendo pagar mínimo tres meses por adelantado para poder arrendarlo.
La municipalidad estuvo ofreciendo hasta mediados de febrero puestos comerciales brindados por los grandes empresarios de Gamarra para eliminar la venta ambulatoria. También el Ministerio de la Producción organiza charlas y capacitaciones para formarlos como mejores comerciantes. Pero el mismo Forsyth ha dicho que los tres mil puestos no alcanzarían para los cerca de quince mil vendedores viandantes que hay en el damero. Los informales que hacían fila para inscribirse no muestran mucho ánimo, ya que los sitios están situados en los pisos superiores de las galerías, lejos del público. Afirman que se apuntaron para pasar por una evaluación económica que decidiría si acceden a un lugar o no, lo cual descartaría a muchos de ellos, así como también asumen que se priorizaría a quienes vivan en el distrito de La Victoria. Vale decir que para los migrantes venezolanos pasar un filtro de este tipo es prácticamente imposible, lo cual explica que todos los que se encontraban en la hilera son peruanos.
Los ambulantes culpan también a los grandes empresarios textiles y comerciales por promover políticas municipales de desalojos violentos, dado su interés en eliminar la competencia informal y sus proyectos de convertir el damero en un moderno emporio con alquileres más altos y un público de mayor poder adquisitivo. Esto podría entenderse como un proceso de gentrificación semejante al que ocurrió en el centro histórico del Callao durante el estado de emergencia. “Los trabajadores de los grandes capitalistas de Gamarra ¿tú crees que son bien remunerados? ¿Cuánto gana un remallador? ¿Cuánto gana un costurero? ¿Cuánto gana un vendedor? Hay un desnivel ¿Por qué el Estado permite eso?”
Ante las críticas por su condición de informales en la cual evadirían impuestos, los ambulantes responden que tanto ellos como los formales compran la materia prima y/o las prendas manufacturadas a los mayoristas de las fábricas y talleres en la zona, así que indirectamente también están aportando tributariamente al Estado central, además de ser clientes de los mismos empresarios que piden desalojarlos.
Fotos de Jai G. y Alan B.
Destaca al respecto la sentencia del Tribunal Constitucional del 2016, la cual declaró inconstitucional una ordenanza del municipio distrital de Carabayllo que pretendía declarar zona rígida la totalidad de su territorio para la venta callejera. En particular, dicho texto legal descarta rotundamente cualquier nexo entre el trabajo ambulatorio y la ilegalidad, sino que más bien lo vincula al derecho a la libertad de comercio, la libertad de trabajo y otros derechos económicos.
Del mismo modo, los ambulantes de La Victoria aluden a la anterior ordenanza 1787, promulgada en el 2014 por la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, la cual especifica que es competencia de los municipios provincial y distritales regular y promover la formalización de dicha actividad, lo cual entraría en contradicción con la actual ordenanza de eventual desalojo dictada por Forsyth. Un grupo de activistas ya viene recolectando firmas para presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional.
Consultando sobre las alternativas que podrían ofrecer ellos mismos ante el desorden y caos que impera en los jirones de Gamarra, no faltan las propuestas por parte de los informales. “El algodón peruano es bueno. Podemos competir afuera en Ecuador, en Paraguay. Podemos industrializarnos. Pero entra todo de China barato ¿Por qué el presidente no pone aranceles al producto chino para tener una digna competencia? Como somos ambulantes, la mayoría no tiene una preparación, no sabe que es un arancel” referían mientras avanzaban en la fila. “Pero qué lindo sería si el Estado dijera señores, ustedes son productores, pueden competir afuera, esto funciona así. Hay tratados de libre comercio, pero ¿quién se beneficia?”
Cuando se les aconseja que conformen un sindicato para que defiendan sus derechos como trabajadores frente al empresariado y al Estado, los ambulantes coinciden en que la violencia de las mafias de extorsionadores fue la que les impidió organizarse. Una eventual articulación sindical les permitiría presentarse mejor ante la opinión pública y los medios, pero la actual dispersión entre sus bases parece alejar dicha posibilidad.
“Forsyth no va hacer el cambio. Falta una política verdaderamente de Estado aquí en Gamarra” se reafirma el ambulante de veintiséis años que vende polos para costearse sus estudios universitarios. “También hay que ser autocríticos que sí debemos cambiar. Pero ¿qué posibilidades tenemos para cambiar?”
