Comuneros de Fuerabamba: Criminalización de la protesta y una polémica ley de amnistía
El último lunes, las negociaciones entre las comunidades campesinas de la provincia apurimeña de Cotabambas, en medio de los Andes peruanos, afectadas por el proyecto minero Las Bambas y los representantes de la empresa, sufrieron un quiebre que pudo significar una retoma de las protestas. Según indican los agricultores, la minera habría desconocido los acuerdos firmados entre el gobierno y Gregorio Rojas Paniura, presidente de la comunidad de Fuerabamba, a inicios de abril en la capital Lima.
Como cabe recordar, el proyecto minero inició sus actividades en el 2004. En el 2014, pasó de ser propiedad de la firma suiza Glencore a la empresa estatal china MMG, con lo cual cambiaron las reglas de juego. El mineroducto subterráneo que trasladaría el oro y el cobre desde el yacimiento hasta la región de Cusco, fue reemplazado por una polvorienta carretera que cruza las tierras agrícolas y que desató un trágico conflicto social, el cual terminó con tres campesinos muertos en el 2015 y otro más fallecido en el 2016, a causa de la violencia policial contra las protestas de los comuneros que rechazan la operación minera. Cientos de agricultores se han visto inmersos en procesos penales por supuestos delitos de disturbios.
Dentro de esta historia de sangre y cobre, un capítulo aparte merece la comunidad de Fuerabamba, también ubicada en Cotabambas. El corredor minero sur andino, como se llama esta extensa carretera que cruza tres de los principales proyectos extractivos en la sierra peruana, fue bloqueada por enardecidos fuerabambinos a principios de febrero del 2019, quienes impedían el paso de los camiones y le exigían a la empresa Las Bambas el pago de un derecho de servidumbre, dado que la vía cruza sus tierras agrícolas ubicadas en el antiguo fundo de Yavi Yavi, en el distrito cusqueño de Colquemarca, en la provincia de Chumbivilcas. En medio de las negociaciones, en la última semana de marzo fueron detenidos en Lima Gregorio Rojas y sus abogados, los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, acusados por el delito de extorsión contra la minera, al estar presuntamente pidiéndole dinero a cambio de cesar las protestas. Aunque el líder campesino fue liberado a los pocos días, un juez determinó tres años de prisión preventiva para sus asesores legales, a quienes se sindicó de integrar una supuesta banda criminal denominada Los Chavelos.
Gregorio relata que muchísimo antes de asumir él mismo la presidencia de su comunidad, en el 2010 los campesinos de Fuerabamba firmaron un acuerdo con la anterior empresa administradora Xstrata Las Bambas para entregarles sus parcelas a cambio de otras tierras. Es en el 2011 que les dan el ex fundo Yavi Yavi, en Chumbivilcas, para que se dediquen a la agricultura. Y en el 2014, se les entrega la ciudadela de Nueva Fuerabamba, en Cotabambas, para que vivan. “La comunidad nunca estaba de acuerdo, porque era tan lejos. Doscientos kilómetros de Nueva Fuerabamba a Yavi Yavi”.
Los medios de comunicación han descrito Nueva Fuerabamba como una urbe moderna que mejoraría el nivel de vida de los fuerabambinos. Pero el actual abogado de los campesinos, Jaime Chalco, no opina así: “Construyeron una pequeña ciudadela, que parece un cuartel, tiene una sola entrada. Totalmente se ha trastocado la vida de los comuneros, porque ellos están acostumbrados a vivir libres, que al costado tenían sus chacras, hoy están encasillados. En el caso de Yavi Yavi, está a cuatro mil metros sobre el nivel del mar, donde no hay condiciones para fundar un nuevo pueblo. No hay agua, no hay terrenos agrícolas. El pueblo de Fuerabamba ha sido destruido totalmente”. Describe el antiguo terreno, ahora en manos de la mina, como “un pueblo fantasma”. Gregorio también señala las tierras de Yavi Yavi como improductivas para el cultivo.
Rojas señala que cuando se negoció la permuta de terrenos en el 2010, simplemente se le hizo firmar un papel al anterior presidente de Fuerabamba, sin participación de la totalidad de la asamblea comunal ni entregarles una copia del documento. “Nosotros en la comunidad de Fuerabamba, nuestros dirigentes hemos apostado por la educación, por salud, por un desarrollo de la provincia, de la región, de las comunidades de nuestro país. Pero sin embargo, nos sentimos engañados por nuestro terreno que hemos dejado cuatro mil setecientas setenta y cuatro hectáreas. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es ¿por qué nos sentimos estafados, engañados?” Incluso refiere que el ex fundo se hallaría en otra controversia legal, pues los antiguos propietarios de las tres mil seiscientas diez hectáreas, una familia Álvarez, tendrían un proceso pendiente contra Las Bambas.
“También el Estado peruano nos ha dejado en ese punto. No nos ha acompañado, no nos ha hecho ver qué es la minería, ni siquiera qué es la consulta previa. No nos han capacitado, no sabíamos. Nosotros dejamos que de nuestra comunidad nos botan y los terrenos que la empresa ha comprado por pedacitos nos han destrozado. Ha habido un cambio brutal para la comunidad. La empresa ni capaz de ayudarnos con psicologías, con los profesionales de cómo teníamos que vivir en esta casa”.
“Recién apertura la carretera en 2012 ¿Y la consulta previa?” recuerda Gregorio, sobre la vía que cruza Yavi Yavi con camiones que transportan mineral encapsulado. El abogado Chalco afirma: “Se ve claramente que la empresa minera Las Bambas vulneró flagrantemente el derecho de propiedad porque hicieron una carretera sin autorización de la comunidad de Fuerabamba, incumpliendo los requisitos que exige la Ley General de Comunidades Campesinas, que dice que para vender, para arrendar las tierras de las comunidades se requiere la aprobación de comuneros calificados. Luego tiene que haber un acuerdo de carácter económico, es decir, cuánto va a pagar la empresa minera por el uso de la carretera, lo cual no se ha cumplido. Y es más grave. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones también incumplió con los requisitos que exige la ley, convirtió esa carretera en pública a la velocidad de un rayo, con la finalidad de determinar que los comuneros que son propietarios que pongan una piedra, ya cometieron delito”.
A fines del 2018 Gregorio asumió el mando de su comunidad. Se deshizo de los anteriores abogados que a su parecer trabajaban más bien para los intereses de la minera. Contrató los servicios de los hermanos Chávez Sotelo, quienes también pasaron a asesorar a otras comunidades que habían perdido sus tierras, como Pumamarca, Huancuire y otras más. Comienzan las protestas. “Entonces rompo esa cadena y ya no recibo a la empresa. Todas las cosas que estaban mal hechas desde el 2004 hasta el 2018 lo sacamos al aire y por eso había persecución contra mi persona como a los asesores” alude Rojas. “Y seremos más perseguidos, ahora estoy amenazado de muerte, cualquier cosa puede pasar con mi familia, porque estamos chocando con una empresa poderosa y nuestro Estado mismo ¿Dónde está la justicia para nosotros? Si nosotros somos personas campesinas originarias indígenas ¿Por qué nuestro Estado peruano nos va a criminalizar?”
Tras ser excarcelado a inicios de abril, las conversaciones iniciales entre Gregorio y el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, llevaron a la firma de un acuerdo en la Conferencia Episcopal de Lima. Pero su firma unilateral como líder campesino trajo cierto descontento por parte de sus compañeros que en un primero momento no quisieron suspender la toma de la carretera, por lo que las negociaciones se han trasladado hasta Cotabambas hasta el día de hoy.
Fotos de Jai G. y Alan B.
“AMNISTÍA DE COMUNEROS QUE HAN SIDO PROCESADOS ABUSIVAMENTE”
Los hermanos Chávez Sotelo y el mismo Gregorio Rojas fueron apresados por la Policía el veintiuno de marzo en Lima. Esto debido a que las modificaciones en el Código Penal peruano realizadas durante la presidencia de Alan García equiparan cualquier protesta que implique un cierre de una vía nacional de comunicación como delito de extorsión, con la evidente intención de castigar las manifestaciones contra las políticas neoliberales del gobierno. Tal fue el caso también del recordado conflicto minero del Baguazo en la Amazonía del 2009. Las protestas de las comunidades indígenas en otros conflictos socio ambientales históricamente han devenido en bloqueos de carreteras, ante la indiferencia del Estado peruano en escuchar sus demandas, como herramienta por parte de los pueblos originarios para hacerse oír hasta la céntrica capital Lima.
Entre las supuestas evidencias que validaron la prisión preventiva contra los asesores legales, la Fiscalía presentó audios telefónicos en los cuales ellos conversaban con los campesinos y les decían que prosigan con la protesta. Asimismo, en el domicilio de los Chávez Sotelo se encontraron sellos de dependencias judiciales y menos de una veintena de balas de fusiles. Por último, testimonios de algunos agricultores que afirmaban que efectivamente desde su llegada, la conflictividad entre la comunidad y la minera se agudizó. Por un lado, cabe recordar que ya en el conflicto de Las Bambas del 2015, la Policía incurrió en la siembra de armas y explosivos a los detenidos, llegando a obligar al más joven de ellos a hacer disparos con una pistola policial para incriminarlo. Entre las diecisiete balas presuntamente incautadas, una de ellas corresponde al calibre de los viejos rifles rusos Kalashnikov, los mismos que utilizan los efectivos policiales de la Diroes. Por otro lado, las escuchas telefónicas implican conversaciones donde los abogados les explican su legítimo derecho a la protesta y a exigir una compensación, lo cual no constituye un beneficio económico indebido equivalente a la extorsión, según opinan diversos juristas de derechos humanos. Finalmente, se desestimaron los medios probatorios y la prisión preventiva contra los abogados también fue anulada por el juez en los primeros días de mayo, siendo liberados.
El pasado diecisiete de abril los vecinos de Nueva Fuerabamba se reunieron en dicha ciudadela para acordar la iniciativa de un proyecto de Ley de Amnistía para todos los miembros de las comunidades campesinas que tengan procesos judiciales pendientes por el conflicto minero desde el 2011 en adelante. El veinticinco, en la rueda de negociaciones con el gobierno en el estadio de Molinopampa, en el distrito de Challhuahuacho, en Cotabambas, dicha propuesta fue entregada al parlamentario de izquierda Richard Arce, quien se comprometió con ellos de darle impulso.
“Estamos hablando en el caso de amnistía de comuneros que han sido procesados abusivamente, injustamente, por el hecho que ellos venían defendiendo su derecho a la vida, al medio ambiente sano y equilibrado, a vivir en paz, lo cual ha sido generado por las actividades de la empresa Las Bambas. En este caso, las autoridades del Poder Judicial, de la Fiscalía, sospechosamente han iniciado procesos penales injustos. Incluso algunos tienen condenas penales, vulnerando los derechos de defensa, derecho al debido proceso, derecho a la motivación de resoluciones judiciales. Por ejemplo, a todos los procesados atribuyen en forma genérica que ellos cometieron el delito de entorpecimiento de la vía pública. Sin embargo, no han precisado qué aportes delictivos realizaron cada uno de los imputados, que es una exigencia importante. Porque ellos no tenían cómo defenderse porque no sabían qué cosa se le estaba atribuyendo. Detrás de este proyecto está la voluntad y la intención de las comunidades de vivir en paz” argumenta el abogado Jaime Chalco, quien ha tomado la posta de asesorar a Fuerabamba, Huancuire, Antuyo, Pumamarca.
Fotos de Alan B.
La primera crítica surgió de un comunicado de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, gremio empresarial que agrupa a industrias extractivas en el Perú. “El gobierno no debe claudicar en defensa del estado de derecho” es parte del título del documento, donde se llama “escalada violentista” y “sabotaje” a las protestas y se afirma que “nadie está por encima de la ley. Jaime Chalco responde que más bien son los empresarios miembros de esta sociedad quienes vulneran el estado de derecho y pretenden estar por encima de la ley, frente a los derechos procesales de los comuneros y del medio ambiente.
Entre la jurisprudencia consultada como antecedente para la polémica ley, están los casos de amnistía de indígenas en otros países sudamericanos también en el contexto de conflictos socio ambientales. A fines de abril, la Corte Suprema de Chile anuló la condena por presuntos cargos de terrorismo contra el mapuche Norín Catrimán y otros de sus compañeros que habían protestado en defensa de sus territorios ancestrales contra los proyectos de inversión. Asimismo, en diciembre del 2017, por unanimidad la Asamblea Nacional de Ecuador otorgó la amnistía a Manuel Pichizaca Pinguil, indígena que había participado en los bloqueos de las vías de Cañar en protesta contra el gobierno de Rafael Correa en el 2015. Y unos treinta casos de solicitudes de amnistía para indígenas están pendientes de revisión en el Poder Legislativo ecuatoriano.
Por parte del movimiento de derechos humanos en el Perú, también hay críticas hacia el proyecto de ley, puesto que suponen que podría sentar un nefasto precedente de impunidad para militares, policías y terroristas condenados por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto interno, de modo similar a la infame amnistía otorgada al sanguinario grupo Colina durante la dictadura fujimorista. Chalco manifiesta que la amnistía es específica para los comuneros humildes que han sido encausados precisamente por órganos judiciales que se han saltado los requisitos procesales y que definitivamente no deja espacio para que calcen crímenes como desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales cometidos por los uniformados.
Entre las críticas, de momento se ha conseguido el apoyo de algunos congresistas de diversas bancadas. Sin embargo, el legislador Arce también ha presentado otro proyecto de ley para evitar la criminalización de la protesta, modificando el artículo 200 del Código Penal y excluyendo de la denominación de organización criminal a los sindicatos, comunidades campesinas e indígenas y otros movimientos sociales que ejerzan su derecho de huelga y protesta. Esta propuesta parece haber tenido mucha mayor aceptación por parte de los partidos de izquierda y las organizaciones de derechos humanos.
“Por eso en la comunidad hemos apostado por la minería, por el desarrollo de nuestra educación de nuestra salud, del medio ambiente. Pero no hemos apostado para que nos criminalicen, para que nos encarcelen, para que nos maten. Eso es otra cosa. Por eso nosotros sentimos que de parte de nuestros gobernantes no están tomando una acción a controlar cómo deben de trabajar en el Perú las mineras grandes. Está bien, tenemos proyectos en la región Apurímac, deben explotarse o concesionarse, pero tienen que respetar legalmente el medio ambiente. Hasta el momento, la minera Las Bambas no paga canon minero ni tampoco paga un impuesto. Solo están dedicándose a saquear. No solo cobre están sacando, están sacando todo tipo de mineral. ¿Quién fiscaliza esos minerales que están sacando? ¿Quién fiscaliza lo que están haciendo secar los manantiales, las lagunas que teníamos? ¿Dónde están las plantas, los animales que vivían? Los gobernantes peruanos están mirando de manos cruzadas todo lo que está haciendo la minería. Nosotros protestamos, nos defendemos de eso y nos persiguen con esta justicia. Lamentamos pero vamos a continuar, no nos vamos a rendir. Tenemos que hacernos respetar aunque me maten. Nunca voy a dar un paso atrás. Me gusta defender mi tierra, mi medio ambiente y a mis hermanos. No pueden ser perseguidas las comunidades campesinas en el Perú” sostiene Gregorio, luego de otra jornada agotadora de conversaciones con el gobierno.
