La Parada es del Pueblo: Resistencia ante la exclusión social

La política de limpieza social de Lima emprendida por la alcaldesa izquierdista Susana Villarán arrasó violentamente con los trabajadores más humildes y marginados del ex mercado mayorista, con la indiferencia cómplice de una ciudad que también los criminalizó y que continúa excluyéndolos.

“Ese día, por todos lados, un montón de policías venían, con caballos, parecía desfile militar. De frente a botarnos. Todo se llenó de bombas lacrimógenas. Mi hijito llorando en el piso estaba. Del otro mercado, bastante vinagre nos dieron para apoyarnos. Todos los que viven por acá bajaron a apoyarnos, todos juntos estábamos defendiendo, parecía una guerra. Tuvimos que irnos corriendo nomás, dejando nuestra mercadería. Por todos lados veías niños llorando. Y las balas cruzaban por todos lados. Todos corriendo, más arriba, a cualquiera nomás detenían los policías. En la esquina, a dos jóvenes comerciantes los arrestaron y ahora están en la cárcel. Uno salía pidiendo ayuda y si te veían así, te subían al patrullero” cuenta una madre que vende papas a los transeúntes, mientras le da de lactar a su hija en la vereda de la avenida Aviación.

Entre el veinticinco y el veintisiete de octubre del 2012, miles de policías llegaron a las inmediaciones del que en aquel entonces era el mercado mayorista de Lima, conocido popularmente como La Parada. Por órdenes de la entonces alcaldesa izquierdista Susana Villarán, debían colocar bloques de cemento en las avenidas para evitar que los camiones llenos de verduras puedan entrar a abastecer el mercado, y así evitar que este funcione. El resultado: miles de comerciantes del mercado, ambulantes, estibadores y jóvenes de los barrios cercanos, especialmente del cerro El Pino, salieron a enfrentarse a los uniformados en rechazo a dicho bloqueo, terminando cuatro manifestantes muertos por disparos policiales.

Tras los sucesos de aquellos dos fatídicos días, tanto los medios de comunicación, como una corriente mayoritaria de la opinión pública y numerosos políticos de la izquierda peruana afines a la alcaldesa, se sumaron a un discurso clasista y racista de criminalización contra  los comerciantes que se resisten a dejar La Parada, tildándolos de delincuentes, sucios, malvivientes y en general de ser supuestamente un obstáculo para el progreso de una ciudad que siempre los marginó por provenir de los estratos más populares, desposeídos y excluidos de la sociedad limeña.

HISTORIA DE LA DESTRUCCIÓN DE UN MERCADO POPULAR

En 1942, Luis Canepa Caycho, ilustre vecino del este de Lima, fundador junto con sus hermanos de la Sociedad Agrícola San Pablo, donó un terreno en la segunda cuadra de la avenida Aviación para la construcción de un mercado mayorista que abastezca de verduras y otros productos alimenticios a la capital. Por generaciones, La Parada fue el refugio de miles y miles de migrantes andinos que llegaban a Lima de todas partes del Perú buscando un mejor futuro o huyendo de la guerra interna que asolaba las provincias de la sierra del país.

Al encontrarse ante una ciudad que no los quería, que los excluía y los rechazaba por su condición social, por su color de piel y sus situación de pobreza e informalidad, muchos se quedaron en la zona, comercializando los frutos de la tierra que obligatoriamente pasaban por dicho mercado antes de distribuirse a todo Lima y fundando barrios populares en los alrededores. A ritmo de la música de Chacalón, La Parada se convirtió en el ícono del tesón y el trabajo duro de los migrantes que se partían la espalda por salir adelante y que con las décadas le daban un nuevo rostro a la ciudad criolla. “Acá vienen de todo el Perú, de la sierra y de la selva” afirma un vendedor de cebollas.

En 1980, el mercado mayorista pasó de ser propiedad estatal a depender directamente de la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA) encargada de gestionar los recursos. Desde luego, los últimos años de abandono por parte de las autoridades, de marginación y de criminalización, convirtieron a La Parada en un lugar atestado de comerciantes ambulantes informales que hasta el día de hoy ocupan las veredas y pistas de los alrededores, en un barrio con problemas de delincuencia, drogadicción y otros males urbanos que suelen azotar cualquier suburbio empobrecido en las grandes ciudades el mundo. Pese a las cuotas mensuales pagadas por los comerciantes por años, las distintas administraciones ediles no invirtieron en mejorar las condiciones de salubridad ni infraestructura del mercado.

“Yo las voy a ayudar. Yo soy mujer como ustedes. Yo sé que luchan y son sufridas” cuentan las comerciantes de La Parada que pronunció Susana Villarán subida a una carretilla en el 2010, cuando las visitó en su campaña política para acceder al sillón municipal. Lima Para Todos fue el eslogan con el que inició su gestión, anunciada como izquierdista e inclusiva con todos los sectores sociales de la ciudad. Programas sociales como Barrio Mío buscaban recuperar justamente los suburbios de la periferia de la ciudad, con participación vecinal para mejorar sus espacios públicos.

No obstante, los planes para La Parada eran distintos. La construcción de un nuevo mercado mayorista en el distrito de Santa Anita fue uno de los primeros anuncios de la alcaldesa. Lo lógico en una gestión inclusiva habría sido concertar con los comerciantes un traslado a la nueva sede. El traslado supuestamente se daría en setiembre del 2012.

“Tengo treinta y cinco años trabajando acá. Cuando fui a Santa Anita, me dijeron que tenía que tener dinero en el banco y que tenía que tener carro. Como yo no tenía, ya no me inscribí pues. Y estaba lleno al toque, han entrado otra gente que no son de acá. Gente que ya han tenido han metido allá. No son los que estaban acá. Gente que han tenido propiedades. Otros mayoristas. El cincuenta por ciento están todavía acá, por la avenida 28 de Julio, por Unicachi, no en Santa Anita” recuerda una vendedora de hortalizas, mientras despacha sus productos en la vereda de la avenida Bausate y Meza, acerca de las dificultades que le impidieron pasarse al nuevo mercado.

“Para ir a Santa Anita, te pedían tener catorce mil soles en cuenta del banco. Si no pagabas alquiler, de ahí se cobran. Acá en La Parada casi no pagábamos alquiler, el puesto era propio” relata la vendedora de papas que cuida a su hija, quien no desea dar su nombre. Era evidente que cientos o incluso miles se quedarían sin puesto de trabajo.

La Municipalidad quitó el título de mercado mayorista a La Parada ese mismo mes, reconociendo solamente al de Santa Anita. El presidente de EMMSA anunció que se podría iniciar un juicio de desalojo contra los comerciantes para que se vayan. Comenzaron las protestas de los verduleros. “Susana, queremos trabajar” arengaban.

La declaratoria de zona rígida en las calles aledañas en La Parada, mediante resolución municipal, fue la primera estocada del cinco de octubre. Es decir, quedaba totalmente prohibido el tránsito de camiones de carga pesada, con la obvia intención de forzar el desabastecimiento.

Finalmente, llega el veinticinco de octubre por la tarde y sucede la masacre. “Nunca nos habían pasado la voz. Vinieron y de frente comenzaron a atacar. De golpe ha sido. No nos dijeron: Se tienen que reubicar por allá. Comenzaron por la avenida 28 de Julio. Todito de policías se llenó. Retírense, retírense nos decían. Más policías venían y ya hubo enfrentamiento. Teníamos que dejar nuestras cosas. Los mismos vendedores defendían su trabajo. La gente se quedaba mirando cómo nos botaban, el enfrentamiento con los policías” recuerda con temor otra comerciante que actualmente también está en la avenida Bausate y Meza.

La colocación de los bloques de cemento fue entendida por los comerciantes como un desalojo inminente, lo que propició la reacción solidaria de todo el barrio. La animadversión que muchas veces produce la presencia policial en zonas populares fue otro factor que encendió el enardecimiento de los jóvenes del lugar, del mismo modo que ocurrió, por ejemplo, en el peaje de Puente Piedra en el 2017. Trabajadores ambulantes junto a los estibadores, cargadores fornidos que transportan enormes paquetes jalando las carretillas con sus brazos, rechazaron el operativo que implicó prácticamente a cinco mil uniformados que arremetieron con caballería, lacrimógenas, escopetas de perdigones y desde luego, munición real también.

Fotos de Jai G. y Alan B.

“La Parada con Gamarra se tienen bastante rivalidad, porque ellos nos ven como que damos mal aspecto” menciona otro ambulante que vende tubérculos en la vereda de la avenida Aviación, para explicar los saqueos a las tiendas comerciales del emporio comercial de Gamarra. Evidentemente, la presencia de una zona comercial con empresarios prósperos a sólo una cuadra de distancia, donde son explotados como obreros textiles o como vendedores en paupérrimas condiciones laborales muchachos migrantes de la zona, ha despertado este antagonismo. Las tiendas de ropa fueron vaciadas por la multitud de manifestantes, lo cual sirvió a los medios de comunicación para tildar de vándalos a los comerciantes que defendían su mercado.

Mientras dos jóvenes protestantes murieron por impacto de bala, la atención se concentró más en una yegua policial que se rompió una pata por el enfrentamiento con los estibadores. La fotografía del jinete de la Policía siendo atacado por los comerciantes fue la imagen perfecta para criminalizar la lucha de La Parada. En los noticiarios, políticos afines a Susana Villarán no dudaban felicitar a la Policía por erradicar a esos comerciantes ahora considerados delincuentes.

Al día siguiente, la noticia de que los dos muertos tenían antecedentes penales apareció en las primeras planas de los medios de comunicación, a modo de justificar el accionar de la Policía que irrumpió en los barrios colindantes disparando contra los civiles. Dos choros menos, parecía ser el mensaje.

El veintisiete de octubre, dos días después, volvió la Policía para colocar más muros de concreto, produciéndose el segundo enfrentamiento. Otros dos manifestantes muertos por disparos policiales, uno de ellos sin lograr ser identificado. Cientos de heridos. Susana Villarán declaró que los comerciantes estaban ligados al Movadef, movimiento afín al grupo terrorista Sendero Luminoso, con lo cual reprodujo el mismo argumento represor que usa la derecha en todos los conflictos sociales.

La indiferencia de los organismos de derechos humanos fue notorio, salvo un pronunciamiento bastante escueto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Dicha institución no incluyó ni una sola mención al conflicto de La Parada en su informe anual del 2012.

“A los más humildes perjudica, gente pobre que se quedó sin puesto. A los que tenían plata, no tanto” resalta otro vendedor de cebollas. Solamente una parte se han trasladado al nuevo mercado de Santa Anita, nuevo centro de abastos más alejado, pensado para abastecer a los grandes supermercados antes que a las familias. Son miles de estibadores que se han quedado sin trabajo, al ser remplazados por grúas mecánicas.

Solo un puñado de comerciantes se quedó resistiendo al interior del mercado hasta el final, liderados por la dirigente Ida Ávila. Para marzo del 2014, están encerrados, sin agua ni luz, con las puertas soldadas, a la espera del desalojo final. Sin embargo, la estrategia de Villarán no sería seguir la vía legal de un juicio por desalojo, sino simplemente sacar una resolución de clausura del mercado, con lo que autoriza a su personal municipal a cerrarlo definitivamente. La opinión pública y los medios de comunicación celebraron esta medida, mientras los comerciantes al interior estaban cada vez más solos.

Memorable fue el mensaje de una de las mujeres comerciantes al interior del mercado el ocho de marzo de aquel año, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, dando aliento a sus compañeras a resistir. Finalmente, el quince de marzo del 2014, se da el desalojo, bajo la figura burocrática de rescate sanitario, erradicando un foco infeccioso que incluía a personas consideradas sucias. Policías y serenos los sacan a la fuerza y un cargador frontal destruye lo que queda del mercado. Entre los escombros de los puestos, se encontró el cuerpo de un anciano herido, un veterano verdulero que quiso luchar hasta el último. Al parecer, logró ser evacuado a un hospital. Después se reveló mediante resoluciones que la Policía recibió pagos de la municipalidad por participar en la clausura, lo que haría suponer que fue igual en octubre del 2012.

En el lugar, la Municipalidad construyó el llamado Parque del Migrante, que pareciera una ofensa a la memoria a los miles de migrantes andinos allí violentados. Con altos muros y rejas, el parque está separado del resto del barrio. A modo de justicia poética, la viuda del cantante Lorenzo Palacios, conocido como Chacalón, se opuso a que el parque lleve alguna placa, estatua o reconocimiento a su esposo, quien siempre les cantó a los humildes comerciantes que trabajaban duro mientras eran marginados por la ciudad.

De los cientos de comerciantes detenidos en los enfrentamientos de octubre del 2012, terminaron siendo liberados más de ochenta al no encontrárseles cargos, habiendo pasado meses internos sin el debido proceso. A fines del 2013, muchos de los procesados recibieron penas de cárcel entre tres y ocho años, con sentencias judiciales bajo acusaciones de disturbios, violencia contra la autoridad y hurtos. En junio del 2017, otros doce recibieron penas entre ocho y diecinueve años, cinco acusados por atacar al jinete policial. Ningún organismo de derechos humanos les ofreció ayuda legal como por ejemplo sí ocurrió en el Baguazo, pese a tratarse también de un caso enfrentamiento contra la represión estatal. “Varios son que están presos en la sierra, en el norte, a otros lados se los han llevado. Esa gente está sola, una quisiera llevarle comida, pero muy lejos se los han llevado” mencionan sus compañeros ambulantes.

Los verduleros de La Parada continúan en la avenida Bausate y Meza, al costado del Parque del Migrante. “Nosotros agarramos sitio por donde hemos podido y la Municipalidad venía y nos botaba. Guerreando y guerreando por aquí y por allá, con carretillas empujando, nos hemos venido agarrando sitio”.

LIMA NO PUEDE PARAR: LIMPIEZA SOCIAL CONTRA LOS AMBULANTES

Susana Villarán, con su pasado como activista de derechos humanos y su trabajo junto al recordado alcalde de Izquierda Unida, Alfonso Barrantes, en los años ochenta, donde colaboró en la fundación del programa Vaso de Leche, dirigido a los sectores más pauperizados de Lima, parecía calzar en el perfil de una burgomaestre pendiente de los problemas y carencias de una urbe con tantas desigualdades sociales.

Lima No Puede Parar fue su nuevo eslogan para hacer frente a las intenciones de la derecha de revocarla del cargo de alcaldesa de Lima desde el 2012. Y fue la consigna aplicada para barrer contra todo lo que se oponga a su gestión. Sumado a las connotaciones racistas y clasistas que despertaron los comerciantes de La Parada entre la izquierda socialdemócrata afín a la alcaldesa, se les vinculó con los sectores políticos opositores. Es decir, en el espectro político, apoyar a los trabajadores desalojados era el equivalente a ser partidario de la derecha que quería revocarla del cargo, era apoyar la corrupción de la anterior gestión edil de Luis Castañeda Lossio, su contrincante, y eventualmente también a algunas figuras políticas que fueron apareciendo, como el juez Malzon Urbina, invisibilizando la problemática social de fondo. Caso semejante ocurrió en el 2017 con la huelga de maestros, cuando también gran parte de la izquierda burguesa tildó a los docentes de estar de parte de la derecha fujimorista, cuando simplemente le reclamaban al gobierno más inversión en educación.

La Parada no fue sino el inicio de una ofensiva contra los ambulantes. Si bien las agresiones a los trabajadores de la calle por parte del personal municipal lleva décadas, fue la gestión supuestamente progresista e izquierdista de Villarán la que dio un nuevo impulso a este proceso de limpieza social de las calles, un proceso igual de violento que cualquier otro de represión contra los ciudadanos. De la mano de Susel Paredes, su gerente de Fiscalización, los uniformados azules de la municipalidad vienen dedicándose a golpear a todo aquel vendedor callejero que no encaje en la nueva visión de ciudad. Un proceso de gentrificación que arrasa con las pequeñas economías que no son funcionales a los grandes negocios de turismo, supermercados e inmobiliarios, donde un ambulante es sólo un estorbo. Del mismo modo con lo que ocurre con el centro histórico del Callao que está siendo privatizado por galerías de arte, el centro de Lima se enrumba a esa misma política de exclusión contra los más humildes, política que es continuada con mayor brutalidad por su sucesor y rival de derecha, Luis Castañeda, quien ganó las elecciones municipales del 2014.

“Yo no quiero estar así en el piso, porque eso también perjudica a los que viven acá. Yo feliz que me den mi puesto y me digan que vendo solamente desde acá hasta acá, así tenga que pagar más impuestos” anhela una ambulante de La Parada: una ciudad que no la rechace sino que le permita trabajar para poder ser considerada una ciudadana más y no un bulto callejero que obstaculiza el supuesto desarrollo.

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Alan Benavides

Terminé Periodismo, fotografío protestas y escribo sobre conflictos sociales. No me gustan los gobiernos, ni autoritarios, ni represores, ni ninguna forma de poder.