[FOTOS] Huelga de Maestros: «Con bombas y con palo, la huelga continúa»

La arremetida de los medios de comunicación y la represión policial contra la huelga de maestros no hacen sino evidenciar la desesperación del gobierno y en general de la derecha ante la determinación de los docentes por resistir en la lucha por la educación pública.

En medio de los disparos de las escopetas policiales, los golpes, las asfixiantes nubes de gases lacrimógenos y las embestidas de la caballería que convirtieron la avenida Abancay en un verdadero campo de batalla el día de ayer, los miles de maestros provenientes de colegios públicos que han llegado a Lima protestaban contra la desatención de la educación por parte del Ejecutivo, cuya ministra Marilú Martens, a la fecha, aún no llega a ningún acuerdo directamente con sus representantes de los huelguistas. El fin de semana anterior ni siquiera se sentó a negociar con ellos, tras una larga espera.

La huelga magisterial que lleva ya más de dos meses desde su inicio en Cusco y muchas otras provincias al interior del país, ha paralizado las escuelas públicas, mientras los docentes se encuentran protestando en la capital desde hace un mes. Pero lejos de reprochársele por dejar de dar clases, amplios sectores de la población apoyan la lucha de los maestros, incluidos sus mismos alumnos y los padres de familia. Tal es el caso también de los cientos de estudiantes universitarios limeños que los acompañan en las protestas y que junto con ellos resisten la represión policial, tal como ocurrió en la jornada de protesta del jueves.

Además de las absurdas críticas que los medios de comunicación acostumbran lanzar contra las protestas populares, esta semana sus calumnias se han centrado en criticar a los huelguistas por persistir en el paro ya que supuestamente sus demandas salariales ya habrían sido atendidas con la promesa de elevar sus sueldos de mil doscientos a dos mil soles para fin de año. Pero lo que la determinación de los manifestantes viene demostrando es que su lucha va más allá de un pedido salarial, sino que apunta a una real mejora de la educación pública.

Sumado a esto, los primeros acercamientos de la semana pasada entre el congresista fujimorista Héctor Becerril y el líder del comité de lucha del Sutep, Pedro Castillo, que evidentemente obedece a una estrategia de aprovechamiento político por parte del parlamentario naranja y a una indiferencia hacia las demandas del profesorado que parece no encontrar eco en muchos otros congresistas, han despertado también suspicacias en algunos sectores progresistas, que se unen al discurso de la derecha al acusar a los maestros de ser terroristas. Sin embargo, dicha aproximación no llegó  a ningún acuerdo y más bien son algunos pocos parlamentarios de izquierda los que reciben a Castillo.

Mientras los docentes y universitarios se manifestaban y eran violentados por la Policía en las calles del centro de Lima e inmediaciones del Congreso, los comerciantes de la zona y transeúntes les daban muestras de solidaridad. Mientras algunos de los profesores eran heridos y caían desmayados en el asfalto, sus miles de colegas siguieron el resto del día de pie y con el puño en alto, ante la represión, mientras siguen las acusaciones del ministro del Interior, Carlos Basombrío, que utiliza el manido recurso de señalarlos como subversivos para criminalizar la protesta. “Terrorista es la Policía fascista” arengan los manifestantes en los momentos más tensos, mientras los agentes del orden apuntan sus armas hacia ellos.

MERITOCRACIA Y EVALUACIONES PARA LOS MÁS HUMILDES

El tema más álgido que ha esgrimido el Ejecutivo y la prensa para desprestigiar la huelga son las evaluaciones a las que se verían sometidos los maestros, en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, la cual señala en su artículo 23 que al cabo del tercer examen desaprobado, el docente sería despedido. “Evaluaciones sí, despidos no” afirman los docentes en huelga.

Miguel Bendezú Giraldo es profesor de ciencias sociales en el colegio Daniel Alomía Robles, en el distrito de Pinra, en la provincia huanuqueña de Huacaybamba. A sus más de sesenta años, sabe perfectamente que un eventual despido le impediría seguir manteniendo a sus hijos. “El gobierno está innovando una serie de recursos. Los profesores tenemos discrepancias con esos instrumentos de evaluación y la forma cómo se ha elaborado. Más allá de esa discrepancia técnica, a los profesores lo que les preocupa es la situación discriminatoria de que, valiéndose de esos medios de evaluación, pretendan despedirnos. Ése es el fondo del tema. No se les somete a una evaluación ni se les despide, ni a las fuerzas armadas, ni a la Policía, ni a todo el sector público, ni a los médicos, ni a las enfermeras, ni a los administrativos, ni a los trabajadores del Congreso ni a los de la Presidencia de la República ¿Por qué a los maestros? Queremos un trato equitativo” afirma.

Efectivamente, el actual sistema de rúbricas es el punto con que los profesores no están de acuerdo, pues lejos de considerarlo un sistema de evaluación con carácter formativo, acusan que se trata de un instrumento punitivo para despedirlos y quitarles derechos laborales. “Un maestro está a cargo de lo que es el proceso formativo. El maestro tiene que contar con una serie de recursos para alcanzar los logros. Sólo contamos con un sueldo deprimente, que no nos alcanza ni siquiera para tener una maestría, ni siquiera comprar un libro nuevo, ni para tener internet, ni para comprar un diario permanentemente y estar informados, ni todas las herramientas informáticas. Estamos nosotros manteniendo el servicio educativo con nuestro bolsillo. Con estos escasos recursos que nosotros tenemos, los resultados también van a ser pobres”.

“Nosotros los maestros nos evaluamos constantemente. Por ejemplo, para el nombramiento, nos han evaluado. Igualmente para ingresar a la carrera magisterial. Constantemente hay programas nuevos, como el programa PELA. Del ministerio también nos vienen a evaluar. Trabajamos en una red educativa y entre maestros compartimos grupos de inter aprendizaje y nos hacemos la evaluación. La evaluación es buena para poder mejorar la enseñanza ¿Por qué los estudiantes no asimilan la enseñanza? Porque hay condiciones, por ejemplo la alimentación, que es fundamental, la violencia familiar y factores que influyen. El presidente de la República no conoce todo eso y no puede salir con sus mentiras. El magisterio en su conjunto rechazamos esta ley nefasta que viene persiguiendo al magisterio” comenta el profesor Santos Abarca Taipe, quien labora en el colegio 51042 en la comunidad campesina de Pocpoqqeray, en el distrito Tambobamba, provincia de Cotabambas, Apurímac. “Esa evaluación es punitiva, con dirección a la privatización. Si vamos a tener presupuesto y ser pagados como debe ser, vamos a tener que entregarnos de cuerpo, alma y mente a nuestro trabajo. Porque, sin materiales n infraestructura adecuada no se puede laborar. En las escuelas rurales, es trágica la situación de la educación en el Perú”.

Fotos de Jai G. y Alan B.

Inclusive a través de las redes sociales, los maestros remarcan que dichas evaluaciones se alejan de la realidad social y educativa de las diferentes regiones del país. Entre los ítems que los técnicos del ministerio, muchas veces burócratas funcionarios sin horas de experiencia real enseñando, evalúan al sentarse a observar una clase, figura que ningún alumno distraiga su atención durante los sesenta minutos que debe durar la sesión, factor impredecible tomando en cuenta que cada niño es un mundo en su interior y necesita distintas dinámicas para captar su atención, muchas veces en aulas sobresaturadas con más de treinta estudiantes. Maximizar el tiempo en clase sin, supuestamente, desperdiciarlo en  llamar la atención a alguna indisciplina ni destinar más tiempo del necesario a repartir el material en el aula, así como dar acotaciones necesarias para empezar la clase, constituyen la diferencia entre aprobar o desaprobar la evaluación de rúbricas, lo que podría acarrear el despido, por mucha antigüedad o experiencia que pudiera tener el docente. “Se trabaja a presión y no con amor como estamos acostumbrados nosotros” sentencia una profesora de San Juan de Miraflores en un video hecho por ella misma para explicar las deficiencias del examen.

En una de sus últimas visitas a Cusco, la ministra Martens departió con los alumnos en clase del histórico Colegio de Ciencias de dicha ciudad. Ante un niño inquieto que jugaba mientras Martens hablaba, la ministra lo tomó de la cabeza con cierta brusquedad para que preste atención. Según el actual sistema de rúbricas, ella habría sido automáticamente desaprobada, a opinión de más de un profesor en huelga.

Bajo cualquier perspectiva laboral, someter a un trabajador con quince o veinte años de experiencia y nombramiento en la institución, a evaluaciones periódicas que en cualquier momento pueden significarles quedarse sin puesto de trabajo, constituye una obvia vulneración al derecho a la estabilidad laboral. Un masivo despido de trabajadores veteranos y curtidos en la enseñanza en las más duras condiciones de diferentes colegios de los rincones más alejados del Perú, junto con la tensión que generaría en ellos esta permanente sensación de no saberse seguros en su empleo, son factores que acarrearían mayores problemáticas al sistema educativo en su conjunto, ya de por sí castigado con un bajo presupuesto y una infraestructura que se cae a pedazos.

La tan mentada meritocracia a la que aluden muchos políticos y opinólogos, la ilusión de mayor progreso a mayor esfuerzo personal, resulta paradójica en un país lleno de desigualdades sociales y tanta corrupción enquistada en el aparato estatal. Exigir los mismos resultados pedagógicos a un maestro que enseña a cuarenta niños con desnutrición crónica en una aldea campesina de la sierra que a un colega que labora en la ciudad con todas las herramientas informáticas, resulta más que contradictorio e incoherente. Asimismo, imponer una tramitología que someta a tantas  pruebas a docentes con título universitario y décadas de dedicación en las aulas mientras que la misma ministra de Educación y muchos otros miembros del gabinete magisterial exhiben un cartón de bachiller de universidades particulares y maestrías en el extranjero, puede considerarse una burla y un maltrato al maestro del Perú.

“Queremos que el Estado asuma el seis por ciento del presupuesto para el sector” remata el profesor Bendezú, para señalar la principal demanda de sus miles de colegas que colman la plaza San Martín todos los días en protesta por mayores recursos para la educación pública, para que los colegios puedan sostenerse en pie, para que un alumno del campo no tenga que envidiarle una computadora a un alumno de la ciudad y para vivir en un país donde un maestro que educa a los niños no sea menos remunerado que un policía que golpea manifestantes.

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Alan Benavides

Terminé Periodismo, fotografío protestas y escribo sobre conflictos sociales. No me gusta ningún gobierno, ni autoritarios ni represores, ni ningún poder económico.