[FOTOS] Dina asesina: Régimen cívico militar despliega represión policial en el centro de Lima
Tras sorprender a los peruanos con su anuncio televisivo de disolver el Congreso y convocar una asamblea constituyente el pasado miércoles siete de diciembre por la mañana, el entonces presidente del Perú, campesino rondero y maestro sindicalista Pedro Castillo Terrones fue vacado por el Congreso de mayoría derechista y arrestado por sus propios agentes policiales de escolta. La sucesión presidencial recayó sobre la vicepresidenta Dina Boluarte Zegarra, desatando una ola de contundentes protestas, bloqueos de carreteras y tomas de aeropuertos por parte de las comunidades campesinas e indígenas al interior del país quienes reclaman por el gobierno por el cual se sentían representados.
En evidente connivencia con sectores de extrema derecha, la reacción del nuevo gobierno ha sido desplegar violencia policial junto con soldados del Ejército y declarar el estado de emergencia para así intentar anular los derechos de reunión y protesta, desatando enfrentamientos en los que van perdiendo la vida veinticinco civiles manifestantes asesinados por disparos de arma de fuego de los uniformados.
Cabe resaltar el racismo y clasismo del conflicto social, al concentrarse la violencia de los agentes del orden contra poblaciones rurales e indígenas históricamente abandonadas por el Estado y quienes han padecido la mayor carga de muertos y desaparecidos del conflicto armado interno en los años ochenta y noventa, siendo muchos miembros de comunidades campesinas calificados de terrucos pese a que más bien en éstas localidades la población se organizó para enfrentarse contra el terrorismo de Sendero Luminoso.
Lima la cosmopolita ciudad capital que vive alejada del resto del país, parece indiferente a la tragedia nacional que se vive en las últimas semanas. En una urbe que votó masivamente por opciones de extrema derecha en los últimos comicios nacionales y municipales pese a que sus citadinos son en su mayoría descendientes de migrantes andinos, las protestas no logran mucha solidaridad. Esto no es impedimento para que jóvenes estudiantes, activistas de izquierda y sectores de la clase trabajadora organizada tomen las calles del centro histórico de la ciudad prácticamente todos los días exigiendo la renuncia de Dina Boluarte y repudiando el terrorismo de Estado que ejerce.
Se hacen inevitables las comparaciones con las protestas de noviembre de 2020 cuando decenas de miles de jóvenes de la llamada generación del bicentenario también salieron a marchar contra el golpe de facto del breve Manuel Merino, consiguiendo sacarlo tras una semana de manifestaciones y dos fallecidos. La participación no solamente de activistas de izquierda sino también de sectores de derecha liberal en aquella jornada de hace dos años es la gran diferencia con la actual convulsión social. La supuesta centro derecha limeña jamás lograría empatizar con los pueblos indígenas que se sienten representados por un presidente rural y racializado, haciéndose cómplices de la extrema derecha que desde el primer día de gobierno de Pedro Castillo buscaron la forma de destituirlo y zurrarse en el voto campesino.
Los constantes enfrentamientos entre los uniformados y los manifestantes en todo el país también generan supuestos rumores de infiltrados quienes generan violencia en las protestas. Si bien sí se ha comprobado la presencia de agentes terna, es decir policías vestidos de civil quienes se mezclan en las marchas, este discurso origina paranoia y desconfianza al interior de la protesta contra muchos jóvenes quienes espontáneamente deciden enfrentarse a la represión policial con lo que tengan a la mano.
Fotos de Aitana Gómez y Alan Benavides
Desde luego la represión policial no alcanza las cuotas de violencia en la ciudad de Lima que en el resto del Perú. Sin embargo, las delegaciones de pueblos indígenas que llegan a la capital para participar en las protestas, también sufrieron una irregular intervención policial. La macartista División contra el Terrorismo (Dircote) liderada por el general Oscar Arriola quien no tiene empachos en brindar opiniones políticas a medios de comunicación tildando de terrorista a cualquier movimiento de tendencia comunista, a primeras horas del pasado sábado diecisiete lideró un operativo que llegó en un primer momento sin presencia de la Fiscalía, a las sedes de la Confederación Campesina del Perú y los partidos de izquierda Nuevo Perú y Voces del Pueblo donde pernoctaban los recién llegados activistas indígenas, en búsqueda de supuestas pruebas que los vinculen con los rezagos de Sendero Luminoso. Pese a que no hubo detenidos, la indignación de muchos campesinos intervenidos quienes en su juventud fueron soldados del Ejército peruano y lucharon contra el terrorismo, estalló en llanto al verse hoy calumniados de terrucos por los agentes policiales.
La cuestionada Fiscalía de la Nación que desde hace meses llenaba de denuncias de corrupción al entonces presidente Pedro Castillo en base a dichos de supuestos testigos, declaró que cualquier manifestante que sea detenido en las jornadas de protesta será retenido durante quince días para investigar su supuesta filiación a organizaciones criminales. La justicia al servicio de la represión.
El gobierno de facto de Dina Boluarte se apoya en una junta de generales militares y policiales quienes tienen carta libre para dar declaraciones en medios de comunicación contra las protestas, no contando con respaldo político ni de las organizaciones de izquierda que secundaron a Pedro Castillo, ni de los movimientos populares, campesinos, indígenas y sindicales que votaron masivamente por él, ni tampoco de la derecha que aún la mira con cierta desconfianza. La única supuesta legitimidad que podría tener se sustenta en las botas y armas de los uniformados, por lo que muchos no dudan en afirmar que el Perú vive en un régimen cívico militar, un Estado policíaco con facultades para disparar y matar.
En el desprestigiado Congreso de mayoría derechista que registra cifras históricas de desaprobación de la opinión pública según todas las encuestadoras, el actual presidente del Legislativo es el general José Williams Zapata, quien estuvo incluido en el juicio por la masacre de Accomarca de 1985 aunque salió bien librado de los tribunales por no participar presencialmente en los asesinatos de campesinos por los soldados del Ejército. Ante una improbable renuncia de Dina Boluarte, a él le tocaría asumir la presidencia interina del Perú.
Un común denominador en la cobertura mediática de las protestas es que se centran en la exigencia de nuevas elecciones para sacar a Boluarte y a su gabinete de ministros y militares con las manos manchadas de sangre. Sin embargo, las redacciones periodísticas suelen obviar que gran parte de los manifestantes exigen más bien la liberación y restitución de Pedro Castillo.
Por otro lado el clamor histórico de las comunidades indígenas y gremios de trabajadores es la conformación de una asamblea constituyente con participación de dichos sectores sociales para redactar un nuevo pacto social que sustituya a la Constitución Política del Perú de 1993, impuesta por la dictadura de Alberto Fujimori y cuyo contenido reviste uno de los regímenes económicos más neoliberales de la región. Siendo prácticamente la única carta magna del mundo que blinda los contratos ley entre el Estado y las millonarias empresas, así como la notoria ausencia del derecho constitucional a la vivienda y la incapacidad de crear empresas estatales que compitan con el capital privado en sectores claves de la economía. Un sistema que no hace sino generar conflictos sociales entre la población y las empresas, siendo los casos más notorios las protestas de pueblos rurales contra la contaminación de transnacionales mineras y petroleras. El esperado momento constituyente no tiene eco en la prensa tradicional.
Al cierre de esta edición, el impopular Congreso peruano aprobó que las nuevas elecciones se celebren para cambiar de gobierno todavía a mediados del 2024. Incluso algunos parlamentarios de izquierda claudicaron en exigir que se incluya un referéndum para la asamblea constituyente y votaron a favor de la postergación de comicios. Las salidas institucionales al estallido social se siguen cerrando. Advertidos están.
Fotos de Aitana Gómez y Alan Benavides
