[FOTOS] San Marcos en histórica toma por la defensa del campus: Tumben el bypass

Una movilización de miles de jóvenes al interior del recinto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el último martes, culminó cuando los estudiantes decidieron cerrar todas las puertas del campus como medida de fuerza para protestar contra la intransigencia de las autoridades que pretenden ceder parte del terreno para las obras municipales de ampliación de las avenidas Universitaria y Venezuela.

Aquella primera noche se desató un breve enfrentamiento con la Policía que intentó ingresar por la puerta del estadio universitario, donde llovieron lacrimógenas y pirotécnicos. En los siguientes días, la tensión se mantuvo ante la amenaza de una intervención de los uniformados contra la medida de lucha, por lo que los jóvenes han extremado la seguridad al interior para impedir que policías de civil, agentes próximos a la administración rectoral o personas ajenas a la protesta en general puedan colarse y vulnerar la toma que se mantiene. Fuertes barricadas han sido levantadas en todas las entradas del campus por los muchachos que se han encapuchado para protegerse de represalias administrativas y/o penales.

Desde luego, no tardó en surgir la estigmatización por parte del Ministerio del Interior, los medios de comunicación y la derecha fujimorista que vienen acusando a los alumnos de estar ligados a organizaciones fachadas del movimiento terrorista de Sendero Luminoso, eterna calumnia prejuiciosa que suelen recaer sobre cualquier protesta estudiantil sanmarquina. El colmo de la criminalización lo encarnó una despistada reportera televisiva que sugirió que las botellas de vinagre desechadas en una de las puertas serían para preparar bombas incendiarias, cuando es conocido que dicho líquido agrio es usado en todo el mundo como antídoto a las lacrimógenas policiales.

La concentración de contingentes policiales en los exteriores de la Decana de América hizo temer un eventual operativo, pero la protesta pacífica de más jóvenes que formaron una cadena humana en todo el perímetro universitario consiguió atraer la solidaridad de la opinión pública, en repudio a cualquier acción violenta que pudieran emprender los uniformados. Sindicalistas de distintos gremios también en actuales coyunturas de lucha, como los trabajadores mineros, los obreros textiles, las obreras de limpieza y los mismos trabajadores sanmarquinos, quienes se sumaron a la recolección de víveres para sostener la toma.

NI UN CENTÍMETRO MENOS

Cabe recordar que en las últimas dos semanas se han sucedido contundentes manifestaciones en dicha casa de estudios, al conocerse el acuerdo entre el rector de San Marcos Orestes Cachay y el alcalde limeño Jorge Muñoz para unos nueve mil quinientos metros cuadrados del campus sean cercenados para que las pistas colindantes se hagan más anchas para los autos. En una universidad con tradición de protesta, que semejante proyecto se ejecute sin consultar a los alumnos no hizo sino despertar la ira juvenil.

El conflicto en sí proviene desde el 2008, cuando el entonces burgomaestre de Lima Luis Castañeda Lossio, hoy acusado por corrupción, construyó el bypass entre las avenidas Universitaria y Venezuela, lo cual desencadenó fuertes manifestaciones en ese año. En setiembre del 2018, en plena campaña electoral municipal, tanto Muñoz como otros candidatos firmaron un compromiso para no recortar el campus.

Desde el punto de vista urbanístico ya está demostrado que una mayor cantidad de carriles automovilísticos no contribuye a mejorar el tráfico vehicular en las ciudades del mundo. En Lima, esto quedó en evidencia con la muy criticada edificación del bypass en la avenida 28 de Julio por Castañeda en el 2015, una obra que finalmente ha generado más molestias a vecinos y conductores. Además, la ubicación de la huaca arqueológica San Marcos obligaría a que los cinco carriles previstos en un tramo corto de Venezuela se reduzcan a dos, es decir, un cuello de botella donde los autos de todas formas quedarían atorados.

Las quejas de los protestantes también apuntan a que reducir el cerco perimétrico del recinto universitario acercaría las pistas a las aulas dentro de las facultades hasta unos escasos cincuenta metros, por lo que el ruido, la contaminación y el estrés perjudicarían las clases. Particularmente afectadas se verían las facultades de Ciencias Físicas y de Ciencias Químicas en la avenida Venezuela, dado que sus laboratorios cuentan con instrumental altamente sensible a las alteraciones de sonido.

Valeria Román estudia Filosofía y es representante de la Junta Directiva Transitoria de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) desde hace un par de semanas. Cuando los medios de comunicación le cuestionan cuál es la alternativa que ofrece el estudiantado para las obras municipales, responde que es mucho más complicado que simplemente preguntarles a jóvenes que no son ingenieros ni arquitectos qué se debería construir. Al saberse del recorte del campus, rápidamente los alumnos organizaron una comisión técnica conformada por sus compañeros de Ingeniería Civil para elaborar una contrapropuesta, pero evidentemente esto tomará más de dos semanas, tiempo en el que el rector Cachay ha intentado sorprender a la opinión pública. La dirigente considera absurdo reprocharles no tener en este momento un proyecto ya completamente elaborado que tome en cuenta por ejemplo el impacto ambiental y el patrimonio arqueológico en la zona. Ayer viernes la FUSM ya le envió una solicitud legal al municipio para pedirle el expediente entero de la obra.

Más bien, Valeria ve esto como una oportunidad para exigir las herramientas necesarias para que los mismos sanmarquinos puedan plantearse no qué otra obra construir con políticas de cemento sino que se involucren y se planteen cómo desean tener ordenada su ciudad universitaria como espacio público. Considera que las declaraciones públicas de Cachay revelan su nulo interés por la participación estudiantil, al promocionar los supuestos beneficios de la obra sin que la comunidad universitaria aun tenga claro en qué consiste.

La semana pasada se invitó a la FUSM a una mesa técnica con las autoridades de modo intempestivo para explicarles superficialmente que se modificaría el cerco perimétrico, intentando que acepten mareándolos con criterios de ingeniería que los jóvenes no manejan. Los dirigentes querían una nueva mesa de diálogo el último lunes, un día antes a la toma, las autoridades de la universidad les dijeron que mejor el martes y que asistiría el mismísimo Muñoz. El martes se les llamó para posponer la reunión y además se enteraron que el alcalde había viajado fuera de Lima. A partir de ahí, la furia del alumnado que tomó el campus ya se hizo incontenible.

Fotos de Alan B.

ESTUDIAR Y LUCHAR ES DEBER ESTUDIANTIL

El conflicto por la construcción ha servido también para que la FUSM visibilice las demás problemáticas educativas de la universidad, insistiendo en incluirlas en cada reunión con el rectorado. Las demandas nacen de la oposición del movimiento estudiantil a la muy cuestionada Ley Universitaria, la cual acusan de ser una herramienta privatizadora de la educación. La abrupta implementación de este dispositivo en los últimos años ya ha generado conflictos, como la toma de San Marcos del 2018 por la improvisación de los estudios generales.

Una primera exigencia de los protestantes es el bachillerato automático para quienes han ingresado en los años 2016 y 2017, es decir, que no se les exija presentar una tesina y llevar una serie de cursos adicionales para acceder al grado académico cuando concluyan su último ciclo de estudios más adelante. Valeria indica que no se trata de oponerse al trabajo de investigación, sino que señala que San Marcos aún no cuenta con los recursos materiales ni docentes necesarios para exigir requisitos respecto a la cantidad de egresados que habrá en los siguientes dos años, en el marco de la acelerada adecuación a la Ley 30220. Señala como injusto mantener en incertidumbre a estas dos futuras promociones de sanmarquinos mientras no se les garantice condiciones mínimas.

Las intenciones de Cachay de incrementar el número de vacantes de ingreso por el Centro Preuniversitario en reduciendo las vacantes por el examen de admisión ordinario, constituye una obvia consecuencia de la política mercantilista de la Ley Universitaria. Mientras la Pre está dirigida a jóvenes de mayor poder adquisitivo que pueden pagarse una mensualidad, el examen regular es donde postulan quienes provienen de sectores más humildes del pueblo. Desde hace años se denuncia este proceso de elitización, que hoy va de la mano con la Ley que autoriza los recursos directamente recaudados (RDR) a las universidades públicas, lo que se traduce en un Centro Preuniversitario usado como una suerte de caja chica por las gestiones rectorales y cobros administrativos al alumno que exige educación pública. “Este negocio no es atractivo. Tenemos que competir con las academias. Tenemos que entrar en ese mercado” es la usual respuesta que Valeria escucha del rector sobre el punto, demostrando que en su despacho la lógica neoliberal se impone al derecho fundamental a la educación pública.

Otro demanda es la derogatoria del Reglamento de Procesos Disciplinarios (RPD), también derivado de la misma ley, que criminaliza con expulsiones y procesos administrativos y penales contra los alumnos que asisten a marchas y tomas como parte de su derecho legítimo a la protesta y participación en la vida política.

A inicios de setiembre, el entonces presidente de la FUSM Juan Manuel Pineda fue declarado en vacancia por una asamblea de estudiantes sanmarquinos, acusando una nula gestión política de parte de él y su Junta Directiva vinculados al partido izquierdista Nuevo Perú, además de supuesta corrupción. Valeria Román era secretaria del Centro Federado de Letras y junto con otros representantes de Derecho, Educación y otras escuelas, hoy integran la junta transitoria que deberá convocar a elecciones para un nuevo presidente de la FUSM. La inesperada coyuntura los terminó colocando como rostros visibles en la toma.

El jueves por la tarde el mismo Cachay pidió a la Policía que no intervenga violentamente el campus mientras duren las negociaciones. Al cierre de esta edición, se publicó el acta de una primera reunión ayer viernes de la mesa de diálogo entre el rector, los estudiantes de la FUSM junto con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, donde se acordó el bachillerato automático, anulación de estudios generales, el no recorte del terreno, el archivamiento del RPD, que no habrían represalias contra los participantes en la toma y futuras mesas técnicas para replantear el proyecto del cerco perimétrico. Primeras conquistas que no se habrían logrado sin la lucha de los sanmarquinos que todavía siguen encapuchados y vigilantes en las barricadas.

Posts relacionados

Alan Benavides

Terminé Periodismo, fotografío protestas y escribo sobre conflictos sociales. No me gusta ningún gobierno, ni autoritarios ni represores, ni ningún poder económico.