[FOTOS] Cantagallo: El retorno de la comunidad tras el desplazamiento forzado y las promesas incumplidas
En la madrugada del pasado jueves veintiséis de setiembre, unas doscientas veintitrés familias indígenas amazónicas de la etnia shipibo konibo ingresaron al predio de Cantagallo, un terral aplanado ubicado entre dos carreteras principales de la ciudad de Lima, la Vía de Evitamiento y la Línea Amarilla, en el distrito del Rímac. Según ellos mismos relatan, mientras levantaban las primeras estacas de madera y plásticos para protegerse del frío, el alcalde del distrito, el acciopopulista Pedro Rosario se acercó amenazante a decirles que se fueran. Con la llegada de los abogados de los comuneros, los periodistas y los primeros rayos del sol, el burgomaestre mutó su actitud intentando mostrarse conciliador, pero ya ningún ocupante le creía.
Divisiones policiales rápidamente rodearon el terreno, impidiendo que los shipibos ingresen materiales de construcción. “Shipibos invaden Cantagallo” rezaban los titulares de la prensa, mientras los ocupantes rechazaban tajantemente el adjetivo de invasores, puesto que estaban volviendo a la tierra en la que hace dieciocho años construyeron una comunidad donde preservar sus costumbres, su idioma y su cultura amazónica. Fue con la llegada de los representantes del Ministerio de Vivienda que los ánimos se apaciguaron y la amenaza de una intervención policial violenta se alejó.
Desde luego, los uniformados no eran la única amenaza. Algunos vecinos de barrios cercanos también intentaron invadir una parte del predio, siendo rápidamente echados por los shipibos sin mayores incidentes.
Alrededor de la que era su antigua escuela intercultural bilingüe, las madres amazónicas cocinan para toda la comunidad e intentan vender sus artesanías a los transeúntes para así adquirir planchas de madera y reconstruir más rápido las casas. Wilson Valles, músico y dirigente de los ocupantes, le expresa a la representante del Ministerio de Vivienda que no van a ir a conversar a ninguna oficina, sino que los mismos funcionarios del Ejecutivo tienen que apersonarse al lugar si desean dialogar.
UN ÉXODO PEOR QUE EL FUEGO
Wilson nació en la comunidad de Nueva Betania, a las afueras de la ciudad de Pucallpa, en Ucayali. A fines del 2001, tras el período de violencia política y la caída de la dictadura fujimorista, junto con muchos otros indígenas de esa región de la Amazonía peruana, decidió migrar a Lima buscando un mejor futuro para sus hijos. Como muchos migrantes, levantaron sus casas en una tierra donde no había nada.
“Yo vine aquí a vender mi artesanía, pero fue chocante porque es muy diferente en una capital que en la chacra, en el pueblo. Aquí sin dinero no comes, en cambio en la chacra tú siembras tu plátano, pescas y estás comiendo. Allá no ves dinero para comprar un jabón, para la educación de tus hijos. Las costumbres nunca las hemos dejado. Mis hijos han nacido aquí pero siguen mis costumbres, hablan mi idioma, comen la comida típica. Yo nunca voy a dejar mis costumbres porque vengo de esa raíz, de esa sangre shipiba, porque soy indígena no voy a dejar de tener ese derecho de tener mi calidad de vida, para mis hijos también. Eso es lo que buscamos ahora, un techo para educar y que salgan profesionales como cualquier ciudadano” relata Milka Franco, quien llegó a Lima desde el distrito selvático de Iparía, en la misma provincia que Pucallpa.
En el 2007 la Municipalidad del Rímac les otorgó un título de posesión, que no es igual a un título de propiedad que otorga el Estado. “Son posesionarios y llevan allí como veinte años y eso hace que su posesión sea especialmente protegida por el ordenamiento jurídico. No los pueden sacar así nomás, tendría que ser previo proceso judicial” afirma Mar Pérez, abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos, quien asesora a los comuneros.
Como ya es historia conocida, en el 2011 la alcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán se comprometió a construirles un conjunto habitacional en el proyecto Vía Parque Rímac. Pero a inicios del 2015, el siguiente burgomaestre limeño Luis Castañeda Lossio utilizó los fondos del proyecto para la construcción del polémico bypass en la avenida 28 de Julio, una obra con múltiples acusaciones de corrupción. Y la estocada final llegó con el trágico incendio de noviembre del 2016, cuando un fallo eléctrico provocó el fuego que se llevó sus viviendas y la vida de un bebé de la comunidad.
“Ha sido el peor momento de nuestras vidas” recuerda Milka. Cientos de familias despertaron sin nada más que lo que tenían puesto. Cuatrocientas viviendas, en su mayoría de madera, carbonizadas. La pequeña escuela intercultural bilingüe dejó de funcionar. El Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Lima toman cartas en el asunto e inician las primeras conversaciones. En diciembre del 2016, ambas entidades estatales firman un acta con los comuneros, donde se comprometen a implementar un proyecto de viviendas con los estudios pertinentes del terreno, así como a brindarles asistencia. El mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski se acercó a la comunidad y les prometió que sería reconstruida.
El primer plazo ofrecido para la edificación del conjunto habitacional fue en julio del 2017. Tras ser incumplido, en setiembre de ese año, presionados por el Ministerio, los shipibos se retiraron del lugar para que puedan iniciarse las obras. Cada una de las familias tuvo que alquilarse un lugar donde vivir, contando únicamente con un subsidio de quinientos soles mensuales a cuenta del municipio limeño, que muchas veces se pagaba de modo discontinuo.
Según datos de la misma Coordinadora de Derechos Humanos, cerca del noventa por ciento de las familias están hacinadas en cuartos de cinco metros cuadrados, que es lo que pueden alquilar con el subsidio y sus propios ingresos. Poco más de la mitad han encontrado donde vivir dentro del mismo distrito del Rímac y el resto se había mudado a otras zonas de Lima. “Estamos hablando de familias extensas, con muchos niños, que en promedio tienen diez personas cada familia. Imagínate vivir en esas condiciones por dos años” explica Mar Pérez.
Asimismo, también un noventa por ciento han visto muy reducida su economía. “Han perdido ingresos porque cuando estaban todos concentrados en Cantagallo, venían los turistas, venían los compradores a buscar sus artesanías” explica Mar Pérez. En el caso de las mujeres, muchas de ellas madres solteras, el treinta por ciento afirma que ganaban entre ciento cincuenta y doscientos soles diarios solamente vendiendo sus productos a los visitantes de la comunidad, dinero que ya no perciben desde que fueron desplazadas.
Por otro lado, más del noventa por ciento han sentido discriminación y racismo por su condición de indígenas amazónicos, al mudarse a barrios de Lima ajenos a la comunidad donde llevaban décadas conviviendo.
Prácticamente todos tienen sus documentos con domicilio en el Rímac, por lo que en el sistema de salud tienen que seguir atendiéndose en el centro médico de Piedra Liza, ubicado a pocas cuadras de la comunidad pero muy lejano para quienes se mudaron a otros distritos limeños como San Juan de Lurigancho. Más del noventa y cuatro por ciento han tenido dificultades para atenderse en las postas médicas de sus nuevos vecindarios.
La afectación más serie se dio en el plano educativo. El ochenta y tres por ciento de familias de Cantagallo tienen niños que cursan la primaria, quienes al ver su escuela intercultural bilingüe destruida fueron trasladados a otro colegio en el Rímac donde les siguieron enseñando en su idioma. Sin embargo, la lejanía y la delincuencia que impera en los alrededores del centro educativo han llevado a más del ochenta por ciento de los pequeños a abandonar la escuela, dejando de aprender su lengua indígena. Incluso dos maestros bilingües fueron retirados este año al reducirse la cantidad de alumnos shipibos que justificaba su contratación. “Esto está generando daños irreparables en la comunidad. Son niños que deben fortalecer su idioma, su cultura”.
Fotos de Jai G. y Alan B.
Entre enero y abril del 2019 la Municipalidad dejó de pagar los subsidios, los cuales finalizarán en diciembre próximo. La paciencia de los comuneros se colmó en setiembre último, cuando las autoridades presentaron un nuevo informe del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmica y Mitigación de Desastres (CISMID), el cual les sirvió de excusa para argumentar que la zona de Cantagallo no era apta para construir viviendas. Seis días después, los shipibo konibo retomaron las tierras que nunca quisieron abandonar.
Wilson afirma que ha asistido a incontables mesas de diálogos en estos casi tres años desde el incendio, ha firmado acatas que han sido incumplidas por el gobierno. Poco antes del informe desfavorable, les prometieron un terreno en El Agustino que actualmente es propiedad de la empresa estatal Sedapal, aunque también se quedó en una propuesta sin que se inicien los trámites.
“Después del incendio nos prometieron que iban a construir la casa en tres meses y que nos van a dar bonos. Con eso salimos de aquí confiados, buscamos nuestros cuartitos y ahorita estamos alquilando. Con artesanía mantengo a mis hijos. Pero nos prometieron en un año, en dos años, de tres meses empezaron, hasta que la paciencia se agotó, se fue toda la confianza. Porque los gobiernos nos venían diciendo que nos van a construir la casa, inclusive la escuelita. Hasta que hoy llegó el día de retomar nuevamente nuestras posiciones y traer la escuelita nuevamente. Porque ahorita nos sentimos engañados, burlados de nuestros derechos. Porque tenemos derecho de vivir en cualquier parte del país como peruanos y nadie nos puede discriminar ni engañar. Me siento indignada, de rabia, me puse a llorar. Yo no tengo ni casa, no tengo nada, todo se me acabó el día del incendio. Vivimos en un cuarto chiquito, no podemos hacer nuestra artesanía” se lamenta Milka.
LA TIERRA QUE NUNCA DEJÓ DE SER SU HOGAR
Tras el incendio, en diciembre del 2016 el reconocido sismólogo Julio Kuroiwa realizó un primer estudio del suelo de Cantagallo, en el que concluyó que la construcción del complejo habitacional requeriría la remoción del llamado relleno no controlado que había en el terreno y un tipo de cimientos más costosos. Un caso semejante al del Museo de la Memoria, también edificado sobre un suelo difícil en Miraflores. Con esta información, el Ejecutivo del presidente Kuczynski decidió igual comprometerse en proporcionarle viviendas a la comunidad y posteriormente pedirles que se retiren para iniciar las obras que nunca se dieron.
Las conclusiones del nuevo informe del CISMID de hace unas semanas son semejantes a las de Kuroiwa, indican la dificultad del terreno y altos costos de construcción pero en ningún momento señalan la inviabilidad del proyecto. Cabe resaltar que aconseja que para aminorar costos se levanten edificios multifamiliares en lugar de viviendas unifamiliares. Ante esto, la alternativa que presentan los comuneros es que si bien se necesitan los cimientos costosos, las viviendas podrían ser de material semi noble, de madera e incluso bambú que se asemejen a las casas que tenían en la selva y que ellos mismos levantaron cuando llegaron a Cantagallo en el 2001. Esto no solo les serviría para preservar su cultura amazónica, sino que también la comunidad volvería a ser el polo turístico que fue antes del desplazamiento.
Fotos de Jai G. y Alan B.
Un aspecto que sí es preocupante en el informe es que se encontraron muestras de plomo y arsénico en la tierra del predio, sustancias altamente dañinas para las personas. Pero Mar Pérez apunta que el mismo documento no especifica a qué profundidad se encontraron estos elementos, lo que es importante para determinar si se trata realmente de contaminación. Si fuera meramente superficial, una remoción de tierras y su sellado con cimientos sería suficiente. En todo caso, exige un nuevo estudio a cargo de la entidad estatal competente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
La cercanía del centro histórico de Lima facilitaría la inclusión de Cantagallo en la ruta turística de la ciudad, que además es aledaña al mercado de libros de Amazonas y el mercado de flores, otros puntos populares pero desestimados. “No se trata solamente de darle un proyecto asistencial a una comunidad pobre, es que es un potencial turístico que puede generar movimiento económico muy interesante. Si los turistas ya llegan ahora en las condiciones que está la comunidad, pauperizada y en una zona muy peligrosa, imagínate el movimiento que puede generar si se adecúa el terreno. Lo que está en cuestión acá es el modelo de ciudad que queremos ¿Queremos una ciudad que solamente tenga malls todos igualitos entre sí y vías rápidas? ¿Queremos una ciudad que sea para la gente? Una ciudad con características peculiares que reflejen la diversidad cultural del país. Lo que se necesita es empezar a pensar en Lima como una ciudad donde la gente pueda caminar, gozar de la ciudad y no solamente un montón de moles de cemento difíciles de habitar” acota la abogada.
Desde luego, las sospechas de intereses económicos sobre el terreno de Cantagallo no dejan de estar infundadas. En una zona de valor comercial en el centro de la ciudad, podría estar en la mira de los futuros proyectos para un teleférico turístico hacia el cerro San Cristóbal o un centro comercial. La visita intimidante del alcalde del Rímac en la noche de la ocupación, quien en principio no debería preocuparse por un predio que es competencia del ministerio, levantó rumores entre los shipibos de que podrían querer desalojarlos con turbas de matones a sueldo de políticos o empresarios. Hace pocos días, una orden de desalojo le llegó a un vecindario cercano. Procesos de gentrificación en los que barrios populares son adquiridos por firmas inmobiliarias o turísticas, como ocurrió en el centro histórico del Callao, siempre constituyen una posibilidad al acecho.
Los shipibo konibo le exigen una reparación al Estado, consistente en módulos de viviendas prefabricadas con una adecuada instalación eléctrica y saneamiento de agua, que les permita esperar de modo digno a que se construya el conjunto habitacional que alguna vez les prometieron. También demandan que la escuela intercultural bilingüe sea rehabilitada en el mismo lugar, para así volver a tener la comunidad amazónica que nunca debió dispersarse.
