[FOTOS] La Parada es del pueblo: Trabajadoras ambulantes atrapadas entre rejas municipales tras incendio del mercado

“Nosotros no las vamos a desalojar. Ustedes solas se van a desalojar” comentan las trabajadoras ambulantes que les advirtió Susel Paredes cuando se acercaron a su camioneta a increparle por mantener las últimas cuadras dieciocho y diecinueve del jirón Hipólito Unanue completamente cerradas con rejas y candados. Luego del sospechoso incendio que consumió una parte del mercado minorista de La Parada la madrugada del último once de setiembre, éste fue rápidamente clausurado aquella misma ante las cámaras televisivas mañana por la gerente de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria.

El mercado minorista era un anexo que continuaba funcionando después del trágico desalojo policial del mercado mayorista de La Parada en el 2012, en una de las zonas más populares del distrito victoriano en Lima. Con calles atestadas por miles de trabajadores ambulantes, las miles de vendedoras de Unanue se preguntan por qué el ayuntamiento decidió encerrarlas a ellas entre barrotes cuando la parte siniestrada del centro de abastos colinda con la avenida San Pablo.

 Cabe recordar que tras la campaña de violencia municipal contra los trabajadores ambulantes del damero de Gamarra en marzo de este año, encabezada por el ex futbolista y actual alcalde de La Victoria George Forsyth y el posterior desalojo de los mismos de la avenida Aviación en junio último, los miles de vendedores peruanos y migrantes venezolanos que se ganan la vida ofreciendo alimentos y prendas de vestir en la vía pública se trasladaron a los jirones aledaños a La Parada. El jirón Unanue se convirtió en uno de sus refugios, siempre bajo constante acecho de los uniformados azules que amenazan con arrebatarles sus productos.

En su mayoría personas ancianas sin jubilación y madres solteras, desde la mañana del siniestro las miles de vendedoras ambulantes de Hipólito Unanue se encontraron rodeadas de gruesas cadenas que impedían abrir las rejas, así como alambres de púas y efectivos municipales con fieros perros rottweiler que les impedían introducir su mercadería y restringían el paso de cualquier eventual cliente o proveedor. Cual zona declarada en estado de emergencia, cuando el desastre más bien había ocurrido en otro sitio, el derecho al libre tránsito peatonal y vehicular estaba prácticamente prohibido no por algún dispositivo policial ni por ningún decreto del Ejecutivo, sino por mera disposición de una comuna distrital, algo insólito en cualquier ciudad de un país democrático del mundo.

Las tiendas de los mercados Unicachi y 3 de Febrero colindantes con el jirón enrejado fueron impedidas de abrir sus puertas durante los días que duró el cerco. Los baños públicos tampoco funcionaron. Apenas los niños podían pasar por debajo de los puntiagudos fierros para estar con sus madres y los conocidos gritaban el nombre de alguna vendedora para que se acerque y pedirle algún recado. Las señoras organizaron una olla común para resistir, de la cual comían por igual ambulantes peruanas y algunos cuantos migrantes venezolanos, todos manteniéndose unidos y firmes en no abandonar sus lugares de trabajo en la acera. Sin servicios higiénicos ni poder acudir a sus viviendas a bañarse, las condiciones de aseo no eran las mejores con el correr de los días.

“Esto ya parece campo de concentración” comentó Miguel Silva, veterano dirigente del barrio que vende ollas y enseres de cocina en un plástico en el suelo, quien relata que cuando llegó Susel en su camioneta les dijo sarcásticamente “Abran sus negocios pues ¿Por qué no abren? Abran y vendan su mercadería”.

En medio del cerco, vendiendo frutas en su silla de ruedas estaba Percy, quien a sus cuarenta y seis años depende totalmente de su esposa Luz Eva. No puede realizar esfuerzos físicos por un hongo pulmonar que lo aqueja desde hace doce años. Mientras la mayoría de ambulantes no cuentan con un seguro médico en un país con una salud casi privatizada, Percy logró afiliarse al Seguro Integral de Salud (SIS) que le brinda tratamiento pero las medicinas se las tiene que pagar. Recuerda que logró huir de la represión policial del 2012, pero ahora no podría enfrentar otro desalojo violento. Hace diez años un neumólogo pensaba que tenía tuberculosis, pero al detectársele el hongo fue operado, sus fuerzas disminuyeron y luego desarrolló una fibrosis pulmonar. En el 2013 empezó a usar una bolsa de colostomía para sus funciones intestinales. Todavía caminaba. Desde hace medio año tiene el pie hinchado por retención de líquidos y está postrado en la silla. Ya no puede preparar ceviche para ofrecer a los transeúntes.

Percy también se acuerda que durante las últimas elecciones el entonces candidato Forsyth se tomó una foto con él, pero ahora sus serenos lo intimidan cuando trata de ingresar alguna caja de frutas por la reja. No sabe qué haría si no lo dejan vender, pues vive en un cuartito alquilado con Luz Eva, en el mismo barrio donde nació. Ella fue operada por miomas que la aquejan y tampoco tiene todas las energías que quisiera para trabajar y seguir ganando cuarenta soles diarios. Tienen un hijo que vive aparte con su propia familia y no puede apoyarlos económicamente.

DERECHO AL LIBRE TRÁNSITO Y AL TRABAJO

El hartazgo de las vendedoras llegó en la tarde del lunes dieciséis, cuando se dieron cuenta que las puertas de metal no solamente eran custodiadas por agentes de la comuna victoriana sino además por sujetos vestidos de civil que serían personal de seguridad contratados por los empresarios de los mercados afines a la gestión de Forsyth. La multitud de mujeres indignadas que querían poder entrar y salir libremente en la calle donde llevan décadas de trabajo, en su furiosa arremetida casi logra traerse abajo las rejas e hizo retirarse a los susodichos vigilantes privados. “Si me dan la orden, me llega al pincho y te suelto al perro” le dijo un uniformado azul que sostenía la correa de un mastín a un ambulante que se le acercó desafiante.

Tras el incidente, el ayuntamiento dispuso que solamente las puertas peatonales se abrieran al público, siempre bajo la férrea mirada del Serenazgo que interviene cualquier paquete demasiado grande de mercadería.

Fotos de Alan B.

Miguel y sus compañeras ambulantes ya le habían enviado cartas al alcalde Forsyth en junio y en agosto, así como también marcharon en protesta hacia el palacio municipal de La Victoria, exigiendo diálogo y formalización. No han logrado concretar reunión con ninguna autoridad edil de momento, pero el ex arquero sigue apareciendo en los medios de comunicación como el abanderado de la lucha contra la informalidad en las calles, incluso viajando al interior del país a hacer campaña política.

El quince de setiembre, cuando el encierro llevaba ya varios días, Miguel presentó una acción de hábeas corpus en la Corte Superior de Lima Norte en contra del mismo Forsyth y su gerente Susel Paredes, donde indicaba una serie de vulneraciones a sus derechos como el libre tránsito y su derecho al trabajo. Asimismo, en el documento adjuntó que los malos tratos y la situación denigrante a la que las madres y sus hijos se encontraban sometidos al no poder siquiera asearse y acceder a servicios higiénicos contravenían al Informe contra la Tortura de las Naciones Unidas del 2017. El veinticuatro de setiembre el colegiado admitió la garantía presentada por el dirigente y al día siguiente al mediodía una magistrada judicial se presentó en el lugar. La visita se dio cuando las puertas peatonales ya estaban abiertas y la circulación de personas solo estaba relativamente restringida. Por otro lado, la funcionaria le manifestó a Miguel que corroborar si se impedía su libertad de trabajo no era su competencia.

La ordenanza municipal 035 de febrero de este año, emitida en plena campaña contra los ambulantes en La Victoria, es la que prohíbe el comercio informal tanto en el damero de Gamarra como en el de La Parada. Por otro lado, las vendedoras esgrimen la ordenanza 1787 del 2014, decretada por la ex alcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán, perpetradora del desalojo violento del 2012 y con quien trabajó Susel, la cual establece que los burgomaestres provincial y distritales tienen como competencia regular y promover su formalización. Asimismo, la sentencia del Tribunal Constitucional del 2013 declara que la venta ambulatoria no es ilegal, sino más bien la vincula al derecho a la libertad de comercio, la libertad de trabajo y otros derechos económicos.

Ya en junio, tras el cierre de la avenida Aviación, el ensañamiento de los agentes municipales en especial contra las ambulantes del jirón Unanue, sin mostrarles ninguna orden concreta de desalojo y sin contar con presencia policial, hacía sospechar de intereses empresariales por la zona.

El incendio del once de setiembre se desató en el segundo piso del mercado, donde hay algunas viviendas precarias de comerciantes, pero no llegó a afectar los puestos del primer piso, donde se comercian verduras y carnes, elementos no precisamente inflamables. Habría sido más factible que se incendie uno de los tantos talleres textiles de la zona que contiene compuestos químicos como tintes y reactivos industriales, antes que un centro de abastos de alimentos.

Miguel apunta a sería la próspera familia Guizado, dueña no solamente de los últimos pisos del 3 de Febrero sino también de inmuebles dentro y fuera del damero de Gamarra, la que vendría presionando al Serenazgo victoriano para que las vendedoras sean sacadas de los estacionamientos del jirón Unanue, los cuales en principios son espacio público y no propiedad de ningún privado. En el barrio se advierte un proceso de gentrificación en pos de concesionar los ex mercados minorista y mayorista a centros comerciales con un público de mayor poder adquisitivo, semejante al ocurrido en otras zonas populares de la ciudad. Valdría recordar que tras la expulsión de los informales de Gamarra, Forsyth anunció que planea concesionar un parque dentro del damero a la empresa privada de estacionamientos Los Portales.

Entretanto, las vendedoras habían conseguido el apoyo del congresista fujimorista Ángel Neyra, quien había presentado el año pasado un proyecto de ley para priorizar su formalización. Pero el abrupto cierre del Congreso de esta semana parece haberlas dejado sin figuras políticas de su lado. Aunque han logrado cierto respaldo de los movimientos sociales y estudiantiles de protesta, aun resienten que los organismos de derechos humanos y los partidos de izquierda, que años atrás tuvieron a Susana Villarán como militante, aún no se preocupen por su situación, pese a tratarse de una coyuntura de vulneración de derechos de humildes trabajadoras.

Al cierre de esta edición, las rejas siguen encadenadas y el acceso peatonal al jirón es fluido pero siempre vigilando por los serenos. La comuna recientemente expidió la nueva ordenanza edil 325, que impone regulaciones y restricciones para la formalización de la venta ambulatoria, además de reiterar su prohibición en estacionamientos,  puertas de mercados, avenidas principales y en los dameros de Gamarra y La Parada. Miguel intenta contactarse telefónicamente con abogados de ONGs de derechos humanos que quieran comprarse el pleito y tiene programada una reunión en la municipalidad para el próximo viernes cuatro de octubre.

Fotos de Alan B.

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Alan Benavides

Terminé Periodismo, fotografío protestas y escribo sobre conflictos sociales. No me gusta ningún gobierno, ni autoritarios ni represores, ni ningún poder económico.