Niños de Cerro de Pasco afectados con metales tóxicos: «El Estado nos trajo acá y nos han abandonado»
El evento en el Congreso ya estaba por terminar en aquella soleada mañana de julio en el centro de Lima, cuando Gladys Mandujano pidió la palabra. Los congresistas de izquierda Tania Pariona y Wilbert Rozas habían convocado a un foro sobre poblaciones afectadas por metales tóxicos, con la asistencia de representantes de todas las regiones del Perú contaminadas por la minería en los Andes y el petróleo en la Amazonía.
Entre los expositores que pudieron relatar la situación de sus regiones, José Vargas, el alcalde de Chugur, uno de los distritos de Cajamarca donde se desató el conflicto social por la mina Conga en el 2012, relató que habían cincuenta y siete niños en su localidad con niveles de metales tóxicos en la sangre muy peligrosos, incluido su propio hijo.
Por su parte, el legislador Rozas mencionó que son ciento veintitrés distritos en el país afectados por pasivos medioambientales a consecuencia de las industrias extractivas desarrolladas. Relató que muchos de los niños con metales en la sangre son apartados de sus comunidades originarias para ser internados en colegios donde siguen un tratamiento en condiciones precarias, con una ración de comida al día. En todo el Perú existiría un solo médico especializado en metales tóxicos, quien labora en el Hospital Dos de Mayo en Lima, tan alejado de las localidades alto andinas y selváticas donde los niños mueren envenenados.
Conteniendo el llanto pero evidenciándolo con la inflexión de su voz, Gladys se dirigió al público en el auditorio para reprocharle al Estado por las políticas que han permitido que empresas mineras destruyan las vidas y los sueños de los menores de la ciudad de Cerro de Pasco, quienes se encuentran en Lima siguiendo el tratamiento contra los metales tóxicos. Aunque breve, su intervención fue la más emotiva. Ella y las demás madres pasqueñas no estaban incluidas en el programa del evento, pero apenas terminó su discurso, los representantes de organismos ambientalistas y abogados de derechos humanos presentes se les acercaron interesados en su caso.
Tras concluir el foro, Gladys y sus compañeras volvieron a la casa en el distrito de Los Olivos, al norte de la ciudad de Lima, donde se han acomodado a los niños de Cerro de Pasco y sus madres desde fines del 2018, tras el acuerdo que llegaron las poco más de treinta familias afectadas y el gobierno para que estos reciban atención en la capital.
Gladys también siente su propia salud deteriorada por vivir tantas décadas en una ciudad históricamente minera, donde se respira el plomo y los químicos tóxicos emanados del enorme tajo abierto en medio de las casas, el colegio y el parque. “En Cerro de Pasco hay un inmenso agujero, como si hubiera explotado la bomba de Hiroshima en el mismo centro. Donde nos han contaminado las empresas mineras el suelo, el aire y el agua. Lamentablemente, tenemos más de doce metales tóxicos en el cuerpo. Venimos exigiendo al gobierno para que se haga el cumplimiento de la atención médica a todos los pasqueños, porque somos más de tres mil personas contaminadas”.
Está acompañando al grupo de niños afectados desde el 2015, viajando periódicamente a Lima cuando su exigua economía y sus pocas fuerzas físicas se lo permiten. En ese año el Ministerio de Salud emitió un informe donde exponía que eran ochenta y dos víctimas menores de edad en la ciudad minera. Además, cabe recordar que la problemática en dicha urbe fueron acusados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el 2017.En octubre del 2018, cuando la muerte del pequeño infante Aron en un hospital limeño colmó su paciencia, Gladys y las madres protestaron en el centro de Lima, siendo golpeadas por la Policía, pero lograron llamar la atención. Les dieron como un primer plazo para reubicar a las familias el quince de noviembre del año pasado, lo cual lógicamente no se cumplió. “Ahora los van a reubicar unos en Huancayo, otros en Lima. Pero una reubicación de tortuga inválida, porque la tortuga así camina más rápido que el gobierno”. Asimismo, se habría asignado un presupuesto de ciento cinco mil soles por familia para ser trasladados a un nuevo domicilio, pero hasta el momento no han visto nada. Por el contrario, viven en paupérrimas condiciones, hacinadas en la casa de Los Olivos. “Nosotros estamos en situación de mendicidad. Padres sin trabajo, madres sin trabajo. Estamos vendiendo lo que podemos para poder subsistir hasta que se haga la realidad la reubicación. Cuestión de alimentos no hay nada, simplemente el alojamiento”.
Afirma que la lucha de su pueblo no es por cosas materiales, sino por su derecho a ser reubicados. Los niños no pueden seguir viviendo en Cerro de Pasco, eso les han dicho los doctores del modernísimo Instituto Nacional de Salud del Niño, inaugurado en el 2013 en el acomodado distrito limeño de San Borja. “Ya son tres casos demasiado críticos que el gobierno solamente nos ha paseado, solamente discursos, solamente papeles. Sí han atendido a una niña, la han llevado al extranjero. Pero el gobierno tiene que saber, toda la atención le han dado a una sola niña como caso crítico y no ha visto del resto. Siempre nos ha obviado y es por eso que el niño que está en el hospital de San Borja. Ya su caso es crítico. O sea, ellos esperan que estemos agonizando recién para que nos atiendan. Y ni así. Depende del presupuesto que pueda dar el Estado. Depende que a los médicos, a los especialistas les den los insumos, les den la logística para que puedan atender la gravedad de estos casos. El Ministerio de Salud, toda la vida dicen supuesta contaminación. Si es supuesta ¿Por qué ha muerto el niño Aron? ¿Por qué está en agonía el otro niño en San Borja? ¿Por qué acá también el niño Benjamín está en un estado crítico?”
Lourdes Mendoza tenía una pequeña tienda de ropa en Cerro de Pasco, junto con su esposo y sus tres niños. En el 2012 se hizo las primeras pruebas, pensando que era porque el gobierno quería expulsarla de su barrio. Mientras el límite permitido en aquellos años por los organismos internacionales era de 10 μg/dL (microgramos por decilitro) de plomo en la sangre, los exámenes arrojaron que su familia tenía entre veintisiete y treinta. Hace varios años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) redujo dicho límite a cero: cualquier concentración mínima es perniciosa. Su hijo Benjamín, de poco más de dos años en aquel entonces, empezó a sentirse mal.
“Lloraba todo el día. No sabíamos qué tenía. Yo lo llevo al hospital, el doctor dice ‘Señora, no te voy a decir qué tiene. Tienes que irte a Lima. Es una emergencia que tienes que ir allá’. Yo no sabía de qué se trataba. En el setiembre del 2012, me mandan al Hospital Dos de Mayo. Me dicen ‘Yo tampoco puedo atenderte’. Sin decirme qué tenía, me dicen ‘Tienes que ir al Hospital de Enfermedades Neoplásicas’. En mi mente decía, neoplásicas es cáncer ¿Por qué voy a ir? El doctor me dice ‘Tu pequeño tiene un problema de retinoblastoma’. Ni sabían cómo había empezado. Se supone que el retinoblastoma es un problema genético, que había pasado de generación. Le hicieron el tratamiento. El doctor dijo: ‘Decide: Es la vida del pequeño o la enucleación de una vista’”.
Lourdes autorizó que a su pequeño Benjamín le extirpen un ojo para remediar el mal supuestamente genético. Un par de meses después, el médico le advierte de problemas con ganglios en la médula ósea, la que produce células aplásicas, es decir, con un contenido muy bajo de glóbulos blancos. El doctor no sabía qué padecía el niño, mientras aparecían melanomas en su piel y los males se extendían por todo su cuerpo. Le recomendaron trasladarlo al Instituto del Niño en San Borja, donde le dijeron en el 2015 que simplemente intente que Benjamín sea feliz en los años que le queden, porque no podían hacer nada por él.
Participaron en la protesta del 2017, cuando las familias pasqueñas se encadenaron al Ministerio de Salud en Lima, con un Benjamín de siete años. Lourdes había dilapidado los ingresos de su tiendita para comprar las medicinas. “A veces el hospital del Estado demora, te dan meses, a ellos no les importa. Te dicen, si es que esto te va a pasar dentro de quince días, tienes que actuar rápido, como el doctor decía crudamente que no puede hacer nada desde el Estado, tienes que esperar tu cita en tres meses. Lo que hacíamos nosotros era ir a otra clínica, en las clínicas lo atendían, hasta que esperabas tu cita a los tres meses”.
Christopher, su otro hijo que hoy tiene cuatro años, padece de trastorno de comprensión. Tiene problemas de lenguaje y muy poca estatura para su edad. Benjamín luce una prótesis acrílica en el ojo que perdió y también le han sacado catorce dientes, lo cual le ha traído problemas estomacales, al no poder masticar bien.
Mientras ordena sus cosas en el albergue de Los Olivos, Lourdes no pide que le den dinero para alimentación o pasajes al médico, solo que le ayuden a acceder a un trabajo. “Pero nos dejaron, ya es problema tuyo, quisiste quedarte, te quedas aquí pero si te cansas, te vuelves. Nada más”.
Fotos de Alan B.
A las afueras de la ciudad de Cerro de Pasco, se ubica el pequeño caserío Treinta de Agosto. No solamente recibe la contaminación de la minera Volcan, sino también de la minera Milpo, sin que Hilda Monago y su familia se percataran. Su esposo cultiva papa, olluco y habas detrás de su casa.
En el 2012, sus dos hijas también se sometieron a pruebas, al igual que la familia de Lourdes. A la mayor, Ehrneyry, le recetaron unas vitaminas en polvo, sin decirles el resultado. Un par de años después, cuando lavaban su ropa en el río en un soleado domingo, los relaves mineros que arrastraba el agua les cayeron a ambas niñas. Y al día siguiente, lunes, Ehrneyry se desmayó en el colegio. La trasladaron al hospital, donde permaneció inconsciente desde la mañana hasta las cuatro de la tarde. La Hilda se trajo a sus hijas a Lima para que se atiendan en el Instituto del Niño en San Borja.
Madelyn, un año menor que Ehrneyry, tiene problemas de aprendizaje y constantemente se olvida las cosas. La mayor, que hoy tiene catorce años, se le hinchan los músculos de las extremidades cuando hace demasiado esfuerzo y se adormece, por lo que no puede caminar mucho ni hacer deporte. Tras meses de exámenes en el Laboratorio Químico Toxicológico del Centro Nacional de Salud Ocupacional de Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS), inaugurado en el 2018 en Chorrillos, los doctores también le han dicho que no saben qué cura proporcionarles.
Hilda acomoda en su cuna al menor de sus hijos, Eros, un bebé de meses de nacido. Tiene un soplo en el corazón. Nació en Lima, entre las idas y venidas por los exámenes médicos de sus hermanas. En la posta médica más cercana al albergue de Los Olivos, no quisieron atender a la madre para que se haga controles cuando estaba embarazada. Luego de nacer el infante, tuvo que llevarlo hasta Cerro de Pasco para que lo atiendan en el hospital Daniel Alcides Carrión, donde le diagnosticaron anemia.
Las niñas no están afiliadas al Seguro Integral de Salud (SIS), por lo que no pueden atenderse en la posta médica que se encuentra a solamente cuadras del albergue. “El Estado nos trajo acá y nos han abandonado”. Los médicos le han dicho a Hilda que le exija al gobierno que mande a sus hijos al extranjero, porque dentro de Perú no van a encontrar tratamiento. Hilda camina por las calles de Lima como trabajadora ambulante y también reciclando botellas de vidrio, para intentar juntar dinero para los pañales y la leche con vitaminas que necesita Eros.
En agosto último, falleció en el Instituto del Niño el pequeño Neonel de seis años, a quien se refería Gladys en su entrevista, luego de meses de internamiento con un fuerte cuadro de leucemia. Su ida, junto con la de Aron, son consecuencia de las políticas neoliberales extractivas y de las políticas de salud pública en el Perú.
Al cierre de esta edición, la mayoría de familias han vuelto a Cerro de Pasco y están participando en las protestas contra el gobierno regional. Por su parte, Hilda y su esposo han denunciado al Estado y habrían logrado que se les asigne departamento para que vivan con sus hijos al norte de Lima, pero aún se encuentran en el albergue.
Fotos de Jai G.
A inicios de este mes se desarrolló en Lima en segundo Encuentro Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos en la ciudad de Lima. El evento quedó totalmente opacado ante la opinión pública por el cierre del Congreso decretado por el presidente Vizcarra esa misma semana. Los representantes de las localidades contaminadas de todo el país tenían previstas una serie de conferencias antes de reunirse con funcionarios del Ejecutivo.
En uno de los foros que sí llegó a realizarse, la doctora Tania López, médico en jefe del equipo de metales tóxicos del Ministerio de Salud, lanzó la noticia que unos ochenta y cuatro profesionales peruanos, entre médicos y enfermeras, ya habrían concluido un curso de capacitación para atender estos males, dado que no es una especialidad que se incluya en la formación universitaria. También explicó que las enfermedades no contagiosas son más complejas en su tratamiento, dado que dependen en su mayor parte de factores externos como el medio ambiente, la alimentación y otros conocidos como determinantes sociales de la salud.
Con lágrimas, una mujer de Cerro de Pasco se le acercó a entregarle el diagnóstico de su hija. Se trataba de Sonia Terrazas, vecina del centro poblado de Paragsha, quien es dirigente de su comunidad. Tiene también una pequeña tienda. Su hija Lucy, de diecisiete años, estudia una carrera en un instituto y presenta fuertes sangrados nasales, problema que empezó a los cuatro o cinco años. Tiene sueño todo el día, no quiere comer y le han diagnosticado principios de anemia, síntomas que la han perjudicado en sus estudios. En los primeros años, la madre se descuidó y no la llevó a seguir un tratamiento, pero ahora que desea remediar sus males no cuenta con seguro médico. Su otra hija de trece años, Brisa, se niega a hacerse análisis, por miedo a los resultados.
“Quisiera que nos escuche el Estado. Que los trasladen acá a la ciudad de Lima a todos los niños, no sólo mi hija. Tengo los análisis. Hoy le entregue a la señora del ministerio, ojalá que nos escuche. Quisiera que a todos los niños de Pasco les den un tratamiento inmediato, porque esperar dos o tres años va a ser imposible”.
La escuela primaria de su comunidad está a unos quince o veinte metros de un vertedero de desmonte de la empresa minera. Asimismo, Sonia relata que varios niños de Paragsha sufren de caída del cabello. El Centro Popular Labor, una ONG ambientalista, les hizo un examen de cabello a los vecinos de Paragasha en el 2009, enviando las muestras a los laboratorios de una universidad italiana que emitió un informe. Pero por parte de las entidades públicas de salud, Sonia refiere que no hay políticas efectivas.
En Paragsha no tienen agua ni desagüe en las casas, solo una pileta pública que fue instalada por la misma empresa minera. Desde las cuatro de la mañana, los vecinos hacen fila para intentar coger un balde del agua ligeramente amarilla que surte, a la que luego en sus casas le echan cloro o lejía para intentar desinfectarla. Ante la ausencia de servicios higiénicos, muchos de los residentes utilizan la naturaleza rural. Mientras Sonia era entrevistada en Lima, Lucy le comunicó por celular que no había alcanzado la fila esa mañana.
