[FOTOS] Corredor minero sur andino: La vida en constante estado de emergencia
Quintino Cereceda murió de un disparo policial en octubre del 2016, durante las protestas campesinas contra la mina Las Bambas, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, operada por la transnacional china MMG, cuyas interminables caravanas de camiones atraviesan territorios de las comunidades agrícolas levantando polvo tóxico, incluso durante la cuarentena decretada contra el coronavirus. En el 2015, otros tres manifestantes también cayeron fulminados por balas de los uniformados.
Días después que Quintino cayera, las organizaciones de derechos humanos en Perú descubrieron que la Policía Nacional del Perú mantiene hasta hoy convenios institucionales con las empresas mineras para que sus agentes reciban un pago diario de treinta dólares adicionales a su sueldo por brindar seguridad privada a sus instalaciones y eventualmente reprimir con violencia las protestas de los comuneros que se oponen a dicha actividad.
Aproximadamente unos doscientos ochenta kilómetros de polvoriento camino de tierra sin asfaltar en las regiones de Cusco y Apurímac, conocido como el corredor minero sur andino, por donde enormes vehículos transportando cobre e irrumpiendo en apacibles pueblos campesinos, saltándose los tratados internacionales de consulta previa a los pueblos indígenas, han despertado contundentes protestas contra los proyectos mineros en el país.
La respuesta de los sucesivos gobiernos neoliberales es la violencia policial y la declaratoria de estado de emergencia en las provincias afectadas. Dicha medida política limita los derechos de los ciudadanos a reunirse, manifestarse pacíficamente e implica un control militarizado de la vida cotidiana, semejante a la implantada en diversas ciudades del mundo por el coronavirus.
METALES TÓXICOS EN EL CUERPO
En la ruta del corredor minero, a unos ciento catorce kilómetros al sureste de Las Bambas, está la comunidad originaria de Huancané Bajo, en la provincia de Espinar, región Cusco. Allí vive desde su niñez Francisco Merma, criando ovejas y vacas junto a su esposa Josefina, ambos de edad avanzada. Solamente él responde en español, ella habla en idioma quechua. A la espalda de su humilde casa se levanta el enorme campamento de la mina Antapaccay, propiedad de la firma transnacional suiza Glencore, con sus gigantes antenas de electricidad, mientras que la localidad no cuenta con conexión eléctrica.
Años atrás Francisco y cualquier otro comunero tenían centenares de ovejas e igual cantidad de vacas, pero los desechos químicos vertidos en el río Ccocarita por la minera las han envenenado. Las hembras sufren abortos espontáneos y las crías mueren echando espuma por la boca. Ahora su rebaño apenas comprende unos treinta animales, entre ganado suyo y otros que sus vecinos le han encargado que cuide. “En ese tiempo como un rey vivíamos acá, no faltaba nada. Ahora estamos más pobres, menos agricultura hay, menos animales hay”. Sus cosechas de productos originarios como papa nativa, quinua y cañihua también han disminuido. “Cuando no hay agricultura, no hay nada ¿con qué podemos comer? Tampoco nos da trabajo la empresa, ni a nuestros hijos quieren”.
Los campesinos que viven en Huancané Bajo son en su mayoría ancianos. Todos los jóvenes migraron a las ciudades en busca de trabajo, ante la falta de oportunidades que ofrece la agricultura familiar. Entre los miembros y dirigentes de la localidad nunca falta algún informante a sueldo de la minera que rápidamente delata cualquier intención de los lugareños de protestar. “Pero como la empresa es astuta, como tiene poder con la plata, compra al presidente de la comunidad. A veces se le da trabajo permanente, para sus hijos, para toda la familia. Por ese motivo, el presidente de la comunidad defiende a la empresa, a nosotros nos deja en el aire”.
Francisco recuerda que murió un lugareño tiroteado por la Policía en las manifestaciones del 2012, en la que cuatrocientos vecinos de su localidad participaron. “Como no hay justicia aquí ¿a quién podemos recurrir?” Luego por varios meses los comuneros incluso tenían miedo de caminar por ahí mientras los uniformados patrullaban la zona.
El anciano pastor de ovejas se queja de que los funcionarios del gobierno local estarían al servicio de la empresa. Señala que ni la Policía ni los fiscales lo atienden cuando ha intentado denunciar a los camiones por atropellar a sus animales. En cambio, a la mínima acusación por parte de la transnacional contra algún agricultor, los uniformados de inmediato se apersonan en la localidad para intervenirlo. “Por el polvo, matan a esos animales, los que viven cerca de la carretera. Como si nada los atropellan, los matan, los dejan ahí. Si se escapan también”. Cuando Francisco acude a los servicios de salud para atenderse por algún síntoma causado por la contaminación del agua, los médicos y enfermeros le han querido hacer creer que se siente mal por el clima y no por la actividad minera.
Vidal Merma es el hijo de Francisco y es un conocido periodista ambientalista en el Perú. Viajó de joven a Lima para estudiar en la universidad. Aún recuerda cuando era niño y podía jugar en el río con las truchas. “Increíblemente en mi provincia, más allá de que cuente con una actividad minera, extractiva, por más de treinta y siete años no ha cambiado casi nada. Las vías de comunicación todavía siguen siendo trochas carrozables, ni siquiera hay una carretera asfaltada. Los comuneros que han dejado sus tierras para que se desarrolle la actividad minera, hasta hoy no tienen proyectos básicos como saneamiento, ni agua ni desagüe, peor otros proyectos de desarrollo sostenible. Es irónico ver cómo la empresa privada va creciendo económicamente, pero los comuneros que han cedido sus tierras están sometidos a la peor pobreza. Peor aún, ellos están percibiendo más que beneficios, más pareciera una maldición”.
Unos obreros de Glencore le dieron un vídeo de celular donde se mostraba cómo vertían los relaves químicos en hoyos profundos hacia las aguas subterráneas y él lo publicó en sus redes sociales. La transnacional lo denunció por supuestamente él haber irrumpido al interior de las instalaciones y por difamación. Finalmente, el proceso no prosperó. No es el único denunciado por apoyar las protestas, también varios activistas sociales, líderes de comunidades e incluso un ex gobernador regional, Óscar Mollohuanca, quien se pronunció contra el proyecto en el 2012.
“No entiendo la política del Estado peruano que promueve la minería, el extractivismo, la inversión extranjera, pero a costa de sacrificar a pueblos como Tintaya, Marquiri, Huancané Bajo y a la provincia misma de Espinar que está sufriendo con metales pesados. No es versión mía, son estudios de exámenes, de dosajes que han hecho los médicos del hospital que demuestran que las personas en la provincia están contaminadas con metales tóxicos, con más de diecisiete metales, entre el arsénico, el cadmio y otros cancerígenos”.
Carmen Chambi era adolescente en los ochenta, cuando Antapaccay era estatal. Un familiar suyo trabajaba ahí y ella vivía en las casas del campamento minero, mientras sus padres eran ganaderos en su natal Huancané Bajo. En aquel entonces el yacimiento ya contaminaba el pueblo, pero los más viejos le decían que era mejor no reclamar porque era propiedad del gobierno.
Hoy en día Carmen es una conocida lideresa de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos. Si bien vive en la ciudad de Espinar, siempre vuelve a su antiguo pueblo. Tanto ella como sus tres hijos han crecido con el agua contaminada por la empresa ahora transnacional. “Esta historia es trágica, tengo una gran tristeza porque mis tres hijos están muy mal”. Gerson, con poco menos de veinte años, nació con un oído malformado, una extraña mancha en la piel, le han operado para extraerle un pulmón y según un examen del 2003, tiene diecisiete metales tóxicos en el organismo. Manasés, quien bordea los quince años, tiene la misma mancha. Todo el día siente náuseas, dolores de cabeza, poco apetito, sueño y no tiene las energías para practicar deporte como cualquier adolescente de su escuela, lo cual le produce problemas psicológicos.
La cantidad de médicos y enfermeras especializados en metales tóxicos en todo el Perú apenas supera el medio centenar y ninguno se ubica en Espinar, donde Carmen atiende un puesto en el mercado. Tampoco hay un psicólogo para Manasés. A las personas contaminadas por la minería, les dan aspirinas para el dolor de cabeza. En el 2007, la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) les hizo más pruebas a sus hijos, rehusándose varios meses en entregarles los resultados.
Son trece las comunidades campesinas afectadas por la contaminación de la mina Antapaccay con las cuales se ha organizado Carmen para defender su derecho al agua, la salud y la vida. También recuerda la violencia de la Policía en las protestas del 2012, mientras los uniformados golpeaban a sus vecinos: “Para eso sí paga dinero el Estado, los mandan como si fuésemos delincuentes, personas insignificantes. Estamos en nuestro terreno, en nuestra tierra, merecemos respeto”.
“Mi comunidad la he visto fregada, no hay animales, no hay progreso en agricultura, ganadería, piscicultura. Nosotros hemos tenido patitos, se mueren con el agua que consumen”. En la comunidad de Huinumayo, al lado del río Ccocarita y del hospital Tintaya, está el depósito de relaves mineros que contaminan el agua. “¿Acaso la empresa o el municipio dicen esta gente no puede morirse? La gente del campo no estamos atendidos, mucho menos por la empresa. La empresa es tan irresponsable como el Estado. Le digo al señor Vizcarra ¿por qué no toma en cuenta la salud?” le increpa al presidente peruano.
A fines de mayo, la mina Antapaccay ya registraba cuatro trabajadores infectados, siendo un evidente foco de contagio para las humildes localidades agrícolas aledañas. “Trabajan puros varones y ellos migran al pueblo ¿Qué hacen en el pueblo? Muchas madres solteras hay, mucha pobreza y a consecuencia hay jóvenes que son esclavizados ¿Eso es progreso?”
ECONOMÍAS FAMILIARES EN RIESGO
A unos sesenta kilómetros al noroeste de Espinar, los vehículos pesados resuenan sobre el corredor minero que atraviesa las comunidades a las afueras del pequeño pueblo de Velille, en la provincia de Chumbivilcas, región Cusco. En el barrio de Buenos Aires de Patacsillo, Mena Torres observa triste sus jaulas de madera vacías donde hasta hace unos años criaba decenas de regordetes cuyes, pero ahora apenas tiene una camada de siete u ocho. Los camiones pasan por la puerta de su vivienda y la llenan de polvo, por lo que ella y sus hijos se lavan el rostro y las manos constantemente para no intoxicarse ni deshidratarse. Hasta su perro se siente afectado.
En el jardín trasero de su casa cultivaba remolachas, zanahorias, lechugas, además de los conejillos y gallinas, pero ahora todo está muerto. La infraestructura de su casa, pese a ser de ladrillo y cemento, también se ha perjudicado. Vidrios rotos y rajaduras en las paredes por las vibraciones de los interminables convoyes de transportes mineros que pasan a cualquier hora del día o la noche. Mena y algunos de sus vecinos plantean demandar a la MMG por varios miles de dólares por los daños. “Consulta previa nunca nos ha hecho la empresa ni el Estado”.
Para intentar aminorar sus pérdidas económicas, Mena ha puesto una tienda de golosinas y refrescos en su casa, pero difícilmente algún chófer de camión se detiene a comprarle algo. Su vecino de Buenos Aires de Patacsillo, Claudio Guillén, tiene también una vivienda de dos pisos con los muros fisurados, donde vive con sus hijos. Muestra los recibos con los que piensa exigirle un pago a la minera, mientras recuerda que al construir su casa hace décadas nunca pensó que tendría que soportar semejante tránsito de vehículos en la puerta.
Fotos de Alan B.
El agua del río Jalanta luce verduzca. Es el polvo del corredor, tal cual señalan los ganaderos de la comunidad de Ccollana, también a las afueras de Velille. Los trabajadores de la mina usan el agua para regar el camino de tierra y esta se arrastra nuevamente al lecho donde hace años había ranas, truchas y callhuas, los peces de los Andes. El presidente de la localidad, Daniel Collque, acusa que los niños sufren de la vista y los pulmones.
Siguiendo la tradición de sus ancestros, su hermano Aquilino Collque cría hermosas alpacas, camélidos sudamericanos que producen una de las lanas más finas del mundo. Cada animal vivo vale unos mil dólares, pero se están muriendo de diarrea por el monóxido de los camiones y el agua del río Jalanta envenenada. Sin sus animales, no sabría cómo hacer estudiar a sus hijos, quienes también sufren problemas de salud por el polvo. “Ni el gobierno ni Vizcarra nos escucha. Ahora conflictos hay en casi todo el Perú. Debe haber una ley de minería y eso podría calmar los impactos que hay en estas tierras altoandinas” opina sobre la política de su país, mientras su esposa llora ante una cría de alpaca muerta.
Cruz Huamaní pastorea unas enormes reses al lado de la carretera, mientras explica que el viento arrastra las partículas de roca triturada que se utilizó para afirmar el corredor minero. En vano ha intentado quejarse ante la empresa por la muerte de sus terneras.
Felipe Valencia es un técnico agropecuario del CADEP (Centro Andino de Educación y Promoción José María Arguedas), quien nació en la comunidad agrícola de Tuntuma, también en el distrito de Velille. Tienen al lado el proyecto minero Constanza, propiedad de la transnacional canadiense Hudbay, con denuncias ambientales en diversas partes del mundo. Aunque la carretera pasa muy cerca del pueblo, en las ruedas de negociaciones no se le considera como población directamente afectada. “Cuando empezó la construcción de este corredor, dijeron que la empresa va a crear un fondo para remediar los cambios que se generan a través de los impactos. Hasta la fecha no se ha visto eso. Ellos han quedado en compromisos, pero en realidad desde que ha entrado en reconocimiento como vía nacional, la empresa nunca ha asumido sus responsabilidades”.
“Donde atraviesa el corredor minero, varias viviendas han sido afectadas, reubicadas. Las comunidades, los comuneros que vivían en torno a la carretera no tienen ni viviendas, están al aire, pero a raíz de que había un compromiso que ellos iban a reponer terrenos en otro sitio”.
Como todas las localidades aledañas, Tuntuma también participó en las protestas contra Las Bambas en el 2015 y 2016, teniendo dos dirigentes campesinos con procesos judiciales pendientes. Acusa que los camiones mineros extraen los recursos hídricos sin autorización. “Ellos dijeron que tienen una licencia para que den uso a ese río. Pero la comunidad desconoce esos tratos, porque esos recursos de los ríos hacia arriba los utilizan para agricultura, para ganadería. Cuando utilizan ese tipo de captaciones, el caudal del río, de lo que era antes cien litros, ahora río abajo llega diez o quince litros ¿Dónde es la afectación? En que la mayor parte de los afectados es río abajo”.
A fines de mayo, ya había veintiún obreros infectados coronavirus en la mina Constanza de la canadiense Hudbay. Por su parte, en mayo los comuneros organizados en el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas han presentado recursos legales ante el Poder Judicial del Cusco, en contra de las continuas declaratorias de estado de emergencia que afectan su legítimo derecho a la reunión y manifestación.
La comunidad de Ahuichanta Huisuray, a las afueras de la ciudad de Colquemarca, en la misma provincia de Chumbivilcas, a unos treinta kilómetros al noroeste de Velille, aceptó que el corredor minero recorra sus tierras bajo promesas de mayor desarrollo, según relata su líder Eleazar Gómez. “Imagina que, en las mañanas, cuando subes al costado de la carretera, está como neblina. Ese polvo fino, hasta dónde abarca con tanto viento”. También en su localidad los dirigentes que protestan contra la contaminación temen sufrir criminalización judicial. “Actualmente hay quejas en salud, de la anemia. Han encontrado plomo en la sangre”.
Muy aparte de las mismas afectaciones en la salud de vecinos y ganado y en el medio ambiente que padecen al igual que otros poblados agrícolas, la irrupción de la carretera ha disparado la proliferación de mineros artesanales que se han apropiado de los alrededores de su localidad y usan la vía para transportar y comercializar el mineral extraído. Aunque al inicio solo utilizaban picos y palas para excavar túneles y llegar al oro, estos grupos irregulares han empezado adquirir maquinaria pesada y hasta dinamita. Eleazar teme una pronta confrontación entre los mineros y los agricultores que les exigen que cesen en sus actividades que contaminan sus cultivos. “Falta un estudio de impacto ambiental para que se detalle cómo es que tiene que trabajar un minero artesano, porque acá es eminentemente agropecuario, según nuestro piso ecológico. Para que no dañe, no perjudique nuestro ecosistema”. “Tómales foto de lejos nomás, si te ven de repente salen con escopeta” indica el guía, al pasar cerca de los socavones artesanales abiertos en las faldas de los cerros.
LA SUIZA DE LOS ANDES
El corredor sur andino empieza en la mina Las Bambas, en la provincia de Cotabambas, región Apurímac. El yacimiento fue operado hasta el 2014 por la suiza Glencore, pasando a manos de la empresa estatal china MMG Limited. Los anteriores propietarios habían acordado la construcción de un mineroducto o tubería para transportar el oro hasta la costa del Pacífico para embarcarlo al extranjero. Pero los nuevos dueños asiáticos abrieron el camino de tierra para camiones que inició el conflicto con las comunidades campesinas.
El enorme campamento de Las Bambas se encuentra al lado de Challhuahuacho, años atrás un pequeño pueblo desconocido, hoy una urbe con comercios, tiendas, hospedajes y hasta prostíbulos para los trabajadores mineros. A unos veinte kilómetros al sureste, se levanta una ciudad de moderna apariencia que contrasta con el entorno rural de los Andes: Nueva Fuerabamba.
En el 2014, los entonces líderes de la comunidad de Fuerabamba presionaron a los agricultores para que cedan a la minera china sus cuatro mil setecientas setenta y tres hectáreas fértiles donde cultivaban papa nativa, trigo, cebada, olluco, mashua, quinua y kiwicha. Junto a asesores legales a sueldo de la misma empresa e incluso representantes municipales y regionales, los dirigentes ejecutaron unilateralmente una permuta, es decir un intercambio de terrenos por supuesto acuerdo mutuo. Advirtieron a los comuneros que se nieguen a trasladarse a las nuevas tierras proporcionadas por la transnacional que serían expulsados de la localidad. Así fue como Valentín Aroni y su familia se mudaron a su actual casa de estilo europeo en la ciudadela de Nueva Fuerabamba, la llamada Suiza de los Andes.
Una urbe de cemento en medio de la montaña para tres mil habitantes acostumbrados a vivir de la agricultura. Valentín trabajó en el mantenimiento eléctrico de la mina desde el 2014 hasta el 2017, cuando se lastimó la columna vertebral por cargar pesados cables. “Esa queja la hacía llegar a mi supervisor, él a recursos humanos, me mandan hacer un examen médico en una clínica en Arequipa. El doctor neurocirujano me tiene tres meses y me pasa a una fisioterapia porque mi dolor era complicado. Me dice Valentín no puedes levantar más de ocho kilos. Tengo mi informe médico del neurocirujano”. Pidió que lo cambien de área, en vez de eso, no le renovaron el contrato de trabajo. “Tengo que recursearme por ahí. Tengo que buscarme un trabajo”. Ahora trabaja por su cuenta como chófer para alimentar a sus hijas. “Antes de la mina vivíamos tranquilos, sin ninguna molestia. Todo nuestro aire, toda nuestra agua era natural. Pero ahora con la llegada de la minería, estamos en crisis tanto nuestra agua, nuestros recursos naturales. Me siento preocupado por mis menores hijas ¿Qué será su vida?”
Extraña sus años de campesino, sentado en su casa con enormes rajaduras de un par de centímetros de grosor. Nueva Fuerabamba se asienta sobre roca triturada, lo que explica la fragilidad de su vivienda, la cual ya ha sido declarada inhabitable por Defensa Civil, por la municipalidad, por la subprefectura e incluso por la Policía. “No puedo vivir acá, pero no hay dónde ir”. La empresa solamente mandó tapar las grietas en las paredes y el piso con silicona y siguen apareciendo. “Tengo familiares que viven en otras provincias donde construyen sus casas de adobe, pero trazan bien. Me extraña bastante de parte de profesionales, tanto arquitectos como ingenieros civiles. Mis familiares empíricamente construyen una casa de adobe de primer, segundo y hasta tercer piso, no se rajan, Acá me extraña porque esto ha sido comprado por economizar la empresa, con diez o veinte céntimos el metro cuadrado o hasta regalado engañando a las otras comunidades”. Hasta las niñas de la escuela bromean que cualquier día el inmueble se derrumba. Como él, unos seiscientos padres de familia están sin el empleo que MMG les prometió.
Gregorio Rojas, el actual presidente de la comunidad de Fuerabamba, que agrupa a unos seiscientos sesenta agricultores inscritos, quienes junto a sus familias suman tres mil personas incluyendo a niños y ancianos, afirma que le han exigido sin éxito a la MMG el título de propiedad de la nueva ciudadela, por lo que todavía figura ante los registros públicos como propiedad privada de la empresa. Las cuestionadas empresas constructoras Odebrecht y Graña Montero, envueltas en conocidos escándalos de corrupción a nivel sudamericano, edificaron las casas. “¿Por qué engañados? No nos han entregado un expediente técnico de la construcción y tampoco tienen un permiso de la municipalidad distrital para construir. No tenemos tampoco del Ministerio de Vivienda para que se construyan las casas ¿Cómo han construido? No sabemos eso”.
Rojas señala que la transnacional china se aprovechó que muchos de los fuerabambinos son analfabetos y desconocedores de sus derechos para hacerles firmar por el intercambio de terrenos. Según la Ley General de Comunidades Campesinas, cualquier decisión importante en una de estas localidades agrícola debió ser tomada en una asamblea general de sus vecinos, pero no fue así. Las tierras antes les pertenecieron a las comunidades de Chijlla y Chuajere y ambas han entablado reclamos por irregularidades en la compraventa.
A unos veintisiete kilómetros al suroeste de Nueva Fuerabamba, volviendo a la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, está Yavi Yavi, una antigua hacienda, que la empresa le concedió en el 2011 a los campesinos como tierra de cultivo para que siembren maíz. Pero lejos de la antigua localidad donde cosechaban papas andinas, el nuevo destino está constituido por tres mil seiscientas diez hectáreas de pastizal infértil. “La Antigua Fuerabamba era muy linda. Juntamente vivíamos, junto con nuestros animales y nuestra agricultura. Hablar, recordar es muy triste para nosotros. Daba habas, alverjas. En la parte de abajo daba frutales, capulíes, otras cosas. Hemos perdido las costumbres, la cultura. A la comunidad la ha dinamitado la empresa. En Antigua Fuerabamba teníamos agua gratis, comida, agricultura, chacra, ganado. De eso vivíamos, con eso nos educábamos” advierte Gregorio.
Situado a unos cinco mil metros por encima del nivel del mar, los interminables pajonales del ex fundo Yavi Yavi solamente podría ofrecer condiciones para ganadería, con una inversión previa muy fuerte. Aunque están criando algunas reses y ovejas, los comuneros de Fuerabamba están realmente furiosos porque la empresa nunca les pidió permiso para que doce kilómetros del corredor minero contaminen sus territorios. Incluso las cisternas toman agua de los riachuelos para regar el camino de tierra. “Solamente era una pampa y no podíamos enterarnos cómo, pero la empresa abre una carretera entre el 2012 y 2013 para que traigan todos los materiales para la construcción de la mina”.
Valentín Aroni también refiere: “Nuestra preocupación es que no hay dónde ir porque extrañamos bastante nuestra tierra anterior donde comíamos la papa natural, sana, no contaminada, donde existían nuestras truchas, ranas y malabares de animales para consumo.”
La familia Álvarez, antiguos propietarios de la hacienda Yavi Yavi, no tuvieron mucho éxito con la ganadería. “Ese terreno no ha sido aceptado por la comunidad mediante una asamblea, a la fuerza les han dado ese terreno porque no encontraban terreno para vender, porque hemos firmado los acuerdos que la empresa nos tiene que dar una zona agrícola mejor o igual que nuestro terreno” revela Gregorio.
Fotos de Alan B.
En febrero del 2019 iniciaron las contundentes protestas de los comuneros que bloquearon un tramo de la carretera en Yavi Yavi e impidieron el paso de los camiones, exigiendo el pago de una reparación por la utilización de sus terrenos. “Han construido mediante una empresa tercera que era Mota Engil. El Estado no ha invertido ni diez céntimos en esa carretera desde Challhuahuacho hasta Espinar. Protestamos. Le avisamos a la empresa que tiene que pagarnos el justiprecio que está afectando el terreno. Son casi cuarenta hectáreas que está afectando”.
La respuesta de la Policía y la prensa fue acusar a los líderes campesinos de integrar una banda criminal de extorsionadores llamada Los Chavelos. El mismo Gregorio viajó en marzo a la capital Lima para las conversaciones con el Estado peruano y más bien terminó arrestado por diez días. Tras recuperar su libertad, inició la rueda de negociaciones con los ministros y funcionarios del gobierno en el estadio de Molinopampa, en Challhuahuacho, que duró unos seis meses sin arribar a ningún acuerdo. “Había bastantes persecuciones hacia nosotros. Bastantes policías que han instalado como comisaría dentro. Nueve meses de resistencia que estábamos reclamando nuestro derecho”.
Gregorio, quien todavía arrastra el proceso judicial desde el año pasado, continúa arengando a sus compañeros a protestar contra la contaminación minera y apoyar otras luchas indígenas en las demás regiones del Perú. “Sigue la persecución a pesar que reconocen los errores los ministros, del ministerio de Transporte, de la Presidencia del Consejo de Ministros, todos reconocen los errores, la empresa también. Teníamos totalmente ese derecho para reclamar, pero a pesar que ahora tengo una restricción, que no puedo andar en las luchas, que no puedo hablar. Según la Constitución uno es libre de expresión, pero violan las leyes que tenemos”.
Tras una breve pausa por unos meses de diálogo en el 2019, la declaratoria de estado de emergencia continúa vigente desde el 2017 en varias provincias del corredor. Las autoridades policiales insisten en que esta medida siga manteniéndose de modo preventivo ante eventuales protestas. Enormes piedras son colocadas por los agricultores para impedir que pasen los convoyes mineros en el distrito de Mara, a pocos kilómetros de Challhuahuacho, aunque permiten el normal paso de cualquier otro vehículo civil.
Recién a inicios de marzo los jueces absolvieron a los agricultores acusados por supuestos disturbios durante las protestas del 2015. La Fiscalía incluso exigía hasta diecisiete años de cárcel para Brandon, un muchacho de dieciocho años que fue detenido auxiliando heridos y conducido por la Policía a una comisaría instalada al interior del campamento minero.
En enero último, el gobierno peruano finalmente expropió el tramo del corredor mediante un decreto de urgencia, el cual indica identificar a los afectados y darles una compensación económica, pero sin preguntar en lo absoluto a las comunidades como ordenan las leyes y tratados internacionales de consulta previa al tratarse de territorios indígenas. Y a mediados de marzo, en medio de la pandemia mundial del coronavirus, mientras la mayoría de empresas y pueblos andinos entraban en cuarentena, el gobierno del presidente Vizcarra autorizó que Las Bambas y demás mineras del país continúen en funcionamiento, ante lo cual muchas localidades se pronunciaron en contra e intentaron trancar sus ingresos para mantener el aislamiento social.
Asimismo, el decreto legislativo sobre reactivación económica durante el estado de emergencia firmado por el mandatario a inicios de mayo, debilita aún más la regulación ambiental, al determinar la extensión en las licencias y la exoneración de monitoreos para los proyectos de inversión, como las minería, determina que los procesos de consulta se realicen de modo virtual pese a que la mayoría de pueblos en los Andes no cuentan con internet y fracciona las multas por contaminación.
Rojas evalúa distintas opciones para solucionar el conflicto del corredor minero. “Una salida podría ser que lo puedan asfaltar. Otra, por el Estudio de Impacto Ambiental que han hecho, sea por mineroducto. Siempre y cuando las comunidades acepten. De alguna manera se puede remediar y no habría esta contaminación, ya no estarían muriendo los animales en las carreteras con la polvareda. No controlan mucho el polvo que se levanta, afecta a tres, cinco, seis kilómetros”. Asimismo, exige que la MMG cumpla con las promesas de financiamiento en salud y educación que ofreció para sus compañeros. “Queremos vivir en nuestra tierra nomás” sentencia.
