Uso de la fuerza policial: Una ley para el suboficial Miranda

“O están con los delincuentes o con la Policía”. Con estas palabras, el ministro del Interior Carlos Morán daba inicio a una serie de manifestaciones gubernamentales a favor del suboficial Elvis Miranda Rojas, a quien la Fiscalía pretende sancionar con veinte años de prisión y el pago de ochenta mil soles por el delito de homicidio simple contra Juan Carlos Ramírez Chocán, en enero del año pasado.

Días después, cuando se dio a conocer que el Poder Judicial le había dictado siete meses de prisión preventiva, el mismo presidente Martín Vizcarra salió en su defensa en una entrevista: “Tenemos a un valeroso policía que se enfrenta a los delincuentes y producto de ese enfrentamiento, después de cumplir con todo el procedimiento que está establecido, como disparos al aire, abate al delincuente y ahora está en la cárcel”.

Los medios de comunicación tampoco fueron indiferentes al caso. Sentaron posición, no solo en editoriales y artículos de opinión, sino también en explícitos titulares y notas informativas mientras comunicaban los avances del proceso. “Indignación por fallo que ratifica prisión preventiva para policía Elvis Miranda” tituló La República después de que la Tercera Sala de Apelaciones de Piura ratificara la medida cautelar contra el agente en tanto se desarrollara la investigación fiscal. “¡Será libre! Declaran fundado hábeas corpus contra prisión preventiva impuesta al suboficial Miranda” rezaba un mes después Peru21, celebrando el recurso judicial que finalmente le permitió salir en libertad.

EL CASO Y SU LEGALIDAD

El trece de enero del 2019, el efectivo policial Elvis Miranda Rojas disparó a matar a Juan Carlos Ramírez Chocán, un supuesto criminal quien ya contaba con antecedentes por robo y era desertor del Ejército Peruano, cuando intentaba huir de una intervención en el distrito piurano de Castilla. Para justificar su proceder, el suboficial en un inicio aseguró que lo atacó letalmente debido a que el ladrón poseía un arma de fuego que había intentado utilizar contra él, pero que al momento del escape se había deshecho de ésta y por tal motivo no se la había podido encontrar junto al cuerpo moribundo, cuando se analizó la escena del crimen. Más adelante, indicó que en realidad la víctima -mientras emprendía su fuga- había realizado un ademán que lo había llevado a creer que se encontraba armado, cuando no era así.

Para el suboficial Miranda, convencer de aquello al juzgado de turno es determinante. Y es que el Decreto Legislativo 1186,  que regula el uso de la fuerza policial, establece en el artículo siete que el uso de armas de fuego para el personal policial se realizará sólo “contra quién realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras personas”. De hecho, el artículo once de la misma resolución indica que “el uso de la fuerza que contravenga el presente Decreto Legislativo genera responsabilidad administrativa disciplinaria, penal y civil”. Al suboficial Miranda se le podría iniciar otro proceso en una instancia paralela; la Fiscalía Militar Policial de Piura ya abrió en octubre una investigación preliminar en su contra por desobediencia a su reglamento. Por tal delito -previsto en el Código Penal Militar Policial– se lo podría sancionar con una pena privativa de la libertad de entre uno a cinco años.

LA LEY DE DEL CASTILLO

El caso Elvis Miranda ya es emblemático: defensores y detractores del accionar del agente del distrito de Castilla se valen de su situación para denunciar, por un lado, el maltrato hacia la Policía que sería severamente juzgada cuando golpea a la delincuencia, y por el otro, el abuso de las fuerzas del orden a raíz del poder que les confiere su función. Sin embargo, las manifestaciones a favor al acusado de parte de personajes políticos y mediáticos han trascendido la singularidad del caso y han tomado un nuevo fin: cuestionar la revisión de la violencia policial cuando compromete la vida ajena.

El ex congresista Jorge Del Castillo, del Partido Aprista Peruano, quien a inicios del año pasado presidía la Comisión de Defensa y Orden Interno, a pocos días de conocido el caso anunció que presentaría un proyecto de ley que según sus propias palabras “eximiría de responsabilidad penal a los agentes del orden que en el ejercicio regular de sus funciones realizaran acciones que causaran muerte o lesiones graves”. Su despacho presentó el Proyecto de Ley 4351/2018-CR, denominado Ley que protege el accionar del personal de la Policía Nacional del Perú, en el ejercicio regular de su función constitucional, contra la delincuencia, crimen organizado y en defensa de la seguridad ciudadana. Posteriormente, incorporó otras tres iniciativas anteriores que pretendían legislar en la misma materia, de las bancadas Cambio 21 y Alianza para el Progreso.

La iniciativa se convirtió en multipartidaria y fue llamada Ley de Protección Policial. Propone tres modificaciones en el trato a los miembros de las fuerzas del orden: prohíbe que se aplique las medidas de detención preliminar o de prisión preventiva a los agentes que se encuentren siendo investigados por el uso de la fuerza letal; reestablece la figura del Procurador Público Especializado en la defensa legal del Policía Nacional del Perú y elimina el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza policial -previsto en el Decreto Legislativo 1186-  dejando vigentes tan solo los de legalidad y necesidad.

PROPORCIONALIDAD DE LA FUERZA

El documento que regula el uso de violencia de la Policía precisa que la proporcionalidad en la fuerza se expresa cuando “el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado por la persona a intervenir o la situación a controlar”. Tal fundamento garantiza que el efectivo policial que pretenda -en el ejercicio de sus funciones- administrar violencia en una situación determinada, realice antes de ello un ejercicio de ponderación entre el nivel de la fuerza que empleará y el grado de riesgo que la tercera persona a la que eventualmente afectará representa. Sin la presencia de aquella condición limitando el accionar del agente, bastaría con que este considere que una circunstancia reúne los requerimientos establecidos por ley para hacer uso de la fuerza o para disponer de ella con propósitos letales.

“La proporcionalidad es imprescindible para el debido respeto a los derechos fundamentales de las personas. De este principio se desprende lo que el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial denomina el uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Que la Policía pueda ejercer la fuerza contra la población en situaciones previstas por la ley no significa que pueda disparar de arranque a un delincuente que no constituya peligro alguno. El reglamento establece que la Policía podrá usar su arma de fuego sólo cuando sea estrictamente necesario y otras formas menos severas resulten insuficientes” destaca Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).

El mencionado manual establece que el efectivo solo hará uso de su arma de fuego en situaciones de peligro real o inminente de muerte o lesiones graves. Ante hechos que no se ajusten a lo antes mencionado, el agente puede usar la fuerza en niveles más leves. En el artículo siete del Decreto Legislativo 1186 se exponen las diferentes graduaciones para el uso de la fuerza según “los niveles de cooperación, resistencia o agresividad del ciudadano a intervenir”. En primer lugar, se reconoce el nivel preventivo, que da al agente la posibilidad de actuar usando como primer término la presencia policial, seguido por la orden verbal y el control de contacto. Más arriba en la escala se encuentra el nivel reactivo, que posibilita al agente a actuar en un inicio mediante el control físico, después usando tácticas defensivas no letales y, finalmente, empleando la fuerza letal, teniendo esta última su propia línea de desarrollo.

“El mismo empleo de las armas de fuego se maneja a razón de la progresividad. El procedimiento para el efectivo que ha decidido hacer uso de ella es, antes que nada, identificarse, gritar ¡Alto es la Policía! y anunciar sus intenciones de disparar, brindándole tiempo al infractor de detener su accionar. En caso de que el presunto infractor no detuviera su accionar violento y el peligro que se desprende de ello sea inminente, el agente podría disparar. Pero este tiro tendría que ser selectivo, con el fin de controlar a la persona; en sus extremidades, brazos o piernas. Eliminar el principio de proporcionalidad es omitir todo aquello, prácticamente es una licencia para matar. Cualquiera que el policía considere un delincuente estaría expuesto a su arma” precisa Quispe.

Pese a las posturas a favor de un Estado con mano dura y extrema contra la delincuencia, lo real es que la suscripción del Perú a la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo sujeta a un marco que impide la aplicación de la pena de muerte en el país. La iniciativa de Del Castillo abriría la amenaza de que acciones de ese calibre sucedan y no sean penadas. A finales de julio del 2019, tras aprobarse la ley en Comisión Permanente, varios organismos defensores de derechos humanos emitieron pronunciamientos expresando un rotundo rechazo, como por ejemplo el pedido de la Organización Mundial Contra la Tortura al mandatario Martín Vizcarra, formulado por el  director de la División de las Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco. 

Vídeo del Ministerio del Interior calificando la actuación fiscal y judicial como «doctrina perversa»

Para determinar los eventuales alcances que la Ley de Protección Policial, resultaría fundamental estudiar el contexto y desempeño de la institución aludida. Actualmente ante la sociedad la actuación policial se encuentra sumamente desacreditada. El informe “Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones, enero- Junio 2019” del Instituto Nacional de Estadística e Informática señala que solo el 19,7% de la población percibe a la Policía como un organismo confiable en contraste del 77,6% que lo considera no confiable. El cuestionamiento a su desempeño tiene como base no solo las malas prácticas individuales que pudiera realizar cada efectivo, sino también comportamientos institucionalizados que en determinados casos encuentran su aval en la misma ley.

UN SERVICIO PRIVADO

En el plano legal se encuentra, por ejemplo, los polémicos convenios que la Policía Nacional realiza con empresas privadas, posibilitados por los llamados “servicios extraordinarios complementarios”, que fueron incluidos desde el 2006 con la Ley del Régimen de Personal de la Policía Nacional del Perú y que se ratificó el 2016, con la promulgación de modificación de la Ley de la Policía Nacional del Perú, que estableció que “La Policía Nacional del Perú, a través del personal policial que se encuentre de vacaciones, permiso o franco y de manera voluntaria, podrá prestar servicios policiales extraordinarios en entidades del Sector Público y/o del Sector  privado, en situaciones que puedan comprometer y/o afectar el orden público y la seguridad ciudadana”.

Éstos acuerdo suscritos permiten el apoderamiento de servicios esencialmente públicos para quienes puedan pagarlo. Sin embargo, la distorsión se hace mucho mayor cuando estas prestaciones son adquiridas por el sector extractivo. La promesa de proporcionar seguridad a una empresa minera para el normal desarrollo de sus actividades en un entorno de conflicto social crea en los agentes un sesgo a favor de sus contratantes y contra la población manifestante, como lo demuestra un informe elaborado por EarthRights International, la  Coordinadora Nacional de Derechos Humanos e IDL, en el que se estudian todos los convenios que la institución firmó con diferentes empresas extractivas durante los últimos veintitrés años.

“Cuando se mercantiliza la función pública lo que hace es distanciarse del modelo que establece la Constitución. Basado en el derecho a la igualdad, la Constitución no puede establecer una diferenciación discriminatoria. Además, lo que ocurre en este caso es que como la Policía recibe un ingreso directo de las empresas mineras y no de la población, entonces se predispone a los efectivos que están en la zona a actuar a favor de uno y en contra de otro. Había un convenio en el 2015, por ejemplo, en la que se establecía como ‘población hostil’ a las comunidades que protestaban en contra de la minería en los alrededores” manifiesta Álvaro Másquez, miembro del Área de Pueblos Indígenas y Litigio Constitucional del IDL.

IDL, EarthRights International y el Colegio de Abogados de San Martín presentaron en abril del 2019 una demanda de inconstitucionalidad contra la disposición de la Ley de la Policía Nacional que permite a tal institución dar servicios privados a cambio de una  remuneración económica. Además de este recurso, junto a la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y CooperAcción, patrocinan al secretario general del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotambambas, en Apurimac, Víctor Limaypuma, quien ha interpuesto una demanda de amparo contra el convenio celebrado entre la Policía Nacional del Perú y la minera Las Bambas.

El vigente convenio mencionado, suscrito el veintiséis de octubre del 2017 con la venia del exministro del Interior Carlos Basombrío y renovado el año pasado, garantiza una vigilancia permanente para la empresa. Para ello, tres grupos de efectivos se encuentran diariamente a disposición, cubriendo cada uno ocho horas del día.

La atención de distintos organismos defensores de derechos humanos entre las relaciones existentes entre los agentes policiales de Cotabambas y la minera se acrecentó desde el catorce de octubre del 2016, fecha en la que Quintino Cereceda, un ciudadano de cuarenta y dos años que protestaba contra el proyecto extractivo, murió producto a “una bala con orificio de entrada en la frente y de salida por la parte posterior del cráneo” según relató el entonces ministro Basombrío a partir de peritajes forenses. El arma que terminó con la vida de Cereceda Huiza fue disparada por un agente policial en el marco de un plan de operaciones elaborado por la Dirección de la Policía de Apurímac que el mismo ministro enfatizó que fue aprobado irregularmente.

El convenio entre la minera Las Bambas y la institución fijaba tres tipos de beneficios para los uniformados: cien soles diarios para cada agente en labor de seguridad; ciento diez soles diarios para los efectivos de nivel superior y poco menos de quinientos soles para el jefe del destacamento.

“En contextos rurales, donde no hay presencia del Estado y la Policía es la única institución que llega, es bastante usual que llegue mal. Si hay una ausencia de autoridades judiciales, no hay fiscales ni jueces, y además tienes normas que flexibilizan el uso de la fuerza, entonces lo que generas es una amenaza de abuso de autoridad. En el Perú tienes muchísimos casos de dirigentes sociales en todo el país que están siendo procesados por actos de protesta, pero si tú ves la cantidad de efectivos investigados por abuso policial en manifestaciones es bajísimo” agrega Másquez.

Efectivamente, a pesar de que el ministro del Interior de ese entonces se haya comprometido a buscar “la verdad sea cual esta fuese”, a más de tres años de la muerte de Cereceda el caso aún se encuentra en investigación preparatoria, en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambobamba, y la familia del comunero no encuentra justicia.

No son los únicos puntos cuestionables de los convenios. La referencia a periodos de “vacaciones, permiso o franco” en la que el efectivo podrá realizar estas prácticas privadas, presente en la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley de la Policía,  crea la figura de un efectivo fuera de servicio que puede decidir de manera autónoma realizar una actividad lucrativa que se opone a lo que la normativa de la institución establece en su artículo cuatro como obligación: “Ejercer la función policial en todo momento, lugar, situación y circunstancia, por considerarse siempre de servicio”.

Fotos de Jai G. y Alan B.

LOS TERCEROS

Además de acentuar los problemas de los servicios policiales extraordinarios, la eliminación del principio de proporcionalidad que propone la autógrafa de ley de defensa policial, al no encomiar a la mesura en la administración de la fuerza, abre la posibilidad de que los afectados colaterales por el empleo de esta crezcan considerablemente. Y es que a pesar de que el Decreto Legislativo 1186 disponga en su artículo ocho como una regla de conducta para el uso de la fuerza policial la individualización de la persona o personas a intervenir, no son pocos los terceros que han sido perjudicados por encontrarse a cercanías de lugares donde se ha desatado la violencia de agentes estatales.

Tal es el caso del fotoperiodista Marco Antonio Atoq Ramón, quien el cinco de enero del 2017, mientras se encontraba en comisión cubriendo una protesta en el distrito de Puente Piedra, fue herido gravemente por la policía que intentaba dispersar a los manifestantes haciendo uso de balas de goma con escopetas. Ramón recibió cinco disparos de perdigones, uno de estos le atravesó el ojo izquierdo y dejó esquirlas dentro de su cráneo con las que vive hasta el día de hoy y constituyen un riesgo latente de intoxicación neurológica. Sin embargo, después de varias operaciones logró salvar su vista. Su colega Rudy Huallpa Cayo no corrió la misma suerte. Perdió la vista del ojo izquierdo el año 2014, cuando cubría una manifestación de pobladores de Melgar, en Puno. Al periodista lo alcanzaron las balas de goma que el capitán Eliu Martín Fuentes Ramos dirigía contra las personas que reclamaban por la culminación de un hospital con años de retraso.

A pesar la atención mediática que tuvo en su momento el caso de Huallpa Cayo, la Inspectoría Regional del Frente Policial de Puno consideró que el agravio del agente Fuentes Ramos constituía una infracción leve, por lo que su falta tan solo significó una pequeña resta de puntos en su cuadro de méritos para ascensos. En el caso de Marco Ramón, este se archivó en investigación preliminar. Rudy y su defensa luchan en la actualidad para que sea reabierto.

“Yo tenía fotos de las tanquetas que estaban disparando y las entregué a la Policía para la investigación. Después de un año me llamaron a dar mi testimonio y pude constatar que habían manipulado las pruebas. Lo que habían hecho era, por decir, en una foto que yo tomé aparecía la placa de la tanqueta y ellos habían modificado los números y las letras. Por suerte yo tenía las fotos originales y denuncié la manipulación. Después de esto el fiscal llamó a todos los que habían estado ese día en los hechos, pero ellos mintieron descaradamente: Había uno que dijo que no estuvo, pero se le mostró las fotos y se veía que ahí había estado. Entonces dijo que sí había estado pero no había disparado, entonces se le mostró una foto disparando y él dice que sí estuvo pero solo disparando lacrimógenas y no perdigones. Se contradicen. Pero a pesar de todo esto la Fiscalía cerró la investigación” explica Atoq Ramón.

LAS FUERZAS ARMADAS

La fórmula legal de la autógrafa de ley no solo comprende al cuerpo de la Policía Nacional, sino que también alcanza a las Fuerzas Armadas. En ese sentido, cabe tomar en cuenta los riesgos que se acrecentarían en los estados de emergencia, en los que la labor de los miembros de las fuerzas militares cumplen una labor esencial. Y es que la facultad que se les otorga a los agentes del orden para realizar detenciones e ingresar a domicilios sin necesidad de mandato judicial constituye -desde siempre- un riesgo para la población de los lugares comprendidos en aquellos regímenes de excepción. Tal anotación fue formulada en un pronunciamiento suscrito por nueve organismos defensores de derechos humanos en abril del 2018, a raíz del estado de emergencia decretado en el Corredor Vial Apurímac– Cusco– Arequipa, en el marco del conflicto social de Las Bambas en el que Quintino Cereceda había perdido la vida.

LA OTRA MEDIDA

Como contraparte a la ley de Del Castillo, el XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial -que se celebró en septiembre del 2019 y convocó a integrantes de Salas Especializadas, con el fin de concordar jurisprudencia en diferentes materias- fijó los criterios que todo magistrado del Poder Judicial debe tener presente al abordar casos relacionados al uso de la fuerza policial. El Acuerdo Plenario 05-2019/CJ-116 insistió en la indispensabilidad de los principios de necesidad y proporcionalidad para el accionar del agente del orden cuando ejerza su deber con arma en mano. El documento -de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales- parece aludir, además, al mediático caso del suboficial Miranda: “Es innecesario disparar contra la persona que eligió fugar ante la presencia policial, salvo que la vida o la integridad de los efectivos del orden u otras personas sea puesta en riesgo real, inminente y actual por quien se está fugando” consigna.

“El Acuerdo Plenario no lo dice con nombre propio, pero pone un ejemplo sobre que no hay muerte por fuga. Está mandando un mensaje correctivo muy subliminal no solamente al caso emblemático del suboficial Elvis Miranda sino a la Ley de del Castillo, porque le está diciendo al juez, la Corte Suprema, que ponga ojo a la proporcionalidad y razonabilidad del medio empleado, porque estamos hablando de la muerte de personas como consecuencia del uso reglamentario de las armas de fuego de agentes policiales y fuerzas armadas” manifiesta Juan José Quispe.

APLICACIÓN

La autógrafa de ley de defensa policial y el Acuerdo Plenario sobre actuación policial y exención de responsabilidad penal son las dos disposiciones vinculadas al caso de Elvis Miranda que en la actualidad pretenden regular la administración de la fuerza por parte de los agentes del Estado. Si bien la primera logró ser aprobada en el Legislativo, aún espera por la publicación del Ejecutivo que, con la disolución del Parlamento, adquirió funciones extraordinarias que hasta la fecha le han impedido culminar con la tarea. Sin embargo, de poder resolverse, y teniendo las mencionadas disposiciones sentidos contrarios, cabe preguntarse cuál de las dos medidas se aplicaría en un caso de este tipo.

La Ley Orǵanica del Poder Judicial señala en su artículo veintidós que los principios determinados en Acuerdos Plenarios “deben ser invocados por los magistrados de todas las instancias judiciales”. Sin embargo, abre la posibilidad que “en caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan”. El abogado Quispe añade a esto la figura constitucional de la retroactividad benigna, que establece la aplicación de una ley en materia penal, incluso retroactivamente, cuando favorezca al reo.

La promulgación de Ley de protección policial es a tal punto determinante para el caso Miranda, que prácticamente garantizaría una sentencia absolutoria para el suboficial.

Con la ley de Del Castillo, los uniformados en zonas de emergencia usarían sus armas sin el principio de proporcionalidad

María Sosa

Periodista que básicamente escucha, denuncia y escribe.