Sindicato Backus: Trasnacional cervecera acusa de terrorismo a trabajadores por reclamar contra despidos

Uno de los manifestantes que protesta frente a la sede policial luce cansado, decaído. Son las diez de la mañana y él viene de trabajar en la planta embotelladora de Backus en turno de amanecida, desde las once de la noche hasta las siete. Ha venido al frontis de la sede de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía para protestar contra las acusaciones de terrorismo hacia Luis Samán Cuenca, secretario general del sindicato. Mientras los obreros arengan, los antidisturbios arremeten violentamente contra ellos para expulsarlos de la vereda.

En abril de este año, el sindicato emprendió una huelga pacífica de dos días a nivel nacional, con lo que suspendieron las actividades industriales en las plantas de Ate Vitarte, Huarochirí, Arequipa, Mollendo, Cusco y otras más. Backus y Johnston es la más grande embotelladora de cerveza y refrescos en el Perú, por lo que la paralización sí se sintió. Producto de esta medida, quince obreros de la fábrica de Motupe fueron despedidos, por lo que su reposición se ha convertido en una de las principales luchas del gremio.

Luis Samán, natural de Cañete, entró a trabajar como operario a la fábrica Backus de Ate Vitarte en 1987. Es sindicalista desde el primer día. Actualmente trabaja en las máquinas de llenado y embotellado de cerveza. Ya el año pasado sus jefes lo suspendieron por cuatro días, por haber reclamado ante el terrible accidente que sufrió un compañero suyo dentro de la planta industrial. Este año, tras la huelga del once y doce de abril, se le ha abierto un segundo proceso disciplinario, con lo cual según el reglamente correspondería una causal de despido.

Pero lo que más le sorprendió fue la citación policial que le llegó a mitad de setiembre. La Dircote lo llamaba a declarar para investigarlo por terrorismo. La compañía lo estaba denunciado a él ante dos fiscalías diferentes, en ambas por el mismo aparente delito. Según se han enterado los sindicalistas, el absurdo indicio sería un vídeo del gremio en las redes sociales que habría sido compartido por la página del Fudepp, brazo político de Sendero Luminoso. En base a esto, Luis tiene ahora dos procesos judiciales en curso ante la Tercera Fiscalía Penal y la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial.

Además de rechazar tajantemente lo que el terrorismo de Sendero Luminoso significó para el país en los años ochenta, durante el interrogatorio al que fue sometido por la Policía antiterrorista el pasado viernes, también tuvo que aclarar que su sindicato no colabora ni recibe ninguna colaboración económica ni de otro tipo con organizaciones subversivas.

“La verdadera intención ahorita es desestabilizar y romper el sindicato” argumenta Samán, a la salida del edificio policial. Todavía le quedan muchas citaciones pendientes. “Eso es lo más bajo que ha podido caer la empresa en este tipo de denuncias, dañando la imagen de la institución y de mi persona como dirigente”. Ha acudido a diversos políticos de izquierda y organismos laborales internacionales, buscando respaldo. Pero como también ocurre con los sindicatos de maestros, la calumnia de tener supuestos vínculos con el terrorismo es difícil de borrar ante la opinión pública.

El sindicato tiene noventa y dos años de existencia y se ha enfrentado a diversas administraciones gerenciales en la lucha de sus derechos. La entrada de la firma trasnacional belga Anheuser-Busch InBev (AB InBev) como nueva propietaria en el 2016 ha supuesto un nuevo reto, por sus conocidas prácticas anti laborales. Sindicalistas de otros países latinoamericanos en los que este consorcio tiene presencia ya le han advertido a Samán de las intenciones de tercerizar a los empleados, reducir costos y desmantelar las dirigencias gremiales.

De los más de novecientos trabajadores que actualmente tienen las fábricas Backus en el Perú, ochocientos cincuenta están afiliados al sindicato, por lo que deshacerlo no será fácil. Sin embargo, solamente son los obreros de planta, ya que el personal de ventas, los transportistas y otros laboran a través de empresas tercerizadoras, con menos derechos laborales.

Fotos de Alan B.

Otra de las principales luchas que han venido emprendiendo el sindicato es por el Seguro Complementario de Trabajo de Alto Riesgo (SCTR), del cual carecen los obreros. “En planta de Backus hay trabajos de alto riesgo y los trabajadores están día a día expuestos a peligros porque hay explosiones de botellas, se trabaja con productos químicos, trabajos en altura, se trabaja con calderos, vapor, ácidos, montacargas. La empresa debería contar con este seguro. Nosotros ya lo hemos solicitado a través de un proceso judicial”.

El compañero accidentado el año pasado se llama Armando Rodríguez Lanza. Se cayó de una altura de tres metros dentro de la fábrica y ha quedado cuadripléjico. En julio último, la compañía le comunicó a su familia que solamente le seguirían pagando su sueldo hasta agosto de este año, lo cual obviamente ha levantado el reclamo de todos sus compañeros.

Según Samán, no sería el único caso, pues recuerda que hace más de diez años murieron tres empleados aplastados por las máquinas. “La empresa los ha sacado de ahí muertos y ha comunicado que en el trayecto a la clínica han fallecido”.

Denuncia que muchas otras lesiones no son reportadas por los gerentes, ni a nivel interno ni ante el Ministerio de Trabajo. “Maneja indicadores globales a nivel de países, quieren compararse con otras multinacionales, ser la mejor empresa del mundo donde hay menos accidentes. Y maquillan los indicadores. Entonces, ven los resultados al año, acá no hay accidentes, en otras empresas hay más accidentes, Backus es la más baja de todas. Eso es falso. En cualquier empresa industrial pueden ocurrir accidentes. Hay que evitar, hay que prevenir. Pero la empresa no debe ocultar un accidente, taparlo”.

“La empresa tiene que indemnizar al trabajador, que no lo quiere hacer. Nosotros como sindicato estamos ahí para denunciar estos hechos. Que se cumpla. Que el trabajador al menos pueda tener una mejor calidad de vida en el futuro”.

Mientras Backus intenta aminorar costos laborales, despedir sindicalistas y no adquirir compromisos por accidentes, hace un par de meses se descubrió que un distribuidor comercial de la misma firma era el principal proveedor de cerveza de las cantinas en La Pampa, localidad selvática de Madre de Dios donde campean las mafias de minería ilegal y explotación sexual de menores de edad. Los niveles de ventas eran exorbitantes, superando el millón de soles al mes. Ante el escándalo, Backus emitió un escueto comunicado suspendiendo la venta de cerveza en dicha zona.

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Alan Benavides

Terminé Periodismo, fotografío protestas y escribo sobre conflictos sociales. No me gustan los partidos políticos ni los gobiernos, ni ninguna forma de poder.