La precaria situación de los venezolanos con VIH en el Perú

Según la organización StopVIH, el desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales en Venezuela ya ha alcanzado el cien por ciento, lo que supone una condena a muerte a todas las personas que viven con VIH en dicho país. Esta situación ha empujado a miles de venezolanos a buscar lugares en los cuales poder seguir su tratamiento y llevar una vida normal. Pero antes de emprender el camino muchos han dejado de tomar la medicación durante meses, debido a la escasez, y al llegar a los países de destino, su salud ya está muy deteriorada.

Uno de sus destinos es el Perú, dado que la entrega de medicamentos a las personas que viven con VIH es totalmente gratuita, pero no cualquier hospitalización o tratamiento de las infecciones colaterales que se presentan a causa del VIH, la cual corre a cuenta del paciente a diferencia del sistema de salud universal que hay en Venezuela. Los ciudadanos deben contar con un seguro, privado o público, si es que no cuentan con el Seguro Integral de Salud (SIS), que sólo se otorga a las personas en condiciones de pobreza extrema. Los venezolanos, además, deben tener el permiso temporal de permanencia, un documento de antecedentes judiciales y pagar todos los trámites solamente para ser evaluados, sin que ello les garantice entrar al SIS.

Pero algunas personas llegan al Perú en condiciones de extrema urgencia y al ser hospitalizados todavía no cuentan con los documentos necesarios ni con un seguro de salud, por lo que los hospitales nacionales les piden dinero para poder cubrir cualquiera de sus tratamientos. En noviembre del año pasado, un joven venezolano requería de sesiones de diálisis para poder sobrevivir, pero cada una le costaba mil quinientos soles. Su familia consiguió reunir el dinero exacto para viajar a acompañarlo, pero no podían costear el tratamiento. La ONG AHF le ayudó, pero no pudieron darle el tratamiento adecuadamente porque requería de una máquina especial. Tres días antes de morir, el Estado peruano le otorgó el ansiado SIS. No es el único. Otro joven que vivía con VIH también murió por complicaciones debido a una neumonía pocos días antes de obtener el seguro de salud. “Probablemente su salud ya estaba demasiado deteriorada, pero igual hay que agotar todas las posibilidades para mantener con vida a las personas. Y eso es lo que no está haciendo el Estado” comenta Marlon Castillo, del Grupo Impulsor de Vigilancia sobre Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales (GIVAR), quien comenta que han atendido más de ciento cincuenta casos de venezolanos con VIH en el Perú.

Hace unos días, otro hombre venezolano murió en su propio departamento debido a un tipo de cáncer llamado sarcoma de Kaposi, una enfermedad que no se veía en pacientes con VIH desde los años ochenta. Recibía sesiones ambulatorias de quimioterapia, cuando debía estar en observación en el hospital, pero como no contaba con dinero para pagar su internamiento, murió solo en su cuarto. Todos los fallecimientos se produjeron en menos de seis meses. Al morir, algunos conviven con parejas homosexuales, quienes no tienen derecho a enterrarlos o cremarlos en el Perú, lo que supone que la familia debe desplazarse desde Venezuela, añadiendo otra carga emocional y económica más.

El año pasado, la ONG Unión Venezolana en Perú informó que postularía al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski al Premio Nobel de la Paz, por su política migratoria respecto a los ciudadanos venezolanos que ha sido celebrada por diferentes personalidades y organizaciones. Pero lo cierto es que cuando llegan personas en condiciones de vulnerabilidad, no son atendidas debidamente. Dado que muchos de los ciudadanos venezolanos con VIH han dejado su tratamiento durante un tiempo prolongado, sus condiciones son muy particulares, pero desde el Estado se les está poniendo trabas burocráticas y obligándolos a seguir un protocolo que pone en riesgo sus vidas. Se les exige movilizarse a la Superintendencia Nacional de Migraciones en Lima, pese a que muchos no pueden movilizarse, ya sea por cuestiones de salud o porque viven en otras ciudades peruanas y no cuentan con el dinero suficiente para costearse los pasajes. “Tenemos un problema de salud pública que no se está viendo desde el Estado porque se deberían tener medidas rápidas y urgentes para atender este tipo de casos. Desde GIVAR queremos incluir a las personas que viven con VIH y tuberculosis al SIS, de cualquier nacionalidad, porque son vulnerables por su condición de salud” explica Marlon Castillo.

Esto sería un indicador de que la política de brazos abiertos que inició el gobierno de PPK con los venezolanos se acerca más a una movida política que a un interés real en acoger a personas en condiciones precarias, ya que una vez llegan al país deben enfrentar algunos discursos xenófobos y a una sanidad privatizada y excluyente.

“En el Perú hay personas que creen que el que viene de fuera le quita sus medicamentos, le quita posibilidades. Eso no es verdad, el problema de que falten medicamentos en nuestro país es un problema de programación y de compras, no es por los venezolanos. Aquí llega la gente por tierra, son cinco días de viaje aproximadamente, y la situación es que vienen sin recursos. Los que se acercan a nosotros son personas que requieren urgente el tratamiento médico, y en algunos casos, hospitalización, que eso sí les cobran. También tienen que pagar consultas y exámenes de laboratorio” cuenta Marlon Castillo.

Hace apenas unos días, un nuevo caso ha llegado al Hospital Cayetano Heredia. Un joven venezolano de treinta y dos años, que se dedicaba al blindaje automotriz, se enteró de su diagnóstico hace menos de un año. “Él tiene como tres semanas ya en Lima. Tiene tres meses que no llegan las medicinas a Venezuela, no hay atención, no hay medicinas, todo está caótico. Yo me lo traje porque vi que estaba grave, averigüé que aquí por lo menos daban las pastillas. Pero aquí se me empeoró un poquito más. Queremos sacarle el seguro, pero cuesta” cuenta su hermano Julio, quien ya llevaba siete meses viviendo en Lima. Al llegar al hospital, le dijeron a Julio que le abrirían una deuda en la que lleva ya acumulados seiscientos soles que no puede pagar y que si aumentaba demasiado dejarían de atender a su hermano. La ONG GIVAR y otras organizaciones consiguieron que hospitalizaran y acomodasen en una cama a su hermano, tras pasar más de un día sentado en una silla de ruedas a pesar de estar grave, conectado a una máquina para respirar y necesitar transfusiones de sangre.

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Jai Gómez

Comunicadora por la Universidad de Barcelona. Fotoperiodista. No creo que la fotografía cambie el mundo, pero es una forma de militancia.