Madres migrantes denuncian discriminación

Las activistas del colectivo Madres Migrantes Maltratadas se concentraron el último viernes  frente a las dependencias de la Superintendencia Nacional de Migraciones, para denunciar las violaciones de derechos humanos en su contra por parte del Estado peruano.

A principios de año, el gobierno de Kuczynski anunció un carnet temporal de permanencia para facilitar la regularización de los migrantes en Perú. Esta noticia fue recibida con mucho entusiasmo, pero ha resultado ser poco más que una promesa vacía para muchos extranjeros, quienes consideran que la medida es insuficiente y no garantiza los mismos derechos que tienen los peruanos. El Permiso Temporal de Permanencia (TPT) no abarca ni a las personas que han contraído matrimonio o conviven con parejas peruanas, ni a las madres y padres de hijos mayores de edad nacidos en el país. Aunque lo más preocupante es que en la práctica ninguna entidad pública o privada lo reconoce como un documento de identificación. Esto significa que si bien no son considerados migrantes ilegales, tampoco pueden realizar una vida con normalidad, como abrir una cuenta bancaria, comprar una casa o firmar un contrato de trabajo, entre otras.

Hace poco más de un mes se publicó el Decreto Legislativo N°1350, después  que la ONU llamase la atención de varios países por no garantizar los derechos humanos de los migrantes. Pero varios de los requisitos han hecho imposible el acceso para muchas personas. Según el colectivo de Madres Migrantes Maltratadas, la menos realista de estas exigencias es que un hijo mayor de edad debe ganar más de tres mil soles mensuales para que su madre o padre pueda acceder a la residencia.

“La única forma de nacionalizarnos es que el marido te dé una carta aval, los hijos no producen arraigo. Estamos como animalitos que dependen de la voluntad de un hombre. Eso es una completa locura. Además de eso, muchas de nosotros estamos en estado de completa vulnerabilidad, algunas están huyendo, otras están en albergues. Esa serie de requisitos que piden, alguien que está en situación de vulnerabilidad no los puede cumplir” explica Inés Agresott, una de las más entusiastas activistas del colectivo.

Arelis Marrero es de Costa Rica, pero lleva diez años en Perú. Necesita urgentemente el permiso de residencia, debido a problemas de salud que no puede tratarse por carecer de identificación. En el proceso para regularizar su situación, lo primero que le pidieron fue una carta del cura que la casó, pese a que el Perú es un Estado lacio, no sujeto a ninguna confesión. Sin embargo, no fue suficiente. Desde Migraciones continuaron pidiéndole documentos y aún así en todos los casos la residencia le fue negada. “Estoy ilegal en este país, porque acá la que está casada es la única que tiene derecho, porque el esposo viene y firma para su nacionalización. Pero yo me separé de mi pareja porque sufrí violencia familiar. Desde Migraciones siempre nos están mintiendo, diciendo que nos van a ayudar y nunca ayudan”.

A los obstáculos que se les ha impuesto durante décadas, ahora se añade la preocupación de varios episodios discriminatorios y xenófobos por parte del Ministerio del Interior, que ha implantado una política de expulsiones masivas y de criminalización de las personas migrantes, especialmente de colombianos.

“Yo soy de Colombia, mi hija tiene quince años. Imagínate que el otro día, como ahora hay cuotas para expulsar extranjeros, llegó y se subió la Policía [al bus] y ella tenía miedo de que al momento que se dieran cuenta de que yo era colombiana me sacaran y la dejaran ahí sola. Me dijo Yo no puedo vivir así ¿Cuál es mi diferencia con otro niño peruano?” comenta Inés, acompañada por su hija en la protesta.

El Permiso Temporal de Permanencia ha copado algunos titulares recientemente, por ser el documento que se les entrega a los ciudadanos venezolanos que migran al Perú debido a la situación en su país de origen. Según las estadísticas de la Superintendencia de Migraciones, entre febrero y abril se entregaron más de cinco mil de estos permisos a ciudadanos venezolanos. En cambio, sólo se dieron 553 a migrantes de cualquier otro país del mundo. Estas cifras no parecen ajustadas a la realidad, donde muchas personas en situaciones vulnerables están desesperadas por conseguir el carnet. Dicha diferencia parece responder a una decisión política y estratégica, más que a la defensa de los derechos humanos, tanto de los venezolanos como del resto de migrantes.

No solo son madres quienes protestan, también hay hijas e hijos, nietos y padres que se encuentran en la misma situación.  “Llevo seis años aquí. Me quedé por el simple hecho de que soy padre de una niña ítaloperuana y no quiero alejarme de ella. La madre de mi hija sí tendría derecho en mi país. Ella bajando del avión tendría sus papeles por ser madre de una italiana. El mismo derecho a mí se me niega” explica Andrea, padre italiano que lucha por subsistir en el Perú junto a sus compañeras.

La concentración se acaba con las mujeres entonando los últimos versos de una conocida canción criolla, con una sutil variación que resume la difícil situación que les ha tocado vivir a unas mujeres que no conocen de fronteras:

Devuélveme el rosario de mi madre,
y quédate con todo lo demás,
lo tuyo te lo envío cualquier tarde,
no quiero que me pegues nunca más.

Fotos de Jai G.

Jai Gómez

Comunicadora por la Universidad de Barcelona. Fotoperiodista. No creo que la fotografía cambie el mundo, pero es una forma de militancia.