Coronavirus y familiares de presos en Lima: “No quieren salir, sólo que se les trate como seres humanos”

A primeras horas de la mañana del pasado martes, los vecinos de San Juan de Lurigancho informaron que escuchaban gritos provenientes del penal Lurigancho, donde los presos del pabellón ocho y el diez habían levantado pancartas en protesta. Todavía con el recuerdo de los nueve muertos del motín de Castro Castro el día anterior, los familiares se acercaron al penal con angustia, miedo y la esperanza de poder ver a sus hijos, hermanos, esposos y padres.

Sentadas en la vereda frente a la puerta principal, las mujeres se reúnen, esperan pacientes a poder dejar algo de víveres y medicamentos y se consuelan entre ellas. Algunas lloran, otras se molestan con los funcionarios, pero todas tienen el mismo pedido: condiciones dignas para los condenados.

La situación en los penales de Lima se ha vuelto insostenible debido a la crisis creada por la pandemia. El histórico hacinamiento, la corrupción y la falta de insumos han hecho que cualquier condena se convierta en una posible sentencia a muerte. Es por eso que los presos de dos pabellones de la cárcel más poblada del país se han levantado en una protesta pacífica. Sus principales demandas son la realización de pruebas rápidas para detectar el coronavirus y que los servicios sanitarios les permitan curarse del virus. También denunciaron por medio de gritos a los familiares apostados en los cerros colindantes que no contaban con suficiente comida dentro del penal, mientras policías de la comisaría cercana trataba de desalojarlos.

“Mi hermano es condenado. Y ya ha cumplido tres cuartos de la pena, pero no le dan el indulto porque está por robo agravado supuestamente. Le dieron diez años. Ahorita él está enfermo, al parecer se ha contagiado y él quiere salir por miedo a contagiar a los demás y por miedo a morir y salir en una bolsa. Por eso los chicos están pidiendo con sus pancartas, para que les den medicinas, para que les hagan las pruebas. Me ha llamado mi hermano y me ha dicho que sí hay enfermos adentro y están tirados en el suelo, no les dan atención y no hay medicinas adentro. Entonces nosotras traemos medicinas, pero nos cobran. Nos cobran para entrar a cualquier lado, cincuenta céntimos o un sol en cada puerta” explica una de las mujeres, pero su historia se repite con cada persona que llega a la puerta. Los presos llevan días denunciando que hay enfermos y no les tratan, que escasean las medicinas y la comida y que muchos no tienen mascarillas.
“No quieren salir, solo que se les trate como seres humanos” grita otra de las mujeres.

Todos se preguntan qué pasó con la partida presupuestaria de diez millones de soles que Vizcarra anunció en conferencia de prensa para mejorar los servicios higiénicos de los penales y procurar que no haya desabastecimiento de comida. Varios familiares sospechan que ese dinero nunca llegará y acusan de corrupción a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE), quienes según denuncian les cobrarían incluso un cupo de mil doscientos soles por cada preso que entra a prisión.

“Nosotros tenemos cinco hijos y yo sola no me abasto. Me ha dicho ha estado con fiebre, le he traído pastillas pero no le llegan. No lo puedo ver. Yo pensé en venir y verlo si quiera. Mi esposo me llamó y me avisó que iba a haber motín, pero pacífico nomás. Quieren exigir sus derechos, no tienen medicinas, no tienen agua, no tiene wáter, no tiene tapabocas” cuenta una angustiada esposa que mira desde el cerro más cercano el pabellón donde se encuentra su marido, al que no puede ver desde que empezó la cuarentena.

A principios de mes, la Defensoría del Pueblo alertó en un informe sobre la posibilidad de que las cárceles se convirtieran en focos de contagio y la necesidad de reducir la población penitenciaria. El gobierno peruano aprobó un decreto por el cual se otorgarían indultos humanitarios a reclusos con enfermedades crónicas en etapa avanzada, embarazadas y madres con condenas menores, así como mayores de setenta años sin un delito grave o internos cuya pena esté por acabar en los próximos seis meses. Sin embargo, la población carcelaria que se puede acoger a estas medidas es reducida y podría ser insuficiente. El penal de Lurigancho, cuya capacidad es para más de tres mil personas, en la actualidad alberga más de diez mil, por lo que los contagios serían casi imposibles de evitar y la reducción de presos tendría ser radical para detener la propagación del virus.

Fotos de Aitana Gómez