\u201cO est\u00e1n con los delincuentes o con la Polic\u00eda\u201d. Con estas\npalabras, el ministro del Interior Carlos Mor\u00e1n daba inicio a una serie de\nmanifestaciones gubernamentales a favor del suboficial Elvis Miranda Rojas, a\nquien la Fiscal\u00eda pretende sancionar con veinte a\u00f1os de prisi\u00f3n y el pago de\nochenta mil soles por el delito de homicidio simple contra Juan Carlos Ram\u00edrez\nChoc\u00e1n, en enero del a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n
D\u00edas despu\u00e9s, cuando se dio a conocer que el Poder Judicial le hab\u00eda dictado siete meses de prisi\u00f3n preventiva<\/a>, el mismo presidente Mart\u00edn Vizcarra sali\u00f3 en su defensa en una entrevista: \u201cTenemos a un valeroso polic\u00eda que se enfrenta a los delincuentes y producto de ese enfrentamiento, despu\u00e9s de cumplir con todo el procedimiento que est\u00e1 establecido, como disparos al aire, abate al delincuente y ahora est\u00e1 en la c\u00e1rcel\u201d. <\/p>\n\n\n\n Los medios de comunicaci\u00f3n tampoco fueron indiferentes al caso. Sentaron posici\u00f3n, no solo en editoriales y art\u00edculos de opini\u00f3n, sino tambi\u00e9n en expl\u00edcitos titulares y notas informativas mientras comunicaban los avances del proceso. \u201cIndignaci\u00f3n por fallo que ratifica prisi\u00f3n preventiva para polic\u00eda Elvis Miranda\u201d<\/em> titul\u00f3 La Rep\u00fablica despu\u00e9s de que la Tercera Sala de Apelaciones de Piura ratificara la medida cautelar contra el agente en tanto se desarrollara la investigaci\u00f3n fiscal. \u201c\u00a1Ser\u00e1 libre! Declaran fundado h\u00e1beas corpus contra prisi\u00f3n preventiva impuesta al suboficial Miranda\u201d<\/em> rezaba un mes despu\u00e9s Peru21, celebrando el recurso judicial que finalmente le permiti\u00f3 salir en libertad.<\/p>\n\n\n\n EL\nCASO Y SU LEGALIDAD<\/strong><\/p>\n\n\n\n El trece de enero del 2019,\nel efectivo policial Elvis Miranda Rojas dispar\u00f3 a matar a Juan Carlos Ram\u00edrez Choc\u00e1n, un\nsupuesto criminal quien ya contaba con antecedentes por robo y era desertor del\nEj\u00e9rcito Peruano, cuando intentaba huir de una intervenci\u00f3n en el distrito\npiurano de Castilla. Para justificar su proceder, el suboficial en un inicio\nasegur\u00f3 que lo atac\u00f3 letalmente debido a que el ladr\u00f3n pose\u00eda un arma de fuego\nque hab\u00eda intentado utilizar contra \u00e9l, pero que al momento del escape se hab\u00eda\ndeshecho de \u00e9sta y por tal motivo no se la hab\u00eda podido encontrar junto al\ncuerpo moribundo, cuando se analiz\u00f3 la escena del crimen. M\u00e1s adelante, indic\u00f3\nque en realidad la v\u00edctima -mientras emprend\u00eda su fuga- hab\u00eda realizado un\nadem\u00e1n que lo hab\u00eda llevado a creer que se encontraba armado, cuando no era\nas\u00ed. <\/p>\n\n\n\n Para el suboficial Miranda, convencer de aquello al juzgado de turno es determinante. Y es que el Decreto Legislativo 1186<\/a>, que regula el uso de la fuerza policial, establece en el art\u00edculo siete que el uso de armas de fuego para el personal policial se realizar\u00e1 s\u00f3lo \u201ccontra qui\u00e9n realiza una acci\u00f3n que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras personas\u201d<\/em>. De hecho, el art\u00edculo once de la misma resoluci\u00f3n indica que \u201cel uso de la fuerza que contravenga el presente Decreto Legislativo genera responsabilidad administrativa disciplinaria, penal y civil\u201d<\/em>. Al suboficial Miranda se le podr\u00eda iniciar otro proceso en una instancia paralela; la Fiscal\u00eda Militar Policial de Piura ya abri\u00f3 en octubre una investigaci\u00f3n preliminar en su contra por desobediencia a su reglamento. Por tal delito -previsto en el C\u00f3digo Penal Militar Policial<\/a>– se lo podr\u00eda sancionar con una pena privativa de la libertad de entre uno a cinco a\u00f1os. <\/p>\n\n\n\n LA\nLEY DE DEL CASTILLO<\/strong><\/p>\n\n\n\n El caso Elvis Miranda ya es emblem\u00e1tico: defensores y detractores del accionar del agente del distrito de Castilla se valen de su situaci\u00f3n para denunciar, por un lado, el maltrato hacia la Polic\u00eda que ser\u00eda severamente juzgada cuando golpea a la delincuencia, y por el otro, el abuso de las fuerzas del orden<\/a> a ra\u00edz del poder que les confiere su funci\u00f3n. Sin embargo, las manifestaciones a favor al acusado de parte de personajes pol\u00edticos y medi\u00e1ticos han trascendido la singularidad del caso y han tomado un nuevo fin: cuestionar la revisi\u00f3n de la violencia policial cuando compromete la vida ajena.<\/p>\n\n\n\n El ex congresista Jorge Del Castillo, del Partido Aprista Peruano, quien a inicios del a\u00f1o pasado presid\u00eda la Comisi\u00f3n de Defensa y Orden Interno, a pocos d\u00edas de conocido el caso anunci\u00f3 que presentar\u00eda un proyecto de ley que seg\u00fan sus propias palabras \u201ceximir\u00eda de responsabilidad penal a los agentes del orden que en el ejercicio regular de sus funciones realizaran acciones que causaran muerte o lesiones graves\u201d<\/em>. Su despacho present\u00f3 el Proyecto de Ley 4351\/2018-CR<\/a>, denominado Ley que protege el accionar del personal de la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa, en el ejercicio regular de su funci\u00f3n constitucional, contra la delincuencia, crimen organizado y en defensa de la seguridad ciudadana<\/em>. Posteriormente, incorpor\u00f3 otras tres iniciativas anteriores que pretend\u00edan legislar en la misma materia, de las bancadas Cambio 21 y Alianza para el Progreso.<\/p>\n\n\n\n La iniciativa se convirti\u00f3 en\nmultipartidaria y fue llamada Ley de Protecci\u00f3n Policial. Propone tres\nmodificaciones en el trato a los miembros de las fuerzas del orden: proh\u00edbe que\nse aplique las medidas de detenci\u00f3n preliminar o de prisi\u00f3n preventiva a los\nagentes que se encuentren siendo investigados por el uso de la fuerza letal;\nreestablece la figura del Procurador P\u00fablico Especializado en la defensa legal\ndel Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa y elimina el principio de proporcionalidad<\/em>\nen el uso de la fuerza policial -previsto en el Decreto\nLegislativo 1186- \ndejando vigentes tan solo los de legalidad<\/em> y necesidad<\/em>.<\/p>\n\n\n\n PROPORCIONALIDAD DE LA FUERZA<\/strong><\/p>\n\n\n\n El documento que regula el uso de violencia de la Polic\u00eda precisa que la\nproporcionalidad en la fuerza se expresa cuando \u201cel nivel de fuerza empleado\npara alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y\nal peligro representado por la persona a intervenir o la situaci\u00f3n a controlar\u201d<\/em>.\nTal fundamento garantiza que el efectivo policial que pretenda -en el ejercicio\nde sus funciones- administrar violencia en una situaci\u00f3n determinada, realice\nantes de ello un ejercicio de ponderaci\u00f3n entre el nivel de la fuerza que\nemplear\u00e1 y el grado de riesgo que la tercera persona a la que eventualmente\nafectar\u00e1 representa. Sin la presencia de aquella condici\u00f3n limitando el\naccionar del agente, bastar\u00eda con que este considere que una circunstancia re\u00fane\nlos requerimientos establecidos por ley para hacer uso de la fuerza o para\ndisponer de ella con prop\u00f3sitos letales.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa proporcionalidad es imprescindible para el debido respeto a los derechos fundamentales de las personas. De este principio se desprende lo que el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Funci\u00f3n Policial <\/a>denomina el uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Que la Polic\u00eda pueda ejercer la fuerza contra la poblaci\u00f3n en situaciones previstas por la ley no significa que pueda disparar de arranque a un delincuente que no constituya peligro alguno. El reglamento establece que la Polic\u00eda podr\u00e1 usar su arma de fuego s\u00f3lo cuando sea estrictamente necesario y otras formas menos severas resulten insuficientes\u201d destaca Juan Jos\u00e9 Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). <\/p>\n\n\n\n El mencionado manual establece que el efectivo solo har\u00e1 uso de su arma\nde fuego en situaciones de peligro real o inminente de muerte o lesiones graves. Ante hechos que no se ajusten a lo antes mencionado, el agente\npuede usar la fuerza en niveles m\u00e1s leves. En el art\u00edculo siete del Decreto\nLegislativo 1186 se exponen\nlas diferentes graduaciones para el uso de la fuerza seg\u00fan \u201clos\nniveles de cooperaci\u00f3n, resistencia o agresividad del ciudadano a intervenir\u201d<\/em>.\nEn primer lugar, se reconoce el nivel preventivo, que da al agente la\nposibilidad de actuar usando como primer t\u00e9rmino la presencia policial, seguido\npor la orden verbal y el control de contacto. M\u00e1s arriba en la escala se\nencuentra el nivel reactivo, que posibilita al agente a actuar en un inicio\nmediante el control f\u00edsico, despu\u00e9s usando t\u00e1cticas defensivas no letales y,\nfinalmente, empleando la fuerza letal, teniendo esta \u00faltima su propia l\u00ednea de\ndesarrollo. <\/p>\n\n\n\n \u201cEl mismo empleo de las armas de fuego se maneja a raz\u00f3n de la\nprogresividad. El procedimiento para el efectivo que ha decidido hacer uso de\nella es, antes que nada, identificarse, gritar \u00a1Alto es la Polic\u00eda!<\/em> y\nanunciar sus intenciones de disparar, brind\u00e1ndole tiempo al infractor de\ndetener su accionar. En caso de que el presunto infractor no detuviera su\naccionar violento y el peligro que se desprende de ello sea inminente, el\nagente podr\u00eda disparar. Pero este tiro tendr\u00eda que ser selectivo, con el fin de\ncontrolar a la persona; en sus extremidades, brazos o piernas. Eliminar el\nprincipio de proporcionalidad es omitir todo aquello, pr\u00e1cticamente es una\nlicencia para matar. Cualquiera que el polic\u00eda considere un delincuente estar\u00eda\nexpuesto a su arma\u201d precisa Quispe.<\/p>\n\n\n\n Pese a las posturas a favor de un Estado con mano dura y extrema contra la delincuencia, lo real es que la suscripci\u00f3n del Per\u00fa a la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos lo sujeta a un marco que impide la aplicaci\u00f3n de la pena de muerte en el pa\u00eds. La iniciativa de Del Castillo abrir\u00eda la amenaza de que acciones de ese calibre sucedan y no sean penadas. A finales de julio del 2019, tras aprobarse la ley en Comisi\u00f3n Permanente, varios organismos defensores de derechos humanos emitieron pronunciamientos expresando un rotundo rechazo, como por ejemplo el pedido<\/a> de la Organizaci\u00f3n Mundial Contra la Tortura al mandatario Mart\u00edn Vizcarra, formulado<\/a> por el director de la Divisi\u00f3n de las Am\u00e9ricas de Human Rights Watch<\/em> Jos\u00e9 Miguel Vivanco. <\/p>\n\n\n\n