{"id":405,"date":"2016-01-23T20:56:49","date_gmt":"2016-01-24T01:56:49","guid":{"rendered":"http:\/\/la-plaza.net\/laplaza\/?p=405"},"modified":"2026-07-18T17:49:32","modified_gmt":"2026-07-18T22:49:32","slug":"tpp-made-in-america","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/la-plaza.net\/laplaza\/tpp-made-in-america\/","title":{"rendered":"TPP, Made in America"},"content":{"rendered":"

El pol\u00e9mico acuerdo comercial, secreto en un inicio, no solo contiene una serie de cl\u00e1usulas que perjudican las condiciones de salud p\u00fablica o de libertades informativas de nuestro pa\u00eds, sino adem\u00e1s somete nuestras pol\u00edticas a las empresas extranjeras, sin importar la voluntad de los ciudadanos ni su participaci\u00f3n en la toma de decisiones.<\/em><\/p>\n

El Acuerdo Transpac\u00edfico de Cooperaci\u00f3n Econ\u00f3mica <\/em>(TPP <\/em>en sus siglas en ingl\u00e9s) es uno de los tratados internacionales m\u00e1s importantes firmados en los \u00faltimos a\u00f1os, y sin embargo su invisibilizaci\u00f3n en la agenda medi\u00e1tica es, por decir lo menos, escandalosa<\/strong>. Incide en pol\u00edticas muy sensibles para la calidad de vida de los ciudadanos, y es por eso que el Gobierno ha mantenido el m\u00e1ximo secretismo en las sesiones y negociaciones que llevan a su ratificaci\u00f3n.<\/p>\n

Promovido por Estados Unidos, se trata de un acuerdo para flexibilizar las regulaciones comerciales entre nuestro pa\u00eds y una serie de naciones de la cuenca del Pac\u00edfico<\/strong>: M\u00e9xico, Chile, Jap\u00f3n, Canad\u00e1, Australia, Vietnam, Brun\u00e9i, Nueva Zelanda y Singapur. Si bien, en a\u00f1os anteriores ya se firm\u00f3 un Tratado de Libre Comercio<\/em> (TLC<\/em>) entre el Per\u00fa y el gigante norteamericano, la ampliaci\u00f3n de pa\u00edses participantes, de organismos internacionales implicados y de injerencias legales contenidas en el TPP lo hacen particularmente nocivo para la soberan\u00eda popular y los intereses ciudadanos.<\/p>\n

Negociaciones antidemocr\u00e1ticas<\/strong><\/p>\n

Como se menciona, el TPP no es simplemente un tratado comercial, sino que tambi\u00e9n dicta pol\u00edticas en una multitud de rubros en la gobernabilidad del pa\u00eds. Asuntos laborales, empresas del Estado, contrataciones p\u00fablicas, medio ambiente, medidas sanitarias, entre otros, son los t\u00f3picos abordados, los cuales l\u00f3gicamente pertenecen a la pol\u00edtica interna de cualquier naci\u00f3n. Desde el \u00edndice ya se traduce la naturaleza interventora del TPP en la soberan\u00eda nacional<\/strong>.<\/p>\n

Si bien ahora se pueden encontrar los cap\u00edtulos completos y traducidos en internet, el TPP apenas vio la luz gracias al portal de desclasificaci\u00f3n de documentos secretos Wikileaks<\/em>, el cual reci\u00e9n pudo obtener el cap\u00edtulo sobre propiedad intelectual luego que hubiera sido negociado y ya listo para ser firmado. Esto denota la voluntad de los gobiernos implicados de mantenerlo completamente alejado del control p\u00fablico hasta que sea demasiado tarde.<\/p>\n

Es conocido que anualmente el gobierno norteamericano emite un informe, el Reporte Especial 301<\/a><\/em>, en el cual la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos<\/em> se toma la atribuci\u00f3n de decir qu\u00e9 es lo que no le gusta de cada pa\u00eds. En nuestro caso, el a\u00f1o pasado al t\u00edo Sam le desagrad\u00f3 que, luego de revisar nuestro marco jur\u00eddico inquisitoriamente, estamos en la lista peor calificada en cuanto al trabajo de nuestro gobierno para proteger los derechos de autor de libros, m\u00fasica, para impedir que se sigan vendiendo medicinas falsificadas en nuestras calles, que las oficinas p\u00fablicas usen software pirata, etc. Y opinan que se espera que con el TPP, nos pongamos m\u00e1s estrictos en dichas materias.<\/p>\n

Ollanta Humala, quien de momento ocupa el sill\u00f3n presidencial peruano, viajar\u00e1 a Nueva Zelanda para firmar el TPP el cuatro de febrero<\/strong>. Aun as\u00ed, de acuerdo a nuestra Constituci\u00f3n (que tampoco tuvo un origen muy democr\u00e1tico en 1993), cualquier tratado comercial deber\u00e1 ser ratificado por el Congreso para poder reci\u00e9n implementarse.<\/p>\n

De acuerdo a la Ley 27806<\/a><\/em> o Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica<\/em>, todos los documentos relacionados al Estado son p\u00fablicos. Sin embargo, esta contempla una excepci\u00f3n entre varias, justamente en su art\u00edculo 15A, referido a los tratados internacionales que est\u00e1n en proceso de negociaci\u00f3n, con la justificaci\u00f3n que podr\u00eda debilitar la posici\u00f3n del pa\u00eds en el frente externo. Vali\u00e9ndose de esta herramienta legal, las condiciones del TPP fueron estipuladas sin participaci\u00f3n ciudadana pero con la asistencia a las reuniones de los representantes de algunas empresas privadas multinacionales<\/strong>. Pero existen otros espacios donde se acuerdan tratos comerciales de gran relevancia, como las sesiones de la Organizaci\u00f3n Mundial de Comercio<\/em> (OMC<\/em>) que s\u00ed son p\u00fablicas, pero no se tratan temas que afectan directamente a la autonom\u00eda de los pa\u00edses.<\/p>\n

Justicia comercial<\/strong><\/p>\n

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones<\/em> (CIADI<\/em>) es el organismo dependiente del Banco Mundial<\/em>, con oficinas en Washington, donde se resolver\u00eda cualquier conflicto que tenga el Estado peruano con una empresa internacional que considere que sus intereses econ\u00f3micos son perjudicados por cualquier ley o regulaci\u00f3n laboral, educativa, medioambiental o de cualquier tipo. Es decir, con el TPP, el CIADI se posiciona por encima de nuestro Poder Legislativo.<\/p>\n

\u201cEl TPP dedica un cap\u00edtulo entero al mecanismo de resoluci\u00f3n de controversias entre inversionista y Estado. Seg\u00fan lo dispuesto por este cap\u00edtulo, el desconocimiento de los acuerdos del TPP puede dar pie a que una empresa extranjera demande al Estado en un arbitraje internacional. Lo \u00fanico que la empresa tiene que probar es que sus expectativas de ganancia se vieron reducidas. Esto podr\u00eda pasar, por ejemplo, si un Estado decide otorgar licencia obligatoria para un medicamento o si plantea una nueva excepci\u00f3n a los derechos de autor en pro del acceso a la cultura\u201d opina Miguel Morachimo<\/em>, abogado del conocido portal jur\u00eddico Hiperderecho.<\/p>\n

El TPP es una lista de obligaciones para los paises en materia comercial y de recomendaciones que eventualmente se pueden implementar para educaci\u00f3n, cultura, medioambiente<\/strong>, a decir de Morachimo, que se opone f\u00e9rreamente al tratado.<\/p>\n

Internet bajo control polic\u00edaco<\/strong><\/p>\n

\u201cPrimero, preocupa la forma en la que se cambian los derechos de autor. Y segundo, la manera de hacerlos cumplir.\u00a0 Se ampl\u00eda el plazo de protecci\u00f3n<\/strong> para obras resguardadas por derecho de autor. Se criminaliza<\/strong> no solamente la copia o reproducci\u00f3n, sino tambi\u00e9n la fabricaci\u00f3n e importaci\u00f3n de herramientas para hacerlo. Se obliga a las empresas de internet a fiscalizar a sus\u00a0 usuarios que no infrinjan derechos de autor\u201d nos advierte Morachimo, quien es especialista en Derecho inform\u00e1tico.<\/p>\n

\u201cLas empresas como Facebook, Google, Telef\u00f3nica o Claro\u00a0 tendr\u00e1n mecanismos que le permitan a cualquier titular, como Sony o Paramount, denunciar contenidos sin necesidad\u00a0 de pasar por un juez<\/strong>, simplemente mandando un formulario y lograr que sea dado de baja de internet. Les dan un bot\u00f3n divino, pensado para dar celeridad a las empresas. Pero no piensan\u00a0 en la libertad de expresi\u00f3n, el derecho a la parodia, a la cita, a la traducci\u00f3n\u201d opina el jurista, haciendo referencia al art\u00edculo 18.82<\/a><\/p>\n

En los pa\u00edses firmantes, el plazo para la expiraci\u00f3n de los derechos de autor quedar\u00eda en setenta a\u00f1os posteriores a la muerte del autor<\/strong>, seg\u00fan el TPP. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, existen en su legislaci\u00f3n dispositivos que permiten usar obras de autor si es que sea con prop\u00f3sitos comerciales, sino educativos o de otra \u00edndole. Es evidente que los norteamericanos pretenden exportar la parte m\u00e1s restrictiva de sus leyes de derecho de autor\u00a0 y al mismo tiempo, ninguna de sus normas proteccionistas.<\/p>\n

En el caso de Chile, la firma del TPP no trastoca su legislaci\u00f3n, la cual que exige que cualquier denuncia sobre contenidos inform\u00e1ticos en cuanto a derechos de autor tenga que pasar por la decisi\u00f3n del juez antes que el proveedor pueda decidirse a eliminar el contenido denunciado. Desde luego, el Reporte Especial 301<\/a><\/em> tambi\u00e9n critica esta postura chilena.<\/p>\n

Lo m\u00e1s controversial del art\u00edculo en menci\u00f3n es que se provee a las empresas interesadas de un juicio express<\/em>, sin importar la presunci\u00f3n de inocencia, que sacan del modelo de ejecuci\u00f3n al \u00f3rgano judicial<\/strong>, al juez que arbitra el caso en salvaguarda de los derechos de todos. El contenido dado de baja es eliminado, sin importar si es un video pol\u00edtico, educativo o un reportaje. No podemos oponernos a los derechos de autor, pero mientras se ejerza frente a un tercero imparcial.<\/p>\n

El castigo referido a los derechos de autor siempre ha sido de tipo administrativo en nuestro pa\u00eds, as\u00ed como en la mayor\u00eda de naciones de la regi\u00f3n. Empero, el TPP obliga que tambi\u00e9n se suministren sanciones de tipo penal<\/strong> para este tipo de infracciones, en el art\u00edculo 18.68<\/a>. La legislaci\u00f3n peruana ya contempla penas de hasta de ocho a\u00f1os por casos tan simples como chipear<\/em> un CD, pero en la pr\u00e1ctica no se han aplicado todav\u00eda<\/strong>.<\/p>\n

Al margen de los perjuicios que puedan constituir estas imposiciones para quienes utilicen o manipulen contenidos protegidos por el TPP, el da\u00f1o colateral m\u00e1s evidente es la merma a la libre expresi\u00f3n<\/strong> en las redes. Las restricciones son f\u00e1cilmente manipulables<\/strong> para las entidades p\u00fablicas o privadas que no deseen ver circulando contenidos que obstaculicen con sus intereses, l\u00e9ase informes period\u00edsticos, documentos desclasificados o evidencias de alg\u00fan delito.<\/p>\n

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